Boletín n.° 9 (primera quincena, octubre 2017)

EDITORIAL

Nunca es momento para el proceso constituyente. Los impulsos para llevar adelante el proceso constituyente se han encontrado frecuentemente con críticas que apuntan al momento en que ellos se intentan. La versión más reciente de ella –y que repite la que se hizo en idénticos términos con ocasión de las elecciones primarias– proviene de la oposición, la que objeta la presentación del proyecto de nueva Constitución del gobierno en medio del período eleccionarios, en particular entre primera y segunda vuelta.

Sin embargo, este tipo de crítica no es exclusiva de quienes se oponen al cambio constitucional. Durante la etapa participativa del proceso constituyente impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet, el Consejo Ciudadano de Observadores rechazó las solicitudes, de parte del mismo gobierno, de representantes políticos, y de organizaciones de la sociedad civil, de que la duración del período de encuentros locales autoconvocados se extendiera más allá de lo programado. La solicitud del gobierno pedía concretamente una extensión de tres semanas. El fundamento de ella era el aumento progresivo en el nivel de participación de la ciudadanía, manifestado en la cantidad de encuentros locales autoconvocados que se celebran. El CCO rechazó la solicitud, afirmando en el acuerdo sobre el punto que lo hacía “por el bien de la misma participación ciudadana”, para resguardar un “un nivel mínimo de certeza que todo proceso público debe poseer”, así como por la dificultad que ello podría tener para la preparación de la etapa de cabildos (Acuerdo n.° 10). Finalmente concedió una extensión de solo cinco días para llevar a cabo los encuentros, sin extender el plazo para ingresar las actas de ellos al sistema de registro.

Sin embargo, siempre fue claro que las razones de algunos sectores tenían que ver también con el propósito de evitar que el período de campaña para las elecciones municipales de 2016 se viera contaminado por la discusión constitucional. En este sentido, Patricio Zapata, Presidente del CCO, afirmó a la prensa que “[s]e decidió desde el principio que no era bueno que se cruzaran estas conversaciones constitucionales con la tierra derecha de la campaña municipal”. Expresada así, la preocupación es vaga y difícil de evaluar. No queda claro si el temor es que la discusión constitucional distorsione la discusión electoral municipal –que esta se “constitucionalice”– en el sentido de introducir predicciones sobre el cambio constitucional a propósito de la elección de autoridades que carecen de competencias en ese ámbito, o si, en cambio, el temor es que la discusión constitucional se “municipalice” en el sentido de que se presente el cambio constitucional como algo directamente incidente en los problemas de los que corresponde a las autoridades municipales hacerse cargo.

Si bien la preocupación anterior no es concluyente como razón para haber negado la posibilidad de acceder a extender la duración del período de realización de encuentros locales, la advertencia es al menos atendible en ese caso. Sin embargo, la crítica carece de todo sentido cuando se invoca respecto de la coincidencia del debate sobre el cambio constitucional con las elecciones parlamentarias y presidenciales. La relevancia de la discusión constitucional para la elección de los representantes en el poder Legislativo y Ejecutivo es evidente. Se trata de los órganos de representación política, de carácter nacional, y que tienen las facultades que permitirían llevar adelante el proceso de cambio constitucional.

Nuevamente es Zapata uno de quienes ha insistido en que “sería un despropósito lanzar a la arena pública el proyecto de Nueva Constitución en plena campaña presidencial, con el altísimo riesgo de que termine en una polémica”. Que una cuestión política fundamental de lugar a polémicas es parte esencial de la política. Lo que debiera preocupar es la forma en que se enfrenten esas discusiones. Zapata teme, a este respecto, que “[a]lguien puede querer usar la Nueva Constitución como munición de campaña y alguien pensar que lo es” y que el “el griterío de la campaña” ahogue el resultado de las discusiones que tuvieron lugar en la etapa participativa de 2016. Más allá de la vaguedad respecto de de quiénes pudieran venir esos gritos –la ciudadanía o de la élite política–, desde el punto de vista de la participación, hacer caso a ese tipo advertencia sería perjudicial. Si bien el proceso participativo de 2016 fue muy valioso, estuvo lejos de ser suficiente para asegurarle legitimidad frente a la ciudadanía del cambio constitucional que se base sobre sus resultados, en particular a la luz del secretismo con que el gobierno actual ha trabajado en la elaboración del proyecto de nueva Constitución que presentará.

En ese contexto, considerando que la candidatura de Alejandro Guillier se presenta como una de continuidad del actual gobierno, mantener en reserva el proyecto de nueva Constitución hasta después de las elecciones (Zapata sugiere esperar hasta enero) privaría a la ciudadanía de un elemento importantísimo de decisión en caso de que, como es probable, la segunda vuelta presidencial sea entre Guillier y Sebastián Piñera. Por lo mismo, habría sido mejor para la deliberación ciudadana que el proyecto hubiera sido presentado antes de la primera vuelta, dando la posibilidad a la ciudadanía de elegir entre el continuismo que propone Guillier y la alternativa que presenta la candidatura de Beatriz Sánchez. Si bien eso ya no ocurrió, seguir postergándolo pondría deliberadamente a la ciudadanía en una posición de ignorancia respecto del que debiera reconocer como un tema cardinal en esta elección.

Es un error, por tanto, reducir el análisis de la eventual presentación del proyecto de nueva Constitución a un mero “instrumento de campaña”, como hace un editorial reciente de El Mercurio afirmando que ello rompería con una supuesta “tradición republicana” de evitar tratar de esa forma “legislaciones relevantes y permanentes”. En un sentido la crítica es trivial; cualquier anuncio o medida de un gobierno en ejercicio puede ser acusada de ser un instrumento de campaña, sea o no ‘relevante’ o ‘permanente’. Por otro lado, la crítica sugiere una desconfianza hacia la capacidad de discernimiento de la ciudadanía, la que no sería capaz de distinguir una promesa populista de una propuesta política sustantiva. Esto no solo traiciona el sentido preciso de los procesos eleccionarios, sino que es contradictorio con la confianza expresada por los mismos sectores conservadores respecto de que el cambio constitucional no es una prioridad de la ciudadanía. Incluso si así fuera, el principio democrático exige que la ciudadanía se pronuncie al respecto, no que la cuestión sea excluida de antemano.

