Boletín N.° 5 (julio de 2017, 2ª quincena)

Contenidos

Editorial
Proceso constituyente del Gobierno
Proceso indígena
Política
Opiniones
Discusiones sobre el Tribunal Constitucional


 

EDITORIAL

Innovación constitucional para la crisis de representación. Uno de los aspectos que destacan de los resultados de la etapa participativa del proceso constituyente llevado adelante por el gobierno es la inclusión en ellos de demandas constitucionales nuevas. La sistematización de los resultados de los encuentros y cabildos muestra que los participantes propusieron una gran cantidad de contenidos que la nueva Constitución debiera recoger que son novedosos. Entre ellos destacan, por ejemplo, demandas por una democracia participativa, descentralización, la protección del medio ambiente, el derecho a la vivienda digna, el deber de protección del patrimonio histórico y cultural, instituciones como plebiscitos, referendos, y consultas, y un defensor del pueblo, a los que debe agregarse la destacada demanda de plurinacionalidad recogida en el proceso constituyente indígena. Como observó Rolf Alter, Director de Gobernanza Pública de la OCDE, en la presentación del informe que la organización realizó sobre la etapa participativa, tal catálogo de innovaciones presenta un desafío formidable para cualquier gobierno que busque responder a las demandas que expresa.

La multiplicidad de demandas novedosas contrasta con la forma en que actores claves del sistema político han propuesto responder al problema constitucional. Las propuestas recientemente emanadas del Senado así como de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados son muy limitadas, además de, al menos en el caso de la segunda de éstas, carentes de unidad sistemática. La propuesta de un grupo de senadores de crear un Consejo de Ministros y facilitar la incorporación de congresistas al gobierno como ministros, buscando con ello acercar el régimen de gobierno a uno semipresidencial, ha  sido presentada como respuesta a “la compleja situación de gobernabilidad que afecta a los sistema políticos”, incluyendo el chileno, caracterizada por “desconfianza ciudadana hacia la político y las instituciones, el descrédito de todos los poderes públicos y las exigencias crecientes de una sociedad civil exigente y muy activa en redes sociales”, así como por “un desajuste entre las estructuras políticas más tradicionales de gobierno y la realidad social”. A pesar del adecuado diagnóstico, no se aprecia la forma en que la reforma propuesta ayudaría a restaurar la confianza perdida. A pesar de los elementos presentados en el diagnóstico, la solución ofrecida parece entender la “compleja situación de gobernabilidad” como una que puede ser aplacada asegurando eficacia legislativa por medio de la mejor colaboración entre Ejecutivo y Legislativo.

Por otro lado, la propuesta acordada por algunos integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara, tampoco incorpora innovaciones relevantes. En efecto, buena parte de las modificaciones propuestas no hacen mucho más que recoger de manera expresa principios y garantías que en buena medida ya se encuentran recogidos en la constitución vigente, han sido reconocidos jurisprudencialmente, o al menos ya han sido garantizados a nivel legal. Bajo estas categorías caen las propuestas de reconocimiento del principio de transparencia, la garantía de acceso a la información, y el derecho al debido proceso. Otras son modestas mejoras del reconocimiento de derechos como la indemnización por error judicial o el derecho de reunión. Las propuestas más sustantivas de este proyecto coinciden con la propuesta del Senado en tanto se enfocan en las relaciones entre el Legislativo (en particular la Cámara) y el Ejecutivo (en cuestiones como la calificación de urgencias legislativas, o la asistencia de ministros a comisiones especiales), o afectan el tránsito entre cargos ministeriales y parlamentarios (modificando la forma de reemplazo de estos últimos, o eliminando la prohibición de ocupar cargos públicos a quienes hayan sido destituidos en virtud de acusación constitucional). La única reforma propuesta que apunta en la dirección de restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones representativas parece ser la propuesta de incorporar la inhabilidad de personas que hayan sido condenadas penalmente para postular al Congreso.

Pérdida de transparencia del proceso constituyente. Mientras que pareciera que las innovaciones constitucionales no vendrán del Congreso, si el gobierno actúa de acuerdo a sus anuncios, es el proyecto de nueva Constitución que la Presidenta presentará durante este segundo semestre donde se recogerán las novedades que la ciudadanía ha propuesto, así como aquellas otras necesarias para hacer frente a la crisis de legitimidad del sistema político. Sin embargo, la forma en que se está desarrollando esta etapa del proceso diseñado por el gobierno lo empareja con el secretismo con el que se alcanzaron los acuerdos sobre la reformas propuestas por los grupos de senadores y diputados discutidas más arriba.

En efecto, la etapa actual del proceso del gobierno se aleja de la transparencia que lo caracterizó hasta la entrega de las Bases Ciudadanas y la informe del Comité de Sistematización. Expresión de esto es el hecho de que, sugiriendo que se trata de un trabajo de carácer técnico, la Ministra vocera de Gobierno respondió a la pregunta sobre quiénes están redactando el proyecto presidencial afirmando que “serán conocidas en su momento oportuno” y que por ahora es importante “dejarlos trabajar tranquilos para que puedan elaborar ese proyecto de ley”.

Desde luego, la falta de transparencia pone en riesgo la legitimidad del proceso frente a la ciudadanía, particularmente respecto de quienes participaron de los encuentros y cabildos y que esperan que sus opiniones sean recogidas en la propuesta del gobierno, según el compromiso de la Presidenta. El gobierno se mostró satisfecho con la evaluación que el informe de la OCDE hizo del proceso participativo, pero la etapa actual del itinerario es crítica y el reporte de la organización lo destaca, llamando la atención sobre una debilidad que no se ve cómo será suplida. “[L]a ciudadanía”, se lee en el informe, “puede sentir que sus aportes no fueron tomados en consideración” debido a que no solo los resultados del proceso no son vinculantes (aunque es difícil entender cómo pudieran serlo dada la vaguedad de los conceptos) sino que no ha habido por parte del gobierno retroalimentación hacia la ciudadanía así como tampoco ha habido “posibilidad de co-producción e involucramiento público”.

En tanto el gobierno ha optado por elaborar un proyecto presidencial de nueva Constitución, y que ello está siendo llevado a cabo por un grupo de personas cuya legitimidad radica exclusivamente en la confianza que la Presidenta deposite en ellas, el desafío que enfrentará al momento de presentar la propuesta acabada será demostrar convincentemente que lo allí recogido, no obstante el secretismo y las dificultades naturales de traducir conceptos abstractos y polémicos en texto jurídico, refleja las opiniones de la ciudadanía de manera que esta –o al menos quienes participaron de la etapa participativa– pudiera razonablemente aprobarlo.


 

PROCESO CONSTITUYENTE DEL GOBIERNO

Entrega de actas a la DIBAM. El pasado 13 de julio, la Presidenta Bachelet entregó a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) las actas de la etapa participativa del Proceso Constituyente Nacional e Indígena. En 189 tomos, la mandataria archivó las ideas recogidas en los cabildos nacionales e indígenas que recogerá en el proyecto de Nueva Constitución. En dicha ocasión, Bachelet destacó que el proceso para modificar la Constitución que tuvo un costo en 2016 de más de 4 millones de dólares. Sin embargo, en 2017, los gastos destinados al proceso constituyente al interior de la Secretaría General de la Presidencia y de la Secretaría General de Gobierno, se redujeron en casi el 100%. En lo que respecta a la Secretaría General de Gobierno, quienes son los encargados de informar a la población  acerca de las políticas del Ejecutivo y los que se dedicaron a difundir la existencia de los cabildos ciudadanos, hubo una eliminación del gasto asignado a ese sector para 2017, que en 2016 ascendía a $1.133.000 millones. Mientras que en la Secretaría General de la Presidencia se pasó de $1.284.406 millones en 2016 a $139 millones en 2017. Estos recursos van asignados a la categoría de “Estudios finales del proceso constituyente”.

Prioridades del gobierno. En El Mercurio, se reproducen declaraciones del Ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Nicolás Eyzaguirre, luego de que se entregaran las actas del proceso constituyente a la Biblioteca Nacional. En dicha ocasión, refiriéndose al retraso en el proyecto de reforma al Capítulo XV de la Constitución, que se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y que no registra movimientos desde su ingreso en abril, declaró que: “Lo que pasa es que como hay tanto proyecto de ley las comisiones están muy saturadas, entonces si se le pone mucha urgencia a un proyecto necesariamente desprioriza otro que estaba de antes siendo discutido”.

Sin embargo, según cuenta El Mercurio, el presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Fuad Chahín (DC), acusa que el Ministro no se ha contactado con él para calendarizar la agenda legislativa. “Me parece extraño que no exista una relación con los ministros”, aseguró Chahín, quien emplazó al gobierno a que diga si “paramos la Reforma al Capítulo XV o el proyecto del Sename o la violencia contra la mujer”. Pese a lo anterior, según se ha afirmado, desde el Gobierno evalúan aún si le podrán prioridad a dicho proyecto de reforma constitucional, considerando que entre las dificultades está el alto quórum que necesita, al menos 2/3 de los parlamentarios en ejercicio.

Redacción y presentación del proyecto de nueva Constitución del gobierno. Asimismo, en dicha ocasión, se confirmó que el proyecto ya comenzó a redactarse por un equipo de confianza de la Presidenta Bachelet, sin dar a conocer los perfiles de sus integrantes, quien ha decidido mantenerlos en reserva por ahora. Así, declara la ministra Narváez, que estas personas “Serán anunciadas o conocidas en su momento oportuno, no se trata de temores sino que de un trabajo que se está llevando adelante con mucho rigor técnico, y queremos dejarlos trabajar tranquilos”. En cuanto a su entrega, se ha señalado que fuentes del Palacio, aseguran que la nueva Constitución sería presentada al Congreso al menos un mes antes de las elecciones presidenciales, siendo después de Fiestas Patrias, la fecha más probable que evalúa el Gobierno. Esto, para que los candidatos presidenciales “se pronuncien” y agilicen la discusión.

Reporte OCDE sobre etapa participativa. El 25 de julio se realizó la presentación del informe del Comité de Gobernanza Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre la etapa participativa del proceso constituyente desarrollada por el gobierno de Michelle Bachelet durante 2016. El reporte, financiado por el gobierno de Chile, evaluó el proceso de manera en general favorable. Para su elaboración se consultó a diversos actores del proceso, en especial representantes del gobierno por medio de la Secretaría General de la Presidencia, así como académicos. El reporte considera que el proceso de consulta a ciudadanía (encuentros locales y cabildos) fue uno “sin precedentes y encomiable”. No obstante, hizo presente distintos “desafíos pendientes” que proveen una “oportunidad de aprendizaje para Chile y otros países de la OCDE”. Entre los aspectos más positivos, el informe destaca la trasparencia del proceso y el hecho de que la apertura a la participación ciudadana contribuye a prevenir la captura de la toma de decisiones por parte de gupos de interés poderosos, dando así voz a grupos subrepresentados. Entre los aspectos que merecieron observaciones críticas destacan dos: La falta de un esfuerzo activo por parte del gobierno orientado a informar a la ciudadanía de los resultados del proceso y cómo serán utilizados, en particular respecto a cómo se verán reflejados en la propuesta de nueva Constitución que la Presidenta Bachelet presentará durante este año al Congreso. Asimismo, respecto de ese proyecto, el informe destaca la dificultad de distinguir e identificar el significado de los conceptos priorizados en la etapa participativa y, en consecuencia, de recogerlos en la propuesta de nueva Constitución del gobierno. En este sentido, el informe afirma que “mostrar el impacto de la ciudadanía es vital para ganar y mantener su apoyo: los ciudadanos necesitan verificar que involucramiento ha sido de influencia y que sus aportes están reflejado en la nueva constitución”, adviritiendo que “[e]sto sigue siendo un desafío; sin embargo, hay una oportunidad de hacerlo con el proyecto de nueva constitución”.

Otro de los aspectos que destaca el informe es que pese a la crisis de participación política en Chile, cuyas tasas se encuentran entre las más bajas de los países que integran la OCDE, la participación en el proceso puede considerarse la más alta en comparación con otros procesos constituyente, alcanzando al 1,13% de la población, con una cobertura territorial del 98%. En otros procesos constituyentes, como los de Colombia o Islandia, la tasa de participación no supera el 0,06%. Rolf Alter, Director de Gobernaza de la OCDE, sostuvo en relación con lo anterior que “[l]os ciudadanos no son muy activos políticamente, pero salieron, participaron y de pronto tienes un muy interesante set de resultados, que no son solo un asunto de un presidente, debiese ser un asunto de Estado. Por lo tanto, estuvo bien hecho, bien pensado, fue muy valiente, pero por supuesto, ahora se crearon muchas expectativas. La gente que estuvo envuelta ahora quiere ver qué va a pasar”. Sobre la importancia de la expectativas ciudadanas que haya creado el proceso, profundizó reflexionando: “¿cómo haces para que se cumplan las expectativas?, primero tienes que hablar al respecto y hay una cierta manera de presentar los resultados de manera que sean accesibles. También sería bueno que el gobierno diga ‘esto es lo que seleccionamos’ y que haga esto muy activamente”.

El gobierno expresó satisfacción frente al reporte. La vocera de gobierno afirmó en esa línea que “es muy importante que seamos todos generosos y reconozcamos cuando se hacen muy bien las cosas. Esto ha sido una metodología muy innovadora y, en ese sentido, también muy participativa y por eso muy democrática”. En cuanto a las personas encargadas de la redacción de la propuesta de nueva Constitución de la Presidenta se limitó a afirmar que “serán conocidas en su momento oportuno” y que “se trata de un trabajo que se está llevando adelante con mucho rigor técnico”lo que justificaría “dejarlos trabajar tranquilos para que puedan elaborar ese proyecto de ley”.

También el expresidente del Consejo Ciudadano de Observadores valoro el reporte, escribiendo en una columna en La Tercera titulada “Bien hecho” que “ la Ocde viene a reconocer que existen buenas maneras de discutir la Constitución. Con pleno respeto a las competencias de los distintos poderes del Estado. Promoviendo la paz, la tolerancia y la inclusión. Invitando de buena fe a la oposición (aunque una parte de ella se empeñe en boicotear). Estableciendo estándares de transparencia y control”. Concluye preguntado retóricamente: “¿Cuán equivocados estaban, en efecto, los que se restaron del proceso chileno en base a profecías apocalípticas sobre los efectos disolventes y anarquizantes de los diálogos constitucionales?”.


 

PROCESO INDÍGENA

A partir del 3 de agosto comienza a lo largo y ancho del país el proceso de consulta constituyente indígena. En este enlace podrá ser encontrada toda la información de los encuentros a desarrollar a lo largo y ancho del país.  

Es así como diversos medios han puesto sus ojos sobre lo que será esta consulta, como es el caso de La Tercera, medio que destaca que el proceso tendrá una duración de tres meses e incluirá a 123 localidades, esperando una participación de ocho mil personas perteneciente a distintos pueblos originarios.   Al respecto, el comisionado  de Rapa Nui, José Hapu Roa, espera que esta experiencia ““sirva para que el desarrollo llegue de forma igualitaria a indígenas y chilenos, y no se discrimine en términos de beneficios o proyectos. Yo me siento igual de chileno, aunque tenga mis tradiciones”.

En respuesta la llegada del mencionado acontecimiento, es que el gobierno ha comenzado a desplegar a los equipos territoriales. Asimismo, diversos actores ya han empezado a dar sus impresiones acerca de esta etapa del proceso constituyente. A nivel gubernamental, el Ministro de Desarrollo social Marcos Barraza señaló quelos contenidos a consultar fueron elaborados sobre la base de la sistematización del Proceso Constituyente Indígena, el que  convocó a más de 17 mil personas durante 2016 en el marco del Proceso Constituyente general”.

Por otra parte, el Director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Alberto Pizarro, en entrevista para CNN Chile, explicó lo que será el proceso que se avecina, señalando que “Ahora viene un proceso de planificación, luego se definen los tiempos de las reuniones a nivel nacional para después finalizar este proceso de discusión respecto a ciertos puntos que deben ser incluídos en la carta fundamental”.

Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social en su sitio web, destaca el despliegue que se está llevando adelante en la Región de Tarapacá donde el SEREMI de Desarrollo Social (s), Juan Carlos Cofré, señaló que “Las propuestas más relevantes que se expresan en estas actas serán consideradas en el proyecto de nueva Constitución que la Presidenta Michelle Bachelet enviará al Congreso Nacional”.

Mientras que el Subdirector Norte de la CONADI, enfatizó que “por primera vez los pueblos originarios podrán ser partícipes en la nueva Constitución, donde se dialogará y se recibirá de ellos la impronta de los proyectos y queremos que en este proceso participen los pueblos Aymara y Quechua, así como los representantes de otros pueblos avecindados en la región como Mapuches, Atacameños, Colla, entre otros, para que se sumen y que es abierta a todas las comunidades. Este es un hito histórico, por cuanto se pretende incorporar a los pueblos indígenas en este proyecto de ley, incorporando a través de esta consulta sus derechos sociales, culturales y el reconocimiento institucional de los pueblos Indígenas”.

En la Región de Atacama, la consulta comenzará el viernes 4 de agosto, donde la Diputada del Partido Socialista, Daniela Ciccardini llamó a las comunidades a sumarse a este proceso, según lo indica el medio Radio Kanal 96:  “Es muy importante que las comunidades, asociaciones y organizaciones indígenas de la región no pierdan ninguna oportunidad y aprovechen todos los espacios para manifestar su opinión, y pronunciarse en temas tan relevantes como el Reconocimiento Constitucional y la Participación Política de los Pueblos Indígenas, que son puntos claves que estarán en discusión en esta Consulta”

Por otra parte, en la Región del Maule, el periódico El Centro destaca la conformación de los equipos regionales encargados de llevar adelante la consulta. En ese ámbito, Iván Lepián, representante de la Corporación de Desarrollo Indígena del Maule, destacó la importancia la consulta, dado que “La Constitución chilena es la única Constitución que no reconoce a los pueblos originarios en América Latina”.  Mientras que el Seremi de Desarrollo Regional, José Ramón Letelier analizó los desafíos venideros, sosteniendo que “Luego, una fase de diálogo interno respecto a estos temas y las conclusiones que ellos (los pueblos originarios) se plantean, para finalmente terminar en un diálogo con las autoridades, establecer los acuerdos que permitan proponer las reformas constitucionales que corresponden”

En la Región de los Ríos, la situación es similar, donde el periódico digital Vocero Regional destaca la conformación del equipo regional. En esa dinámica, el Intendente Subrogante, Luis Gallardo hace un balance de la consulta correspondiente a la fase previa y las perspectivas de la fase actual, afirmando que “En ese sentido, estamos muy contentos de haber constatado que una gran cantidad de personas participaron en el proceso que fue inmediatamente anterior al que se va a realizar ahora y a partir de este momento nosotros esperamos que también haya una participación importante de organizaciones, dirigentes, pueblos originarios de tal manera que en nuestra región, seamos como lo fuimos en el proceso anterior, uno de los que aportaron con una mayor cantidad de dirigentes y de personas emitiendo su opinión”.

Como se puede observar, existe ya un intensivo despliegue territorial por parte del gobierno, así como del resto de los actores en esta nueva etapa, por lo que en los próximos días comenzará de forma oficial la consulta constitucional para los pueblos originarios.


 

POLÍTICA

Acuerdo en Comisión de Constitución. La Tercera reportó el 23 de julio que entre algunos de los integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se habría logrado un “acuerdo político transversal para reformular normas de la Constitución”. El artículo menciona a cinco de los trece integrantes de la Comisión, incluyendo representantes de los partidos UDI, RN, DC, y PS. El acuerdo alcanzado luego de tres meses de conversaciones, incluyendo reuniones periódicas y “en reserva”, contendría reformas “viables” y “abordables”. El artículo enumera las reformas propuestas, las que se refieren a diversos temas, como el reemplazo de parlamentarios, la regulación de las urgencias en la tramitación de proyecto de ley, la repostulación al cargo de fiscales regionales del Ministerio Público, la regulación legal del derecho de reunión, y la concesión y pérdida de la nacionalidad por gracia, entre otras materias. La opinión de los parlamentarios involucrados en el acuerdo sería que “demostración de que se podría avanzar con éxito en el Poder Legislativo” para incorporar reformas al texto constitucional vigente. Asimismo, el reportaje afirma que el proyecto “fue ingresado al Parlamento” el jueves 20 por el diputado Osvaldo Andrade (PS). El proyecto, que aparece como ingressado el 24 de julio, corresponde al boletín 11342-07. En su fundamentación se señala los parlamentarios esperan “continuar explorando en el futuro la posibilidad de llegar a nuevos acuerdos en materia constitucional”, aunque también afirman que les “asiste la convicción que existe una posibilidad real de concordar un texto constitucional con el cual todos nos veamos efectivamente interpretados”. Insisten, por último, en “el rol de este Congreso Nacional como instancia plenamente legítima para debatir y construir acuerdos”.

Cuenta Pública del Senado y facultad constituyente. En su discurso en la Cuenta Pública 2016-2017 del Senado el pasado 18 de julio, el Presidente del Senado Andrés Zaldívar se refirió al proceso constituyente, advirtiendo que durante los próximos meses “probablemente se abrirá el debate en torno a la normativa constitucional, con miras a dotar a Chile de una Carta Magna que dé cuenta de los tiempos que estamos viviendo”. Respecto de la forma en que se lleve a cabo tal cambio constitucional, el Senador sostuvo que, si bien valora los “procesos de participación orientados a recoger las propuestas ciudadanas sobre las enmiendas a considerar en una nueva normativa” no debe olvidarse que “la facultad con..stituyente está radicada en el Parlamento”. No obstante, sostuvo que también es posible que “de acuerdo a la normativa constitucional vigente” delegue esa facultad y regule “las formas concretas como se ejerza esa delegación”. Reconoció, asimismo, que esa decisión sobre la posible delegación de la facultad constituyente será “la forma en que daremos respuesta a esta demanda ciudadana”. Enfatizó, por otro lado, que el Congreso actual “tiene plena legitimidad, porque fue elegido por la ciudadanía, como también lo será el próximo Parlamento que se elija para el siguiente período”.

FInalmente, hizo referencia al proyecto de reforma constitucional presentado por un grupo de senadores que busca reformar el régimen de gobierno acercándolo a un sistema semipresidencial. Al respecto, propuso continuar el debate del proyecto, el que, según sostuvo, “destaca por su transversalidad ideológica y relevancia histórica”.

Entrevista a Sebastián Piñera y reformas constitucionales. El 5 de julio, el ahora candidato presidencial de Chile Vamos y Expresidente de la República, Sebastián Piñera, en entrevista para La Tercera, se refirió a su postura en materia constitucional.

Abarcando un amplio abanico de temas y reformas específicas, el candidato hizo referencia a la Constitución, señalando que “Nosotros tenemos un proyecto de reforma constitucional y lo vamos a presentar porque acá hay dos caminos: pretender desmantelarlo todo y partir de cero, que no es lo que Chile necesita. Nuestro proyecto es perfeccionar la Constitución”. De esta forma, el abanderado de la coalición de derecha, confirma la postura que ha mantenido desde que levantó su candidatura de reformar la actual Carta Fundamental en lugar de reemplazarla.

Por otro lado, el abanderado presidencial de Chile Vamos, según reporta El Pulso, instó a los legisladores de su coalición a confrontar aquellos proyectos de ley que tuvieran fines electorales. Entre ellos, destacó el de nueva Constitución.

Alejandro Navarro llama a votantes del Frente Amplio. El candidato presidencial por el partido País y actual Senador, Alejandro Navarro, con fecha 4 de julio, llamó a los simpatizantes del Frente Amplio a apoyar su opción presidencial, señalando que recoge todas las propuestas del entonces pre candidato de la coalición, Alberto Mayol, sobre todo aquellas en materia de constitución, señalando que  “queremos representar a aquellos que quieren una Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente”. Cabe recordar que Mayol durante la franja electoral hizo una aguda crítica al sistema institucional chileno, promoviendo transformaciones profundas al modelo, partiendo por una nueva Carta Fundamental, diseñada vía Asamblea Constituyente.

Entrevista a Cristián Cuevas, presidente de Nueva Democracia. El 10 de julio, en entrevista al diario la Tercera, el presidente de la colectividad que forma parte del Frente Amplio, tras la derrota de la candidatura de Alberto Mayol, cuevas hace un profundo análisis sobre el devenir de la coalición y los elementos que debe incorporar Beatriz Sánchez como abanderada presidencial frenteamplista.

Al respecto, Cuevas señala que las propuestas en materia de Constitución son centrales, indicando que es de suma importancia la creación de “una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente”, muy en la línea con la postura que ha plasmado el Frente Amplio durante el actual proceso de elecciones presidenciales.


 

OPINIONES

Ernesto Riffo sobre consulta ciudadana por reforma constitucional. El 12 de julio, el director del Observatorio del Proceso Constituyente en Chile publicó una columna de opinión en el diario El Mercurio, donde se refirió a la consulta que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados puso a disposición para que la ciudadanía enviara sus opiniones sobre el proyecto de reforma al Capítulo XV de la actual de la Constitución, enviado por la Presidenta Bachelet al Congreso en Abril pasado.

Para Riffo, las razones que motivaron a la comisión de Constitución a abrir un proceso de consulta ciudadana “son encomiables”, debido al clima de desconfianza y deslegitimación por el que atraviesa actualmente el sistema político frente a la ciudadanía, por lo que “su participación es condición necesaria de la legitimidad del proceso”. Sin embargo, la carta critica la nula difusión que se hizo respecto a esta consulta y que llevó a que al término de la fecha estipulada para su cierre- 12 de junio pasado- no se haya recibido ninguna opinión: “es lamentable que aparentemente la única difusión oficial que se hizo de esta instancia haya sido un banner en la página web de la Cámara”.

Finalmente, la carta hace una llamado a la ciudadanía a aprovechar esta y cualquier otra instancia participativa destinada a promover la discusión respecto al mecanismo para elaborar una nueva Carta Magna, aspecto que para el abogado,  resulta relevante pues es “uno de los temas que con más fuerza han atravesado la discusión constituyente, y que estuvo ausente de las instancias participativas del año pasado”. Con posterioridad a la publicación de la carta, el link de acceso a la consulta desde www.camara.cl fue removido.

Opinión de Francisco López sobre entrega de actas a DIBAM. En una columna de opinión publicada en los medios regionales de El Mercurio el 17 de julio pasado, Francisco López, coordinador del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo hizo un balance crítico respecto al proceso constituyente iniciado por la Presidenta Bachelet en Octubre del 2015. En primer lugar, haciendo alusión a la entrega que Bachelet hizo de las actas correspondientes a estos encuentros participativos a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) el 13 de julio pasado, sostuvo: “Es paradojal que un proceso que desde el Ejecutivo fue concebido como un gran movimiento ciudadano y que fue promovido con campañas comunicacionales, con un importante despliegue de ministros y subsecretarios instando a la participación en el proceso y con millonarios recursos disponibles, termine sus días guardado en este servicio público”.

Por otra parte, para López la “cuestionable” participación y el lento avance en el cumplimiento de las metas “autoimpuestas” en este proceso, serían el reflejo del mal diagnóstico que el gobierno hizo sobre la verdadera importancia del cambio constitucional para la ciudadanía, pues acorde a los resultados de la última encuesta CEP, solamente el 4% de la población consideraría una reforma de este tipo como una de las tres prioridades que el gobierno debería atender. Asimismo, señala que este proceso falló en su ejecución, principalmente porque en el gobierno “no lograron, como esperaban, imponer el debate constitucional como el gran tema de campaña para las próximas elecciones presidenciales”. Esto último, junto con las falta de acuerdos al interior de la propia coalición de gobierno y a la emergencia de nuevas demandas, ha llevado según López a que el gobierno intente enfocarse en el asunto previsional como estrategia electoral de cara a las elecciones de noviembre.

Editorial de La Tercera, “Consenso y reforma constitucional”. En su editorial del día 27 de julio, el diario la Tercera se refirió a un proyecto de 19 reformas a la Constitución,  elaborado  e ingresado al Congreso por un grupo transversal de diputados- desde el PS a la UDI- y que busca modificar la actual Carta Magna desde el Congreso. Al respecto, la editorial destacó el hecho como una señal positiva de lo que “parece ser la manera más idónea para construir el debate entorno a una reforma constitucional”, de manera gradual y priorizando los acuerdo políticos entre los distintos sectores.

Asimismo, plantea que este acuerdo envía una señal potente tanto al gobierno como a los partidos políticos, de que el debate constitucional canalizado de esta manera, es totalmente distinto a buscar “reemplazar” la actual Carta Magna por medio de “procesos poco representativos o mediante mecanismos no contemplados en la institucionalidad”, haciendo clara alusión a lo que fue el proceso constituyente propuesto por el actual gobierno.

Finalmente, la editorial concluye que este tipo de procedimientos que contemplan “acuerdos transversales y de amplia discusión”, son los que deberían utilizarse para canalizar los procesos de reforma, descartando no solamente la opción de reemplazar la actual Carta Magna sino que también de llevar a cabo estos procesos constituyentes por medio de  mecanismos que no sean el Parlamento.

Opinión de Patricio Zapata sobre informe de la OCDE que evalúa la etapa participativa del proceso constituyente en Chile. El abogado Patricio Zapata, en una columna de opinión publicada en La Tercera el 1 de agosto pasado, se refirió al informe elaborado por la OCDE sobre la etapa participativa del proceso constituyente en Chile que se llevó a cabo durante el 2016. Junto con destacar la “solvencia técnica” de esta institución, señala que la evaluación que se hizo sobre el proceso en general fue positiva. No solamente, porque fue una instancia inédita y sin precedentes al menos en nuestro país, sino que también por la cantidad de gente que finalmente asistió a estos encuentros participativos: “el mismo número de 204.000 participantes, que algunos en Chile les pareció insignificante, es comparado muy favorablemente con los índices de participación en ejercicios similares de consulta constitucional de otros países”. Asimismo, sostiene que los Encuentros Locales Autoconvocados, grupos entre 10 a 20 personas que de manera autónoma se reunieron para discutir las contenidos de una nueva Constitución, fueron una de las instancias participativas más destacadas por los evaluadores de la OCDE, quienes señalaron que estos constituyente una “buena práctica en cuanto emparejan la cancha de participación y promoviendo la inclusión son ejemplos de democracia directa, participativa y deliberativa que pueden ayudar a superar la captura del proceso por parte de grupos de interés y le dan voz a poblaciones generalmente subrepresentadas”. Finalmente, para Zapata la evaluación positiva de este proceso participativo por parte de la OCDE, demuestra que se puede discutir de buena manera la Constitución, respetando las competencias de los distintos poderes del Estado y “promoviendo la paz, la tolerancia y la inclusión (…) estableciendo estándares de transparencia y control”.  Para el abogado, en el contexto actual donde está a la vista el caso venezolano en el que se “impone un intento despótico y tramposo por imponer una Asamblea Constituyente”, destacan las virtudes de lo que podría ser un cambio constitucional “abierto, institucional y dialogante”.


 

DISCUSIONES SOBRE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional ha estado en boga estos días a propósito del eventual rol decisivo que tendrá dicha magistratura respecto al resultado del proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales. La derecha anunció que recurrirá ante el órgano por inconstitucionalidad de dicho proyecto de ley. En particular, y con ocasión de dicha problemática, se han discutido desde la prensa y la academia sobre las competencias del Tribunal, la composición de dicha magistratura, así como el rol del voto dirimente del Presidente Carmona y del futuro Presidente Aróstica.

Actualmente, el Tribunal Constitucional ha sido criticado en cuanto a sus labores, sosteniéndose que juega un rol decisivo en el mantenimiento del modelo económico y social que impone la actual Constitución de 1980, constituyendo esta magistratura, una de los “cerrojos” de dicho Código Político por la Comisión Ortúzar en tiempos de dictadura. Incluso, se ha destacado y criticado su rol de “tercera cámara” legislativa con ocasión de las poderosas competencias que tiene el Tribunal Constitucional respecto a la revisión constitucional preventiva de preceptos legales, lo que ha provocado un efecto paralizador y dilatador de la gran parte de las reformas legales de estos últimos tiempos.

Opinión de Jorge Navarrete sobre el Tribunal Constitucional  En una columna de opinión publicada el 23 de julio pasado en La Tercera, Jorge Navarrete abogado de la Universidad Diego Portales, se refirió a la discusión sobre el Tribunal Constitucional reactivada por el paso a comisión mixta del proyecto de interrupción del embarazo en tres causales. La tramitación de este proyecto en Cámara mixta, provocaría un retraso en la discusión que finalmente permitiría que Iván Aróstica, futuro presidente del Tribunal Constitucional y cercano a la derecha, termine decidiendo sobre esta medida si Chile Vamos decide recurrir a esta instancia. Según Navarrete, esto último, llevará a que nuevamente, tal y como ha ocurrido en varias ocasiones se origine un debate sobre la función y roles que este tribunal debiese cumplir “escuchándose opiniones más al calor de una coyuntura, que de las razones que justifican o hacen necesaria una institución de esta naturaleza”. Para el abogado, el problema no está en resolver si es necesario o no contar con una institución de este tipo, pues como ocurre en otras democracias del mundo, es fundamental tener un cuerpo colegiado que se encargue de limitar la soberanía popular, es decir las leyes del parlamento cuando éstas vayan en contra de las normas constitucionales. Sino que más bien,  guarda relación con otras dos dimensiones: la primera tiene que ver con los problemas de legitimidad de la actual Constitución pues “pese a sus innumerables reformas, es percibida todavía como un traje a la medida impuesto por un sector político que temió ser minoría en el futuro”. Plasmando una determinada visión de mundo y sociedad, además de establecer mecanismos que dificultan su modificación. La segunda dimensión, señala el abogado, es que el Tribunal Constitucional tampoco es visto como una institución que “de manera preferente, haga una interpretación jurídica, rigurosa y desinteresada del texto”, ya sea desde la forma como se eligen a sus miembros hasta cómo votan estos mismos. Por lo que ha imperado la idea de que se trataría más bien de una institución que es funcional a los intereses políticos de uno u otro sector.  En consecuencia, Navarrete concluye que no es la existencia teórica del Tribunal Constitucional lo que está puesto en duda, sino que más bien su práctica y realidad cotidiana, “que lo convierte en una tercera instancia revisora de carácter político, por un órgano desprovisto de cualquier atributo de la soberanía popular, y que ha sido funcional para el veto de quienes no han sido capaces de imponer democráticamente sus términos”.

