Propuesta para el Reglamento de la Convención Constitucional


La Red de Centros de Estudios por una nueva Constitución aspira a contribuir a la discusión pública sobre el reglamento de funcionamiento de la Convención Constitucional, razón por la cual hemos elaborado propuestas que sirvan como insumo a los candidatos y candidatas para su uso y discusión durante la campaña y, de esta manera, facilitar su aprobación una vez iniciado el trabajo de la Convención. Estas ideas tratan sobre materias fundamentales que buscan fortalecer la legitimidad del órgano constituyente y del proyecto constitucional que se elabore para ser ratificado en el plebiscito acordado en itinerario constitucional.

El documento, que puede ser descargado aquí, fue elaborado por las siguientes organizaciones: Centro Democracia y Comunidad, Chile 21, Chile Movilizado, Fundación Participa, Fundación por la Democracia, Fundación Socialdemócrata, Horizonte Ciudadano, Instituto Igualdad, La Alameda, La Brújula, La Casa Común, Red de Estudios para la Profundización Democrática, Red Liberal, Rumbo Colectivo,

Galería Observatorio del Proceso Constituyente presenta informe a un año de funcionamiento

El director del Observatorio, Ernesto Riffo, realizó un análisis crítico que fue comentado por la ex Presidenta Michelle Bachelet, la ex integrante del Comité de Sistematización del proceso constituyente María Cristina Escudero y el académico de Derecho UC Sebastián Soto.

Con comentarios de la ex Presidenta Michelle Bachelet y la presencia del Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, este lunes 23 de abril se realizó en la Casa Central de dicha casa de estudios la presentación del Informe Un Año del Observatorio del Proceso Constituyente de la Fundación RED.El texto, presentado por el Director del Observatorio, Ernesto Riffo, realiza un análisis crítico de la iniciativa de cambio constitucional impulsada primero desde la ciudadanía y luego desde el Gobierno pasado.

Entre otros aspectos, el informe del Observatorio valoró la etapa participativa del proceso constituyente como una oportunidad para que la ciudadanía se involucrara “de forma intensa” en la reflexión constitucional, pero criticó la manera en que se formuló el proyecto de nueva Constitución y el de reforma al capítulo XV de la carta fundamental.

“El diseño del proceso separó de forma tajante la participación y la fase institucional. Los debates ciudadanos finalmente no tuvieron un impacto directo en la toma de decisiones posterior”, señaló Riffo.

Asimismo, el análisis del Observatorio criticó la forma en que se llevó a cabo el proceso constituyente indígena: “La propuesta inicial del gobierno que fue sometida a consulta indígena dista del articulado del proyecto final que presentó el Ejecutivo”, explicó Ernesto Riffo.

A continuación, la ex Presidenta Bachelet realizó sus comentarios, destacando la etapa participativa y el involucramiento de personas que invirtieron su tiempo libre en “dialogar con conocidos y desconocidos sobre el Chile que queremos”.

“Hay una demanda de las personas de ser escuchadas y muchas dejaron el escepticismo imperante. El proceso participativo fue incluso un proceso sanador. Esas ganas de pensar el país que queremos, esa energía social no puede perderse”, aseguró.

Si bien señaló que la discusión constituyente “sigue abierta”, reconoció que la iniciativa de cambio constitucional de su gobierno no fue completada.

“Tengo plena conciencia de que no logramos concluir a cabalidad el proceso constituyente, por varias razones. Había que crear las condiciones para que el proyecto fuera viable dentro de la correlación de las fuerzas existentes”, planteó.

Luego, se realizó un panel de comentarios con la participación de María Cristina Escudero, ex integrante del Comité de Sistematización de la etapa participativa del proceso constituyente, y Sebastián Soto, profesor de Derecho Constitucional de la UC.

Sebastián Soto se planteó como un “escéptico” del proceso constituyente. “Nos dicen que la constitución está enferma pero nadie nos dice qué es lo que hay que mejorar”, afirmó.

“La Constitución sí tiene espacios para perfeccionarse, pero no es necesario cambiar toda la Constitución. Hemos ido tomando conciencia de que este proceso es largo y lento, de la importancia del tiempo y de la desinteligencia de crear momentos constitucionales que intentan romper con el pasado”, agregó el académico.

Además, planteó que el contenido de la carta fundamental debe ser acotado y no maximalista. “Hay una tensión entre la expectativa de la Constitución y lo que la Constitución realmente puede hacer”, señaló.

En tanto, María Cristina Escudero afirmó que el proyecto de nueva Constitución enviado por la ex Presidenta al Congreso “recoge muchos de los contenidos de las bases ciudadanas emanadas de la etapa participativa del proceso constituyente”.

En respuesta a los dichos de Soto, Escudero agregó: “Sí hay una enfermedad en la Constitución: es la deslegitimidad de origen, pues fue hecha en dictadura, y la deslegitimidad de ejercicio, por el modelo que dicha Constitución impone”, aseguró.

La académica además destacó el rol de la sociedad civil como primera impulsora del proceso. “Sin esta presión ciudadana y la voluntad política no hubiésemos tenido este proceso constituyente. Y está en manos de la sociedad civil presionar para que este proceso constituyente continúe”, indicó.

En tanto, el Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, destacó la realización del proceso constituyente como una instancia en que la sociedad pudo “pensar su identidad”. Asimismo, destacó el rol público de la casa de estudios para involucrarse en dicha iniciativa. “Para nosotros como Universidad de Chile es un privilegio haber jugado un rol de apoyo en este proceso constituyente”, aseguró.

Fotografías: Alexander Brown.

Entrevista a Hélène Landemore

 

Teórica política Hélène Landemore:

Apertura y  ‘tomar a los ciudadanos en serio’ son claves para el éxito de un cambio constitucional

Entrevista de Claudia Heiss para el Observatorio del Proceso Constituyente en Chile.

Hélène Landemore, profesora de ciencia política de la Universidad de Yale y doctora por la Universidad de Harvard, visitó recientemente Chile para abordar algunos desafíos de la democracia contemporánea y discutir el papel de la participación deliberativa en la elaboración constitucional. Invitada por el Congreso del Futuro y Fundación Tribu, tuvo una agenda intensa: expuso en el “Congreso del Futuro”, el Foro “Democracia 2050”, organizado por ICARE y Tribu, y en el seminario de Flacso-Chile y Tribu “Procesos constituyentes y el caso de Chile”. En este último, tomó ejemplos de una detallada descripción del proceso constituyente en Islandia para explorar el papel de la participación, la representación a través de sorteo en vez de elecciones, y el uso de tecnologías de “crowdsourcing” para abrir el debate político a la población general. Al término de esta conferencia, la académica dedicó algo de su tiempo al Observatorio del Proceso Constituyente en Chile para conversar sobre participación y elaboración constitucional.

¿Qué papel juega la participación ciudadana en procesos constituyentes? ¿Qué tipo de involucramiento y participación le parece que serían los más deseables?

Lo que por mucho tiempo solíamos querer decir con participación era “hagamos un referéndum”. La gente se ha cansado de eso. No basta con tener la última palabra. Si no has tenido el derecho de dar forma y determinar el contenido de lo que se está decidiendo, tu palabra final no significa mucho. Los franceses y holandeses rechazaron la Constitución Europea el 2005 por esa razón. Dijeron “esta no es la constitución que queríamos”. La pregunta entonces es cómo incrementar la participación de manera que sea más significativa y tenga lugar a través de todo el proceso: al comienzo, en el medio y al final. La gente debe poder incidir en determinar la agenda del debate y en discutir el modelo de elaboración constitucional. Siempre uso el proceso constituyente de Islandia como un buen ejemplo de cómo implementar esa participación, pero incluso ellos pudieron haber sido más inclusivos. El Foro Nacional en Islandia estaba compuesto por 950 personas que se reunieron a pensar sobre valores que querían ver consagrados en el texto constitucional; pudieron haber tenido una fase de crowdsourcing [colaboración masiva] a ese nivel, para asegurarse de que no estaban olvidando perspectivas importantes. Adicionalmente, el Foro Nacional pudo haberse replicado a nivel de las ciudades en cuerpos similares de ciudadanos (con algunos mecanismos para enviar sus inputs al Foro Nacional), de manera de lograr que la mayor cantidad de grupos ciudadanos hablara sobre la constitución. Es cierto que hay límites a lo que es factible: incluir a la ciudadanía, por ejemplo, a través de asambleas de varios cientos de personas elegidas al azar, es un procedimiento costoso. Pero también garantiza una enorme ganancia en la legitimidad y la calidad del producto, y en la probabilidad de que tenga éxito, tanto en el sentido de generar buenos resultados como de ser respaldada por la población.

