Jaime Bassa: Si es deferente al legislador “TC podría ser una contribución en la superación de la crisis de legitimidad”

Jaime Bassa: “El actual TC podría ser una contribución en la superación de la crisis de legitimidad de las actuales instituciones constitucionales –crisis que emana, en gran medida, de una Constitución que ha sido diseñada para entorpecer la libre manifestación de la soberanía popular–”.

Foto: Paulo Slachevsky (CC BY-NC-SA 2.0).

El abogado y Doctor en Derecho Jaime Bassa, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Valparaíso, se refirió en conversación por escrito con el Observatorio al rol del Tribunal Constitucional en el contexto de la democracia chilena, la crisis de legitimidad de las instituciones políticas actuales, y cuál debiera ser la relación entre el TC y el legislador como representante de la voluntad ciudadana.

El Tribunal Constitucional suele ser criticado como un obstáculo para la existencia de una democracia plena en Chile. ¿Cuál es su opinión al respecto, y de qué formas se habría manifestado ese rol obstaculizante?

El TC ha cumplido una función ambivalente frente al funcionamiento del sistema democrático, pues si bien hay ciertas sentencias históricas que pueden ser vistas como avances en la protección del sistema democrático o de los derechos de las personas, lo cierto es que en el último tiempo ha asumido una función propiamente política, que emana de una comprensión particular –errada, a mi juicio– del fenómeno constitucional y de su función como último intérprete de la Constitución: en lugar de garantizar que el sistema democrático se mantenga abierto a la deliberación política y de garantizar el máximo umbral posible de protección de los derechos fundamentales, ha entendido que su tarea es proteger una determinada interpretación de la Constitución, una muy cercana, por lo demás, al proyecto político de la dictadura.

En esa comprensión, el TC ha sido un obstáculo para el desarrollo del sistema democrático, pues la práctica política reciente de esta institución muestra que ha tenido una clara tendencia a abanderizarse con una de las opciones políticas en disputa, especialmente cuando se trata del control preventivo de constitucionalidad.

Más allá de las críticas al Tribunal actual, ¿cuál debería ser el rol de ese tipo de órgano en una democracia?

De existir, un TC debiera velar por la apertura del sistema democrático, es decir, porque se respeten las condiciones normativas y procedimentales necesarias para que los órganos de representación popular puedan ser una expresión de esa voluntad soberana, en concordancia con el respeto de los derechos fundamentales y del propio sistema democrático. En ese sentido, puede tener competencias destinadas a destrabar conflictos institucionales entre poderes del Estado o a sancionar evidentes infracciones a las disposiciones constitucionales, pero sin que ello signifique reemplazar la deliberación política de los órganos de representación popular, por otra deliberación política en un órgano sin legitimidad democrática para ello.

¿Podría un órgano como el TC jugar un rol en la superación de esa crisis?

El actual TC podría ser una contribución en la superación de la crisis de legitimidad de las actuales instituciones constitucionales crisis que emana, en gran medida, de una Constitución que ha sido diseñada para entorpecer la libre manifestación de la soberanía popular. En un conflicto como el de la ley que despenaliza el aborto en tres causales, el TC tiene una alternativa muy simple en este sentido: debe ser deferente con la decisión emanada del Legislador, pues ésta se ha verificado con pleno respeto a la normativa constitucional vigente y habiendo escuchado a todos los sectores de la sociedad y a todos sus representantes en el Congreso Nacional, luego de años de un debate público y abierto a la ciudadanía.

Este proyecto de ley es, en alguna medida una propuesta de interpretación constitucional que hace el Legislador. Dada la presunción de constitucionalidad de la ley, el TC solo puede invalidarla si no hay ninguna lectura posible de este proyecto que lo haga compatible la Constitución. Y esa interpretación conforme existe y ha sido expresamente considerada por el Legislador: el artículo 19 n.° 1, inciso segundo, de la Constitución es una habilitación de competencia al Legislador, que sitúa dentro del ámbito de su competencia la regulación normativa de la protección de la vida del que está por nacer. Ese es el sentido que tiene separarlo del inciso primero. El TC debe ser deferente con esa lectura.

En el caso del proyecto de despenalización del aborto en tres causales algunos argumentos –sobre competencia del legislador, por ejemplo– están lejos de los términos en que se da la discusión política y ciudadana sobre el tema. ¿Podría el TC incorporar la discusión pública en sus razonamientos o debería limitarse al conflicto jurídico que se plantee en el proceso?

El TC no tiene competencias para reemplazar la deliberación política por la suya propia. Sabemos que los integrantes del Tribunal tienen sus posturas más o menos definidas respecto de la interrupción voluntaria del embarazo, pero no es esta la instancia para que las hagan valer. No están ejerciendo un cargo de representación ideológica ni valórica; están desempeñando una función pública y en el ejercicio de esa función, solo les cabe ser respetuosos de las competencias que les ha conferido la Constitución, no sobrepasarlas y ser deferentes con la interpretación que ha hecho el Legislador en este proyecto de ley.

Revisar o considerar los elementos que han marcado la discusión pública, le supone al Tribunal incurrir en activismo político, pues su función no es deliberar desde la política contingente, sino desde el derecho que emana de la Constitución: el TC debe establecer si la interpretación que el Legislador ha hecho del artículo 19 n.° 1, inciso segundo, de la Constitución es absolutamente incompatible con ésta, es decir, que no hay ninguna forma de compatibilizar dicha interpretación con la Norma Fundamental. Esa es la cuestión de Derecho que está en juego y eso es lo que circunscribe el ámbito competencial del TC. No debe haber margen para sus consideraciones valóricas particulares, pues ello no es compatible con el ejercicio de su función pública.


Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:
1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.
La ley protege la vida del que está por nacer.
La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado.