Boletín n.° 10 (noviembre 2017)

 Editorial

Editorial

Complementariedad entre participación y representación en el proceso constituyente. La etapa participativa del proceso constituyente llevado adelante por el gobierno de la Presidenta Bachelet durante 2016 fue criticado, entre otras razones, por su falta de representatividad. A pesar del alto número de personas que participaron en el –más de 200 mil–, sus críticos consideraron que era bajo en relación con la cantidad de personas que participan en elecciones, y que no era posible considerar que los asistentes a encuentros locales y cabildos fueran representativos de la sociedad chilena. Ambos puntos son correctos, pero presentarlos como críticas al proceso participativo demuestra incomprensión de la naturaleza y propósitos de esa etapa. La comparación con la participación electoral está fuera de lugar pues los costos de participar en un proceso eleccionario como votante (básicamente asistir al local de votación, y marcar y depositar la cédula) son muchos más bajos que los requeridos para participar en instancias como los encuentros locales y cabildos, los que involucraban al menos tres horas (y habitualmente más) de diálogo y argumentación sobre decenas de temas constitucionales. Por otro lado, en cuanto a la falta de representatividad, ello no es obstáculo para que el proceso haya servido para motivar la discusión pública y el interés ciudadano sobre asuntos públicos en general, y constitucional en particular, al menos en el corto plazo. El impacto que el proceso haya tenido en el mediano y largo plazo deberá ser evaluado en el futuro.

La representatividad, entendida como condición necesaria aunque no suficiente de la legitimidad democrática de las decisiones políticas, es un criterio más bien aplicable a otros momentos del proceso constituyente. Si bien la participación ciudadana masiva puede servir para articular convicciones y preferencias en la ciudadanía, ella no es capaz por sí sola de lograr el objetivo final de un proceso constituyente como el chileno, a saber, la elaboración de un nuevo texto constitucional. La redacción de una nueva Constitución caerá siempre en un grupo pequeño (relativamente pequeño, pues bien podría ser consistir en unos cuantos cientos de personas), compuesto de representantes políticos sobre los que recaerá la facultad de decisión –además de, por necesidad, asesores técnicos–. El resultado de ese proceso podrá reclamar legitimidad en la medida que, al menos, el origen de esos representantes sea democrático. Además deberán darse condiciones respecto a la forma en que desarrollen su labor, condiciones relativas a la transparencia del procedimiento, las condiciones igualitarias e inclusivas de la deliberación, las reglas de decisión en el órgano redactor, etcétera.

La elaboración del proyecto de nueva Constitución de la Presidenta Bachelet. En el momento actual del proceso constituyente desarrollado por el gobierno de la Presidenta Bachelet están ausentes las condiciones anteriores. A la etapa participativa del año 2016, que culminó con la entrega de las “Bases Ciudadanas” elaboradas por el Consejo Ciudadano de Observadores y el Comité de Sistematización, seguía –según el itinerario anunciado por la Presidenta– la elaboración por parte del gobierno de dos proyectos de ley que serían presentados al Congreso: Un proyecto de reforma al capítulo XV de la constitución vigente para permitir la convocatoria a una “convención constitucional”, y un proyecto completo de nueva Constitución basado en los resultados del proceso participativo de 2016. El proyecto de reforma al capítulo XV fue presentado en abril y su tramitación se dio sin apuros hasta que la Presidenta le puso urgencia a su tramitación hace un par de semanas. Así en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se ha discutido ese proyecto, escuchando a algunos especialistas y discutiendo brevemente sus artículos en particular.

Sin embargo, el proyecto de nueva Constitución que la Presidenta presentará al Congreso se ha elaborado con un secretismo preocupante. Es comprensible que los proyectos de ley ordinarios de los gobiernos sean elaborados bajo reserva y que la discusión pública abierta se dé una vez que ellos sean enviados al Congreso por medio de mensajes presidenciales. La presentación y tramitación de proyectos de ley es una cuestión que involucra consideraciones estratégicas sensibles, de coordinación y logro de acuerdos intragubernamentales, y de atención al contexto político en el que los proyectos verán la luz para comenzar su tramitación en el Congreso. Sin embargo, el proyecto de nueva Constitución no es un proyecto de ley ordinario, sino que ha sido anunciado como el reflejo de las opiniones expresadas por los participantes del proceso participativo de 2016. No obstante, es un misterio quiénes estén realizando la conversión de los listados de preferencias, “ideas fuerza”, y extractos varios, que integran las “Bases ciudadanas” elaboradas a partir de las actas del proceso participativo por el Comité de Sistematización y el Consejo Ciudadano de Observadores. Es claro que esa traducción de las “Bases” en un texto constitucional no es una cuestión técnica (como sugirió la vocera de gobierno tiempo atrás), sino que conlleva una pretensión de estar interpretando la voluntad de la ciudadanía –al menos de quienes participaron en encuentros locales y cabildos–.

El secretismo con que se desarrolla ese proceso, la incógnita de la identidad de las personas que realizan esa labor –quienes no rinden cuenta más que a la Presidenta, no siendo, por tanto, representantes de la ciudadanía cuya voluntad la nueva Constitución debería recoger–, es completamente contradictorio con la celebrada transparencia de la etapa participativa, en particular respecto de la “trazabilidad” de las conclusiones a que se llegue. Por el contrario, la redacción del proyecto de nueva Constitución del gobierno está teniendo lugar en una caja negra, en la que sin duda se incorporarán elementos ajenos a los resultados de la etapa participativa, tanto porque la concreción los conceptos allí recogidos requiere tomar decisiones políticas y optar por posturas ideológicas e interpretaciones jurídicas polémicas, como por el hecho de que los resultados del proceso participativo no agotan –también por falta de especificidad– los contenidos necesarios para la redacción de un texto constitucional completo, en particular en relación con su parte “orgánica”. Los razonamientos, discusiones y la deliberación entre las diversas posturas que con seguridad habrá entre quienes hayan participado de esa redacción quedará oculta. Y no podría ser de otra forma, pues no se trata de un grupo de representantes constituyentes. El respaldo de legitimidad política del proyecto de nueva Constitución descansará por tanto, solo en el cargo y en la figura de la Presidenta Bachelet. El proyecto de nueva Constitución que pueda considerarse como expresivo de la voluntad de la ciudadanía –o siquiera parte de ella– será el que emane de un órgano integrado por representantes, como los que eventualmente integrarían la “Convención Constitucional”, quienes por medio de la deliberación abierta –incluyendo el análisis de los resultados de procesos participativos como el de 2016– de forma y contenido a nuevo texto constitucional. El espíritu de complementariedad entre participación y representación que animó al diseño del proceso constituyente del gobierno se habría satisfecho de mejor manera prescindiendo de la elaboración de este proyecto presidencial de nueva Constitución y dejando, en cambio, que el órgano representativo que en último término sea el encargado de elaborar el nuevo texto hubiese trabajado directamente con los resultados del proceso participativo.