No me gusta mucho la noción de “democracia directa”. En vez de eso, propongo un nuevo concepto de “apertura” donde no es necesario que participes directamente en el proceso de toma de decisiones pero tienes la oportunidad de involucrarte si lo deseas. Si un proceso es abierto, significa que existe igual oportunidad de participar. Un proceso abierto puede no involucrar necesariamente participación masiva, pero es accesible a los ciudadanos comunes a través de mini-públicos como el Foro Nacional, pero también a través de plataformas deliberativas y de crowdsourcing y a través de la transparencia de todo el procedimiento. Sobre la base de lo que la gente ve y entiende del proceso, pueden elegir participar o no en la fase deliberativa. Pueden decir “quienes ya están participando están haciendo un trabajo suficientemente bueno, así que no es necesario que yo aporte”, o “falta esto o aquello, tengo que decir algo”. Por el contrario, cuando un proceso es opaco, entonces no sabes si necesitas o no participar porque no tienes toda la información necesaria para tomar una decisión.

Lo que podrían intentar en Chile es una versión del modelo islandés donde, en la etapa de redacción, quienes elaboraron el texto sometieron a crowdsourcing su borrador poniéndolo en internet en distintos momentos. De esa manera reunieron mucha retroalimentación útil que luego se incorporó al borrador final –cerca del 10% de los comentarios hicieron alguna diferencia causal en el texto–. También se podría implementar algo así como un derecho de iniciativa, para que la gente pueda enviar una propuesta a la Asamblea Constituyente y que la Asamblea al menos la discuta y entregue alguna respuesta sobre por qué decidió tomarla o no en consideración. En Islandia, donde estaban probando el crowdsourcing en un contexto constitucional por primera vez en la historia, puede que hayan pasado por alto grandes propuestas por falta de tiempo, malentendidos o desalineación ideológica. No estaban completamente preparados para procesar todos los aportes que recibieron. La gente probablemente pudo haber puesto más temas sobre la mesa. ¡Hay tantas maneras de reinventar los procesos constitucionales! Tenemos que ver todas las opciones de diseño constitucional y sólo después considerar las restricciones políticas y económicas. Tendemos a suponer las restricciones primero, y sólo después pensar en el diseño. Seamos ambiciosas respecto del diseño primero, y luego veamos qué es factible.

Los estudios empíricos parecen haber sido incapaces, hasta ahora, de producir evidencia concluyente de que la participación ciudadana afecta los resultados constitucionales en alguna dirección en particular. ¿En qué forma crees que el proceso afecta al resultado?

La evidencia es mixta, en parte porque los investigadores usan distintos conceptos de participación (¿estamos hablando de un referéndum o de una genuina deliberación? ¿la participación tiene lugar al comienzo del proceso, durante la etapa de redacción, o sólo al final?) o la miden de formas diferentes, lo que hace aún más difícil comparar resultados.

Los resultados [outcomes] que analizan los investigadores también son muy distintos. Algunos investigadores intentan medir el impacto de la participación en los niveles de democracia tras la implementación de una nueva constitución. Eisenstadt, Levan y Maboudi,[1] por ejemplo, han mostrado que casos de participación popular en la etapa de redacción muestran niveles superiores de democracia post-implementación. John Carey[2] sostuvo que procesos constitucionales más inclusivos dan como resultado sistemas políticos más democráticos, moderados y duraderos. Del lado negativo, en países en transición desde un régimen autoritario, o después de una guerra o guerra civil, la participación puede las cosas peores, dando resultados menos liberales (que generalmente consideramos como “peores”).[3] Las investigaciones a menudo se han hecho en contextos de crisis. Sin embargo, si lo haces de forma correcta y en las circunstancias apropiadas, la teoría predice que deberías obtener un mejor texto con un proceso más participativo; una democracia más estable, porque la gente se beneficia del sistema que se produce y el proceso tiene mayor legitimidad.

Otro problema es que muy a menudo “participación” es sólo una forma que tiene el poder de comprar legitimidad a bajo costo. Eso ocurrió en Sudáfrica. Dos millones de presentaciones (desde firmas hasta cartas) quedaron sin ser leídas porque los partidos políticos ya habían establecido los términos del acuerdo. El gobierno le dio a la gente la ilusión de que su voz importaba pero al final no la escucharon. Este tipo de participación puede ser mejor que nada en términos de valor simbólico y en términos de las expectativas democráticas que crea en la población, pero también es peligrosa. El peligro es que si haces esto muy seguido –crear expectativas y luego defraudarlas engendras cinismo– y descompromiso entre los ciudadanos. Si les vas a pedir participación a los ciudadanos, deberías pensar bien tu diseño institucional y cómo vas a sacar el máximo provecho del tiempo y los aportes de la gente. Deberías tomarte en serio a los ciudadanos.

Sobre la base de su estudio sobre Islandia y tal vez también en el caso chileno, ¿cuáles cree que son los principales pros y contras de separar una fase de consulta participativa de la elaboración efectiva de la constitución?

Creo que hay un gran problema conceptual. Si pasas toda la información reunida en la primera etapa a través del estrecho filtro de unas pocas personas en la cima, habrá una enorme pérdida, sin importar lo bienintencionada que sea la gente que está filtrando. Es importante infundir principios participativos a través de todo el proceso. La elaboración constitucional debería hacerse por una asamblea específica, reunida para ese propósito específico, de preferencia elegida, tal vez seleccionada al azar. Podría ser mixta: en parte seleccionada al azar y en parte electa, como en Irlanda. No tengo la respuesta y ningún experto la tiene. Esta asamblea debería consultar ampliamente, a través de plataformas deliberativas y de crowdsourcing donde todos los ciudadanos puedan entregar alguna retroalimentación a los constituyentes. Los mecanismos y procedimientos mismos deberían ser discutidos de manera democrática, con amplio escrutinio por todos los ciudadanos. La verdadera demostración de que un gobierno confía en su propio pueblo es cuando incluyes al pueblo en la redacción de la constitución misma.

Parece inevitable que la redacción final de una nueva constitución la realice un grupo pequeño de personas, a pesar de lo participativo que haya sido el proceso hasta ese punto. ¿Cómo debería hacerse la redacción misma para garantizar la legitimidad del texto resultante?

Es inevitable. No puedes tenernos a todos redactando la constitución. Es bueno que lo haga un cuerpo que rinda cuentas. Pero puede ser abierto. Puede ser receptivo a lluvias de ideas, a recibir insumos y modificar sus ideas a la luz de ellos. Una Asamblea Constituyente me parece el mejor modelo en general.

Si la redacción ocurre en un cuerpo representativo como una Asamblea, Congreso, o algún otro tipo de órgano, ¿qué características debe tener para preservar la legitimidad que otorga un proceso participativo?

Debería explicar sus elecciones. Entablar un diálogo y deliberación con la gente. Tiene que explicar y entrar en una conversación. La discusión debería incluir a ciudadanos corrientes, políticos comunes y constituyentes. Para que ocurra una conversación de este tipo, los medios de comunicación tienen una importante responsabilidad. El islandés es una nota de advertencia desde este punto de vista, porque los medios islandeses hicieron un mal trabajo de cobertura del trabajo del concejo constitucional.

¿Cómo deberían elegirse los integrantes del cuerpo representativo a cargo de la redacción? ¿Es recomendable que el Congreso mismo elabore una nueva Constitución o debería ser un órgano totalmente separado?

El Congreso es el menos creíble para esa tarea. Las asambleas electivas que ya están en el poder no son adecuadas para crear una nueva constitución. Debería ser una asamblea para una vez, creada para la tarea específica de redactar la constitución, a fin de prevenir la promoción de intereses creados a través del diseño constitucional.

Referencias

[1] Constituents Before Assembly: Participation, Deliberation, and Representation in the Crafting of New Constitutions, Cambridge University Press, 2017.

[2] “Does It Matter How a Constitution Is Created?”, en Zoltan Barany y Robert G. Moser, eds., Is Democracy Exportable?, Cambridge University Press, 2009.

[3] Véanse Abrak Saati, The Participation Myth: Outcomes of Participatory Constitution Building Processes on Democracy., tesis doctoral, Umeå University, 2015; William Partlett, “The Dangers of Popular Constitution-Making”, en Brooklyn Journal of International Law 38 (1), 2012; y Nathan Brown, “Islam and Constitutionalism in the Arab World: The Puzzling Course of Islamic Inflation.” en Aslı Bali and Hanna Lerner, eds., Constitution Writing, Religion, and Democracy, Cambridge University Press, 2016.

 

Hélène Landemore es autora de Hume. Probabilité et Choix Raisonnable (PUF: 2004) y Democratic Reason: Politics, Collective Intelligence, and the Rule of the Many (Princeton University Press 2013), donde defiende una democracia basada en la inteligencia colectiva que genera la inclusión de ciudadanos con ideas diferentes. También es co-editora, junto a Jon Elster, de Collective Wisdom: Principles and Mechanisms (Cambridge University Press 2012).

Actualmente desarrolla un proyecto sobre tecnología digital y teoría democrática y trabaja en su próximo libro: Open Democracy: Reinventing Popular Rule for the 21st Century, donde teoriza acerca de una alternativa a la democracia representativa sobre la base de ejemplos concretos de innovaciones de democracia participativa y deliberativa.

Entrevista a María Cristina Escudero

Exintegrante del Comité de Sistematización del proceso constituyente:

“Piñera debe decidir si quiere pasar a la historia como pasaron las reformas constitucionales de Lagos en 2005 o si quiere hacer algo más”

 

Mientras el Gobierno saliente prepara el proyecto de nueva Constitución para enviarlo al Congreso en enero, el Presidente electo ha señalado que sólo hará modificaciones parciales a la actual carta fundamental. María Cristina Escudero, integrante del equipo que analizó y sistematizó las opiniones de los diálogos ciudadanos sobre la Constitución en 2016, plantea que el futuro mandatario debe recoger dichos insumos.

Por Mariana Ardiles Thonet

María Cristina Escudero no cree que el proceso de cambio constitucional haya tenido su punto final. “El tema está ahí y la Constitución sigue siendo la misma”, señala. Pese a que el Presidente electo, Sebastián Piñera, no propone crear una nueva carta fundamental, la ex integrante del Comité de Sistematización de la etapa participativa del proceso constituyente afirma que las modificaciones a la Constitución no deberían recaer en un solo gobierno y que suelen ser extensas: “La política comparada muestra que los momentos constituyentes van in crescendo. Cada vez es más difícil de resistir”, indica.

Doctora (c) en Ciencia Política UC, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y especializada en la sustitución de las cartas fundamentales —su tesis doctoral aborda los reemplazos constitucionales en democracia en América Latina—, Escudero explica que estos procesos son impulsados por la ciudadanía, pero que también requieren acuerdos de las élites.

Además, plantea que la formación ciudadana es importante para que las personas comprendan cómo inciden en sus vidas las normas contenidas en la carta fundamental. “Cuando se les pregunta a los ciudadanos directamente en encuestas, ellas dicen que quieren una nueva Constitución. Pero si se les pide indicar sus temas prioritarios, la gente no indica un asunto político como éste. La política está muy desacreditada y la Constitución no va a aparecer más arriba que salud o educación a menos de que haya una contingencia. Con educación cívica sería más fácil hacer la conexión de que si existe un Estado subsidiario, por ejemplo, no van a tener un Estado de bienestar. Todavía se ve la Constitución muy arriba, en temas políticos”, asegura.

La Presidenta Bachelet le señaló a Sebastián Piñera que presentará el proyecto de nueva Constitución próximamente. Sin embargo, en su campaña, el Presidente electo dijo que haría reformas constitucionales, no un reemplazo. ¿Qué debería hacer él con dicho proyecto?

—Lo más importante es que el proyecto de la Presidenta Bachelet va a tener los insumos de la etapa participativa del proceso constituyente. Eso es muy valioso, pues se le preguntó a la ciudadanía, ésta tuvo mecanismos de hacer llegar su preferencia y estas preferencias se analizaron metodológicamente para generar un insumo que es trazable, confiable y que el mismo Presidente Piñera puede revisar. No sería positivo que esos insumos se perdieran, porque se incentivó a la ciudadanía en un proceso que no estuvo teñido por un color político ni dirigido desde la Presidencia para lograr a ese sector le convenía. Eso se ve en las propias Bases Ciudadanas. Los procesos constituyentes continúan aunque los líderes no quieran, lo que pasa es que tienen altos y bajos. Puede que Piñera sienta que el proceso no está en un alto, pero después vuelven a surgir. Se trata de procesos de larga data, pueden durar diez años. Si él no quisiera hacer una asamblea constituyente, que es como el ícono más notorio de un proceso constituyente, y quisiera hacerlo a través del Congreso, que también es un mecanismo válido para hacer un reemplazo constitucional, lo puede hacer a través de reformas. Sigue siendo un proceso constituyente. Ahora, si él no promulga una nueva Constitución, la ciudadanía juzgará si va a ser suficiente o no para legitimar las nuevas reglas del juego. Pero lo que sí debería hacer el nuevo Presidente es escuchar lo que la gente dijo en las Bases Ciudadanas y que va a estar reflejado en el proyecto de la Presidenta Bachelet, y ver qué es lo que a él lo convence para avanzar en las nuevas reglas del juego que el país se quiere dar.

En la campaña de Sebastián Piñera el tema del cambio constitucional no era prioritario, a diferencia de lo que ocurría con otros candidatos. Él hizo una suerte de comparación con las reformas de 2005 con Ricardo Lagos, y planteó que ahora es necesario modernizar la Constitución. ¿Qué salidas le ves tú a este proceso?

—Piñera va a tener que decidir si quiere pasar a la historia como pasaron las reformas de Lagos en 2005 o si quiere hacer algo más. Si bien las reformas de Lagos fueron muy importantes —porque eliminaron a los senadores designados, que ya es una gran cosa, abrieron el camino para cambiar el binominal, entre otros logros—, la gente no lo consideró suficiente. Al año siguiente ya estábamos con protestas y marchas en la calle. Ese proceso no es un buen referente en cuanto a mecanismo de reforma constitucional.

Se podría esperar que la movilización estudiantil vuelva y que vaya de la mano con la demanda de nueva Constitución.

—Es claro que los momentos constituyentes los produce la ciudadanía. Bachelet tomó un momento constituyente que se fue apagando por la contingencia, pero eso no quiere decir que no vuelva a surgir y que superamos el tema constitucional. Por el contrario, yo creo que la gente está expectante. Tuvimos una elección entre medio, un año difícil en términos económicos, entonces me da la impresión de que no hay que confiarse en que ya no hay momento constituyente, en que eso fue en 2016 y que ya no es así, porque el tema está ahí y la Constitución sigue siendo la misma. Es muy probable que vuelva a surgir: la política comparada muestra que los momentos constituyentes van in crescendo. Cada vez es más difícil de resistir. Va a depender de cómo los liderazgos políticos van canalizando esto, porque a veces la ciudadanía simplemente pasa por arriba del sistema político y eso es lo que hay que tratar de evitar. Ejemplos que a muchos políticos les dan susto, en los que la ciudadanía pasa por arriba del sistema político, son Bolivia y Venezuela. Si la élite política no reacciona a tiempo, la ciudadanía no se detiene.

