Boletín N.° 4 (julio de 2017, 1ª quincena)

Contenidos

Editorial
Actividades del Observatorio
Pueblos originarios
Reforma al Capítulo XV
Política
Eventos académicos

Editorial

Pueblo originarios y Plan Araucanía. Como se ha observado anteriormente, el problema de las relaciones entre el Estado de Chile y los pueblos originarios parece ser el área donde existe acuerdo casi transversal en el espectro político respecto de su conexión directa con la cuestión constitucional. En este sentido, es destacable el hecho de que incluso desde la derecha de ese espectro se proponga el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.

Desde luego, las motivaciones y detalles de cada propuesta varían de manera importante. Mientras que en la izquierda se reconoce la necesidad de declarar la plurinacionalidad del Estado chileno y reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios (como hace la “Hoja de Ruta” de Beatriz Sánchez), en la derecha se reconoce de manera más débil la necesidad de un reconocimiento constitucional de la multi- e interculturalidad de la Nación y el “aporte” de los pueblos originarios a su conformación (como hace la propuesta constitucional de Chile Vamos). En el extremo, existe incluso una postura de derecha, expresada recientemente por el diputado UDI Osvaldo Urrutia, que entiende la necesidad de reconocimiento constitucional de manera puramente instrumental, motivada en particular por lo que percibe como la amenaza de que la pueblos originarios distintos del pueblo Mapuche recurran a la violencia para hacer valer sus demandas. De acuerdo a esta postura, el reconocimiento constitucional de todos los pueblos originarios, incluyendo su representación política, desincentivaría el que recurran a otras formas de acción política reivindicatoria.

Por su parte, el “Plan de Reconocimiento y Desarrollo Araucanía” presentado por la Presidenta Bachelet parece motivado por preocupaciones resarcitorias y la necesidad de “enfrentar la historia de desencuentros y postergación” antes que directamente por el reconocimiento directo de los derechos de los pueblos originarios. Quizás eso explica algunas de sus limitaciones. Algunas de ellas, como han destacado distintos observadores y participantes del proceso, se deben a que el Plan replica aspectos de las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía como el énfasis en el desarrollo económico de la región, estando “lejos de hacerse cargo de los problemas medulares de la relación entre el pueblo mapuche y el Estado”, como lo ha expresado el académico y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, José Aylwin. En el mismo sentido, el consejero de la CONADI Marcial Colín ha observado que ellas “no han sido bien recibidas por comunidades mapuche informadas e interesadas en sus derechos, por cuanto en esencia se aleja de los derechos reconocidos en el país, se aleja de recomendaciones que han realizado Relatores de Naciones Unidas y se aleja incluso del sentido común de quienes se plantean una relación distinta entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile”.

Asimismo, destaca la ausencia en el Plan Araucanía de toda mención a la demanda de plurinacionalidad, la que destaca tanto en los resultados del Proceso Constituyente Indígena, la propuesta de Estatuto Constituyente Indígena preparada por la Comisión de Legislación del Consejo Nacional de la CONADI, y cuya relación con el cambio constitucional es más directa, en tanto el reconocimiento de Chile como país plurinacional es precisamente el tipo de declaración fundamental acerca de la comunidad política que es propia de una Constitución.

Como fuere, el 3 de agosto se dará inicio al proceso de consulta sobre el reconocimiento constitucional y la participación política de los pueblos originarios en la nueva Constitución. Considerando el antecedente de que parte de las críticas a la Comisión Asesora apuntaron a la falta de representatividad de quienes la integraron, lo que desconocería el derecho de los pueblos originarios a elegir a sus propios representantes, debe ponerse especial atención en que el proceso de consulta satisfaga los estándares exigidos por el Convenio 169 de la OIT. Lamentablemente, un primer paso en falso parece haber sido el que el mismo Plan Araucanía no haya surgido de un proceso de consulta tal, algo que había sido denunciado, entre otros, por Senadores de la Nueva Mayoría y representantes del pueblo Mapuche luego de la cuenta pública presidencial del 1 de junio en la que se anunció la presentación del Plan.