Finalmente, si se reconoce –como hacen todos los actores– que los procesos de cambio constitucional exigen largos itinerarios para llegar a buen puerto –de años, probablemente abarcando más de un período de gobierno– deben superarse las preocupaciones infundadas sobre una supuesta incompatibilidad entre períodos eleccionarios y discusión pública constituyente, so pena de verse forzado a concluir que nunca es el momento adecuado para ella.

POLÍTICA

Elección presidencial

Nueva Constitución: uno de los puntos conflictivos del programa de Guillier. Continúan las tensiones programáticas al interior del equipo del candidato del pacto Fuerza de Mayoría, según lo consigna La Tercera. Entre los puntos conflictivos resalta el tema de la nueva Constitución, ya que el candidato durante los primeros debates presidenciales afirmó ser “partidario de la asamblea constituyente, solo que las asambleas tienen diversas modalidades y dependen del contexto que se tenga en el país”.

Adicionalmente, en su campaña senatorial del 2013 había llamado a la ciudadanía a optar por dicho mecanismo. Sin embargo, al interior del equipo programático la postura no cuenta con apoyo transversal, puesto que existe un importante número de colaboradores al interior del equipo que apoyan el proceso emprendido por Michelle Bachelet el que incluye la reforma del capítulo XV de la constitución vigente para facultar al Congreso a convocar una “convención constitucional” cuyas características (por ejemplo, la forma de su integración) no están definidas. El tema sigue siendo uno por definir, sobre todo de cara a la obtención de apoyos en una segunda vuelta con otras fuerzas políticas.

Goic propone reponer el voto obligatorio. Según consigna La Tercera en su edición del 10 de octubre, la abanderada de la Democracia Cristiana, Carolina Goic en una propuesta programática de cuatro páginas sobre el tema constitucional incluye la reincorporación del voto obligatorio, señalando: “Restableceremos el voto obligatorio, porque la democracia es un sistema de gobierno en el que derechos y deberes se integran y fortalecen recíprocamente”. Dentro del documento también destacan cambios al Tribunal Constitucional, eliminación de los quorums supramayoritarios, reconocimiento a los pueblos originarios e iniciativa popular de ley.

Frente Amplio: Lanzamiento del programa de gobierno de Beatriz Sánchez. El pasado 21 de agosto fue lanzado el programa de Beatriz Sánchez, candidata presidencial por el Frente Amplio. Su propuesta en materia constitucional abarca la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reemplazar la actual Carta Fundamental, siendo esta una de las primeras prioridades como gobierno y bancada parlamentaria. La Asamblea sería electa por medio de sufragio popular y contaría con “mecanismos de participación activa de la ciudadanía en el proceso constituyente”. Adicionalmente, se propone un plebiscito de entrada para activar un proceso de cambio constitucional. Para dicho propósito se plantea la posibilidad de reformar la Constitución actual para institucionalizar el plebiscito constitucional.

Alejandro Navarro: “Ni con Bachelet ni con Piñera habrá nueva Constitución”. El candidato presidencial de PAIS, Alejandro Navarro, según consigna El Desconcierto, sostuvo no creer que habrá nueva Constitución bajo el gobierno de Bachelet ni un eventual segundo gobierno de Sebastián Piñera. Como alternativa, planteó: “Espero que Chile tenga una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente, es decir con una amplia participación. Ese es mi compromiso y lo reitero ante la ciudadanía”.

Eduardo Artés: “El proceso constituyente de Bachelet, es un proceso acotado”. De acuerdo a lo señalado en La Tercera, el Candidato de Unión Patriótica nuevamente ha hecho referencia a su propuesta de transformaciones o propuestas refundacionales por medio de la vía revolucionaria. Al respecto, indicó que “[e]s el pueblo que toma en sus manos su propio destino, no como hoy día. No hay cosa más democrática que tenga todo en sus manos y que decida. Cuando planteamos una Asamblea Constituyente no el proceso que nos ha llamado la señora Bachelet, que es un proceso que está acotado para que no cambie nada. Nosotros hablamos de Asamblea Constituyente con debate, con discusión”. Con anterioridad Artés ha afirmado que llevaría adelante la Asamblea Constituyente incluso si no contara con apoyo legislativo, contemplando incluso el cierre del Congreso: “Si el Parlamento es antidemocrático al que tenemos hoy día, sin lugar a dudas lo cerraría. Cuando la gente está movilizada y se hace dueña de todo, es lo más democrático que puede haber”.

Elecciones parlamentarias

Llamado transversal por la Asamblea Constituyente. Candidatos de distintas fuerzas políticas se dieron cita el 16 de octubre para hacer un llamado a cambiar la actual Constitución por la vía de la Asamblea Constituyente, al ser considerado este mecanismo como democrático, institucional y participativo.

El encuentro contó con la presencia de Maya Fernández (PS), Karol Cariola (PC), Leonardo Soto (PS) y Giorgio Jackson (RD) por la Bancada AC, Javiera Parada en representación de la Fundación RED, Genaro Cuadros y Manuel Lobos de Marca AC, Gabriela Farías (Fenpruss); Claudia Dides (Fundación Miles); Ruth Olate (Sintracap); Ricardo Herrera (ANEF), Álvaro Ramis (Cultura Cidadana), entre otras organizaciones que integran la agrupación “Cónclave Social”.