Cuando el actual Gobierno anunció el inicio del cambio constitucional, planteó un proceso que debería continuar en el Gobierno siguiente. ¿Crees que hubiese sido mejor realizar las diferentes etapas con mayor anterioridad, para así haber llegado con más avance al momento del cambio de mando?

—Mirado desde adelante hacia atrás siempre se puede decir “¿y si hubiera pasado esto?”. Por alguna razón no ocurrieron las cosas. Hubo contingencias, hubo varios desastres naturales entre medio, había que hacer una preparación de la etapa participativa… Pero lo peor que puede pasar es hacer un proceso constituyente que sólo dependa de un gobierno, porque al final tiene que haber un consenso tanto en la ciudadanía como en la élite política. El tema constitucional avanzó, en el sentido de que todos incorporaron esto en sus campañas. Piñera lo incorporó de forma matizada, pero en su programa hay muchas reformas, entendió que había que hacer algo. Probablemente no están muy de acuerdo con la agenda de centroizquierda, pero ahí tiene que construir una agenda. ¿Cuáles son los aspectos principales que el país quiere incorporar en su nueva carta fundamental?

Dado que los procesos constituyentes son largos, puede ser difícil ver esto, pero ¿hay experiencia comparada sobre procesos o intentos de cambio constitucional que hayan quedado inconclusos? ¿Qué ocurre en esos casos?

—Sólo por darte un ejemplo, en Bolivia el proceso constituyente empezó a ser solicitado en 1998, las protestas grandes se produjeron en 2003, las reformas posibilitaron una asamblea constituyente ocurrieron en 2004, la asamblea constituyente se realizó en 2006 y la Constitución recién se promulgó en 2009. Pasaron once años. Se ve un proceso inconcluso durante todo ese período. En Colombia, lo mismo: fue el Presidente Betancur el que empezó el proceso en el año 1985, o incluso antes. Son procesos que demoran en concitar el consenso general. Habiendo dicho esto, sí, un ejemplo de proceso inconcluso, por ahora, porque no sabemos qué va a pasar, es el de Islandia, que partió con mucha motivación ciudadana, pero no hubo una buena compensación en términos de los organismos representativos. Ese proceso está estancado en una discusión política en que nadie cede. Hay que ir mirando lo que pasa con la ciudadanía. Al final es la ciudadanía la que tiene que presionar por sus propios cambios. Islandia sigue funcionando, pero tiene una Constitución inconclusa.

Entrevista a Cristóbal Bellolio: “La asamblea constituyente no debería ser una competencia de ofertones, sino de visiones de mundo”

Para el Doctor en Filosofía Política y profesor de la UAI, en el proceso de cambio constitucional la discusión sobre el mecanismo es más relevante que la del contenido: a su juicio, un proceso imparcial con garantías de participación igualitaria permitiría enfrentar la falta de legitimidad del texto actual.

Pese a haber estado durante varios años cursando sus estudios de Doctorado en Filosofía Política en London University College, Cristóbal Bellolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, se ha mantenido presente en el debate local a través de libros publicados, columnas de opinión, entrevistas en medios y una activa cuenta de Twitter. Ya de regreso en Chile, algunos días antes de las elecciones del 19 de noviembre, el autor de títulos como Pinochet, Lagos y Nosotros: Ensayos sobre la Cuestión Constituyente (Debate, 2015) y Renovación & Reemplazo: Por qué el recambio político es urgente en Chile (Ariel, 2013) conversó en entrevista con Javiera Parada del Observatorio del Proceso Constituyente en Chile y planteó que el momento constitucional de hoy como “un lujo que nuestros padres no tuvieron”.

El académico se pregunta al respecto “¿Cómo no va a ser una oportunidad, entre estos nuevos grupos, incluyendo en este caso a la nueva derecha, mirarse a los ojos y decirse ‘bueno, construyamos juntos las reglas del país en el que nos va a tocar vivir a nosotros y a nuestros hijos’?”. “Todavía estamos a tiempo. Es a nosotros los que nos va a tocar vivir prácticamente toda nuestra vida bajo el ordenamiento que acordemos. Y es una muy buena oportunidad para renovar las estructuras políticas de Chile”, agrega.

—¿En qué sentido el proceso constituyente puede servir para hacerse cargo de la crisis de legitimidad política, desconfianza en las instituciones y desafección ciudadana?

Eso es una apuesta. Porque a diferencia de otros, particularmente en la izquierda –y con esto particularmente me refiero a algunos discursos como los de Garretón y otros que creen que la Constitución tiene propiedades mágicas–, yo creo que eso es ridículo. La Constitución no hace mejores a las personas ni necesariamente reestablece vínculos de confianza entre representantes y representados.

Lo que sí me parecía a mí importante era que, particularmente los nuevos referentes políticos fueran capaces de plantear un modelo político distinto al que heredaron y que viene contaminado. Esa oportunidad constitucional podría haber dado paso, como una especie de anexo, a un acuerdo político que quizás tuviera que ver con amistad cívica, ciertas confianzas extra ideológicas. Yo tengo la impresión, puedo estar equivocado, de que hoy día Giorgio Jackson y Jaime Bellolio no se quieren matar. Creo que Camila Vallejo y Felipe Kast no se quieren matar. Pueden tener legítimas diferencias ideológicas. Tengo la impresión de que un país construido en un marco de amistad cívica, como uno esperaría que tuviéramos, dentro de todas las legítimas diferencias, podría permear a la legitimidad de las instituciones. Pero insisto, es una apuesta. Podría no pasar. Podrían darse otros efectos beneficiosos como una Constitución legítima, hecha con principio de imparcialidad, donde todos tuvieron derecho a decir lo que opinaban (…). Podría darse un momento en el que vuelves a conectarte con la política como el supremo arte de construir el mundo entre todos, esa conversación entre iguales y eso yo creo que lo permitía un momento constitucional vía asamblea constituyente. Eso no te lo permite un momento constitucional vía parlamento si lo que están adentro ya están pringados.

¿Crees que esta nueva Constitución sería algo así como un árbol de pascua lleno de derechos sociales económicamente insostenibles?

Yo no puedo de antemano decir que la Constitución va a ser minimalista, porque que la Constitución sea minimalista es algo que yo voy a proponer una vez que estemos jugando el partido. Así como voy a proponer otras posiciones sustantivas, por ejemplo “el Gobierno no va a poder cerrar canales de TV porque le molestó lo que dicen” mientras otros van a querer poner “no, el Gobierno si tiene derecho a cerrar canales de TV…”. Bueno, vamos a tener esa discusión al fragor de la asamblea constituyente misma, una vez que estemos jugando el partido y eso es normal.

Ahora, si me preguntas a mí, yo creo que es una pésima idea tener una Constitución árbol de Navidad. Por dos razones. Primero, porque no tiene efectividad. ¿Qué saco con garantizar el derecho a la felicidad o el derecho al buen sexo? ¿Cómo diablos lo fiscalizo? ¿Con recurso de protección? — se ríe —. Por otro lado, creo que es frustrante tener una Constitución que es letra muerta. “Pero ¿cómo, mira, si mi Constitución lo dice?”. Puede sobreexigir, también, al Estado a cosas que finalmente no se la pueda, no tengamos la capacidad estructural ni institucional para responder a todas las promesas que se hacen dentro de la Constitución.

Pero pensar como yo pienso no es un prerrequisito para participar de la asamblea constituyente. Si hay alguien que cree que la Constitución debe tener todos los derechos sociales, aunque sean los más líricos del mundo, bueno, también tiene derecho a participar de la conversación. Mi responsabilidad es ganarle adentro.

¿Crees que la asamblea constituyente conlleva el peligro del populismo?