Chile Vamos y proceso constituyente. Tras la victoria de Sebastián Piñera en las primarias presidenciales de la coalición de derecha Chile Vamos es probable que el expresidente necesite el apoyo de los sectores derrotados para aumentar sus probabilidades de triunfar en noviembre, o al menos para asegurar gobernabilidad durante un eventual segundo mandato. Piñera mismo ha reconocido que “vamos hacer lo posible por fortalecer la unidad dentro de Chile Vamos y atraer a todos los otros candidatos, en este caso al senador Ossandón y al diputado Kast”. Dada las diferencias entre quienes compitieron en las primarias respecto de la necesidad y forma del cambio constitucional, cabe preguntarse si la unidad buscada alcanzará a resolver esas diferencias, y en qué dirección: la de la nueva Constitución por medio del Congreso (como proponen Kast y Ossandón), o la de “mejoras” a la actual (como propone Piñera).

En general la actitud de los derrotados hacia el proceso constituyente del gobierno fue de escepticismo antes que de rechazo. Ossandón criticó la decisión de Chile Vamos de restarse del proceso y, por el contrario, llamó a participar en él. Por su parte, Evópoli decidió participar del proceso, respecto de lo cual Kast afirmó que “creemos que es la forma más sana de no regalar ningún espacio para poder plantear nuestras ideas”. En cuanto a la necesidad del cambio constitucional, tanto Kast como Ossandón han reconocido un déficit de legitimidad de la constitución vigente ante la ciudadanía. Kast ha propuesto una nueva Constitución, mientras que Ossandón ha propuesto la necesidad de reformas por medio de un proceso que permita “avanzar en legitimidad”.

Piñera, en cambio, cuestionó la legitimidad del proceso constituyente del gobierno y no ha puesto en duda la legitimidad de la constitución vigente, limitándose a reconocer la conveniencia de ‘mejorar y perfeccionarla’. Tales propuestas de mejora serían aquellas recogidas en el documento “Propuesta de la Comisión Constitucional de Chile Vamos”, y al que el expresidente suele hacer referencia. La búsqueda de convergencia con miras a un potencial gobierno de la coalición de derecha pondrá a prueba la convicción tras las opiniones expresadas sobre la cuestión constitucional expresadas por Ossandón, y en particular por Kast y su sector, dada la más completa propuesta constitucional de este último. Además de sus diferencias respecto de la dicotomía entre reforma y reemplazo constitucional, así como del procedimiento institucional para efectuar el cambio, son importantes las diferencias entre las concepciones acerca de las características que debiera tener la nueva (o reformada) Constitución. Mientras que Kast y su sector prefieren una “constitución mínima” que evite consagrar principios “como subsidiariedad o solidaridad, que buscan orientar ideológicamente la Constitución”, la propuesta de mejoras de Chile Vamos opta explícitamente por una concepción del Estado de acuerdo a la cual este “debe desarrollar su acción a partir de principios y valores tales como la dignidad, la paz social, la libertad, la solidaridad y la subsidiariedad, el mérito y la igualdad de oportunidades, la justicia y la responsabilidad, la probidad, la transparencia y el buen gobierno”.

 

Actividades del Observatorio

Columna sobre el Frente Amplio y Constitución. El pasado 29 de junio, Daniela Fuentes Vicente y Leonardo Ortiz Mesías, asistentes de investigación del Observatorio, publicaron en El Dínamo, un análisis de las propuestas en materia constitucional de los candidatos a las primarias presidenciales del Frente Amplio. La columna, titulada “Frente Amplio y nueva Constitución: ¿una meta sin ruta clara?”, hace un análisis detallado de las propuestas en materia constitucional de los candidatos frenteamplistas que compitieron en la primaria presidencial de esa coalición, las que coinciden en “la necesidad de generar una nueva Constitución para Chile vía Asamblea Constituyente, dejando atrás la Constitución de 1980 creada en dictadura y, que, pese a sus numerosas reformas, sigue manteniendo el espíritu del modelo económico y social que se impuso en dicho período de la historia chilena”.

