BOLETÍN N.° 8 (segunda quincena septiembre 2017)

EDITORIAL

POLÍTICA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CONSULTA INDÍGENA

ESTUDIOS

OPINIONES, CARTAS Y COLUMNAS

 

EDITORIAL

Las presiones conservadoras en el debate constituyente. El debate sobre el cambio constitucional se ha desarrollado de manera franca y abierta desde hace al menos cinco años en la sociedad civil, la academia, y el establishment político. En un comienzo el debate era promovido fundamentalmente por los actores que promovían la convocatoria a una Asamblea Constituyente, y enfrentaban del otro lado la caricaturización por medio de acusaciones que denunciaban la demanda como esencialmente “chavista” o necesariamente contraria al Estado de Derecho. Sin embargo, la realidad es que siempre hubo moderación en las distintas acciones políticas por medio de las cuales se promovió la demanda por la AC y la nueva Constitución en general. Así, por ejemplo, la campaña “Marca Tu Voto”, no se presentó como un desafío a la institucionalidad, sino que defendió su legalidad en virtud de las reglas vigentes sobre elecciones. Incluso la propuesta más polémica defendida durante el 2013 –la de convocar a un plebiscito sobre convocatoria a Asamblea Constituyente por medio de un decreto presidencial, pese a que la constitución vigente no contempla esa posibilidad y solo autoriza a convocar a los plebiscitos “expresamente previstos” en ella (artículo 15)– fue defendida por medio de sofisticados y cuidados argumentos jurídicos por Fernando Atria. Sin hacerse cargo del contenido de esos argumentos, eran con frecuencia descartados como “atajos” o “resquicios legales”, un concepto históricamente contencioso, que desde la derecha se utiliza con una carga negativa, aunque históricamente fue entendido por la izquierda como simplemente la utilización hábil de preceptos legales válidos y vigentes. Como lo puso Eduardo Novoa Monreal, los resquicios legales serían “recursos sagaces y legítimos según algunos, pero también trampas inicuas en opinión de otros” (Los Resquicios Legales, Ediciones BAT, 1992, p. 7).

En ese contexto, la estrategia política de los promotores del reemplazo constitucional se movió hacia propuestas cuya legitimidad y legalidad se presentaban por entero como indudables, en particular, propuestas con el propósito de reformar la constitución vigente por medios del procedimiento establecido en su capítulo XV como necesario paso previo al reemplazo del texto constitucional vigente. Algunas de esas propuestas buscaban reformar el artículo 15 para permitir la convocatoria a plebiscito sobre el cambio constitucional. Otras proponían modificar el mismo capítulo XV que regula la reforma constitucional, o incorporar un nuevo capítulo que regulara derechamente un mecanismo de reemplazo. Quizás el único aspecto polémico de estas propuestas radica en el quórum para su aprobación. En particular, las propuestas que se presentaban como posibles de ser aprobadas con el voto favorable de las tres quintas partes de cada Cámara eran acusadas de ser intentos de burlar el quórum de 2/3 que la constitución vigente establece para la reforma de algunos de sus capítulos.

Así, ha habido siempre una presión sobre las propuestas de cambio constitucional que las empujan hacia el apego a las interpretaciones establecidas y conservadoras de las normas vigentes, apoyadas sobre la inercia política de la transición más que sobre argumentos jurídicos desarrollados. La propuesta de reforma al capítulo XV presentada por el gobierno en abril de este año, que busca permitir la convocatoria a una “Convención Constitucional” consolidó esa tendencia –algo que ya había sido sugerido por la insistencia de la Presidenta Bachelet respecto de que el proceso debía ser “institucional”–. Por un lado, al presentarse como reforma al capítulo XV, en vez de como incorporación de un capítulo nuevo, se bloqueó la discusión sobre la posibilidad de regular esa convocatoria por medio de una reforma aprobada con un quórum de tres quintos. Más aún, el proyecto establece que la convocatoria misma deberá hacerse satisfaciendo el quórum dos tercios, a pesar de que la Presidenta había anunciado en octubre de 2015 que la reforma establecería que para esto se fijaría un quórum de tres quintos.