Por un lado… sí, en el sentido de que tú te vas a ver tentado efectivamente, para decirle al electorado que vas a constitucionalizar, subirle el rango, a todas sus demandas. Esa puede ser una tentación. Pero si entendemos bien cuál es la conversación constitucional –y esto puede ser un acto de fe de mi parte– esto no debería ser una competencia de ofertones, sino de visiones de mundo. Debería ser una contienda legítimamente ideológica. No estoy diciendo necesariamente que todos los delegados tengan que ser abogados con títulos en teoría política, pero no me estoy imaginando a caudillos locales que prometen pavimentar las calles o cerrar los bares o darte el permiso aquí o allá o construirte el hospital aquí o allá. Si los delegados hacen campaña en torno a eso, entonces no estamos entendiendo nada de qué se trata la discusión. Por eso mi acto de fe es creer que los actores políticos van a estar a la altura de entender que esta es una discusión constituyente y las discusiones constituyentes son sobre las bases estructurales de cómo se organiza tu sistema político. Y creo que en muchas de esas discusiones el riesgo de populismo es menor. Son discusiones que requieren cierta densidad. Y hay gente que cuando yo digo esto, me critican, “ah, entonces tú quieres una asamblea de elite”. Bueno, en cierto sentido no me avergüenza de que ciertas de estas discusiones sean, no de elite económica, sino de una elite intelectual. Y tiene sentido. Una elite intelectual que venga de sectores populares, del mundo de la cultura, del mundo de la economía, del mundo de la política más tradicional, del mundo universitario. Por supuesto que los 100, 200 tipos que estén ahí van a ser una elite, tienen que ser una elite intelectual, si están haciendo la Constitución que va a gobernar Chile los próximos 200 años. Desde ese punto de vista, sí, yo espero una Constitución elitista. Hay muchas discusiones en el parlamento que no se entienden si es que tú no sigues los proyectos de Ley. Entonces, no estoy diciendo nada del otro mundo.

Tiendo a creer que cuando las discusiones entran en esa sintonía más fina, el riesgo de populismo se difumina un poco.  Pero insisto, es un acto de fe que los actores políticos entiendan que ese es el tono. Puede que la UDI cuando promueva a sus candidatos, los promueva como productos de supermercado igual. Pero espero que no sea así.

¿Desde el punto de vista liberal tú tienes alguna preocupación con la AC como mecanismo?

Si las reglas son justas, en el sentido del acceso a la asamblea. En eso me parece que la democracia proporcional entrega una serie de garantías para decir que los que están ahí tienen que estar ahí. Que si los funcionamientos de la asamblea, también, se estructuran de acuerdo con ciertas garantías de participación para todos y que, por ejemplo, no se le pase máquina a la minoría. Si es que existen ciertos acuerdos respecto a derechos humanos inviolables, ponte tú, garantizados en tratados internacionales, y todos se ponen de acuerdo de que eso no se toca y de ahí partimos. Si se dan esas condiciones, yo confío en la razonabilidad del resultado, aunque lo salga no me llene el gusto. De hecho, sospecharía de una Constitución que es exactamente escrita según mis preferencias ideológicas. Algo no habría salido bien. Yo tengo que ceder en algo, para que yo diga “ah, esto realmente fue el trabajo de todos”. Bajo esas condiciones yo no le tengo miedo a la asamblea constituyente.

La derecha ha insistido en que aquí lo importantes es la discusión sobre los contenidos y que la discusión sobre el mecanismo es secundaria. ¿Por qué es importante el problema sobre el mecanismo? ¿Es prioritario o puede desarrollarse simultáneamente a la discusión sobre contenido?

Quizás la derecha ha ignorado las invitaciones que se han hecho a discutir un procedimiento que entregue garantías de participación igualitaria y ha querido concentrarse sobre la discusión de los contenidos, justamente para hacer explícitos sus miedos. Justamente para decir “Ya, pero ¿qué quieren cambiar?; ya, pero ¿cuánto me vas a ganar? ¿Cuántos goles me vas a meter?”. Creo que quizás es incluso una estrategia.

Yo sí creo que la discusión sobre el procedimiento es más importante que la de los contenidos. Y El déficit de nuestro orden constitucional es de legitimidad y lo que necesitamos es un acuerdo, lo más amplio posible, para tener un pacto político que cuente con la mayor legitimidad posible. Esa es la necesidad que tenemos. El resultado de ese acuerdo no es determinante. No estoy diciendo que el contenido no sea importante. Estoy diciendo que la única manera que tenemos de que todos estemos de acuerdo es si construimos esta conversación desde una perspectiva de imparcialidad. Como los chilenos no piensan igual respecto a los contenidos de la Constitución, la única manera que tengo de que el resultado sea justo, es que haya sido obtenido con condiciones imparciales. Por eso el procedimiento es fundamental. Me ha costado muchas críticas, pero yo he dicho que, si el contenido de la Constitución nueva vía asamblea constituyente resulta exactamente igual, coma por coma, al texto actual, yo me lo banco. Sé que hay grupos de la izquierda que creen que no, que no tiene ningún sentido. Yo creo que se cumple el fundamental. Yo, por lo menos como liberal, me caso con la idea de la justicia como imparcialidad procedimental, más que con la del contenido. Una vez que yo esté adentro de la asamblea, por supuesto que voy a dejar mi parada aséptica procedimental y voy a defender mis causas sustantivas y voy a pedir que en la Constitución esté establecido un artículo sobre la separación Estado–Iglesia y voy a pedir que haya un artículo que defienda la libertad de expresión y uno que se haga cargo del cambio climático. Pero si las pierdo, no voy a patear el tablero. Porque perdí en buena lid.

Mujeres debatieron sobre los contenidos de la nueva Constitución

En un coloquio organizado por el Observatorio del Proceso Constituyente en Chile, este 6 de noviembre la ex subsecretaria del Sernam, Gloria Maira; la Vicepresidenta de Evópoli, Lorena Recabarren; y la académica de la UAI, Verónica Undurraga coincidieron en que la instancia de cambio constitucional debe incluir a mujeres y hombres.

Con la participación de la ex subsecretaria del Sernam, Gloria Maira; la Vicepresidenta de Evópoli, Lorena Recabarren; y la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Verónica Undurraga se desarrolló este lunes 6 de noviembre el coloquio No sin nosotras: mujeres y cambio constitucional, organizado por el Observatorio del Proceso Constituyente en Chile, en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

La diversidad política de las expositoras no fue un impedimento para que todas manifestaran un acuerdo claro: el cambio constitucional debe llevarse a cabo a través de una instancia en la que participen mujeres y hombres por igual.

El parlamento no debe ser el lugar del cambio constitucional porque allí no hay paridad”, aseguró la Vicepresidenta de Evópoli y Directora Ejecutiva de Horizontal, Lorena Recabarren.

Hay que defender a morir el hecho de que el órgano constituyente sea paritario. Y deben estar reflejadas las miradas de mujeres de distintos sectores y diversas experiencias”, coincidió la académica de Derecho Constitucional de la Universidad Adolfo Ibáñez, Verónica Undurraga.

La ex subsecretaria del Sernam, Gloria Maira, manifestó su preferencia por la asamblea constituyente como mecanismo para reemplazar la carta fundamental. “Tengo terror de que el cambio constitucional se haga en una comisión parlamentaria”, señaló. “Debemos garantizar la presencia significativa en la asamblea constituyente de mujeres y feminista”, agregó.

Además, la ex subsecretaria planteó que independientemente del mecanismo que se utilice, habrá particicipación y manifestación de sectores feministas en el proceso. “Las activistas que hemos estado manifestándonos frente al Tribunal Constitucional vamos a estar también en las puertas de donde se haga el cambio de Constitución”, aseguró.