Acerca de la propuesta de Beatriz Sánchez en particular, se argumenta que si bien tiene un diagnóstico claro de por qué es necesaria una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente, “se evidencian vacíos e incertidumbre respecto a cómo se llegará a ella y a los procedimientos que se utilizarán para darle un carácter “participativo e inclusivo”. En este sentido, los columnistas advierten que es fundamental esclarecer estos puntos, considerando que actualmente la Asamblea Constituyente es una institución desconocida por buena parte de la sociedad chilena y que despierta desconfianza en algunos sectores debido a la experiencia venezolana. En la propuesta programática presentada por Sánchez para las primarias, no existe mención alguna sobre cómo se seleccionarían los delegados de esta Asamblea, ni tampoco sobre cómo se asegurará que su composición sea “inclusiva y popular”, tal y como se ha puesto de manifiesto en la franja electoral y en varios foros y entrevistas donde ha participado la candidata.

Por su parte, en la columna advierten que la propuesta del ahora derrotado Alberto Mayol también sostiene la necesidad de una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente, lo que justifica señalando que el texto fue acordado entre pocos y que la gran mayoría quedó excluida en la definición de las “reglas del juego”. Sin embargo, pese a que Mayol es partidario de la idea de volver a “rayar la cancha” a través de una Asamblea Constituyente, tampoco profundiza “respecto de sus características ni forma de llegar a ella”. De ahí que, como observa la columna, “no basta con tener un diagnóstico claro de por qué se necesita cambiar la Constitución […] Sino que también es fundamental establecer propuestas concretas y claras respecto a cómo se va a llevar a cabo el cambio constitucional a través del mecanismo que proponen –la asamblea constituyente–“. Esto, dado que, pese a las diversas declaraciones sobre la necesidad una Constitución a través de una Asamblea Constituyente, no ha existido información por parte del Frente Amplio sobre ciertos aspectos relevantes como el funcionamiento y composición de dicho mecanismo en caso de que sea aprobada la demanda constitucional.

Por lo tanto, concluyen que “si lo que quiere el Frente Amplio, es destacar que lo que se ha hecho hasta ahora bajo el gobierno de Bachelet es defectuoso, o no es óptimo para obtener una nueva Constitución […] lo que se necesita realmente, es dar un paso más allá, esto es, instruir a la ciudadanía sobre los procedimientos que se utilizarán para obtener una nueva Constitución”. Es decir, se hace necesario explicar a la ciudadanía en qué consiste concretamente dicho mecanismo, cómo va a operar en la práctica, cuáles serán los criterios que se utilizarán para seleccionar a los delegados y cómo se le  dará un carácter participativo y ciudadano.

 

Pueblos originarios

Presentación del Plan Araucanía. El pasado viernes 23 de junio la Presidenta Michelle Bachelet anunció en el Palacio de la Moneda el “Plan de Reconocimiento y Desarrollo Araucanía” o “Plan Araucanía”, proyecto que recoge las recomendaciones realizadas por la Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía encabezada por el Obispo de Temuco, Héctor Vargas, y que busca avanzar en una solución para la problemática de la zona, recogiendo la visión de todos los sectores  involucrados.