Proceso constituyente del Gobierno

La Moneda pone urgencia a proyecto de reforma al capítulo XV. El pasado 29 de noviembre el gobierno puso suma urgencia al proyecto que busca reformar el Capítulo XV de la Constitución que trata sobre la “Reforma de la Constitución”, reforma destinada a establecer los canales formales para un proceso de reemplazo constitucional. Sin embargo, debido a sus altos quórums (dos tercios en ambas cámaras), es posible que el proyecto de reforma fracase.

La reforma, que permitiría convocar a una “convención constitucional”, fue discutida en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. La diputada comunista Camila Vallejo, así como los diputados socialistas Leonardo Soto y Osvaldo Andrade presentaron indicaciones al proyecto que lo modificarían para que en vez de consistir en una reforma al capítulo XV el proyecto incorporara un capítulo nuevo (Capítulo XVI sobre “Reemplazo constitucional”). Al tratarse de un capítulo nuevo, el proyecto podría ser aprobado con un quórum de tres quintos, en vez del de dos tercios. La iniciativa no contó con los votos de la mayoría de sus miembros. Votaron en contra de las indicaciones los diputados de Chile Vamos y el diputado Fuad Chahin (DC). Asimismo, este último junto con Ricardo Rincón (DC) se abstuvieron en la votación del inciso que regularía la convención constitucional, con lo que esa norma fue rechazada. En palabras de Chahín “El gobierno no quiso mover una coma este proyecto y estamos viendo los resultados de aquello. No hubo ninguna disposición a conversar”. La queja de Chahín se refiere a que el proyecto no especifica quiénes integrarán la convención constitucional, cuántos serían, cómo serían elegidos, entre otros aspectos que permitirían determinar su naturaleza precisa. A pesar de ello, el proyecto seguirá su tramitación, pero requerirá acuerdos políticos (que el gobierno ya ha empezado a buscar) y más modificaciones para tener posibilidad de ser aprobado. En ese contexto, el gobierno bajó la suma urgencia que había puesto al proyecto, que requeriría que fuera tramitado dentro de 15 días, a urgencia simple, lo que pone el plazo en 30 días.

Dado el resultado de la votación en la Comisión de Constitución las reacciones no se hicieron esperar, ya que la Diputada por el Partido Comunista, Karol Cariola, arremetió contra la DC, señalando que “Lamento mucho lo que pasó en la comisión de Constitución. Matar el corazón de esa modificación en una votación es bastante incomprensible. Aquí, lo que se expresó fue una visión de derecha, del pinochetismo que quiere mantener una Constitución elaborada en dictadura, versus una visión que quiere democratizar Chile. La DC tendrá que reflexionar”. En respuesta, Chahin afirmó que “si el Partido Comunista quiere decir algo, no me voy a dejar pautear por ellos. Yo actúo de acuerdo a lo que es mejor para el país. Mi obligación es votar de acuerdo a mis convicciones; a mí no me pautea nadie”. Asimismo, el parlamentario acusó displicencia por parte del gobierno.

El impasse tuvo repercusiones en la carrera presidencial, con el candidato Alejandro Guillier, quien sostuvo que “todavía es posible arreglar el proyecto de reforma en el Congreso”. Agregando que “Nosotros estamos convencidos que la Presidenta envió un buen proyecto que es mejorable como todo y necesitamos definir mecanismos de participación ciudadana muy activos. No podemos construir constituciones hechas solo en el Congreso. Yo creo que una de las señales que la ciudadanía está dando, es que quiere tener participación y por lo tanto una Convención Constituyente, o en su defecto si eso no prosperara, yo creo que deberíamos comprometernos a un plebiscito donde los chilenos se pronuncien ante el mecanismo de participación”.

Proceso constituyente indígena

Término y críticas al proceso de consulta indígena. A comienzos de noviembre finalizó el proceso de consulta indígena implementado por el gobierno en cumplimiento por el Convenio 169 de la OIT en el contexto del proceso constituyente. Sin embargo, este no concluyó de la mejor forma dado el quiebre entre las comunidades y el oficialismo. Al respecto, han sido varias las críticas realizadas al proceso, destacando la no discusión de temas clave como la plurinacionalidad del Estado de Chile, así como la falta de garantías llevando a la vulneración de los derechos de las comunidades participantes.

El representante del pueblo Rapa Nui en la CONADI, Rafael Tuki, calificó el proceso como “un engaño”, puesto que no se abordaron materias tales como la autodeterminación, a la luz del derecho internacional y los tratados que ha firmado el Estado de Chile. Acerca del quiebre, Mapuexpress, recogiendo el reporte del programa radial Ayni, señala que las razones son varias, como que que no se acordó reconocer a Chile como un Estado Plurinacional, ni tampoco hubo voluntad de otorgar rango constitucional al convenio 169 de la OIT. Asimismo, el medio on line señala que en Arica y Parinacota hubo disconformidad por el reducido número de sus representantes, mientras que en Iquique se denunció que el proceso estuvo viciado desde su inicio, publicándose por parte de representantes de comunidades aymaras y quechuas de Tarapacá un comunicado que indica que “el Estado no garantizó a nuestros pueblos asesoría de confianza desde el comienzo de la consulta, no respetó los tiempos necesarios para desarrollar cada etapa y obstaculizó constantemente el diálogo, al imponer tiempos, metodología, procedimientos, recursos, etcétera, inapropiados y de forma unilateral. En Resumen, el Estado de Chile no ha garantizado las condiciones mínimas para que nuestros pueblos puedan incidir realmente en esta medida”. Situación similar se vivió en la Atacama, señalando que con el quiebre de la mesa de diálogo se perdió “una oportunidad histórica de hacer un trabajo completo, genuino y ajustado a los estándares internacionales”.

Por otra parte, la declaración de la organización “Plataforma Política Mapuche” en el medio Werkén Rojo, establece siete puntos acerca del quiebre producido en el proceso de consulta. El documento inicia valorando el proceso de consulta, pero lamentando al mismo tiempo el incumplimiento de las exigencias establecidas por los pueblos originarios, alegando que el Estado asumió una postura desconfiada y discriminatoria. Sin embargo, el punto central estuvo enfocado en que los acuerdos a los que quería llegar el gobierno “solo alcanzaron a los temas Culturales y de pre existencia, los que resultan altamente insuficientes si no consideramos los temas políticos, que son los que pueden cambiar y resolver los temas de fondo. Estos dicen relación con: Reconocimiento Constitucional de Nación, Avanzar a un estado Plurinacional e intercultural, Reconocimiento de Territorios Ancestrales, Libre Determinación. Sobre estos temas los representantes del estado mantuvieron una postura intransigente lo que determinó que las negociaciones llegaran a situarse en un punto muerto y de no avance”. De acuerdo a lo publicado por Diario Concepción, los representantes de la octava región también manifestaron su disconformidad, especialmente las comunidades mapuches y pehuenches, ya que no se abordó el tema de la plurinacionalidad. Los representantes del pueblo Mapuche en la CONADI también denunciaron que el gobierno descartase incorporar el derecho a territorio, elemento que se acuerdo a lo planteado por Marcial Colín, existían recomendaciones de organismos internacionales para avanzar en este punto. Adicionalmente, los representantes de Los Lagos también se retiraron del proceso acusando intervencionismo.

En respuesta a los hechos ocurridos, son varias las columnas que realizan un balance negativo de la consulta indígena. El 6 de noviembre, en El Desconcierto, el dirigente político mapuche Marcelino Collio lamenta el término de “la ilusión del proceso constituyente de los pueblos indígenas y el Estado”. Señala que “Después de una maratónica jornada de cinco días, se realizó una nueva jornada del Proceso Constituyente Indígena, en un nuevo intento por lograr acuerdos con el Estado chileno en los temas de reconocimiento constitucional de naciones, avanzar en la construcción de un Estado plurinacional e intercultural, en reconocimientos de territorios ancestrales y en los temas de libre determinación. Pero no hubo acuerdos.”

En este sentido, Collio identifica que “Los representantes del Estado chileno solo estuvieron dispuesto a reconocer temas culturales y de pre existencia, pero en los temas de derechos políticos, que son los que determinan cambios reales, no fue posible avanzar”. Agrega que “Esto fue solo una muestra de los esfuerzos que realizaron los pueblos originarios por buscar acuerdos con el gobierno, pero la intransigencia de los funcionarios a cargo no permitió llegar a puerto en ninguno de los temas de real interés de los pueblos presentes en la sala.” Collio pone la responsabilidad en el gobierno “que generó grandes expectativas con este Proceso Constituyente Indígena, pero que prefirió seguir atado a los grandes poderes fácticos, a los grupos económicos que controlan el sistema neoliberal y que no quieren cambios reales en este país. Así, esta promesa de cambiar la actual Constitución, donde se incluyan los derechos usurpados por años a los pueblos originarios de estos territorios se aleja cada vez más. Se seguirá hablando a nombre de los pueblos originarios, de los mapuches en particular, pero sin considerarlos como actores políticos con derechos y en igualdad de condiciones, como es el anhelo del conjunto de nuestros pueblos”.

Concluye el autor que “Es bueno dejar claro que esto no detiene la lucha de los pueblos por abrir espacio en una sociedad que nos discrimina, que nos reprime, que nos encarcela, que nos mata. Un Estado que quiere tener patente de moderno, de desarrollado, pero que continúa con prácticas feudales, anclado en un pasado de mente atrasada, de prácticas sancionadas internacionalmente. Un estado que impone un desarrollo que no incorpora ni identifica a los pueblos originarios, menos aún acepta una democracia acorde al siglo XXI. Finalmente, decir que aquellos que me reclamaban que “los dejara solos”, efectivamente se han quedado solos para negociar con el Estado, las migajas que este les quiera conceder, pero los pueblos originarios ya tomaron su decisión. Y esto dice relación con seguir avanzando en la construcción del camino propio, de seguir trabajando por fortalecer sus organizaciones, las comunicaciones con los otros actores de la sociedad, con los cuales los acuerdos son más fáciles y más duraderos.”

Más favorable fue la opinión de la académica de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte Katherine Becerra, quien observó sobre el proceso que “desde una visión de la academia y sociedad civil, la descolonización de la perspectiva neoliberal a una mirada indígena en estos procesos de consulta es altamente destacable y necesaria para lograr cambios. Las suspicacias de ambos sectores deben ir decreciendo a medida que el dialogo va siendo el centro. Con el proceso constituyente indígena y el ingreso al Congreso Nacional del Plan Araucanía el Gobierno está cumpliendo con lo prometido en esta materia. Es de esperarse que los resultados sean sustanciales para un cambio en las relaciones entre el Estado y las comunidades indígenas, y no solo sea un simple cumplimiento de formalidades sin ningún contenido transcendental”.

Marcelino Collio: “Asamblea Constituyente Indígena: Más decepciones que acuerdos”. El contenido de la columna publicada en El Desconcierto, hace alusión al balance de la etapa final de la consulta indígena, celebrada entre los días 16 al 21 de octubre. Al respecto, Collio hace una denuncia de las pésimas condiciones en las que se encontraban trabajando los representantes cuando no tenían actividades junto con el gobierno, señalando que dichas actividades se realizaron “en un tercer subterráneo del centro de Santiago, que no garantizaba condiciones dignas para trabajar”. Además, consigno que la consulta finalizó un día sábado en la mañana y no un jueves por la tarde, que era lo planificado.

En segundo lugar, se constata que los delegados, como producto del retraso en los plazos de la discusión, solicitaron aplazar el cierre de la consulta, ya que no estaban las condiciones para proseguir, sumado a la situación familiar y logística de los participantes. Sin embargo, se señala que “Frente a esto, el gobierno responde que esto no es posible, que los acuerdo se deben tomar ahora, de lo contrario No hay acuerdos. Y que si la asamblea rompe el dialogo, se tendrán que hacer cargo de haber abandonado el dialogo”.

No obstante, a juicio de Collio, lo peor del evento fue cuando “Los consejeros de Conadi Marcial Colin y José Millalen lograron convencer a la delegación completa de la novena región para presentar una propuesta de acuerdo distinta a la que habían firmado antes, la que llamaron Acuerdo Araucanía, donde aceptaban firmar un acuerdo con el gobierno, donde NO ESTABAN todos los puntos que la Asamblea solicitaba al gobierno”. Los consejeros de la CONADI aludidos respondieron por le mismo medio afirmando que habían sido críticos “desde un comienzo la carencia de métodos claros para la toma de acuerdos y la insuficiencia de los contenidos o materias a consultar definidas por el Ejecutivo” por lo que “en nuestro rol de representantes de los pueblos pudimos incorporar elementos estratégicos desde el punto de vista de las comunidades que representamos y del movimiento político mapuche en el cual participamos: la libre determinación, el territorio y la plurinacionalidad, las que acordamos con el gobierno fueran incorporadas desde la etapa de Deliberación Interna del proceso de Consulta”. El conflicto entre Collio y los Consejeros mapuche de la CONADI involucra distintas opiniones respecto del respeto que cada uno de ellos expresa hacia la autodeterminación de los distintos territorios mapuche.

Columnas, cartas y opiniones

Sebastián Soto: “Otra vez la Constitución”. El académico e integrante del equipo constitucional de la candidatura de Sebastián Piñera, en columna publicada en el diario La Tercera, abordó diversos aspectos de lo que ha sido el proceso constituyente en los últimos meses. En primer lugar, criticó la falta de claridad por parte del gobierno respecto a la fecha de envío del proyecto de nueva Constitución, señalando que “Lo que motiva este confuso itinerario es que algunos en el gobierno creen que eso podría influir en el resultado de la elección presidencial”. En segundo lugar, también criticó los potenciales contenido que pudiera tener el proyecto Aunque todavía nadie conoce las sorpresas que nos dará el nuevo texto, la consulta indígena nos mostró algunas. Ahí supimos que “el Estado” llegó a acuerdos con los dirigentes, según consigna la página web del MDS (Ministerio de Desarrollo Social”. Finalmente, cuestionó –sin analizar las respuestas posibles a sus preguntas– la posibilidad de que el gobierno otorgue el 10% de representación parlamentaria a pueblos originarios: “Todo esto admite muchas preguntas. ¿Por qué se rompe con la vieja regla democrática de una persona un voto? ¿Por qué optar por una representación étnica y no una ideológica como ha sido la tradición en Chile? ¿Por qué el gobierno intenta comprometer al ‘Estado’?”.

Sebastián Soto: “Urgencia Irrelevante”. En otra columna publicada por el abogado en La Tercera, calificó como una maniobra electoral el otorgamiento de suma urgencia al proyecto de reforma al Capítulo XV de la Constitución. Según Soto, “el proyecto debería rechazarse porque, como ya otras veces en el tema constitucional, no resuelve nada”. Agrega además que “el proyecto ningunea al Congreso despojándolo de la decisión fundamental; y eso es más grave en un país que, como el nuestro, necesita fortalecer la política y el Congreso, no erosionarlo”.

Finalmente, opina que “El proyecto del gobierno no tiene impacto en el Frente Amplio donde la única fórmula aceptable es la utopía de la AC. Tampoco parece tenerlo demasiado para el votante de Guillier pues el propio equipo constitucional del candidato tuvo que salir a ‘profundizar’ la reforma informando lo que esta debía agregar. Y por cierto no lo tiene para el votante de Piñera quien, casi por definición, prefiere la vía institucional”.

Cristóbal Bellolio sobre la izquierda y la Asamblea Constituyente. El 25 de octubre, en Revista Capital, Cristóbal Bellolio, Académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, expresó algunas críticas en torno a cómo la izquierda “mató la Asamblea Constituyente”.

Según Bellolio, el error estratégico de buena parte de la izquierda pro-AC fue confundir el debate como una disputa de modelos estratégicos –donde lo importante es el resultado, el contenido de una nueva Constitución– antes que como una invitación a discutir las reglas de un procedimiento –donde lo importante es la legitimidad–. Afirma que “La derecha, por tanto, entendió la convocatoria en clave hostil: estaban siendo invitados a una carnicería, donde el modelo que tanto defienden sería irremediablemente revertido”.

Se pregunta entonces si “¿Significa esto que la izquierda debía ocultar sus aspiraciones sobre el contenido?”. Responde que “No necesariamente”. Más bien su punto es que “Lo que deberían haber entendido mejor, es que se trata de un proceso de dos etapas. Durante la primera etapa, todos los esfuerzos debieron haberse concentrado en generar confianzas transversales y acordar reglas del juego capaces de entregar certidumbres a las partes. Durante la segunda etapa, una vez que existe confianza entre los actores políticos y las reglas del juego son claras, cada equipo lucha lealmente por sus ideas en la arena democrática. A la izquierda pro-AC se la comió la ansiedad. Fueron incapaces de distinguir entre contenido y procedimiento. Así dinamitaron los pocos puentes que tenían con el centro y la derecha. Espantaron a todos los que tenían ideas distintas respecto del contenido”.

Juan Pablo Cárdenas sobre nueva Constitución y Asamblea Constituyente. El pasado 8 de noviembre el periodista Juan Pablo Cárdenas, por medio de la web de la Radio de la Universidad de Chile, expone que “la decisión política de seguir postergando la consolidación de una Carta Fundamental verdaderamente democrática entraña, ciertamente, el encantamiento general de la clase política por la institucionalidad autoritaria definida por la Constitución de 1980, salvo con algunas enmiendas que puedan ser acordadas por algún gobierno de turno y el Congreso Nacional”. En su opinión “Es claro que para las cúpulas de los partidos parece más razonable convenir un conjunto de modificaciones a lo ya existente que abrirse a un proceso en que los ciudadanos asuman protagonismo a través de una asamblea constituyente. Durante toda la posdictadura se le ha quitado el bulto al más legítimo y eficiente de los procesos, como ha sido el camino previo de las constituciones más sólidas y estables del mundo.”

Finalmente, lamenta “que nuestro país no se allane a encomendarle este texto tan primordial a un conjunto de chilenos definidos por elección popular. No entendemos, francamente, que haya quienes tanto le temen a un cónclave ciudadano, lo que sería una novedad y oportunidad para Chile, cuando en toda nuestra trayectoria republicana las constituciones se han definido “entre gallos y medianoche”, en componendas de los caudillos políticos con los militares, los partidos y los más poderosos empresarios”.

Soledad Alvear: “Constitución: responsabilidad”. La Exsenadora Soledad Alvear (DC), mediante columna publicada en La Tercera, hace un llamado a actuar con responsabilidad ante el proceso de cambio constitucional. Según Alvear “Esta nueva Constitución no puede ni debe nacer a partir de una página en blanco sino que debe tener en cuenta toda la evolución constitucional que ha experimentado nuestra patria desde los albores de su independencia aprendiendo también de las lecciones de la historia”.

En respuesta a la posibilidad de un plebiscito constitucional señala: “es claro que la elaboración de una nueva Constitución debe respetar las disposiciones que contempla la actual Constitución para su reforma integral y ello conlleva lograr un acuerdo de los 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio. Un eventual llamado a plebiscito sobre estas materias también requiere de una reforma constitucional aprobada por igual mayoría calificada de 2/3. Digamos la verdad siendo responsables, no se trata de que el Presidente llame por sí a un plebiscito”.

Finalmente concluye que “Solo de esta forma lograremos contar con una Carta Fundamental nacida en democracia en la que todos nos sintamos interpretados, que sea el marco comúnmente compartido a partir del cual podamos desarrollar libremente nuestras visiones de país para llevar a cabo nuestros ideales”.

Académicos por la AC: “La cuestión constitucional ante el nuevo ciclo político, nuevo ciclo político y AC”. Publicada en The Clinic, una columna firmada por una docena de académicos afines al Frente Amplio señala que “Los resultados de la primera vuelta presidencial y de la elección parlamen taria evidencian que la ciudadanía desea, mayoritariamente, recuperar la soberanía sobre sus cuerpos, sus comunidades y sus territorios. Esto requiere terminar con las normas e instituciones que constituyen a nuestra sociedad de un modo neoliberal, donde las lógicas de la competencia y de la mercantilización condicionan prácticamente todos los planos de la vida social, transformando a los ciudadanos en consumidores”.

Acerca del proceso constituyente, los académicos plantean que “en un proceso constituyente que responda al nuevo ciclo político inaugurado con el surgimiento, desde la sociedad, de nuevas fuerzas políticas, las que han logrado consolidar su incorporación al aparato institucional del poder a través de una bancada parlamentaria. Es decir, un proceso constituyente que responda a las exigencias que la ciudadanía formula al sistema político: más aire fresco, más diversidad, más rendición de cuentas”.

Finalmente, la carta concluye que “lo mínimo es convocar a un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie sobre la cuestión constitucional, pues circunscribir la discusión a la élite política garantiza la protección del actual estado de la sociedad, con los privilegios y abusos propios de un modelo constitucional neoliberal”.

Unidos por una Nueva Constitución, académicos llaman a votar por Guillier. Días antes, académicos de centroizquierda, integrantes o afines a desde la Nueva Mayoría hasta Revolución Democrática, e incluyendo integrantes del equipo constitucional de la candidatura de Alejandro Guillier, expresaron, por medio de una declaración circulada en redes sociales, “la más profunda convicción sobre la necesidad de contar con una nueva Constitución, nacida en democracia producto de un proceso constituyente que termine con los cerrojos institucionales existentes y se haga cargo de la pluralidad propia de nuestra país”. Afirman también que el resultado de la primera vuelta presidencial muestra que “es necesario y posible avanzar hacia un país más justo y democrático”. Afirman, al respecto, que “Para ello se requiere de un Estado que pueda ser un garante efectivo de derechos y que propicie la realización equitativa en la vida social, material y cotidiana de las personas y colectivos de nuestra sociedad” y que “Ello no es posible sin una nueva Constitución” pues “La actual carta fundamental limita la posibilidad de un Estado social, contiene un magro reconocimiento de derechos fundamentales y propicia una democracia elitista, con reglas y órganos destinados a obstaculizar los cambios sociales”.

La carta termina afirmando que “Hoy más que nunca, es necesario reafirmar el compromiso con la justicia social y avanzar en la profundización de las reformas iniciadas en este gobierno. Nada de esto será posible en el largo plazo sin una nueva Constitución que siente las bases de una sociedad más justa, solidaria, libre e igualitaria. De todos nosotros depende seguir avanzando en ese camino y por esas razones llamaos a votar por Alejandro Guillier”.

Juan Ignacio Latorre (RD) y Jaime Bassa: “El plebiscito como solución a la cuestión constitucional”. El Senador electo de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre, y el académico de la Universidad de Valparaíso Jaime Bassa publicaron el pasado 10 de diciembre en El Mercurio una carta sobre de la posibilidad de un plebiscito constitucional. El escrito señala que tomando en consideración elementos como los altos quórums legislativos para la aprobación de reforma al Capítulo XV de la actual Constitución y la falta de apoyo al interior del oficialismo “creemos que la crisis de legitimidad de la Constitución no encontrará solución mientras las cúpulas políticas no permitan que la ciudadanía tome la palabra para decidir”. Complementariamente enfatizan que “Los “grandes acuerdos” deben verificarse en la deliberación constituyente y no pueden ser esgrimidos como excusas para obstaculizarla”.

Posteriormente, se indica que el actual proyecto de reforma constitucional se encuentra estancado por las trabas legislativas propias de los altos quórums de aprobación (dos tercios en ambas cámaras). En respuesta, los autores proponen reformar la Constitución para que el Ejecutivo pueda convocar a un plebiscito constitucional de entrada, proyecto que ya existe y que no ha sido aún aprobado por el Congreso. A juicio de Latorre y Bassa, de aprobarse este proyecto se “evidencia la voluntad política de resolver la cuestión constitucional de cara a la ciudadanía. Además, considerando que la iniciativa contó con el apoyo transversal en la Cámara, su alto quórum de aprobación (tres quintos de los parlamentarios en ejercicio) aparece como algo accesible. Si, como se ha declarado recientemente, la voluntad de Alejandro Guillier y del oficialismo es recurrir a un plebiscito que destrabe la cuestión constitucional, bastaría con reactivar la tramitación legislativa de este proyecto”.

Documentos de académicos del PS Y Frente Amplio fija bases de diálogo para balotaje. “En segunda vuelta: por un diálogo democrático que inicie una nueva etapa histórica”. Así se titula un documento redactado por los académicos de la Universidad de Chile Fernando Atria (Partido Socialista) y Carlos Ruiz (Izquierda Autónoma, Frente Amplio), da cuenta La Tercera el pasado 25 de noviembre. El documento fija las bases para un diálogo entre la Nueva Mayoría y el Frente Amplio con miras a la segunda vuelta, donde la carta presidencial del oficialismo, Alejandro Guillier, busca el respaldo de la opción que representó Beatriz Sánchez, quien obtuvo más del 20% de los votos en primera vuelta.