Necesidad de propuestas concretas en el debate constituyente. El proyecto de reforma al capítulo XV representa, de esta forma, la culminación de un largo proceso de discusión y debate político, y de sucesivas propuestas respecto de cómo realizar el cambio constitucional. Representa por un lado, los efectos de las presiones conservadoras que recelan la innovación institucional, y, por el otro, el reconocimiento de que el debate constituyente ha avanzado lo suficiente como para que las propuestas que se presenten al debate público deben ser concretas. El debate constitucional actual ya no da lugar para propuestas inespecíficas, pues ellas solo contribuirían al aletargamiento del proceso constituyente, y posponiendo con ello el hacerse cargo de  la crisis de legitimación frente a la ciudadanía del sistema político que está detrás. Las fuerzas políticas, y en particular las candidaturas presidenciales, deben enfrentar el debate constituyente con especificidad respecto de las razones que justifican modificar o reemplazar la constitución vigente, así como los mecanismos institucionales específicos por medio de los cuales los llevarían a cabo. Ello implica, al menos, tomar posición respecto del proyecto del gobierno: si acaso promoverían su tramitación en el Congeso, si le incorporarían modificaciones, y cuáles, o si presentarían un proyecto nuevo.

Asimismo, las candidaturas deberían tomar posición respecto del mecanismo específico de reforma. En este ámbito es, curiosamente, la Democracia Cristiana la que lleva la delantera. La propuesta “Walker-Zapata” –una comisión mixta de congresistas y ciudadanos elegidos por el Congreso– es conocida y ha sido adoptada por la candidatura presidencial de Carolina Goic. Asimismo, el proyecto de reforma del capítulo XV parece estar precisamente diseñado para acoger la propuesta de la DC –lo que se nota en su cuidado lenguaje, el que establece que una ley regularía el “nombramiento y elección” de los integrantes de la “Convención Constitucional”, lo que da a entender que no serían todos electos en votación universal–. En cambio, en los sectores progresistas y de izquierda no existe aún una propuesta específica de cuáles serían las características de la Asamblea Constituyente que esos sectores promueven –quiénes la integrarían, qué es lo que la haría participativa, entre otras cuestiones– ni cuál sería la estrategia jurídica precisa para alcanzarla –reforma para permitir un plebiscito, si acaso sería vinculante o no, si se regularía la AC en la misma constitución vigente, etcétera–. Más aún, la candidatura de Alejandro Guillier no se ha comprometido con ningún mecanismo específico.

 

POLÍTICA

Presidenta Bachelet anuncia sus avances ante la ONU. De acuerdo a los señalado por La Tercera, la Presidenta, en su intervención ante la asamblea internacional de la ONU, hizo un repaso de las principales reformas emprendidas durante su administración. Entre ellas, destaca el cambio al sistema electoral, ley de cuotas,  el Acuerdo de Unión Civil, despenalización del aborto, gratuidad en educación, y proceso para una nueva Constitución. En cuanto al último punto, señaló “estamos en pleno proceso de elaboración participativa de una nueva constitución, más moderna y democrática”.

El proceso constituyente actualmente se encuentra en la fase de consulta indígena, que culminará en los próximos días y, tras el final de la consulta, se espera que llegue al Congreso la propuesta de nueva Constitución.

Constitución: punto clave para acuerdo electoral en segunda vuelta. En reportaje realizado por El Pulso, diversos expertos analizan el escenario electoral para la segunda vuelta presidencial. Los analistas convergen que, independiente quién sea el candidato que pase a dicha instancia por parte de la centro-izquierda (Goic, Guillier y Sánchez), prevén que no habrá un traspaso total de votos para competir contra Sebastián Piñera.