En ese sentido, valoró la experiencia de la asamblea constituyente de Ecuador, proceso en el que participaron las mujeres tanto como asambleístas, como expertas y como parte de la movilización social. “Fue bien interesante porque cuando llegaban las asambleístas a las sesiones, había un piño de mujeres alrededor, una presión permanente que demandaba a esa asamblea constituyente consideración expresa a las demandas de las mujeres”, explicó Maira.

“Iniciar un proceso constitucional sin nosotras, o con nosotras pero no suficientemente preparadas, es peligroso. Corremos el riesgo de quedarnos con lo que viene por defecto. Entre los constitucionalistas es muy fuerte la idea de que lo que está debe mantenerse, y el peso de la prueba recae en quienes proponen los cambios”, planteó la profesora Undurraga.

¿Qué contenidos relevantes para las mujeres deben estar contenidos en la Constitución? Las expertas también ahondaron en el tema. “La discusión sobre la paridad de género o la corresponsabilidad del cuidado son aún marginales en el debate constitucional”, denunció Undurraga. Además, a su juicio nociones como el derecho a la vida o la protección del cuerpo no han sido consideradas respecto de la realidad específica de las mujeres, como el caso de los embarazos de riesgo. “Tampoco se han considerado, por ejemplo, entre las violaciones a los derechos humanos específicamente las violaciones y abusos sexuales que se producen en guerras o regímenes autoritarios”, indicó.

Lorena Recabarren señaló que se deben incorporar en la carta fundamental más elementos de no discriminación “e incluir el sexo y el género”.

“En Chile no sólo nos faltan mujeres en el Parlamento y un desarrollo efectivo de las cuotas, pues vemos que muchas mujeres que van como ‘arroz graneadoen las listas parlamentarias. Además hay barreras que no nos permiten ejercer de igual manera la libertad”, planteó.

En ese sentido, Maira planteó que la paridad debe ser un principio que se manifieste más allá de las cuotas de candidaturas parlamentarias. “Yo espero que la Constitución se inspire en un principio de paridad no sólo en el Parlamento, sino también dentro de las organizaciones políticas, en las candidaturas, en las dirigencias de sindicatos, etcétera”.

Políticas y académicas debatirán sobre el rol de la mujer en el proceso constituyente

La ex subsecretaria del Sernam, Gloria Maira; la Vicepresidenta de Evópoli, Lorena Recabarren; y las académicas Verónica Undurraga (UAI) y Lidia Casas (UDP) expondrán en el Coloquio “No sin nosotras: mujeres y cambio constitucional”.

En vísperas de que el Gobierno envíe al Congreso el proyecto de nueva Constitución, anunciado para después de la primera vuelta presidencial, cuatro destacadas políticas y académicas discutirán el próximo lunes 6 de noviembre sobre el rol que deben tener las mujeres en este proceso, así como sobre los contenidos que la nueva carta fundamental debería incorporar desde su perspectiva.

El encuentro, organizado por el Observatorio del Proceso Constituyente en Chile de la Fundación RED y el Programa de Derecho Público de la Universidad Diego Portales, pretende aportar a este debate con las exposiciones de Gloria Maira, ex Subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer; Lorena Recabarren, Vicepresidenta de Evópoli y Directora Ejecutiva de Horizontal; Lidia Casas, Directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP; y Verónica Undurraga, académica de Derecho Constitucional de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Las expositoras analizarán también las diferentes propuestas que han presentado los candidatos presidenciales respecto del tema constitucional. ¿Debería haber cuotas de género para elegir a los representantes de una eventual asamblea constituyente? Si un reemplazo o reforma constitucional queda en manos del Congreso, ¿cómo se tratará el hecho de que un 84,2% de los integrantes de cada cámara son hombres?

El Director del Observatorio del Proceso Constituyente en Chile, Ernesto Riffo, señaló que si bien los encuentros y cabildos realizados en 2016 ayudaron a incluir a grupos habitualmente excluidos o postergados, como mujeres y pueblos indígenas, aún queda trabajo pendiente. “Queda mucho para poder confiar en que una nueva Constitución estaría comprometida con la igualdad de género y con superar la discriminación sistemática hacia las mujeres. En esta época en que las candidaturas presidenciales están presentando sus programas es especialmente importante plantear el tema”, planteó.

Claudia Heiss, integrante del Observatorio, señaló que hay al menos tres áreas en las que el enfoque de género es relevante en procesos de cambio constitucional: la participación para elaborar la nueva carta fundamental, la selección de estructuras de gobierno, y los derechos y contenidos sustantivos “que pueden incluir garantías de igualdad de género y de no discriminación como derechos constitucionales. Las constituciones pueden facilitar o dificultar las oportunidades para avanzar hacia la igualdad de género y reducir la discriminación«, aseguró.

El coloquio se realizará el día lunes 6 de noviembre a las 18.00 hrs. en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (República 105, Santiago).

Coloquio sobre mujeres y cambio constitucional

El Observatorio del Proceso Constituyente en Chile de la Fundación RED y el Programa de Derecho Público de la Universidad Diego Portales le invitan al coloquio “No sin nosotras: Mujeres y cambio constitucional”. En el contexto de la iniciativa de cambio de la Constitución, el encuentro espera abordar la participación de las mujeres en este proceso, así como analizar desde esta perspectiva los contenidos que debería incluir una nueva carta fundamental.

En el encuentro expondrán:

Verónica Undurraga Valdés
Doctora en Derecho por la Universidad de Chile, Magíster en Derecho por la Universidad de Columbia, Nueva York. Académica del área de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UAI. Fue directora del programa Mujeres y Derechos Humanos, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

Gloria Maira Vargas
Ex Subsecretaria del Sernam (2014-2015). Economista por la Universidad de los Andes, Colombia, y Magíster en Ciencias Sociales con Mención en Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Activista.

Lorena Recabarren Silva
Doctora y máster en Ciencias Políticas y Sociales por la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. Abogada por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Directora Ejecutiva del think tank Horizontal. Vicepresidenta de Evópoli. Docente en la carrera de Ciencia Política en la Universidad Diego Portales y en el Pontificia Universidad Católica.

Lidia Casas Becerra
Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Doctora en Derecho por la University of Ottawa, Canadá. LLM en Derecho por la University of Toronto. Fue Ford Foundation Reproductive Health Fellow. En 2001 Recibió el Premio de la International Planned Parenthood Federation de la Región Hemisferio Occidental.

El coloquio se realizará el día lunes 6 de noviembre a las 18:00 horas en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (República 105, Santiago).

Confirme su asistencia aquí.

Entrevista a Yanina Welp: Es importante que los diálogos ciudadanos «no queden reducidos a una etapa simbólica».

«Lo importante es en donde queda este proceso, cómo se le da continuidad, cómo se integran estos diálogos ciudadanos para que no queden reducidos a una etapa simbólica, cómo se generan mecanismos de conexión entre las diversas etapas y se apuesta por ampliar la participación en el futuro».

Yanina Welp es investigadora principal en el Centre for Research on Direct Democracy (C2D), y co-directora del Centro Latinoamericano de Zurich, ambos adscritos a la Universidad de Zurich. Es Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y Licenciada en Ciencia Política y en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires. Más información sobre su trabajo en https://yaninawelp.wordpress.com/

En pocas palabras, ¿cuál es tu ámbito de investigación? ¿qué es lo que te ha llevado a interesarte por los procesos políticos latinoamericanos?