Luego de que la mandataria pidiera formalmente perdón al pueblo Mapuche, en nombre del Estado de Chile, por los errores y horrores históricamente cometidos en su contra, anunció una serie de medidas orientadas a solucionar los problemas en las relaciones entre el pueblos Mapuche y el Estado chileno, así como el retraso económico de la región. Entre los principales anuncios destacan los siguientes: políticas de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas que serán integradas en el proyecto de Nueva Constitución que Bachelet se comprometió enviar al Congreso antes del término de su mandato; reconocimiento de los derechos colectivos del Pueblo Mapuche por medio de oficializar el uso del mapudungún en la Región de la Araucanía; proyecto de ley que establezca como feriado el Día Nacional de los Pueblos Originarios, a celebrarse el 24 de junio; tramitación con suma urgencia de los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas; creación de un Comité Interministerial presidido por el Ministerio de Desarrollo Social para que actualice el catastro de tierras y aguas indígenas; políticas de desarrollo productivo regional y territorial; Ley Araucanía para el fomento productivo, la generación de infraestructura y la formación de capital social y humano; y política para la protección y apoyo a todas las víctimas de la violencia en la región.

Sin embargo, el Plan Araucanía generó críticas por parte de algunas organizaciones del pueblo Mapuche que reclaman que la elaboración del proyecto no contó con la participación del pueblo ni los representantes de sus comunidades, ni tampoco fue sometido a proceso de consulta previa. Richard Caifal, representante de la Corporación de Profesionales Mapuches Enama y exintegrante de la Comisión Asesora Presidencial sostuvo que la “propuesta no cuenta con nuestro respaldo” y que “es cuestionable que esto se haga desde Santiago, con la total displicencia, distancia y evitando cualquier contacto con la Región”, agregando que “le restamos legitimidad y validez a lo que ella proponga porque básicamente es para el sector empresarial de la Araucanía y no para los mapuches”. Asimismo, criticó que se haya eliminado del informe final de la Comisión el ámbito referido a la plurinacionalidad, acusando a los miembros de “sucumbir ante las presiones de los gremios para excluir en el último minuto la frase de reconocimiento de un Estado unitario plurinacional”. Por su parte, Ana Llao, dirigente mapuche y exconsejera de la CONADI también acusó falta de participación en el proceso señalando que se privilegió al sector empresarial, afirmando que “[q]uien dirigió la Comisión fue la multigremial de la Región, la misma que nos persigue día a día”.

Columna de Marcial Colín. En una columna de opinión publicada el 23 de junio en El Quinto Poder, el Consejero Nacional de la CONADI Marcial Colín se sumó a las críticas a la Ley Araucanía, uno de los principales anuncios del Plan Araucanía, por no incluir un proceso de consulta previa a la comunidad mapuche, considerando que según el Convenio 169 de la OIT los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas toda vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectar sus derechos. Esta crítica, surge principalmente frente al hecho de que algunos parlamentarios y autoridades de gobierno, como el Ministro del Interior Mamhud Aleuy, habrían manifestado que esta ley no requiere de consulta previa pues no existiría una afectación a las comunidades mapuches. A lo anterior se agregan las opiniones de quienes sostienen que mientras no se conozca el anteproyecto de la ley no se puede saber concretamente si este es consultable o no. Ante eso, y en relación con el informe entregado a la Presidenta por la Comisión Asesora Presidencial, Colín señaló “no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que si se habla de integralidad en la solución, eso incluye a las comunidades mapuches, por lo tanto cualquier medida legislativa o administrativa que se pretenda definir para la región de la Araucanía es susceptible de afectar a comunidades de la nación mapuche”.

Columna de José Aylwin. En una columna de opinión publicada en el diario El Dínamo el 28 de junio, José Aylwin, abogado de derechos humanos y Director del Observatorio Ciudadano, si bien valoró ciertos anuncios hechos por la mandataria tales como la inclusión de las propuestas emanadas del proceso constituyente indígena para el reconocimiento de los derechos colectivos del pueblo mapuche en el texto de Nueva Constitución que entregará al Congreso antes del término de su mandato, sostuvo que varios de estos anuncios “estuvieron claramente orientados a dar respuestas a las propuestas emanadas de la Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía, presidida por el Obispo Vargas, integrada por veinte representantes del ejecutivo, de iglesias y del sector privado, pero de precaria participación mapuche”. Al respecto, aclaró que la marginación del pueblo mapuche de esta instancia se produjo por “el rechazo que provocó en sus organizaciones representativas la designación de sus interlocutores por quienes la coordinaron, sin respeto al derecho que asiste a los mapuches, como pueblo indígena, de definir a sus propios representantes en este tipo de instancias”.