Nueva Constitución: eje central del debate en el Distrito 11. En un debate realizado por Teletrece, los candidatos al Congrso por el distrito 11, Tomás Hirsch (Frente Amplio), Karin Luck (Chile Vamos), Pablo Terrazas (Chile Vamos) y Cristóbal Acevedo (DC) debatieron sobre lo ejes temáticos de sus candidaturas, incluyendo sus opiniones sobre el cambio constitucional y el envío de un proyecto de nueva Constitución anunciado por el Gobierno para después de la primera vuelta presidencial. Terrazas afirmó en relación con esto último que “es un oportunismo de parte del gobierno y que lo único que veo y se entiende es que por razones electorales, porque saben que van a perder las elecciones, quieren hacer este tipo de maniobras con fines políticos que beneficien a la centro izquierda”.

Por su parte, Luck es partidaria de reformar la constitución vigente. En este sentido afirmó que “hay cosas que modificar en la constitución pero hay que sentarse a conversar entre todos los partidos políticos. Para eso estamos los parlamentarios que somos elegidos por la gente a partir de nuestros partidos y nuestras ideas”.

Hirsch, en tanto, destacó el origen autoritario de la actual Constitución, además de señalar que “[h]oy día requerimos como país tener una Constitución democrática que nos permita como país mirar el futuro y cerrar el pasado. Generada en una asamblea constituyente”.

Finalmente, Acevedo se manifestó en contra de la Asamblea Constituyente, enfatizando que “[p]ara eso están las constituciones que nos rigen, que aceptamos al momento de entrar en democracia. Nos rige un sistema institucional que radica en el congreso la modificación de la ley, entre otras las reformas constitucionales. Ahí creo que debe radicarse el debate”.

Política general

Andrés Zaldivar (DC), Presidente del Senado: “El poder constituyente está en el parlamento”. El presidente de la Cámara Alta, Andrés Zaldívar, en entrevista con el El Mercurio el 18 de octubre, se refirió al proyecto de nueva Constitución, que será enviado por el Gobierno. A propósito de ello, el parlamentario señaló una vez más que “el poder constituyente está en el Parlamento y este determina cómo hacer una reforma”. En esta ocasión agregó, sin embargo, que “[a]hora, si el parlamento quiere delegar esa facultad en otro órgano, como una Asamblea Constituyente, tiene que legislarse sobre la materia, tiene que decirse, quién compone la Asamblea, cómo se eligen y qué materias y cómo van a despachar ese proyecto”. Así, como ha sido la tónica de sus últimas declaraciones, el actual Senador reivindica las prerrogativas del Congreso en el proceso de elaboración de una nueva Constitución.

Carlos Ominami y reformas políticas de la administración Bachelet: “era evidente partir por la nueva Constitución”. En entrevista a El Mercurio el 6 de octubre, Carlos Ominami, Exsenador y exmilitante del Partido Socialista, realizó un balance del desempeño del actual gobierno. De acuerdo con el exparlamentario, existiría una enorme debilidad por parte de la actual Presidenta, pese a su enorme popularidad antes de comenzar su segundo mandato. Sin embargo, al ser consultado por las reformas políticas, Ominami señaló que el Gobierno debió haber comenzado llevando adelante el proceso para una nueva Constitución, empezando con un plebiscito. En sus palabras, “[s]i la Presidenta se hubiera jugado, la gente mayoritariamente habría estado por cambiar la Constitución. La Nueva Mayoría ampliada no estaba tan lejos de los dos tercios en el Congreso y ese plebiscito se habría ganado de aquí a Penco”.

PROCESO INDÍGENA

Última etapa de la Consulta Indígena para el Proceso Constituyente. El pasado 10 de octubre, con la participación de dirigentes de los pueblos indígenas, se realizaron los cierres del Proceso de Consulta Constituyente Indígena en 5 regiones del país: Coquimbo, Valparaíso,  Biobío, Los Ríos y Magallanes, sumándose así a Maula y Arica y Paranicota, que ya lo hicieron el pasado 1 y 6 de octubre, respectivamente. Posteriormente tuvo lugar la instancia nacional del proceso de consulta. En la inauguración de esta fase, el 16 de octubre, la Presidenta Bachelet, junto al Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, y la representante residente de las Naciones Unidas en Chile, Silvia Rucks, se dio comienzo a cuatro días de deliberaciones entre representantes de los nueve pueblos indígenas y posterior diálogo con el Estado, representado por el gobierno. Fueron 139 los dirigentes indígenas, provenientes de todas las regiones del país, quienes participaron en conjunto con el Gobierno en la concreción del contenido final de las medidas elaboradas luego del proceso participativo constituyente específico para los pueblos indígenas realizado entre agosto y diciembre de 2016, el que convocó a más de 17 mil personas.

En este contexto, la Presidenta Bachelet señaló que “hoy es un día de especial relevancia para la democracia y para el ejercicio de la soberanía popular, pero no como un principio teórico, sino como realidad capaz de dirigir el destino y las determinaciones del país, porque estamos dando inicio a la etapa final de la Consulta Nacional Indígena sobre la nueva Constitución. Y yo quiero valorar y reconocer la amplia participación que precede a este encuentro que hoy día se inicia, porque comprobamos que nada sustituye el propio compromiso en la deliberación sobre los asuntos que nos conciernen y así ha quedado demostrado en el proceso constitucional que vive Chile, y en el que se enmarca tanto el procedimiento constituyente indígena como la Consulta posterior”. Agregó que “hemos dicho que Chile somos todos, y que debemos ampliar su marco institucional y los derechos para que efectivamente quepan todos. Esto para mí no es un cliché: refleja nuestra convicción más profunda de que el país lo levantamos y lo construimos entre todos los pueblos que habitan esta tierra y que anhelan vivir en paz, en respeto y en reconocimiento sincero”.

El proceso, definido por el Convenio 169 de la OIT, ha contado con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas, actuando como observador y garante. Del mismo modo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha actuado como observador, y se ha contado con el apoyo de diversas entidades académicas y de la Universidad de Chile.