Dentro de los puntos que generan mayor tensión está el cambio a la Constitución, para Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, “Mientras un grupo de la DC tiene una perspectiva reformista de la Constitución, por el lado de Sánchez priman claramente las ideas refundacionales que quieren llamar de inmediato a asamblea constituyente y por lo tanto, eso va a imposibilitar de partida un acuerdo entre las tres fuerzas políticas”.  Finalmente, Morales concluye señalando que “si es que la centroizquierda no existe unanimidad respecto al cambio constitucional, entonces será muy difícil poder llegar a un pacto de segunda vuelta. Se ven pocas posibilidades porque existen posturas muy intensas programáticamente”.

Frente Amplio: Asamblea Constituyente como prioridad programática. Luego de una largo proceso participativo y de diseño de su programa de gobierno, se dieron a conocer los resultados del plebiscito programático del Frente Amplio. La instancia, contó con la participación de 16.973 personas. Dentro de los ejes prioritarios destacan educación pública y democrática (89,7%), pensiones y vejez (84,8), reforma a la salud y nueva Constitución mediante el mecanismo de Asamblea Constituyente (73,2).

Con estos resultados, el cambio a la Constitución por medio de una A.C se vuelve en eje prioritario ante un eventual gobierno frenteamplista.

Chile Vamos: Piñera y la modernización de la Constitución. Revista Qué Pasa publicó durante el mes de septiembre un reportaje que sintetiza las propuestas de Sebastián Piñera en materia de Constitución. La nota, apuntaría que el candidato y ex presidente se inclinaría por una serie de reformas en lugar de un reemplazo total. Para ello, el abanderado se ha estado asesorando por un grupo de abogados, cuyas propuestas destacan el avanzar hacia un sistema presidencial moderado, entregando mayores atribuciones al Congreso, cambios al Tribunal Constitucional, sobre todo dejar su cantidad de miembros en un número impar. Sin embargo, en el equipo asesor hay divisiones en torno a la realización de un plebiscito ratificatorio y el paso hacia un Estado “Solidario”. Finalmente, ideas de cambio constitucional por medio de una Asamblea Constituyente han sido descartadas por el equipo asesor y por el propio candidato.

Eduardo Artés cerraría el Congreso si es que no se apoya la Asamblea Constituyente. El candidato de Unión Patriótica, en su participación en el programa Aquí Está Chile , señaló, además de su apoyo al régimen de Corea del Norte, la posibilidad de cambiar la Constitución durante su gobierno mediante el mecanismo de Asamblea Constituyente.

Sin embargo, uno de los momentos más controversiales de la intervención, fue la respuesta entregada por el abanderado, quién al ser consultado acerca de qué pasaría si el Poder Legislativo rechaza cambiar la Constitución, Artés planteó la posibilidad de cerrar el Congreso, afirmando “Si el Parlamento es antidemocrático al que tenemos hoy día, sin lugar a dudas lo cerraría. Cuando la gente está movilizada y se hace dueña de todo, es lo más democrático que puede haber”.

Debates presidenciales: Constitución como eje central. En los últimos días se han celebrado dos debates presidenciales. El primero de ellos, efectuado en el Congreso Nacional (Valparaíso), contó con la presencia de los ocho candidatos presidenciales. Mientras que en el segundo, realizado en la Universidad de Chile, no contó con la participación de Sebastián Piñera.

Dentro de los ejes centrales de la discusión, se abordó el devenir de la actual Constitución. Al respecto, tanto Alejandro Guillier, Carolina, Goic, Beatríz Sánchez, Alejandro Navarro, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, se mostraron favorables en reemplazar la actual carta Magna.

Guillier, al igual que Goic, centraron sus preocupaciones en la participación. Incluso, la abanderada de la DC, propuso la posibilidad de una “etapa participativa 2.0”, que aspira a llegar al millón de personas. Por otro lado, Sánchez, Artés, Enríquez Ominami y Navarro, pusieron énfasis en el mecanismo, apoyando la posibilidad de una Asamblea Constituyente, pero con diferencias, puesto que Artés estaría dispuesto a cerrar el Congreso en caso de no obtener apoyo parlamentario, mientras que el abanderado del PRO propone un plebiscito para decidir acerca del mecanismo, aunque él prefiere la Asamblea Constituyente.