Opinión de Max Colodro sobre el asunto constitucional en Chile. En una columna de opinión publicada el 23 de julio pasado en La Tercera, Max Colodro, filósofo y analista político, se refirió a la centralidad y relevancia que el asunto constitucional ha estado adquiriendo en el contexto de las próximas elecciones de noviembre. A propósito de la controversia por la tramitación del proyecto sobre despenalización del aborto en tres causales y la gestión del oficialismo para agilizar su discusión y así evitar que el requerimiento al Tribunal Constitucional anunciado por Chile Vamos sea revisado antes de que asuma un nuevo presidente ligado a la derecha, ha despertado nuevamente la discusión sobre las características y funciones de dicha institución. De ahí que, Colodro menciona la propuesta de Guillier para disolver el TC sin proponer una alternativa concreta de cómo se resolverán eventualmente las controversias sobre constitucionalidad de las leyes.

Este tipo de discusiones, según el analista político, tienen que ver con un “desacuerdo que, más allá de la intensidad que asume en distintos momentos, tiene sin duda una base permanente, asociada al cuestionamiento que un importante sector de la sociedad mantiene sobre la legitimidad de origen de la carta magna y en diversas zonas de su diseño institucional”. Entre las estrategias o acciones que esta discusión ha originado menciona la decisión de la centroizquierda de instalar tras la derrota electoral de 2010, el desafío de una nueva constitución como eje central de su programa de gobierno. Lo cual, según Colodro, solamente contribuyó a profundizar las divisiones haciendo más difícil asumir con altura de miras la necesidad de resolver los desacuerdos, algo que la centroderecha tampoco ha contribuido a resolver.

Al respecto advierte, que actualmente el cambio constitucional “corre el riesgo de convertirse otra vez en un caballo de batalla electoral, lo que impedirá abordar con responsabilidad y sentido de Estado las reales diferencias que sobre él existen”.

Por lo tanto, concluye que convertir a la Constitución en un recurso para saldar cuentas con los adversarios es una mala alternativa que no contribuye a enfrentar los desacuerdos reales que subsisten frente al tema, no solamente entre los actores políticos sino que también dentro de la sociedad civil.

Editorial de La Tercera sobre voto dirimente en el Tribunal Constitucional. El pasado 22 de julio, La Tercera señala que los dos requerimientos de Chile Vamos que buscan declarar inconstitucional el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales podría ser uno de los últimos casos que tenga que votar Carlos Carmona en su calidad de presidente del Tribunal Constitucional. Esto, porque el 28 de agosto, por un acuerdo de los magistrados, la presidencia del organismo la asumirá Iván Aróstica -miembro designado por Sebastián Piñera cuando era Presidente-, calificándolo como una postura “conservadora”. Aclara La Tercera que “[q]uien asuma la titularidad del organismo no es un tema menor, ya que, según establece la ley, es el presidente quien decide en caso de empate, y hoy, por la composición del tribunal, lo más probable es que el requerimiento de la oposición tendría que ser dirimido por el propio Carmona. Por eso, desde el oficialismo resintieron que la Cámara rechazara el jueves 20 una norma del proyecto modificada por el Senado, hecho que forzó que éste pasara a comisión mixta y, por ende, se aplazara su revisión en el tribunal.”

Asimismo, se destaca que Carmona, según un estudio del Observatorio Judicial, es el presidente del TC que más uso ha hecho del voto dirimente. Según dicho estudio, esto responde al aumento del número total de sentencias bajo su periodo, la composición del tribunal y el rol del propio presidente en la búsqueda de mayorías. El estudio -con todo- recomienda modificar algunas de las normas del tribunal. Por ejemplo, que establezca un número impar para la composición de sus miembros y “un sistema de suplencia que garantice un número impar para la composición de sus miembros y “un sistema de suplencia que garantice la configuración de mayorías claras en el pleno”. Además, en el informe se hace hincapié en la “cultura institucional” del organismo, para que “sus miembros tomen conciencia de la relevancia que reviste la configuración de mayorías claras en la toma de decisiones relevantes”.

Opinión de José Francisco García sobre el debate acerca del Tribunal Constitucional. El autor, el pasado 25 de julio, señala en diario El Pulso que a su juicio “[l]a discusión en torno a la existencia, justificación y función del Tribunal Constitucional (TC) al interior de nuestro sistema jurídico en los últimos días ha sido más bien pobre. Quizás, el que se esté dando al calor del anunciado requerimiento de la oposición ante el TC por el proyecto de ley de aborto en tres causales, contribuya a nublar los debidos estándares de argumentación racional de algunos intervinientes.” Para lo anterior, García señala una serie de argumentos.

En primer lugar, sostiene García, que “la regla de mayoría para tomar decisiones colectivas es fundamental, imperativo de la igualdad política, pero no es la regla de clausura respecto de algunas materias específicas. En efecto, entre estas últimas se encuentran principalmente el respeto a ciertas reglas procedimentales con las que dirimimos nuestras diferencias en el proceso democrático (las propias de una sociedad plural) y los derechos constitucionales (especialmente de las minorías, y en especial aquellos que suelen ser vulnerados por el Estado)”. En segundo lugar, señala el autor, “es útil constatar que la Constitución actual utiliza un exceso de mecanismos contramayoritarios y en dosis altas que aconsejan su revisión a la baja (por ejemplo, podemos agregar las leyes orgánicas constitucionales o la rigidez constitucional).” En este sentido, estima que “las constituciones deben lograr la armonía virtuosa entre el principio democrático y el principio de los derechos humanos, y en la actualidad ello no se está logrando, restringiéndose la regla de la mayoría en ámbitos en que debería tener la última palabra”. Finalmente, García señala que en el debate parecen confundirse fines con instrumentos, destacando que lo que es relevante desde la perspectiva de los fines, es dar eficacia al principio de supremacía constitucional. En este sentido, señala que “si el control jurídico de constitucionalidad de las leyes recae en un Tribunal Constitucional, (…) el que este tome la forma de controles preventivos o ex post; si sus efectos quedan condicionados o no a una reacción correctiva del legislador; son todos debates instrumentales (y habrá que poner atención a su diseño e incentivos institucionales por supuesto).”

Frente a lo esgrimido con anterioridad, García concluye que “[u]n debate tan importante como este no sólo debe ser uno racional, sino que invitar a todos sus intervinientes a abandonar las posiciones de defensa o demonización acrítica, que poco contribuyen a reflexionar respecto de nuestro sistema constitucional y el rol del TC en este.”