En su discurso, la representante residente de las Naciones Unidas en Chile, Silvia Rucks, destacó el carácter histórico de este proceso: “En muchos países se han desarrollado procesos de Consulta Previa en el marco de los instrumentos internacionales de derechos de los pueblos indígenas, pero una consulta previa específica sobre medidas para un cambio de nivel constitucional, con una multiplicidad de pueblos indígenas participantes, es un acontecimiento inédito. Esto implica, por cierto, una gran responsabilidad para los actores del diálogo. Lo que ocurra en estos días será un antecedente para procesos equivalentes en otros países, y su mayor o menor éxito será una referencia internacional de aquí en más”.

Denuncias de itervencionismo en culminación de consulta indígena. El 17 de octubre, los Consejeros Nacionales de la CONADI, pertenecientes a la Nación Mapuche, emitieron una declaración pública en donde se acusa de prácticas de intervencionismo y coacción por parte de los Secretarios Regionales del Ministerio de Desarrollo Social, al presentarse en los espacios de discusión, sin tener rol alguno en dicha fase de la consulta. En este sentido, declararon:

Se ha evidenciado que en el transcurso de la consulta fueron poco prolijos y actuaron de mala fe al no informar adecuadamente la forma y el mecanismo de diálogo que se debería utilizar en el Encuentro Nacional.

Por otro lado, la falta de criterio de un ‘facilitador de las Naciones Unidas’, quien negó el uso de la palabra repetidas veces a los consejeros de CONADI, genera serias dudas acerca de la transparencia y el derecho a participar en esta instancia, sobre todo cuando es de público conocimiento que la participación de las Naciones Unidas se hizo a petición expresa y escrita de parte de los consejeros de CONADI, con el fin de que sean “orientadores y garantes” del proceso, cuestión que queda en entredicho.

Las Naciones Unidas deben garantizar el respeto a la participación, a la libertad de expresión y deben actuar en contra de la discriminación, cuestión que hoy en la mañana fue del todo contraria a sus propios principios.

No es posible aceptar este veto a nuestra participación, cuando  ellos son testigos de que tanto el diseño último de la consulta actual, como el hecho no menor de incorporar derechos que no estaban siendo consultados, obedece a un acuerdo directo con los consejeros nacionales de CONADI.

Lamentamos profundamente que estos hechos ‘contaminen’ el ejercicio de nuestro derecho a consulta, ya que los derechos fundamentales que tenemos se fundan precisamente en el derecho a no ser discriminados. Ni por el Estado ni por ningún individuo.”

Prisa por cierre del proceso de consulta. El pasado 16 de octubre La Tercera reporta sobre eventuales dificultades del Gobierno en lo relativo a la fase de Consulta Indígena sobre el proyecto de nueva Constitución. El diario afirma que en La Moneda reconocen que la consulta es la responsable del retraso en la presentación del proyecto de reforma constitucional. La prisa por cerrar el capítulo indígena y permitir que la Mandataria anuncie uno de los pilares de su programa presidencial antes de que finalice 2017 habría obligado al Ministerio de Desarrollo Social, ente encargado de esta instancia, a realizar las cinco etapas de la consulta en sólo tres meses, pese a las críticas que se han formulado, en particular las que consideran insuficiente el plazo.

“Estamos trabajando con este grado de celeridad porque cuando se presente el proyecto de nueva Constitución, necesariamente se requiere tener esta consulta resuelta”, afirmó el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza.

Un eventual fracaso del diálogo obligaría a extender las negociaciones hasta encontrar acuerdo. Dependiendo de los plazos que requieran las nuevas tratativas, la dilatación del proceso pondría a La Moneda frente a una encrucijada, debido a los tiempos políticos y legislativos considerados para la discusión constitucional. Avanzar e incorporar a los pueblos originarios en el proyecto sin acuerdo previo, advierten desde el mundo indígena, sería considerado un duro revés para la ya compleja relación con los grupos étnicos.

“La desconfianza de los pueblos ha sido histórica. Si (la consulta) no genera un debate serio, va a provocar que el conflicto aumente”, aseveró Juan Carlos Reinao, presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche.

Según cifras de Desarrollo Social, en los encuentros participativos indígenas de 2016 asistieron 17.016 personas. Cifra similar que acumulan las distintas fases de la consulta de los últimos tres meses, en la cual se ha depurado la convocatoria al irse delegando la responsabilidad en los 139 representantes que asistirán hoy: acudieron 10 mil personas en la etapa de deliberación, 6.008 a las reuniones informativas y 618 a los diálogos regionales que culminaron el pasado sábado.

No obstante, todas las etnias estarán representadas en la discusión, el 67,6% de los delegados es mapuche. En tanto, el 11,5% restante es aimara y el 20,8% representa al resto de los pueblos.

Gobierno concluye consulta indígena y avanza en nueva Constitución. Según declara La Tercera el pasado 21 de octubre, hasta las 5 de la madrugada de ese día se extendió la instancia nacional de la consulta constituyente de pueblos indígenas, la que el Gobierno dio por concluida con la firma del acta que contiene cinco acuerdos, cinco acuerdos parciales y un desacuerdo respecto del tema del concepto de territorio indígena.

La falta de acuerdo en temas relevantes para los 145 representantes de los nueve pueblos originarios (aimara, quechua, licán antai, colla, diaguita, rapanui, mapuche, kaweskar y yagán) que estuvieron presentes obligó a culminar la reunión en horas de la madrugada, tras el aplazamiento de un día en las tratativas y de la negativa del gobierno de seguir extendiéndolo.

Pese a que aún resta una última etapa de sistematización de los resultados, el Ejecutivo dio por finalizado el proceso, calificándolo como “histórico”. Tras esto, el Ministerio de Desarrollo Social, cartera que lideró el proceso, proyecta entregar un informe final en un plazo máximo de dos semanas a la Presidenta Bachelet, quien decidirá lo que se incluye en la nueva Constitución.

El gobierno esperaba avanzar en un reconocimiento constitucional y en la participación política efectiva para las minorías étnicas. No obstante, solo logró avanzar en el primer punto, no así en el segundo, que quedó como acuerdo parcial.