Asimismo, argumentó que las propuestas establecidas por esta Comisión Asesora no contribuyen a hacerse cargo de los problemas “medulares” de la relación entre pueblo mapuche y el Estado, tales como la protección de sus tierras y el derecho a definir sus prioridades en materia de desarrollo en el contexto de proyectos de inversión que se han acrecentado en la zona, muchos de los cuales se han establecido sin procesos adecuados de consulta previa. Sino que más bien estas propuestas “respondieron a las preocupaciones de los gremios productivos de la Araucanía en el contexto de la conflictividad creciente existente en la región”.

Entrevista a Salvador Millaleo. En una entrevista realizada por la Radio U de Chile, el académico y exintegrante del Consejo Ciudadano de Observadores criticó la profundidad de las  propuestas anunciadas por la presidenta en el marco del Plan Araucanía considerandolas “poco sustantivas”, aludiendo a  la necesidad de avanzar hacia el reconocimiento constitucional asociado a la creación de un estado plurinacional, tal y como lo ha demandado la población indígena, y hacia formas de diálogo sin exclusiones. Al ser consultado por la celeridad que tendría este proyecto en el trámite legislativo sostuvo “la presidenta no está pensando en este plan para que salga en este gobierno. Ella dijo que (el reconocimiento constitucional) lo va a enviar como parte de la nueva constitución, proyecto que enviará bien al final del mandato, por lo tanto, será definición del próximo congreso”. De ahí que, para el académico las posibilidades de concretar este plan son bastante inciertas, pues asegura que en un eventual gobierno de derecha no se avanzará mucho en la materia, al menos no habrá reconocimiento constitucional en la forma como lo exigen los pueblos indígenas, ni tampoco cree que se solucionarán los conflictos presentes en la región. En definitiva, para Millaleo las medidas propuestas en este plan no son coherentes con el perdón ofrecido por la mandataria al pueblo Mapuche, pues se requieren medidas mucho más sustantivas que estén acordes con sus verdaderas demandas e inquietudes.

Diputado UDI propone reconocimiento constitucional. El portal de noticias en línea Biobío Chile recogió el 23 de junio las opiniones del diputado UDI Osvaldo Urrutia, en las que se manifestó en desacuerdo con las propuestas establecidas por la Presidenta Michelle Bachelet en el marco del Plan Araucanía por considerar que “consagra elementos de discriminación evidentes en contra de otras etnias de nuestro país”. Según el Diputado, esta forma de abordar el conflicto Mapuche da pie para que otras culturas utilicen medios “violentos” para ser escuchados o considerados. Por tal motivo, afirma que presentará un proyecto de ley para incluir en la reforma constitucional anunciada por la mandataria, a representantes de la etnia Rapa Nui y del norte del país, lo cual “es coherente con la igualdad ante la ley como derecho consagrado constitucionalmente” y que según su visión “ni la Presidenta ni grupos de presión puede alterar”. Por lo mismo, señaló que luchará para que estas etnias puedan contar, por ejemplo con representación parlamentaria, cuestión que considera “fundamental en el respeto de los derechos de los chilenos”.

Proceso de Consulta Indígena para la aprobación del Estatuto Indígena. Durante la primera semana de agosto comezará a prepararse el proceso de consulta indígena en el que se discutirán y abordarán las características que tendrá el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios anunciado por el gobierno para su proyecto de nueva Constitución.