Mi tema de investigación, definido en general, es la participación política ciudadana más allá de la elección convencional de representantes. Mi investigación incluye las instancias de participación formal e informal, así como el rol de las nuevas tecnologías para la participación política. Actualmente, estoy trabajando en el análisis de la revocatoria de mandato y su difusión a nivel global. Este proyecto está dando resultados interesantes derivados del análisis de países tan diversos como EEUU, Japón, Polonia, y algunos países andinos. Observamos patrones generales y contextos específicos. También estoy involucrada en un proyecto que analiza la introducción y prácticas de mecanismos de democracia directa y su relación con el populismo, tanto en Europa como América Latina. Otra de mis áreas de investigación se relaciona con la utilización de las nuevas tecnologías por partidos políticos, cómo las incorporan en sus programas, y su posición con respecto a la participación. Por otra parte, estoy desarrollando un proyecto sobre mecanismos y procesos participativos a nivel local, que tienen similitudes y diferencias con lo que ocurre a nivel nacional, pero con ciertas especificidades, como muestran los casos de Madrid y Barcelona. Por último, participo de un FONDECYT (fondo de investigación académico del Estado de Chile) centrado en procesos de participación ciudadana en instancias de reemplazo  constitucional, enfocado tanto en Chile como en procesos comparados. El interés por procesos políticos latinoamericanos, aparte de una motivación personal, nace de la idea de que hay ciertos mecanismos de participación en la región que parecen innovadores o vanguardistas, aunque no siempre resulten serlo en la práctica, pero que ameritan un estudio más a fondo.

Ante la movilización de Marca tu Voto, la estrategia de Michelle Bachelet fue la de abrir la discusión constituyente a la “esfera pública informal”, para después centrar su atención en los canales institucionales que ofrece la esfera pública formal (principalmente, el Congreso); es decir, ante la ausencia de mecanismos formales que pudieran dar inicio a un proceso constituyente (sobre todo considerando la falta de apoyo para el quórum constitucional requerido para un ‘reemplazo´), Bachelet decidió abrir la discusión a la ciudadanía, en un proceso cuya metodología pretendía activar la participación (encuentros locales auto-convocados y cabildos). ¿Qué opinión te merece aquella decisión, tanto como estrategia política como con respecto al valor de la participación ciudadana?

Lo que muestra en general la experiencia latinoamericana es una combinación de apuesta ideológica o programática por la participación con una apuesta estratégica por incrementar el poder del partido o líder que impulsa la participación. En el caso de Bachelet, no puede hablarse de un interés individual, un deseo de perpetuarse en el poder, entre otras cosas porque la posibilidad de reelegirla está vedada por la constitución, lo que demuestra que si bien hay una estrategia política detrás –algo obvio y deseable– esta es programática y no basada en simple cálculo partidario. Parece haber un convencimiento en torno al valor de la participación ciudadana. Por otra parte, se observan cambios de posición en la elite política, sobre todo de aquellos que no estaban convencidos de este proceso en el inicio. Esto incluye a la derecha y a los medios de comunicación tradicionales. También con respecto a la ciudadanía en general, que muestra desconfianza con respecto a las instituciones políticas, una abrumadora mayoría no se identifica en el eje izquierda-derecha o con partidos políticos (aproximadamente un 90%), y hay cifras preocupantes de abstención electoral, el proceso participativo abrió perspectivas. El futuro dirá si la estrategia de Bachelet funcionó o no, pero hay un elemento muy positivo, y es que la estrategia partidaria no acapara el debate, sino que el debate gira en torno a la constitución, se ha abierto y ha involucrado a más actores.

En torno al proceso de diálogos ciudadanos convocado por el gobierno, ¿cuál es tu evaluación general del mismo?

Primero voy a partir por una serie de problemas que el proceso debió enfrentar. En torno a los obstáculos, hay varios que eran esperables y que se podían anticipar: el rechazo de ciertos partidos, la resistencia dentro de la coalición gobernante, la indiferencia y la crítica de algunos medios de comunicación.

En términos generales, mi lectura es positiva, los diálogos han tenido cierto éxito, sobre todo por la capacidad de mover la posición, con mayor o menor fuerza, de algunos actores políticos relevantes, pero siempre acercando posiciones en vez de polarizar, al menos en lo que refiere a involucrar en algún grado a la ciudadanía.

Por último, es importante destacar la apuesta de los diálogos ciudadanos por hacer un aporte al reto metodológico contemporáneo que implica organizar un proceso participativo de estas características.  La metodología fue discutida abiertamente, incluyendo a actores nacionales e internacionales, cuestión crucial en cualquier proceso constituyente. Es indispensable aportar reglas claras para invitar a la ciudadanía, aun cuando las reglas del reemplazo constitucional no estaban claras todavía al momento de promover el proceso participativo (el proyecto de ley de reforma constitucional al capítulo XV, actualmente en discusión), lo que podría otorgar un respaldo político a esto último. Lo importante es en donde queda este proceso, cómo se le da continuidad, cómo se integran estos diálogos ciudadanos para que no queden reducidos a una etapa simbólica, cómo se generan mecanismos de conexión entre las diversas etapas y se apuesta por ampliar la participación en el futuro. En este sentido, es importante no perder de vista que la representación  tendrá un lugar y debe combinarse con la participación.  

De cara al futuro cabe discutir los mecanismos concretos de participación que se podrían introducir en la futura constitución. Esto está fuera de las competencias de Bachelet y queda incluso fuera del alcance del proceso participativo, competencial y temporalmente. Opino que aquellos mecanismos que garantizan un compromiso democrático y que se pueden evaluar a nivel sistémico son aquellos que le permiten a la ciudadanía actuar con cierta autonomía para intervenir en procesos de toma de decisiones políticas, como ciertos tipos de referendos (obligatorios, derogativos) e iniciativas legislativas.

¿Tienes noticia, en tu experiencia a nivel comparado, de algún proceso que se haya iniciado al modo Chileno, con una suerte de diálogos deliberativos como paso previo a cualquier ejercicio o aparición forma del poder constituyente?

En Colombia hubo comités de discusión previos, que creo sería el caso más semejante al chileno, pero allí hubo mayor control por parte del gobierno y escasa sistematización de la participación producida. Es decir, metodológicamente no se parecen mucho, pero si se parecen temporalmente ya que la participación fue previa al proceso constituyente. En otros casos, como Islandia, en el contexto de una aguda crisis política, un nuevo gobierno de carácter radicalmente novedoso invitó a diálogos ciudadanos abiertos, impulsados desde abajo, como etapa previa al proceso constitucional de discusión. En general, el caso chileno es bastante novedoso, pero se inscribe en un momento histórico en que estos mecanismos están surgiendo a nivel global.

En términos comparados, uno de los aspectos más complejos, junto a la gestión del proceso y la cuestión de la incidencia, es la sistematización de las opiniones y propuestas de la ciudadanía Los criterios de sistematización deben ser comprensibles para la ciudadanía, y permitir entender los resultados y avalarlos. En el caso chileno, cuando la SEGPRES convocó a diversos expertos y universidades para opinar sobre la guía metodológica, recuerdo que existió la discusión, por ejemplo, sobre si registrar solamente acuerdos y el rechazo de algunos académicos a esta propuesta alegando que la política se trata especialmente de gestionar los desacuerdos. Lo notable es que la apertura del proceso convocado por el gobierno en torno a las reglas de participación fue capaz de poner en debate esas cuestiones metodológicas, que serán muy importantes para el resultado final.

¿Cuán importante es el rol de los tribunales constitucionales en dar forma a ciertas garantías democráticas para la participación ciudadana en un proceso constituyente? Pienso, por ejemplo, en la oportunidad perdida del Tribunal Supremo venezolano de fines de los ’90, cuando pudo forzar que la elección de representantes para la constituyente venezolana se realizara de acuerdo a un sistema electoral proporcional.

El rol del derecho es crucial.  Existen instituciones que debieran garantizar el buen funcionamiento de estos procesos, en el sentido del accountability horizontal del que hablaba Guillermo O’Donnell. No se trata sólo de tribunales, sino también de los mecanismos electorales y otras instituciones que son claves para el cumplimiento de las reglas del juego (además de considerar el diseño de las reglas del juego propiamente dichas, claro), instituciones que a su vez deben lidiar con la presión de intereses político-partidarios. El problema en América Latina no es tanto de diseño, sino de falta de cumplimiento de las leyes que crean estos mecanismos institucionales.

El caso de Ecuador es sintomático en este sentido: se crean  mecanismos de participación (por ejemplo, el ‘cuarto poder’), que terminan siendo co-optados por el gobierno de turno, cuestión que merma la capacidad de la participación de ser realmente incidente y pone a estas instituciones al servicio del gobierno.