Finalmente, Sebastián Piñera propuso ochenta medidas para modernizar la Constitución, prometiendo una nueva etapa participativa.

El video del primer debate lo puedes encontrar aquí, mientras que el segundo lo puedes ver mediante el siguiente enlace.

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El pasado 29 de septiembre, el Presidente del Tribunal Constitucional, don Iván Aróstica Maldonado, emitió una declaración pública a propósito de la imposibilidad del Banco Estado de otorgar crédito a candidatos presidenciales.

En este sentido, se declaró “que corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional declarar la inhabilidad de un parlamentario por haber celebrado o caucionado contratos con el Estado, de conformidad con el estatuto de prohibiciones, competencia y procedimiento establecido en los artículos 60 y 93, numeral 14º e inciso decimoctavo, de la Constitución Política de la República” y agregó que “no habiéndose aperturado un proceso de alegaciones de inhabilidad respecto de algún parlamentario en concreto y por ende no existiendo sentencia que la declare, no corresponde ni procede jurídicamente dar por establecida la inhabilidad respecto de dichos créditos”.

Lo anterior, en palabras de El Mostrador, se realizó producto de que sólo dos de los ocho postulantes a la Presidencia de la República indicaron que sí habían podido conseguir créditos de la entidad bancaria estatal, la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, por $250 millones (la entrega total sería mayor) y el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, por $1.130 millones.

En virtud de dicho comunicado, el constitucionalista y candidato a Diputado, Fernando Atria, criticó duramente las actuaciones del Tribunal Constitucional, señalando que el TC ha violado “groseramente” las reglas constitucionales sobre sus competencias. Argumenta que “en efecto, el artículo 93 del texto constitucional dispone, para cada caso en el que la Constitución da competencia al Tribunal, cuáles son las condiciones en las cuales esas competencias pueden ser ejercidas. En algunos casos, debe requerir el Presidente de la República, o alguna de las cámaras; en otros, un determinado número o porcentaje de diputados o senadores; en otros, las partes de un litigio. En ningún caso el Tribunal puede emitir una decisión sin que le sea solicitado por quien está constitucionalmente autorizado para hacerlo y sin seguir el procedimiento correspondiente”. Agrega que “esto no es un mero asunto formal. Es la limitación más importante que tiene el Tribunal para evitar que, por sí y ante sí, empiece a arrogarse competencias y funciones que no le corresponden”.

Luego, Atria afirma que “eso es exactamente lo que hizo con su declaración pública del 29 de septiembre. Si ese precedente es aceptado, ahora el Tribunal se entenderá habilitado para pronunciarse sobre cualquier cuestión constitucional que esté en la discusión pública, sin que sea necesario para eso que sea requerido por quien corresponde, sin escuchar alegatos, sin audiencias, etc”. “La decisión del Banco del Estado que suscitó esta declaración del Tribunal era, por cierto, arbitraria e ilegal. Pero la acción manifiesta del Tribunal Constitucional en infracción de las reglas que lo regulan es mucho, mucho más grave”, concluye.

El pasado 4 de octubre, La Segunda también se refirió al tema. En este sentido, se señala que el presidente del TC, Iván Aróstica, convocó a una reunión extraordinaria del pleno, al cual asistieron 8 de los 10 ministros. En virtud de dicho encuentro, se acordó delegar en el Presidente, la elaboración de un comunicado “que abriera una ventana para que el banco estatal entregara préstamos a postulantes a algún cargo público”. En palabras del diario en comento, “al menos dos miembros del TC quedaron sorprendidos por el comunicado de Aróstica, pues en su punto 2 descarta que prestar dinero bajo este esquema vulnere el Texto Fundamental, algo más propio de un fallo que de una declaración pública”.  