La propuesta de Atria y Ruiz fija como punto de partida “el compromiso de las fuerzas democráticas por impulsar un proceso constituyente, uno en el cual el poder constituyente retorne a su titular, el pueblo. La manera de avanzar esa dirección es mediante la realización de un plebiscito constitucional, que abra la vía para una Asamblea Constituyente”. “La razón por la que una nueva constitución es necesaria es porque necesitamos una constitución que constitucionalice la salida del neoliberalismo. Esto significa, primero, una que en vez de neutralizar la política institucional la fortalezca, de modo de devolver a los ciudadanos la posibilidad de decidir políticamente sobre el destino de Chile. Así será la democracia, y no el mercado, el eje ordenador de nuestra vida social y política”, añade. Los académicos plantean que una nueva constitución es necesaria para “superar el actual carácter subsidiario del Estado” y para garantizar derechos sociales, principalmente la educación, salud y previsión social.

En esa línea, el documento propone que se debe dar paso a la reconstrucción y expansión de la educación pública, superar la capitalización individual de las actuales AFP para pasar a un sistema de reparto, la creación de un nuevo sistema de salud pública y la condonación de las deudas educativas. Todas estas, propuestas claves para el Frente Amplio e impulsadas por Sánchez, las que se han ido configurando como los ejes claves para que Guillier pueda seducir al electorado frenteamplista, según declara La Tercera.

Política

Elección presidencial

Postura de candidato Alejandro Guillier sobre nueva Constitución. El pasado 26 de noviembre, luego de los resultados de la primera vuelta en las elecciones presidenciales, Guillier fue entrevistado por Pulso. A propósito de nueva Constitución, sostuvo en relación con la posibilidad de continuar con el proceso constituyente del gobierno, y en particular en relación con la reforma al capítulo XV, se manifestó a favor de un plebiscito constitucionalpara poder determinar un camino”. Sin embargo, agregó –en aparente referencia a que el Congreso juegue un rol en la elaboración de la nueva Constitución– que “La otra solución, por si te bloquean, porque no tienes la mayoría en el Congreso para aprobar el mecanismo plebiscitario que te permitiría diseñar una forma participativa, es con los instrumentos que tienes. Ha habido una reacción ciudadana, ahora no es un Congreso binominal y por tanto, se puede avanzar por ahí. Lo importante es que tengamos una Constitución que represente al alma de Chile y eso tiene que expresarse a través de los ciudadanos, y no por mediación de terceros”. Respecto a la posibilidad de una Asamblea Constituyente, en cambio, sostuvo que “Una eventual asamblea constituyente, pasa primero por aprobar el cambio constitucional, para después poder convocar a una situación y empieza a correr el tiempo. Tienes cuatro años y también necesitas manejar los tiempos para que todo salga en mi gobierno y no quede pendiente para el otro, porque sino [sic] se va alargando el tema. Una solución es buscar los mecanismos participativos ciudadanos lo más directos posibles y constituirse en una sociedad que se autoconvoca a un ejercicio constituyente, porque una AC viene de la Revolución Francesa, pero parte de un ejercicio intelectual”. Consultado sobre qué modelo en particular tendría en mente, sostuvo que “Hemos estudiado esto de 20 mil maneras, pero no hay que encerrarse en que sea un mecanismo específico, sí en un mecanismo de participación real. Eso es lo que podemos decir hoy. Lo otro depende también de los apoyos ciudadanos, de los alineamientos de los partidos, de conversar, pero a nadie le sería concebible una Constitución sin participación de la ciudadanía”. Finalmente, sobre la posibilidad real de lograr apoyo para la AC, concluyó que “Hay que verlo. La política está abierta y Chile dio señales de que quiere cambios genuinos y con participación ciudadana”.

En relación con el proyecto de reforma al capítulo XV de la constitución que permitiría realizar el reemplazo constitutional, Guillier señaló en otros medios que de no prosperar el proyecto “me he comprometido a convocar al Congreso Nacional a que apruebe un llamado a plebiscito para que las chilenas y los chilenos decidamos el mecanismos de construcción de la nueva constitución, son los mecanismos que tenemos y los vamos a usar todos”.

Más allá de las polémicas surgidas a raíz del llamado a plebiscito, desde el Partido Socialista valoraron el otorgamiento de suma urgencia a la iniciativa de reforma, haciendo un llamado a la Nueva Mayoría y al Frente Amplio a respaldar la iniciativa. Aunque desde el pacto Chile Vamos y la presidencia del Colegio de Abogados calificaron el gesto del gobierno como intervencionismo y una maniobra política.

Política general

Andrés Zaldívar (DC) critica a Alejandro Guillier por propuesta constitucional. El Senador de la Democracia Cristiana, Andrés Zaldívar, criticó al candidato presidencial del pacto Fuerza de la Mayoría ante la posibilidad de llamar a plebiscito por una nueva Constitución en caso de que Guillier sea electo presidente. Según Zaldívar este camino “No procede, pues. ¿Para qué habla de un plebiscito si no está establecido en la Constitución? Hay que aplicar las normas constitucionales siempre. La Constitución no contempla un plebiscito para definir una cosa como esta. Lo lógico es que el nuevo Parlamento resuelva los procedimientos”. Asimismo, el ex coordinar político del comando de la ex candidata presidencial, Carolina Goic, Jorge Burgos, señaló que “Convocar a un plebiscito vinculante, que modifique el procedimiento de reforma, requiere 2/3 del Congreso”. Postura similar fue la que adoptó Gutenberg Martínez, añadiendo que “Es un engaño, porque no tiene factibilidad de mayoría. Si no hay acuerdo entre el bloque de Guillier y la derecha, no se va a poder hacer”.

En respuesta a los dichos, el jefe programático de Guillier, Osvaldo Rosales, afirmó que “Nuestra propuesta es una vía institucional; requiere acuerdo. Y si el sistema institucional no está en condiciones de dar respuesta a lo que la mayoría desea, habrá que ver cómo se buscan los acuerdos y se gestan las condiciones, pero nadie está haciendo el asalto al Palacio de Invierno”.