Esto, luego de que se diera por finalizado el Proceso Constituyente Indígena organizado por el gobierno, donde participaron más de 17 mil personas, y a partir de cuyos resultados se elaborará un Estatuto Constituyente Indígena que será sometido a consulta a los respectivos pueblos originarios. Según informó Biobío Chile, en la Región de la Araucanía ya se dio inicio a los preparativos siguiendo las indicaciones y recomendaciones del Convenio 169 de la OIT. Al respecto, el alcalde de la comuna de Lumaco, Manuel Painiqueo,  explicó que el proceso busca que ese documento “vuelva a las comunidades a ser consultado para ver si quedaron efectivamente las propuestas, el pensamiento, lo que se dijo en los talleres que se hizo por lo menos en varios regiones donde hay existencia de pueblos indígenas”.  

Por otro lado, la primera semana de julio comenzó a circular una planilla del Ministerio de Desarrollo Social en la que se detallan las localidades, lugares, fechas y horas para convocar a representantes de organizaciones de los pueblos indígenas a las reuniones de planificación del Proceso de Consulta Indígena. Estas reuniones, se extenderán durante el mes de agosto en todas las regiones del país, con el propósito de difundir y consultar entre los representantes de los pueblos originarios los resultados que se incluirán en el Estatuto Constituyente Indígena.

Reforma capítulo XV

Témino del plazo para consulta en línea. El 8 de mayo la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, abrió en su sitio web un espacio para recibir opiniones ciudadanas sobre el proyecto de reforma al capítulo XV de la constitución. El plazo para ello señalado en la misma página expiró el pasado 12 de junio. Sin embargo, pese a que el plazo se encuentra cerrado, la plataforma sigue disponible para la realización de consultas. Hasta la semana del17 de julio no había nuevas sesiones convocadas para tratar el proyecto de reforma.

 

Política

Marco Enríquez-Ominami. El candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, durante la segunda etapa del ciclo “Conversaciones para un Chile Progresista”, organizado por la Fundación Participa, insistió en sus propuestas sobre nueva Constitución y descentralización.

En este sentido, el presidenciable destacó que “necesitamos una nueva Constitución debido a que el problema de la actual no es solamente la carencia de su legitimidad y que sea de Pinochet, sino también porque no es neutra y es profundamente ideológica. Es una mala constitución que no da para más porque no es modificable ni da certeza jurídica. Por tales motivos, nosotros proponemos una nueva constitución que se construya a través de una asamblea constituyente”.

Por otro lado, el pasado 4 de julio, y luego de las primarias de Chile Vamos y el Frente Amplio, el presidenciable se refirió a los votantes de la Nueva Mayoría, expresándoles que “hay un legado de Michelle Bachelet y que ninguno de sus candidatos defiende. Anuncio que defenderé el legado de Michelle Bachelet”, aunque especificó en qué consistiría ese legado y lugar que en él tendría el proceso constituyente impulsado por el actual Gobierno.

Beatriz Sánchez. La candidata presidencial del Frente Amplio señaló en una entrevista en El Ciudadano el pasado 27 de junio, que existe “harta coincidencia” entre las diferentes visiones programáticas del Frente Amplio. A este respecto, se refierió como ejemplo a la Asamblea Constituyente, en la que incluso el Partido Liberal, que no se define de izquierda como hacen otras colectividades del Frente Amplio, sí considera esa demanda como prioritaria, estando esto en línea con el resto. Agregó que “hay una necesidad de cada una de las organizaciones de generar sintonía y me parece que eso es un ejercicio súper generoso”.

Asimismo, en el contexto de la segunda etapa de “Conversaciones para un Chile Progresista”, organizado por la Fundación Participa, Sánchez remarcó que “queremos una nueva Constitución y una asamblea constituyente, porque este proceso debe ser participativo”. Al respecto, reconoció que “será un camino complejo por las mismas restricciones que tiene la Constitución para poder cambiarse a sí misma, pero estamos trabajando con diversos constitucionalistas para avanzar y llegar hasta la posibilidad de una asamblea constituyente, ocupando la misma constitución”.