 

CONSULTA INDÍGENA

Instituto Nacional de Derechos Humanos asume rol de observador. El organismo se sumará durante la fase de diálogo que se está llevando adelante a los largo del país, acompañando a la Organización de Naciones Unidad (ONU). Sobre el proceso propiamente tal, el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, explicó que  está “pronta a iniciar la etapa regional, en que cada uno de los 9 pueblos, en las diferentes regiones del país, dialoga respecto de sus conclusiones sobre las medidas presentadas y los derechos que a su juicio, deben quedar cristalizados en el proyecto de nueva Constitución. La consulta concluirá alrededor del 18 de octubre, con su etapa nacional”.

Gobierno prepara fase regional y nacional de la consulta. De acuerdo a lo señalado por el medio clave9.cl , el proceso interno deliberativo concluyó el 30 de septiembre, mientras que la fase regional inicia el 1 de octubre, con los encuentros en la región de O”Higgins y El Maule. El encuentro nacional contará con la participación de 300 representantes de los nueve pueblos originarios los días 16 al 19 de octubre en la ciudad de Santiago en la sede de la CEPAL. Se espera que los resultados de la última etapa sean incorporados en el proyecto de nueva Constitución que enviará el gobierno en los próximos días.

Gobierno presenta balance de la primera fase de la consulta indígena. En el contexto de la Asamblea de Naciones Unidas, el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, expuso los avances en materia de integración de los pueblos originarios. Dentro del balance, destacó la consulta constitucional indígena que se está llevando adelante, señalando que han participado más de 17 mil representantes “y el propósito político de fondo, es que la constitución y las leyes que de ella deriven consagren una participación política efectiva, que permita a los pueblos indígenas deliberar directamente, tanto en el ámbito legislativo como en los gobiernos regionales y alcaldías, para así conseguir una verdadera república inclusiva”.

Ministro Barraza sobre proceso constituyente indígena. Entrevistado por El Mercurio el 30 de septiembre, el Ministro de Desarrollo Social Marcos Barraza se refirió a los avances del proceso constituyente indígena. Señaló que la “[a]hora vienen los diálogos regionales que se inician la próxima semana en las quince regiones del país” y que la primera semana de octubre “sería  el  diálogo  nacional  con los  representantes  de  los  nueve  pueblos  a  nivel nacional, que es la etapa en que se establecen los acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas”. No obstante, durante esa primera semana de octubre aún se desarrollaban los encuentros regionales en diversas partes del país.

En cuanto a los acuerdos entre Estado y pueblos indígenas a los que se buscaría llegar, ellos serían “insumos que van a ser la base para los contenidos en materia de pueblos  indígenas  para la Nueva Constitución”. Si bien no fue preciso al señalar cuándo se darían a conocer los resultados, afirmó que una vez concluido el proceso, los resultados se sistematizarían y darían a conocer “a la brevedad […] porque  esto  rápidamente  se tiene que dar a conocer para el proceso de Nueva Constitución”. Señaló que la sistematización se realizará en virtud de un “convenio con la Universidad de Chile”.

Consultado sobre los efectos que pudiera tener hechos recientes ocurridos en la Araucanía en relación con el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche (la “Operación Huracán” y la huelga de hambre de un grupo de mapuches en protesta por la aplicación de la Ley Antiterrorista), Barraza señaló: “No puedo negar que en estos días ha habido tensiones con algunas comunidades indígenas a propósito de que algunas de ellas consideran que esto no les genera garantías para el debate respecto de la consulta indígena. Afortunadamente en los pueblos existe una voluntad de diálogo político para construir un nuevo trato social entre el  Estado  y  los  pueblos”. Concluyó señalando que la consulta  indígena “es probablemente el hito histórico más importante del pueblo mapuche y de los nueve pueblos de nuestro  país  para  avanzar  en  derechos  políticos, económicos,  sociales  y  culturales”, afirmando que la “consulta es inédita a nivel mundial” por ser “primera vez que hay una consulta que tiene como propósito abordar constitucionalmente los derechos de los pueblos”.