Sin embargo, para algunos de los representantes, el proceso de consulta no ha concluido. De hecho, 75 delegados pidieron que la instancia de diálogo se extendiera por dos semanas más, a lo cual el gobierno propuso una recepción de observaciones y comentarios hasta el 30 de octubre. Además, se fijó que el 3 de noviembre se realice una nueva mesa de diálogo sobre los disensos y seguimiento de acuerdos. Según Barraza, este será un proceso paralelo a la sistematización de los resultados. Esto, porque los puntos relevantes para los pueblos originarios, como plurinacionalidad y definición de territorios ancestrales, quedaron pendientes. En el caso de la libre determinación, reconocen un avance, pero hay algunos representantes que indicaron que “sin territorio no tiene sentido” la discusión.

Según da cuenta el Gobierno, la instancia consistió en tres rondas de propuestas y contrapropuestas que se negociaron entre las partes, tras las que los representantes firmaron el “Acta de Resultados del Diálogo Nacional del Proceso de Consulta para el Reconocimiento Constitucional de los Derechos de los Pueblos Indígenas”. En ésta se sellaron acuerdos totales en las materias de reconocimiento de la pre-existencia de los pueblos; del deber del Estado de preservar fortalecer y desarrollar su historia, identidad, cultura, lenguas e idiomas, instituciones, tradiciones propias y sus autoridades ancestrales; del deber del Estado de promover la diversidad cultural del país; del reconocimiento y protección de los derechos culturales y lingüísticos, su patrimonio cultural, material e inmaterial; y del principio de igualdad y no discriminación.

En el caso de los acuerdos parciales, es decir, los temas en los que hay un acuerdo en el fondo pero discrepancia en la redacción, se dieron en las materias de: interpretación de la nueva Constitución; el porcentaje de la representación y participación política; derecho a la salud; consulta y libre determinación.

El único punto en desacuerdo se dio en la discusión del concepto de Territorio Indígena.

PROCESO DE GOBIERNO

Proyecto de nueva Constitución se enviará después de primera vuelta. El 16 de octubre, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, señaló que el proyecto de nueva Constitución será enviado tras la primera vuelta presidencial del 19 de noviembre, dado que hay que sistematizar e incorporar los resultados de la consulta indígena. Adicionalmente, la mandataria se refirió a la actual Carta Fundamental, señalando que hoy en día tenemos una Constitución distinta a las de 1980 y 1989, dado que se le han ido incorporando diversas reformas, lo que ha permitido la eliminación de los senadores vitalicios y designados, sumado al reemplazo del sistema binominal, aunque señala que “sabemos que eso no es suficiente”.

Oposición denuncia uso electoral del proceso constituyente. Así lo ha planteado en los último días Chile Vamos, tras saberse que el gobierno enviaría el proyecto de nuevo Constitución antes de la segunda vuelta de la elección presidencial. Según Alberto Espina esto es “claramente un intento de utilizarlo con fines electorales”. Mientras que Sebastián Piñera lamentó el “aprovechamiento” político que se le está dando a la iniciativa.

La conducta de la oposición no es algo nuevo, cabe recordar que a inicios del presente año, durante el mes de abril, la coalición acusó de uso electoral al proyecto de reforma al capítulo XV de la Constitución. Sin embargo, desde el gobierno se niega la intervención se ha negado el intervencionismo. Sobre este tema, la Ministra vocera Narvaéz señaló que ““El Gobierno cumplirá con su compromiso, y la consulta indígena es parte fundamental de lo que es la elaboración del proyecto de nueva Constitución que la presidenta enviará al Congreso. Ocurrirá en el próximo tiempo y se anunciará oportunamente (…) Nunca ha estado en nuestro ánimo un tema político electoral”. No Obstante, desde Chile Vamos, Piñera asegura que en su gobierno se encargará de perfeccionar la actual Carta Fundamental.

Partidos de la Nueva Mayoría respaldan que proyecto de nueva Constitución sea enviado antes de la segunda vuelta presidencial. Según registra El Mercurio en su edición del 17 de octubre, los partidos del oficialismo respaldaron la posibilidad de que el gobierno haga envío del proyecto de nueva Constitución tras la primera vuelta presidencial. Pese a que la iniciativa es resistida por Chile Vamos, dado que terminaría “electoralizando” el proceso Constituyente.

Desde la Nueva Mayoría, este acontecimiento lo ven con buenos ojos. Al respecto, Gonzalo Navarrete (PPD) señaló que “”Necesariamente, el próximo gobierno va a tener que enfrentar el tema constitucional. Que sepamos qué es lo que piensa cada uno de los candidatos es una buena manera de transparentar el proyecto país”.

Ernesto Velasco (PRSD) indicó que  “evidentemente es parte de una discusión que se tendrá que hacer para que los ciudadanos voten informados”.

Sin embargo, el punto de inflexión lo puso la DC, donde su abanderada presidencial y Senadora por Magallanes, Carolina Goic, enfatizó que “A mí me parece que es prudente que la discusión quede para un tiempo más; sobre todo, porque hoy día estamos en pleno debate presidencial”.

Desde la oposición, el candidato presidencial Sebastián Piñera, calificó como  “lamentable” “(…) que el Gobierno pretenda hacer un uso electoral de una cosa tan importante como es la Constitución, que debe ser un marco de unidad, de certezas, la casa de todos”.

Comisión de Constitución aprueba idea de legislar reforma al Capítulo XV. Tras cinco meses sin ser tratada en sus sesiones, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de reforma constitucional que busca habilitar al Congreso para que convoque a una “Convención Constitucional” que elabore un proyecto de nueva Constitución. Luego de su aprobación en general, el Ministro del Interior asistió a la sesión de la Comisión en que comenzó la discusión en particular del proyecto. Las citaciones a las siguientes sesiones de la Comisión no contemplan aun la continuación de esa discusión.