El derecho, por tanto, puede jugar un rol tanto positivo como negativo. En este último caso, el derecho también puede ser un obstáculo o una cortapisa a un problema propiamente político. El ejemplo del caso catalán, y las tensiones con el orden jurídico-constitucional español, ilustra muy bien esta tensión.

¿Hay un modelo ideal, o principios a seguir en la participación ciudadana en procesos constituyentes?

No hay un modelo ideal, pero sí hay principios orientadores. Por ejemplo, que la elección de constituyentes se realice de acuerdo a mecanismos proporcionales, lo que ayuda a la representación de los distintos sectores y tiene el efecto adicional de hacer posible, durante la campaña, el debate público de ideas. Otro criterio orientador es que, de haber diálogos ciudadanos u otro proceso participativo semejante, estos se realicen de manera previa al proceso constituyente formal, ya que es poco aconsejable cuando estas dos instancias van funcionando a la par. Si se organizan en paralelo deben conectar a los representantes con la ciudadanía y no funcionar como ámbitos autónomos. Cuando funcionan separados en el tiempo, es importante que haya poca distancia entre estos dos procesos. Además, creo que la participación individual habría que evitarla. Por ejemplo, en Ecuador, durante la constituyente de 2007 se aceptaron propuestas individuales. Sumado a que no se especificaba un formato para las propuestas, la cantidad de sugerencias recibidas fue enorme. Fue un gran error, ya que se generan muchos problemas de gestión de la información, de agrupamiento de preferencias, o representatividad. Algunas experiencias desarrolladas a nivel local en Madrid y Barcelona, muestran que la tecnología permite presentar iniciativas individuales que deben ganar cierto apoyo ciudadano para ser sometidas a discusión. Tiene que haber un sistema de agregación. En otro sentido, el modelo irlandés, en que hubo sorteo,  si bien es costoso, puede ser muy interesante como ejemplo a seguir. Ahora bien, este modelo se utilizó para reformas constitucionales, y no para reemplazo. En términos generales, lo importante es combinar mecanismos representativos basados en la elección proporcional de los representantes e  instancias de participación directa.

¿Cuáles serían los beneficios y los obstáculos de incorporar mecanismos de participación digital en el proceso constituyente chileno que se avecina? ¿Hay condiciones en América Latina para empezar a desarrollar estrategias digitales de ‘constitutional crowdsourcing’?

No tengo una opinión definitiva sobre la cuestión de las condiciones indispensables, pero sí estoy convencida de la importancia de trabajar siempre con sistemas ‘multi-canal’, es decir, de ninguna manera solo online. La experiencia con algunos mecanismos, como la iniciativa indirecta (que se activa con recolección de firmas para presentar una propuesta de ley a ser tratada por el parlamento) a nivel europeo, muestra la relevancia de abrir espacios de debate aunque estos no formen parte del diseño original del mecanismo. En los casos en que se destina tiempo en la televisión pública para discutir propuestas se amplia considerablemente la discusión sobre las mismas. A lo que voy es que las condiciones tecnológicas están, pero que lo importante es pensar bien en el diseño para no excluir y para generar condiciones para la deliberación.

Los contextos importan mucho. Por ejemplo, en Chile, es evidente su importancia al comparar el proceso general de participación con el proceso constituyente indígena, donde la participación online fue considerablemente más baja. Insisto,  hay que tener cuidado de no generar o profundizar la exclusión a través de la implementación tecnológica de mecanismos de participación.

Chile ha sido uno de los pocos países de la región reacios a incorporar mecanismos de participación directa. De acuerdo a tus investigaciones y análisis sobre políticas comparadas en materia de participación ciudadana en América Latina, ¿qué opciones sería interesante incluir en un debate sobre una eventual nueva constitución, por ejemplo, en un capítulo sobre mecanismos de democracia directa?

Empezaré por los mecanismos que sería preferible evitar. Algunos no son modelos a seguir, como la “silla vacía” en Ecuador. En este último, se reserva un puesto en un consejo local deliberante para un miembro que represente a la ciudadanía, con derecho a voto en la mayoría de los gobiernos autonómicos descentralizados ecuatorianos. La idea de que las autoridades del consejo deliberante representan a los ciudadanos pierde sentido cuando en paralelo se reserva un asiento para la representación ciudadana; además, la idea de que sólo una persona represente el sentir de la ciudadanía, así como el hecho de tener derecho a voto son cuestiones que han afectado negativamente a la ‘silla vacía’ desde sus orígenes. Creo que en estos casos sería bueno explorar la posibilidad de que la ciudadanía pueda exigir, con cierto número de firmas, audiencias públicas para tratar determinados temas, que vayan acompañadas de una cierta regulación (difusión, plazo, respuestas, etc.).

Otro mecanismo complejo de incorporar es la revocatoria de mandato. En teoría se trata de una válvula de escape para situaciones extremas, pero lo que muestran las prácticas de América Latina, en contextos de erosión del sistema de partidos, de descrédito y desconfianza ciudadana, es que termina funcionando como un arma en manos de los partidos. Funcionan mejor fortaleciendo la democracia los mecanismos que permiten a la ciudadanía oponerse a políticas específicas, como ha mostrado la experiencia uruguaya. Para el resto de situaciones con que se justifica la regulación de la revocatoria cabe esperar que sanciones políticas, legales o administrativas sean más eficientes y justas en contra de autoridades que han cometido ciertas faltas. En Suiza, el referéndum financiero a nivel cantonal obliga a consultar a la ciudadanía para que de su apoyo a inversiones que superen un monto determinado. Esto fortalece los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y defensa de propuestas por parte de los partidos.

Ahora bien, a nivel nacional, creo que es importante contemplar en una constitución la introducción de referendos obligatorios en casos de reformas constitucionales, por ejemplo, como en Uruguay. Además, la iniciativa ciudadana, regulada según el modelo suizo, en que la ciudadanía puede reunir cierto número de firmas y presentar una propuesta de ley, ante lo cual el parlamento puede presentar una contrapropuesta, o incluso un comité mixto presentar una tercera. Ante todo esto, se puede votar, además, por mantener el status quo. El referendo que decida esto apunta justamente en contra de la polarización, ya que se debaten diversas propuestas, no se trata de una pregunta que se responde con un si o un no. Por último está el referendo abrogativo, como en el caso italiano, en que se permiten derogar leyes vigentes, no importa cuando éstas hayan sido aprobadas, o en el caso suizo, en que hay un plazo de 18 meses desde la dictación de las leyes para que estás sean susceptibles de ser derogadas a través de un plebiscito.

Para finalizar, ¿en qué sentido investigadores extranjeros pudieran estar interesados en el caso chileno?

Creo que es relevante en varios sentidos. Por ejemplo, para los teóricos de la democracia deliberativa, que estudian los comportamientos de los mini-publics, a través de estudios empíricos, la experiencia chilena representa una sistematización y un acceso a un caudal de datos inédito. Además, se trata de una experiencia bastante original, porque incluso en los ejemplos europeos, como en Islandia, el proceso se dio en el marco de una crisis profunda. En Chile, la participación ciudadana se promueve antes, por lo menos antes de que la crisis política se exprese cabalmente; mientras no hay una crisis económica destacada, aunque sí desencanto por parte de muchos actores, como ha sido evidente con las protestas de los indígenas, estudiantes, por el sistema previsional, etcéterca. El resultado final es incierto porque el escenario es uno de cambios. Por ejemplo, existen partidos consolidados pero que están perdiendo legitimidad y apoyo ciudadano, y se ha producido un cambio estructural en el sistema electoral que seguramente ampliará el número de actores en la arena política y cambiará las relaciones de poder entre los mismos. En arenas un tanto movedizas se definirá el futuro de la nueva constitución.

La entrevista fue realizada por Alberto Coddou Mc Manus, desde Ginebra, Suiza.