Opinión de Ángela Vivanco sobre el debate acerca del Tribunal Constitucional. El 27 de julio pasado, Ángela Vivanco, abogada y profesora de Derecho Constitucional UC, publicó una columna de opinión en el medio en línea El Líbero, donde se refirió a la discusión sobre la existencia y atribuciones del Tribunal Constitucional a propósito de la controversia generada por el eventual pronunciamiento que dicho órgano deberá hacer sobre la ley de aborto en tres causales.

La abogada señala, que las razones de existencia de este órgano guardan relación con ciertos aspectos fundamentales que se deben resguardar en las democracias contemporáneas: la necesidad de controlar que las normas de inferior rango -leyes o decretos-sean acordes con la Constitución, asegurar que los derechos fundamentales consagrados en ella no sean pasados a llevar y evitar que el ordenamiento constitucional se vea afectado por el ejercicio de los otros poderes del Estado, aunque estos cuenten con el respaldo de las mayorías. En este sentido, la abogada advierte que en el ejercicio de sus facultades, las resoluciones del Tribunal Constitucional pueden “reescribir las tomadas por otros órganos (…) e incluso apartarse de las tendencias más populares, pero no es su objetivo ser un organismo que se mueva según campañas políticas o multitudes, sino guardar la Constitución pese a tales vaivenes”.

A partir de esta aclaración, Vivanco argumenta que el Tribunal Constitucional no opera como un “guardián abusivo” que se impone ilegítimamente frente a las decisiones democráticas de la ciudadanía, pues sus atribuciones y facultades están delimitadas por normas constitucionales y legales, las cuales han sido modificadas y ratificadas en democracia por  organismos que han sido electos por la vía popular, además porque su pronunciamiento se origina solamente a petición del parlamento o del Presidente. Finalmente, la abogada concluye que estas intervenciones podrían evitarse si existiera una mayor preocupación por parte de los colegisladores de producir normas acordes al ordenamiento constitucional vigente, en vez de tratar en algunos casos, “de evitar la Carta Fundamental creando realidades paralelas”.

Carta de Eduardo Chia y Flavio Quezada sobre el proyecto de aborto y el rol del Tribunal Constitucional. El pasado 26 de julio, los profesores de Derecho, Eduardo Chia y Flavio Quezada, en representación del Instituto Igualdad, publicaron una carta al director de El Mercurio refiriéndose al proyecto de ley que autoriza el aborto en 3 causales y el Tribunal Constitucional.

En dicha ocasión, los autores, junto con destacar lo que significará la aprobación de este proyecto de ley, esto es, que Chile deje de ser parte de aquel puñado de países que prohíben el aborto en cualquier hipótesis, evidencian que el Tribunal Constitucional podría truncar eventualmente este logro en el evento de que si quienes pierden la votación parlamentaria deciden acudir a él para frenar dicho proyecto de ley. A partir de ello, los autores advierten que “si observamos el comportamiento que ha tenido el TC respecto de distintas iniciativas legislativas de este gobierno, el panorama es desalentador. Y es que en el último tiempo, este órgano se ha encargado de actuar como redireccionador de la política y el proceso legislativo. El efecto ha sido claro: el TC ha truncado la agenda reformista”. Agregan más adelante que a propósito de la alta discusión ciudadana, parlamentaria y académica de este proyecto de ley, “[d]ifícilmente se puede concebir un caso tan evidente de aplicación del principio de deferencia al legislador. Este estándar ha sido desarrollado por la propia jurisprudencia del TC, e impide declarar inconstitucional una decisión legislativa si esta puede ser interpretada conforme a la Constitución. En efecto, la prolífica discusión académica ha evidenciado la existencia de razones suficientes y contundentes para interpretar como ajustada a la Carta Fundamental esta decisión democrática.”

Opinión de Sebastián Soto sobre el rol del Tribunal Constitucional. El constitucionalista Sebastián Soto en columna de opinión de 1 de agosto en diario La Tercera, sale a defender el rol de guardián de la Constitución que le corresponde al Tribunal Constitucional en lo relativo al proyecto de ley que autoriza el aborto en 3 causales.

A su respecto, señala que la famosa crítica que se le hace a éste de “tercera cámara”, acuñada principalmente por el constitucionalista Fernando Atria, no es tal. En este sentido, argumenta que “el constitucionalismo no sólo exige que las leyes se adecúen a la Constitución sino también que exista un órgano que efectúe un control de constitucionalidad. Y ese órgano regularmente son las cortes. Así la Corte Suprema de Estados Unidos dejó sin efecto hace algunos años leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo. El Tribunal Constitucional alemán hizo lo propio con una ley que autorizaba derribar un avión de pasajeros secuestrado por terroristas. Y suma y sigue. Por eso, la crítica a la “tercera cámara” -tan de moda en Chile que incluso se la compró el candidato Guillier- esconde que en el constitucionalismo contemporáneo los guardianes de la Constitución son principalmente las cortes y no las legislaturas.”

Asimismo, Soto agrega que “[t]ambién se alega que la centroderecha abusa del sistema. Pero la crítica olvida que quienes recurren al TC son normalmente las minorías que ven como la mayoría impone un criterio que consideran inconstitucional. Es por eso que Allende, como Presidente sin mayoría en el Congreso, recurrió ocho veces en dos años. La Nueva Mayoría cuando fue minoría bajo el gobierno del Presidente Piñera, lo hizo en siete ocasiones. Y Chile Vamos, en este gobierno, lo ha hecho hasta ahora en seis. La crítica entonces no puede desconocer que el control de constitucionalidad no es un invento sino que una regla compartida”.

En una opinión contraria a lo sostenido por Soto, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el constitucionalista Javier Couso, manifestó a este respecto que es “increíble que algo que lleva casi tres años discutiéndose en el Parlamento vaya a ser decidido por una o dos personas que no han sido elegidas democráticamente”.