La presidenciable adelantó más detalles respecto a la forma en que podría hacerse, explicando que “nuestra opción es destrabar desde el Congreso los aspectos que tienen que ver con la posibilidad de que un presidente llame a un plebiscito, como primera medida, para posteriormente llegar a una asamblea constituyente, lo que significaría cambiar la ley, que tiene quórums muy altos. Posteriormente, apuntar a otros cambios constitucionales que permitan, junto al Congreso, poder llamar a una fórmula constituyente que pueda determinar una nueva Carta Magna”.

Escenario post-primarias. Carla Amtmann y Cristian Cuevas, dirigentes de Nueva Democracia publicaron una declaración en El Desconcierto el pasado de 9 de julio, donde hicieron un análisis post-primarias del Frente Amplio y pusieron a disposición de la candidatura de Beatriz Sánchez el apoyo de Nueva Democracia, movimiento que en la primaria apoyaba al precandidato derrotado Alberto Mayol. Al respecto declararon que “[d]esde Nueva Democracia asumimos y nos ponemos a disposición de la candidatura de Beatriz Sánchez, como legítima representante del proyecto colectivo que el Frente Amplio está en proceso de construir. Lo hacemos, sin embargo, sin renunciar a la tradición histórica de la izquierda chilena que, en sus distintas expresiones generacionales y ocupacionales se reunieron y trabajaron por dar vida a la candidatura de Alberto Mayol”.

Además de un balance de lo realizado por la colectividad durante los meses de campaña, donde aseguran que por primera vez una fuerza política logró instalarse como una alternativa a la Derecha y a la Nueva Mayoría, reafirmaron la necesidad de refundar el país a través de una Asamblea Constituyente, “haciéndonos cargo de los sentimientos y las esperanzas profundas de nuestro pueblo y así combatir la despolitización y la desigualdad que hoy en día asolan la vida cotidiana de los habitantes del país, que aún no creen que la política pueda aportar a la solución colectiva de nuestros problemas”.

Eventos académicos

El jueves 13 de julio, la Universidad Adolfo Ibáñez realizará un conversatorio titulado “Una mirada psicosocial a la participación en el proceso constituyente: metodologías y experiencias”, donde protagonistas y observadores del proceso analizarán desde la psicología y las ciencias sociales la estrategia de participación implementada, la experiencia vivida por los participantes y los métodos utilizados para analizar los resultados.

En el conversatorio participarán Carolina Gómez, psicóloga y asesora de la División de Estudios de la Segpres para el proceso constituyente; Claudio Fuentes, filósofo y Director del Centro de Estudios de la Argumentación y el Razonamiento; y Felipe Valdivieso, Doctor en Sociología y académico de la UAI.

Lugar: Presidente Errázuriz 3485, Las Condes.
Fecha: Jueves 13 de julio.
Hora: 18:30 horas.

 

El Centro de Estudios Constitucionales de Chile en conjunto con la Escuela de Derecho sede Santiago de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad de Talca llevarán a cabo el Seminario Nacional “Los derechos en una nueva Constitución”. El seminario busca analizar los contenidos que debería tener una futura Carta Magna, específicamente los derechos fundamentales y el diseño constitucional.

Lugar: Calle Santa Helena 2222, San Joaquín, Santiago.
Fecha: Jueves 13 de julio.
Hora: 16:00 horas.

 

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales realizará un Coloquio para comentar dos artículos de un libro que aún está en preparación titulado Debates constitucionales sobre el derecho a la vida y nueva Constitución. Para la ocasión están invitados los abogados y académicos Patricio Zapata y Alejandra Zúñiga.

Lugar: Sala de videoconferencias de la Facultad de Derecho UDP, República 112, Santiago.
Fecha: 26 de julio.
Hora: 13:15 horas.