Álvaro Elizalde (PS) llama a votar por Guillier a todos aquellos que desean una nueva Constitución. De cara a la segunda vuelta presidencial, el cambio constitucional se ha vuelto uno de los ejes centrales de la campaña de Alejandro Guillier, sobre todo para buscar eventuales apoyos al interior del Frente Amplio. Al respecto, Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista y coordinador de la campaña de Guillier, sostuvo una reunión con los líderes del movimiento “Marca AC”. En el encuentro, sostuvo que “Obviamente si hay una opción que representa el compromiso con el cambio en Chile es Alejandro Guillier, que va a gobernar con su programa de gobierno, que fue el que obtuvo el mayor respaldo en la primera vuelta, pero va a enriquecer este programa sobre la base de las miradas con las cuales tenemos coincidencia”. Además, Elizalde añadió “por tanto, si efectivamente los chilenos creemos en la gratuidad, tenemos que votar por Alejandro Guillier. Si los chilenos creemos en una Nueva Constitución nacida en democracia, tenemos que votar por Alejandro Guillier. Si creemos que es necesario un sistema de pensiones que le dé dignidad a los adultos mayores, tenemos que votar por Alejandro Guillier”.

Movimiento Marca AC entrega su respaldo a Alejandro Guillier. En conferencia de prensa el pasado 29 de noviembre, el coordinar nacional del movimiento Marca AC, Manuel Lobos, entregó a nombre del espacio el respaldo político a Guillier. En palabras de Lobos: “Entendemos que en su programa de gobierno ha quedado de manifiesto la continuidad de las propuestas de proceso constituyente de la Presidenta Michelle Bachelet”.

Finalmente, Lobos afirmo que ““tal como nosotros valoramos en su oportunidad que por primera vez en 27 años se presentara un proyecto de reforma constitucional que permitía modificar y cambiar nuestra institucionalidad, hoy día entendemos que el único programa de gobierno, después de haber tenido cinco candidaturas por Asamblea Constituyente en la primera vuelta, hoy día es la candidatura la de Alejandro Guillier la que se compromete a seguir avanzando hacia una renovación de nuestra institucionalidad”.

Karol Cariola (PC): “Queremos una Constitución donde la gente sea la principal protagonista”. La Diputada reelecta del Partido Comunista y pieza clave de la campaña de Alejandro Guillier, Karol Cariola, durante su participación en el programa de debate Tolerancia Cero se refirió a las propuestas en materia ciudadana, consignando que el proceso constituyente es un pilar fundamental en la materia, señalando que “aspiramos a tener una Constitución donde la gente sea la principal protagonista”. Al ser consultada acerca de los próximos pasos del proceso constituyente, señaló que es importante tomar en consideración los datos sistematizados de la etapa participativa del 2016 y además llevar adelante la aprobación de la reforma al Capítulo XV con el nuevo parlamento La legisladora, a pesar de reconocer las dificultades en materia de quórums, se mostró optimista, sobre todo ante la posibilidad de lograr acuerdos con el bloque regionalista y Evopoli.

Actividades del Observatorio

Seminario

No sin nosotras: mujeres y cambio constitucional”. El pasado 6 de noviembre, organizado por el Observatorio del Proceso Constituyente en Chile, se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, el coloquio “No sin nosotras: mujeres y cambio constitucional” que tuvo la participaciòn de la ex Subsecretaria del SERNAM, Gloria Maira; la Vicepresidente de Evópoli, Lorena Recabarren; y la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Verónica Undurraga.

La diversidad política de las expositoras no fue un impedimento para que todas manifestaran un acuerdo claro: el cambio constitucional debe llevarse a cabo a través de una instancia en la que participen mujeres y hombres por igual.

“El parlamento no debe ser el lugar del cambio constitucional porque allí no hay paridad”, aseguró la Vicepresidenta de Evópoli y Directora Ejecutiva de Horizontal, Lorena Recabarren. “Hay que defender a morir el hecho de que el órgano constituyente sea paritario. Y deben estar reflejadas las miradas de mujeres de distintos sectores y diversas experiencias”, coincidió la académica de Derecho Constitucional de la Universidad Adolfo Ibáñez, Verónica Undurraga. La ex subsecretaria del Sernam, Gloria Maira, manifestó su preferencia por la asamblea constituyente como mecanismo para reemplazar la carta fundamental. “Tengo terror de que el cambio constitucional se haga en una comisión parlamentaria”, señaló. “Debemos garantizar la presencia significativa en la asamblea constituyente de mujeres y feminista”, agregó.

Además, la ex subsecretaria planteó que independientemente del mecanismo que se utilice, habrá participación y manifestación de sectores feministas en el proceso. “Las activistas que hemos estado manifestándonos frente al Tribunal Constitucional, vamos a estar también en las puertas de donde se haga el cambio de Constitución”, aseguró. En ese sentido, valoró la experiencia de la asamblea constituyente de Ecuador, proceso en el que participaron las mujeres tanto como asambleístas, como expertas y como parte de la movilización social. “Fue bien interesante porque cuando llegaban las asambleístas a las sesiones, había un piño de mujeres alrededor, una presión permanente que demandaba a esa asamblea constituyente consideración expresa a las demandas de las mujeres”, explicó Maira.

“Iniciar un proceso constitucional sin nosotras, o con nosotras pero no suficientemente preparadas, es peligroso. Corremos el riesgo de quedarnos con lo que viene por defecto. Entre los constitucionalistas es muy fuerte la idea de que lo que está debe mantenerse, y el peso de la prueba recae en quienes proponen los cambios”, planteó la profesora Undurraga.

¿Qué contenidos relevantes para las mujeres deben estar contenidos en la Constitución? Las expertas también ahondaron en el tema. “La discusión sobre la paridad de género o la corresponsabilidad del cuidado son aún marginales en el debate constitucional”, denunció Undurraga. Además, a su juicio nociones como el derecho a la vida o la protección del cuerpo no han sido consideradas respecto de la realidad específica de las mujeres, como el caso de los embarazos de riesgo. “Tampoco se han considerado, por ejemplo, entre las violaciones a los derechos humanos específicamente las violaciones y abusos sexuales que se producen en guerras o regímenes autoritarios”, indicó. Lorena Recabarren señaló que se deben incorporar en la carta fundamental más elementos de no discriminación “e incluir el sexo y el género. En Chile no sólo nos faltan mujeres en el Parlamento y un desarrollo efectivo de las cuotas, pues vemos que muchas mujeres que van como ‘arroz graneado’ en las listas parlamentarias. Además hay barreras que no nos permiten ejercer de igual manera la libertad”, planteó. En ese sentido, Maira planteó que la paridad debe ser un principio que se manifieste más allá de las cuotas de candidaturas parlamentarias. “Yo espero que la Constitución se inspire en un principio de paridad no sólo en el Parlamento, sino también dentro de las organizaciones políticas, en las candidaturas, en las dirigencias de sindicatos, etcétera”.