 

ESTUDIOS

Estudio COES sobre desigualdades de voz política en Chile. El Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) presentó el módulo 4 de su Estudio Longitudinal Social de Chile, titulado “Desigualdades de voz política en Chile”. El estudio analiza la receptividad de las autoridades públicas respecto de las expresiones de demandas de la ciudadanía. El estudio contiene un análisis de la participación ciudadana en el proceso constituyente del gobierno. La encuesta en la que se basa el estudio incluyó una pregunta sobre si los encuestados habían tomado parte de alguna de las instancias de participación del año 2016, ya fuera por medio de la encuesta individual, encuentros locales, o cabildos. Los resultados coinciden con lo que sugiere la literatura sobre participación política en el sentido de que mayores niveles educacionales se correlacionan con una mayor probabilidad de participación política, excepto respecto de la partipación por medio del voto, donde la participación se da en una “cancha relativamente pareja”. El analisis en relación con la tendencia ideológica, en tanto, muestra que la participación política es mayor en la izquierda en las distintas formas de participación política (marchas, huelgas, proceso constituyente, entre otros).

El estudio dedica una sección especial a la participación en el proceso constituyente en particular. Entre los resultados destacados de esta sección se encuentran que la participación se dio “mayormente por personas de tendencia ideológica de izquierda, y en menor grado de centro”, así como que “la probabilidad de participación de una persona de izquierda fue el doble que de la de una persona de derecha”. El estudio concluye al respecto que “después de la asistencia a marchas, la participación en las actividades constituyentes sea el segundo acto más ideologizado, en el sentido de estar influenciado mayormente por las disposiciones políticas de las personas”.

Por otro lado, el estudio afirma que las instancias de participación del proceso constituyente reprodujeron “con mayor fuerza la voz de aquellos que ya tienen mayor propensión a expresarse políticamente, y más aún de aquellos que adoptan formas no convencionales de participación”.

Finalmente, el estudio destaca una relación inversa entre edad y participación el proceso constituyente, lo que contrasta con la relación entre edad y participación electoral, en la que se da de forma inversa (a mayor edad, mayor probabilidad de participación electoral). El informe considera lo anterior como sorprendente, no ofreciendo una explicación de la correlación, limitándose a formular preguntas que pudieran ser objetivo de futuras investigaciones, por ejemplo: “¿acaso implica que la presencia de candidatos y partidos políticos reduce la motivación por participar de los grupos etarios más jóvenes? ¿Los más jóvenes ven en este proceso una oportunidad tangible de incidir en el proceso político, mientras que no lo perciben por medio del voto?”.

La presentación asociada al informe concluye que “[l[a participación en el proceso constituyente amplifica la voz de quienes ya participan por otras vías” por lo que sugiere que “importa revisar diseño institucional que permita incorporar voces más diversas”.

CLAPES UC sobre impacto económico del cambio constitucional. El 1 de octubre El Mercurio informó que el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (CLAPES) de la Universidad Católica presentó un “anticipo” preparado por Felipe Larraín, Director de CLAPES y Exministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera, de un informe que analiza el cambio constitucional “desde un punto de vista eminentemente económico”. La nota de prensa afirma que el informe “explica que las propuestas constitucionales no son solo cosa de la política […] sino que van a dar directo sobre los cotidianos asuntos del ingreso per cápita, la inversión, el crecimiento… el progreso y el bienestar de las personas”.

El informe partiría del supuesto de que “las propuestas ya conocidas del programa de Bachelet” probablemente “estarán contenidas en lo que enviará al Congreso”, y sobre esa base se construye el análisis. Debe observarse, sin embargo, que el gobierno ha señalado que el proyecto de nueva Constitución que presentará antes de fin de año se basará y reflejará los resultados de la etapa participativa del años 2016 recogidos en las bases ciudadanas y la sistematización de ellos, y sus contenidos concretos no son conocidos aún. No obstante, El Mercurio continúa señalando que el informe de CLAPES “es una edificación completa que sale al paso de la anunciada propuesta presidencial”.