CARTAS, COLUMNAS Y OPINIÓN

Proceso Constituyente

Opinión de Jaime Bassa, Claudio Fuentes y Javier Parada sobre candidaturas presidenciales y Constitución. En una carta al Director publicada en La Tercera el 7 de octubre pasado, Jaime Bassa, Claudio Fuentes y Javiera Parada respondieron al editorial de ese diario del día 2 de octubre, donde se afirmaba que el énfasis de las candidaturas en el tema constitucional estaba errado puesto que era una idea que “resultaba lejana para buena parte de la ciudadanía”. La carta desestima esta opinión, argumentando que los estudios de opinión pública del último tiempo han demostrado lo contrario, citando la Encuesta Cadem muestra que para el periodo 2015-2017 mostraría que sobre el 70% de los ciudadanos estaría de acuerdo con que el país necesita una nueva Constitución. Asimismo, refutaron el argumento que sostiene que la propuesta de cambio constitucional generaría mayor incertidumbre en el país ya que siete de las ocho candidaturas a la presidencia proponen realizar reformas significativas a la Constitución, lo que mostraría que en la élite política “existe el convencimiento de que se requieren ajustes institucionales significativos” y que “la alteración de las reglas del juego es percibida como un antídoto al descontento social”. Sin embargo, concluyen que el cambio constitucional se debe hacer bajo un esquema incluyente, ya que “si se opta por una agenda acotada y mecanismos de cambio o reforma constitucional excluyentes y cerrados, el descontento social se agudizará y la incertidumbre se incrementará”.

Opinión de Álvaro Ramis, Javiera Parada y Genaro Cuadros sobre momento Constituyente en Chile. En una carta al Director publicada el 17 de octubre pasado en El Mercurio, Álvaro Ramis, Javiera Parada y Genaro Cuadros defendieron la idea de que en Chile el momento constituyente sigue vigente, a pesar de que en la actual campaña electoral el debate constitucional ha pasado a segundo plano. En particular, la columna ofrece dos razones que evidencian que el factor constitucional sigue abierto y que lo seguirá estando en los próximos años. El primero de ellos, sería el proceso constituyente impulsado por la Presidenta Bachelet entre 2015 y 2016, el cual generó una discusión constitucional convocando a un “amplio espectro social y político”. Afirman que, independiente del cause que tome la reforma al capítulo XV de la actual constitución para permitir el reemplazo constitucional, este proceso dejó abierto una serie de demandas constitucionales que “reflejan de forma explícita una profunda movilización y deliberación constitucional”. Por otra parte, las causas que motivaron el despliegue del “momento constituyente” siguen estando presentes y no han encontrado ningún arreglo institucional que las resuelva. La “crisis” de la constitución vigente mantiene el malestar ciudadano, siendo necesaria una respuesta constitucional para resolver estos conflictos. Dado lo anterior, la carta concluye que es necesario que el debate de las elecciones incluya también el asunto constitucional, pues hasta el momento ha estado disociada de este problema.

Respuesta de Claudio Alvarado. El 18 de octubre el abogado Claudio Alvarado del Instituto de Estudios de la Sociedad publicó una carta en El Mercurio, donde replicó la carta publicada en el mismo medio el día anterior por Javiera Parada, Álvaro Ramis y Genaro Cuadros donde instan a la permanencia de un momento constituyente en Chile. Alvarado cuestiona la “retórica y sus énfasis, tanto en los procedimientos como en un ambiguo y generoso lenguaje de derechos”, que también caracterizó al discurso constitucional del actual gobierno, impactando en la estrategia adoptada. Sin embargo, señala que esta última no habría tenido resultados, pues a pocos meses de terminar la administración de la presidenta Bachelet, el gobierno no ha logrado siquiera presentar su proyecto de nueva Constitución, incumpliendo su promesa de establecer una nueva Constitución nacida en Democracia. Lo anterior llevaría a reflexionar que existen buenas razones para proponer un cambio constitucional, sin embargo afirma que este debe llevarse a cabo de otra manera, siendo necesario “subrayar los contenidos y las propuestas específicas” ya que sería la única forma de propiciar los amplios acuerdos que se requieren para un proceso de esta envergadura.

Carta de Álvaro Ramis, Javiera Parada y Genaro Cuadros sobre “Participación e inclusión”. El 23 de octubre pasado Álvaro Ramis, Javiera Parada y Genaro Cuadros, respondieron por medio de  una carta a la misiva de Claudio Alvarado, en la que criticaba que el debate constitucional se haya centrado en los procedimientos y en un lenguaje de derechos, invitando a debatir los contenidos y propuestas concretas. La carta del día 23 sostiene compartir la idea de alcanzar los acuerdos necesarios sobre el cambio constitucional a partir de un “debate sobre contenidos y propuestas específicas”, sin embargo, sus autores enfatizan que su preocupación “radica en definir la naturaleza de esos acuerdos”, garantizando la mayor inclusividad  y apertura hacia la ciudadanía. Lo anterior, les ha llevado a sostener que la Asamblea Constituyente sería la mejor alternativa para garantizar estos criterios aportando al país “una nueva Constitución nacida en democracia y no atada a los acuerdos hechos en dictadura”.

Opinión de Marcela Sandoval (RD) sobre Asamblea Constituyente paritaria. En una columna de opinión publicada en Cooperativa el 18 de octubre pasado, Marcela Sandoval, Exsecretaria General de Revolución Democrática y actual candidata a Diputada, se refirió a la necesidad de establecer una Asamblea Constituyente como mecanismo para elaborar una nueva Constitución, en particular una Asamblea Constituyente paritaria, en la que exista igual representación de hombres y mujeres. La columna comienza explicando por qué la conformación de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Carta Fundamental es uno de las principales propuestas del Frente Amplio, destacando además de su origen ilegítimo, su incapacidad de adaptarse a las nuevas demandas sociales y a su dificultad para resolver el déficit de participación ciudadana tras el retorno a la democracia. Así, sostiene que se propone una Asamblea Constituyente ya que no solamente contribuye a “mejorar los estándares de participación en el proceso”, sino que además  está orientada a representar a toda la sociedad. De igual modo argumenta que de conformarse dicho organismo debe tener un carácter paritario, donde a diferencia de lo que ocurre actualmente en el Congreso, no exista una asimetría entre en el número de hombres y mujeres que nos representen.