Opiniones

Columna de Ernesto Riffo sobre la “Convención Constituyente” propuesta por la DC. El pasado de 16 de noviembre, Ernesto Riffo, Director del Observatorio al Proceso Constituyente en Chile de Fundación RED, publicó columna de opinión en El Dínamo sobre la propuesta de mecanismo constituyente propuesto por sectores de la DC. Riffo señala que “Desde un comienzo, la derecha ha dedicado sus esfuerzos a tratar de detener el proceso constituyente por completo, a desviarlo hacia la discusión sobre el contenido, o simplemente a enturbiar la discusión pública con diversas descalificaciones y caricaturas. La izquierda, por su parte, parece tener una sola idea –la Asamblea Constituyente– a la que no ha logrado dar un contenido suficientemente claro frente a la opinión pública”. En ese contexto, afirma, ha surgido “el espacio para que se haya incorporado al menú de mecanismos constituyentes posibles la idiosincrática propuesta de la DC” conocida como ‘Convención Constituyente’.”

Explica el autor, que “la ‘Convención Constituyente’ –también conocida como ‘Convención Walker-Zapata— es un órgano ‘mixto’ que agrega a la idea de una comisión bicameral “una supuesta forma de participación ciudadana, a saber, la inclusión de un grupo de ciudadanos elegidos por el Congreso”. Afirma al respecto que “hay algo profundamente problemático en la propuesta ya que, pese a presentarse como una combinación entre representación y participación, no satisface los estándares ni de la democracia representativa ni participativa.” En este sentido, Riffo identifica los problemas que acarrea asumir esta “Convención”. Siendo el principal de todos ellos, que “al revés de lo que ocurre en una democracia representativa, en la Convención Walker-Zapata no son los ciudadanos quienes eligen a los constituyentes, sino que el Congreso elige a los ciudadanos que cumplirán ese rol, como si la soberanía residiera en él. Así, la regla básica de la democracia representativa es puesta de cabeza”. Agrega más adelante, que “[…] por otro lado, la incorporación de 30 ciudadanos en la Convención difícilmente satisfaría las demandas ciudadanas de que la elaboración de una nueva Constitución sea participativa, dado el reducidísimo número de ciudadanos que participarían efectivamente, y el hecho de que no concurrirían a esa instancia de manera voluntaria sino en virtud de ser designados por el Congreso. […] La propuesta Walker-Zapata, entonces, aprovecha el espacio que en la discusión pública ha dejado la indefinición respecto de qué precisamente es una Asamblea Constituyente. Si bien los defensores de esta última tienen claras las diferencias entre los mecanismos (la integración ‘mixta’ versus la integración propiamente representativa de uno y otro mecanismo), la ciudadanía apenas tiene una noción vaga de uno de ellos”.

Opinión de Claudia Heiss sobre la segunda vuelta presidencial en Latin American Advisor. La integrante del Observatorio del Proceso Constituyente en Chile, y académica del Instituto de Asuntos Públicos de Universidad de Chile, Claudia Heiss responde en la edición del Latin American Advisor del 8 de diciembre a preguntas sobre las expectativas para la segunda vuelta de la elección presidencial afirmando que “Es imposible decir quién ganará la segunda vuelta. Lo que es claro es que el triunfalismo que caracterizó la campaña de Sebatián Piñera es algo del pasado”. Observa que las declaraciones del candidato sobre potencial fraude electoral en la primera vuelta le valieron acusaciones de irresponsabilidad, motivando el apoyo público de Beatriz Sánchez a la candidatura de Alejandro Guillier. Respecto del tema constitucional, Heiss observa que luego de la primera vuelta Guillier ha apelado a los votantes de centro-izquierda “dando prioridad a cambiar la constitución de Pinochet de 1980”, entre otras señales de continuidad respecto del reformismo del gobierno de Michelle Bachelet.

Columnas de Alberto Coddou. El encargado de contenidos y consultorías del Observatorio, Alberto Coddou publicó una serie de columas en distintos medio en línea especializados en temas constitucionales. En un posteo en el blog The Constitution Unit se refirió a la influencia de las encuestas de opinión en la relevancia del tema constitucional en Chile. Afirma al respecto que existe una relación compleja entre las encuestas y los temas constitucionales. Así, por ejemplo, cuando las encuestas plantean de manera separada respuestas posibles a preguntas sobre cuáles son las principales preocupaciones de la ciudadanía, planteando como cuestiones independientes entre sí temas como el cambio constitucional, la educación, la salud y la delincuencia, parece sugerirse que la constitución vigente no juega un rol relevante en la explicación de por qué los demás temas se han convertido en prioridades para la opinión pública. Coddou advierte que debe evaluarse críticamente cómo lo anterior puede influir en las preferencias y actitudes, lo que a su vez detemina comportamiento políticos concretos. Asimismo, afirma que debe considerarse la importancia de reconectar los temas constitucionales con las preocupaciones cotidianas de las personas.

Por otro lado, en una columna publicada en el blog I-CONnect, Coddou se refirió al lugar que el tema constitucional ocupaba en la campaña presidencial para la primera vuelta. Observó al respecto que todas las candidaturas que tenía posibilidades de lograr apoyo significativo en las urnas –las de Piñera, Guillier y Sánchez– tenían posiciones determinadas respecto de los asuntos constitucionales, con imporantes diferencias entre sí, yendo desde la propuesta de modificaciones constitucionales hasta la idea de elaborar una nueva Constitución por medio de una Asamblea Constituyente.

Con posterioridad, y con miras la segunda vuelta, Coddou publicó en la sección From the Field de la página ConstitutionNET de International IDEA un análisis respecto del resurgimiento de la agenda constitucional previo a la segunda vuelta presidencial. En la columna sostiene que, pese a que en un comienzo el proceso constituyente parecía estar estancado debido al probable triunfo del candidato de derecha, el resultado de la primera vuelta tuvo como consecuencia que el tema despertase en la opinión pública, en parte debido a la redistribución de fuerzas políticas en las elecciones presidencial y parlamentaria, así como debido a la tramitación del proyecto de reforma constitucional al capítulo XV de la constitución vigente para establecer la posibilidad de convocar una “Convención Constitucional”, además de los llamados a incorporar la posibilidad de un plebiscito constitucional en caso de que la reforma mencionada no prospere en el Congreso. Esta última propuesta ha recibido apoyo tanto de la candidatura de Guillier como de distintos sectores del Frente Amplio. Cualquiera sea el resultado de la segunda vuelta, concluye Coddou, el tema constitucional parece haber vuelto para quedarse.