El informe, que aún no se conoce, defendería la necesidad de “derechos de propiedad bien definidos”, los que serían “fundamentales para la correcta asignación de recursos y el aumento de la inversión productiva”. Además, el estudio llamaría la atención sobre “las imprecisiones e indefiniciones de las propuestas sobre derechos de propiedad contenidas en el programa de la Nueva Mayoría”, una supuesta pretensión de la Nueva Mayoría de “constitucionalizar el Estado de Bienestar de una manera tal que se contraponga al espíritu del Estado Subsidiario vigente”, el riesgo de la judicialización de los derechos. Asimismo, el estudio haría un análisis que “enfrenta a los países con mayor número de derechos constitucionales, con sus correspondientes PIB per cápita”. La conclusión sería que “[l]a inflación de derechos […] no asegura mejores niveles de vida para la población”.

Por otro lado, el estudio propondrá cambios “que profundicen la institucionalidad fiscal”. La nota señala que “[a]demás de mantener la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de gastos e impuestos, propone dar rango constitucional a los principios de la regla fiscal estructural y los consejos fiscales”.

Varios de los juicios y propuestas que se anuncian, cabe mencionar, han sido defendidos con anterioridad por distintos actores político-económicos cercanos al Expresidente y actual candidato presidencial Sebastián Piñera. Felipe Larraín, Exministro de Hacienda, presentó la tesis sobre la relación entre cantidad de derechos y resultados económicos en un seminario en el mismo CLAPES en marzo de 2016. El también Exministro del gobierno de Sebastián Piñera, Cristian Larroulet presentó la misma idea en un seminario en la Universidad del Desarrollo afirmando que “[m]ientras más derechos hay en la Constitución, menor es el ingreso per cápita”. Por otro lado, el Director Ejecutivo de ECONSULT y actual coordinador económico del comando de la candidatura de Piñera, José Ramón Valente, en el mismo seminario en CLAPES en marzo de 2016, advirtió respecto de la supuesta judicialización de los derechos que implicaría el garantizarlos jurídicamente. Finalmente, la propuesta de consagrar constitucionalmente el principio de responsabilidad fiscal es la única reforma constitucional explícitamente incluida en el programa de gobierno de la actual candidatura del Expresidente.

 

OPINIONES, CARTAS Y COLUMNAS

Opinión de Claudio Alvarado sobre Piñera y la Constitución. En una columna de opinión publicada en EL Líbero el 19 de septiembre el abogado Claudio Alvarado del Instituto de Estudios de la Sociedad, respondió a una reciente editorial de El Mercurio donde se criticó la idea de introducir reformas al sistema presidencial ya que esto implicaría estar dispuesto a abrir el debate sobre reformas a la constitución. Según el abogado, la aproximación de este editorial para abordar el problema constitucional es errada por cuatro razones principales. En primer lugar, porque la discusión constitucional del último tiempo no ha podido centrarse en los contenidos, asunto que es fundamental para alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar en la agenda constitucional. Asimismo, sostiene que al debatir los contenidos constitucionales, el énfasis tiene que estar puesto también en el diseño institucional, aspecto fundamental para proteger los derechos y para gobernar a un país. La tercera razón que Alvarado entrega guarda relación con el contenido en particular que se cuestiona, ya que por lo general cuando se aborda el tema de régimen de gobierno, se hace para defender el sistema semi-presidencial, ignorando otras posibilidades como la reelección del Presidente de la República que podría “contribuir a oxigenar nuestra política”. Finalmente, el abogado señala que es casi imposible que el debate sobre la Constitución desaparezca de la agenda política ante un eventual triunfo de la derecha en las elecciones presidenciales, ya que detrás de esta discusión “subyace un fenómeno político más hondo, relativo a la pérdida de legitimidad del Chile de la transición”.