Editorial de El Mercurio sobre “¿Una Constitución electoral?”. El diario El Mercurio en su editorial del día 20 de octubre abordó la discusión generada por el anuncio de la presidenta de que enviará el proyecto de Nueva Constitución al Congreso antes de mediados de diciembre, es decir antes de la segunda vuelta presidencial. Según el editorial, más allá de las consideraciones políticas de si este es o no un asunto que concita el interés por parte de la ciudadanía, “la oportunidad en que se pretendería dar a conocer el proyecto marca un hecho inédito en las últimas décadas”. En particular, establecer un debate sobre las bases jurídico-políticas de un país durante la definición presidencial llevaría a reflexionar sobre la “responsabilidad pública” que subyace a esta decisión. De ser esto una estrategia electoral, el editorial advierte que marcaría el fin de una tradición republicana de evitar “la tentación de usar legislaciones relevantes y permanentes como instrumentos de campaña”. Asimismo, cuestiona el ambiente de secretismo en el que se ha redactado este proyecto de nueva Constitución y que “contraviene el discurso sobre un proceso participativo”. Esta última condición, solamente se ha cumplido con el despliegue de cabildos ciudadanos en los que el nivel de participación habría sido “porcentualmente bajo” y sus resultados “política y jurídicamente difusos”, con conclusiones muy genéricas difíciles de traducir en opciones constitucionales precisas. Lo anterior, lejos de justificar el secretismo que ha imperado en la fase de redacción del proyecto, debería conducir a la reflexión sobre la verdadera necesidad de refundar la institucionalidad vigente.

Opinión de Gonzalo Müller sobre anuncio constitucional. El analista político Gonzalo Muller, publicó una columna de opinión el 21 de octubre pasado en el sitio web de Teletrece en la que criticó el anuncio de la Presidenta de que enviará el proyecto de nueva Constitución al Congreso después de la primera vuelta presidencial. Esta decisión llama la atención, sostiene, pues el gobierno habría asegurado con anterioridad que por ahora no habría una nueva Constitución y que sería el próximo Congreso el que debería decidir el mecanismo, en caso de que por dos tercios aprobaran la reforma al Capítulo XV para modificar la Constitución. De ahí que para Müller surge la pregunta sobre lo que realmente se busca al llevar a la agenda este tema en medio de la segunda vuelta electoral. En primer lugar, especula que esta decisión se debería a que el Gobierno y la Presidenta considerarían el asunto constitucional todavía necesitaba ser planteado como un problema social, pues actualmente no sería un tema convocante y urgente en la sociedad. Por otra parte, argumenta que la segunda vuelta sería la única esperanza de la izquierda para evitar el triunfo de Sebastián Piñera, quien junto con sus parlamentarios deberán pronunciarse sobre la nueva Constitución a semanas de una elección decisiva. Así tras esta decisión, se escondería la pretensión de unir a la izquierda para derrotar a Piñera y obtener “la vía libre a una nueva Constitución”.  

Proceso Constituyente indígena

Opinión de Marcial Colín sobre consulta de reconocimiento constitucional. En una columna de opinión publicada en El Quinto Poder el 6 de octubre pasado, el Consejero de la CONADI Marcial Colín, abordó los acuerdos y tensiones latentes en el proceso de consulta previa para el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. En primer lugar, advierte que varias organizaciones indígenas han decidido restarse del proceso, ya sea por experiencias de consulta previas o por desconfianza hacia el Gobierno, lo que ha llevado a que  sectores “clientelares de programas de gobierno o individuos desinformados” asistan a estas reuniones sin cuestionar en profundidad ni el contenido de las medidas a consultar, ni la forma cómo se ha desarrollado la consulta. Esta situación, llevó a que Consejeros de la CONADI exigieran al  gobierno definir una instancia donde se adoptaran los acuerdos y una modificación en las medidas consultadas, lo cual implica el compromiso de que se llegará al diálogo con un texto que incluirá los derechos exigidos tanto por este organismo como por quienes participaron del proceso y fueron incluyendo algunas medidas. Asimismo, se definió que el Sistema de Naciones Unidas en Chile se incorporaría al proceso como “orientador y garante”, entregando garantías a los pueblos indígenas tanto en el debate como en la adopción de acuerdos.

Opinión de Diego Ancalao sobre Plan Araucanía. En una columna de opinión publicada en La Nación el 13 de octubre pasado, el dirigente político mapuche  Diego Ancalao, analizó en profundidad el “Plan Especial de Inversiones para el Desarrollo y Territorial de la Araucanía”, conocido como “Plan Araucanía”. En primer lugar, precisó que dicha iniciativa contempla varias de las recomendaciones del informe elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la Araucanía. Entre las medidas a desarrollar se cuentan el reconocimiento constitucional y la participación política indígena; acceso preferente a subvenciones y subsidios del MINVU; creación de un programa de Desarrollo productivo en la región; incentivos tributarios para las empresas que se ubiquen en las comunas más pobres; y la creación de un programa de reparación de víctimas de la violencia en la región. En este sentido, argumenta que el plan tiene un foco especial en la parte económica y social, lo cual es destacable. Sin embargo, no se hace cargo de la dimensión política del problema y no representa nada nuevo de lo hecho hasta ahora. Así, sostiene que medidas administrativas como el acceso preferente a ciertos subsidios del MINVU y la creación de programas en INDAP parecen ser sólo reorientaciones de medidas que ya están desarrollándose. Finalmente, advierte que si bien este plan, cuya duración será de cinco años, tendría un costo de casi 300 millones de pesos en 2017, se observa que la mayoría de las acciones que comprende “corresponderán exclusivamente a reorganización de presupuestos públicos”.