Editorial de La Tercera sobre las definiciones en el primer debate presidencial. En su editorial del 2 de octubre pasado, el diario La Tercera se refirió a los principales asuntos atendidos durante el primer debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Prensa en el marco de las próximas elecciones de noviembre. Además de advertir las profunda diferencias que existen entre las distintas candidaturas (8 en total), ya sea al momento de establecer diagnósticos sobre las problemáticas que afectan al país así como al proponer soluciones, la editorial sostiene que ninguna candidatura ha internalizado las principales preocupaciones para la ciudadanía, como por ejemplo “restaurar los motores del crecimiento” para lo cual sería necesario “corregir profundamente la reforma laboral, y volver a un sistema tributario que fomente la inversión”. Sin embargo, según la editorial, algunos candidatos enfatizaron en otras propuestas como la necesidad de una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente, insistiendo así “en una idea que resulta lejana para buena parte de la ciudadanía y que profundiza el clima de la incertidumbre”. Jaime Bassa, Claudio Fuentes, y Javiera Parada respondieron al editorial por medio de una carta al Director en la que responden afirmando que “la Encuesta Cadem, sobre el 70% dijo estar de acuerdo con que Chile necesitaba una nueva Constitución en el período 2015-2017, y el mismo porcentaje sostiene que es un tema prioritario”. Asimismo, observan que siete de las ocho candidaturas presidenciales, incluyendo la de Sebastián Piñera, “proponen como mínimo realizar reformas significativas a la Constitución”, lo que mostraría que “en la élite política existe el convencimiento de que se requieren ajustes institucionales significativos”. Finalmente, sostienen que el cambio constitucional es percibido “como un antídoto al descontento social”, aunque si se llevara adelante con una “agenda acotada” y por medio de mecanismos “excluyentes y cerrados, el descontento social se agudizará y la incertidumbre se incrementará”. Concluyen, por tanto, que “[c]ambiar la Constitución bajo un esquema incluyente es el mejor remedio para una democracia estable”.

Artículo de Marcos Barraza sobre consulta constituyente indígena. El ministro de Desarrollo social, Marcos Barraza escribió un artículo en la Revista Mensaje donde explicó el Proceso de Consulta Nacional Indígena que se inició el 3 de agosto pasado y que se ha estado realizando en 123 localidades del territorio nacional, desde Visviri hasta Puerto Williams. El artículo contextualiza al lector sobre las razones que motivaron la realización de este proceso de consulta, el cual se presenta como la continuación formal del Proceso Participativo Constituyente Indígena realizado durante el 2016, que permitió recoger las opiniones de los pueblos originarios sobre los contenidos que debiese incorporar una nueva Constitución. Tras el término de este proceso constituyente, y siguiendo las recomendaciones del Convenio 169 de la OIT, se estructuró el proceso de consulta en curso a partir de los resultados obtenidos del Informe de Sistematización Nacional. Por lo tanto, el objetivo principal de este proceso de Consulta según Barraza, es lograr el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, integrando sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos en el proyecto de ley sobre nueva Constitución que la presidenta enviará al Congreso antes del término de su mandato. De ahí que “la consulta se estructurará sobre dos columnas vertebrales: el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la participación política” (p.35).

La primera dimensión de esta consulta, parte de la premisa de que el Estado de Chile reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas antes de la conformación del mismo como entidad jurídico-política, admitiendo su derecho a “conservar, fortalecer y desarrollar su historia, identidad, cultura, idiomas, instituciones y tradiciones propias”. Por su parte, el segundo ámbito de la consulta guarda relación con el reconocimiento de la participación y representación política especial de los pueblos indígenas en las instancias de representación política formal, en particular en el Congreso Nacional, a partir de escaños reservados que les permitan escoger a sus propios representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados.

Finalmente, el artículo destaca el proceso participativo constituyente indígena y su continuidad con el proceso de consulta nacional, ya que da cuenta de un esfuerzo por avanzar en temas fundamentales como el reconocimiento constitucional, los derechos colectivos, de territorio, culturales y de generar mecanismos más eficaces de participación y representación indígena. Pero también, porque da cuenta de un nuevo modo de relacionamiento con los pueblos indígenas que les permite a estos últimos empoderarse y ser partícipes de las decisiones que los afectan.