Opinión de Marcial Colín sobre derecho a la libre determinación. El 16 de octubre pasado el Consejero de la CONADI Marcial Colín, publicó una columna de opinión en El Quinto Poder, donde remarcó la importancia que tiene para los pueblos indígenas el derecho a la libre determinación y que ha sido uno de los más priorizados por las comunidades mapuches en las discusiones sobre los derechos que debería contener una nueva Constitución. De ahí que sostiene que el Estado debe “asumir que la existencia actual de las naciones indígenas, plenamente vigentes, da cuenta de la capacidad política que han tenido para sobrevivir a pesar de todo lo que se ha impuesto”. Asunto que también ha sido reconocido por las Naciones Unidas, que lo establece como un derecho fundamental en el preámbulo de su declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en 2007. Por lo tanto, concluye que debido a que este es el eje central para las relaciones armoniosas entre el Estado y los pueblos indígenas, se espera que en el debate o diálogo establecido en el proceso de consulta previa sobre reconocimiento constitucional, sea también “uno de los derechos fundamentales a ser reconocidos en la Constitución Política”.

Opinión de Sebastián Donoso sobre consulta a pueblos indígenas. El 18 de octubre pasado el abogado y profesor de Legislación Indígena de la Universidad Católica Sebastián Donoso envío una carta al diario La Tercera en la que se refirió al proceso de consulta indígena impulsado por el gobierno para redactar el proyecto de reforma constitucional que presentará ante el Congreso. En particular, subrayó el riesgo que representa ver este proceso como un asunto que compete solamente al gobierno, al Congreso y a los pueblos indígenas; es decir “como un proceso de negociación política entre el Estado y ellos, al que el resto de los chilenos asistimos como espectadores”. La carta reclama que el proceso debe interpelar “a todos los chilenos, indígenas o no indígenas”, pues se trata de definir cómo serán incorporados dichos pueblos en la Constitución Política, lo que implica el reconocimiento de su existencia y de sus derechos. Si bien habría relativo acuerdo en reconocerles el “derecho a mantener sus tradiciones, costumbres e instituciones propias”, existirían otras temas de mayor controversia, como el avanzar hacia un Estado Plurinacional, hacia nuevas formas de participación política especiales, o la regulación de estatutos autonómicos. Todo lo anterior advierte, “nos debe motivar a reflexionar sobre cómo vamos a delinear en la Constitución el país que queremos construir, uno que incluya efectivamente a los pueblos indígenas”.

Tribunal Constitucional

Opinión de Pablo Ruíz Tagle sobre las críticas al Tribunal Constitucional. El 7 de octubre pasado el abogado Pablo Ruiz Tagle escribió una columna de opinión en La Tercera, en la que se refirió a las críticas que ha recibido dicho Tribunal a raíz de la  declaración pública que envió el 29 de septiembre referida a los préstamos del Banco del Estado a parlamentarios que son candidatos para las próximas elecciones. En particular, sostiene que este tribunal ha sido criticado con justicia por sus atribuciones preventivas y las facultades que ejerce de oficio, por la extensión y coherencia de sus resoluciones y por la responsabilidad constitucional y la posibilidad de acusar a sus integrantes”. Por lo que se han propuesto varias medidas, como revisar su integración y sistema de nombramientos, además de que todos los casos en los que deba pronunciarse sean a petición de parte. Pese a ello, el abogado advierte que por muy buenas que sean las intenciones de este Tribunal, sus declaraciones públicas “no deben confundirse con el ejercicio reglado de sus atribuciones”. En este sentido, la declaración del 29 de septiembre, que surge “de oficio y por sorpresa de parte del Tribunal” constituye una clara imprudencia comunicacional “que no parece hacerse cargo de estas objeciones”.

Opinión de Domingo Lovera sobre declaración del TC. El 8 de octubre pasado el abogado Domingo Lovera publicó una columna de opinión en La Tercera, en la que se refirió a la declaración emitida por el Tribunal Constitucional sobre la supuesta inhabilidad de parlamentarios en ejercicio para acceder a créditos del Banco Estado. Más que centrarse en el contenido de la declaración, Lovera destacó algunos aspectos institucionales que despertaron su preocupación. En primer lugar, sostuvo que el TC no tiene atribuciones para emitir este tipo de declaraciones, si bien en algún momento ha entregado comunicados de prensa, lo ha hecho para informar sobre resoluciones que han concitado un interés especial como por ejemplo la reciente ley que despenaliza el aborto en tres causales. Sin embargo, en esta situación el TC hizo esta declaración para “resolver una disputa constitucional sobre la que no ha sido requerida”. Por otra lado, sostiene que esta especie de “vigilancia constitucional activa” que ha demostrado el TC el último tiempo, es problemática debido a las interacciones institucionales. Si bien es correcto que solamente dicho tribunal puede declarar esta inhabilidad parlamentaria, de ello no se sigue que “solo a él le corresponda tomar decisiones al amparo de esas reglas constitucionales”.

Opinión de Axel Buchheister sobre declaración del TC. El 8 de octubre pasado el abogado Alex Buchheister publicó una columna de opinión en La Tercera para referirse a las declaraciones emitidas por el Tribunal Constitucional, ante la negativa del Banco Estado a entregar créditos a parlamentarios para sus candidaturas pues la Constitución estipula que cesan de sus funciones los parlamentarios que celebren contratos con el Estado. Si bien el Banco Estado no ha entregado los préstamos solicitados, por lo que no se configura la causal de cesación y no hay litigio posible, de igual modo el TC entregó una declaración pública al respecto señalando que los préstamos del Banco Estado para financiar campañas “no están entre los contratos que causan la cesación de parlamentarios”. Esta declaración emitida por el Tribunal, según Buchheister infringe varias normas constitucionales, tales como que “toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado” o aquella que enumera taxativamente los casos en los que el TC puede ejercer sus atribuciones, no figurando  la de “dirimir debates públicos”.