Jaime Bassa: Si es deferente al legislador «TC podría ser una contribución en la superación de la crisis de legitimidad»

Jaime Bassa: «El actual TC podría ser una contribución en la superación de la crisis de legitimidad de las actuales instituciones constitucionales –crisis que emana, en gran medida, de una Constitución que ha sido diseñada para entorpecer la libre manifestación de la soberanía popular–».

Foto: Paulo Slachevsky (CC BY-NC-SA 2.0).

El abogado y Doctor en Derecho Jaime Bassa, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Valparaíso, se refirió en conversación por escrito con el Observatorio al rol del Tribunal Constitucional en el contexto de la democracia chilena, la crisis de legitimidad de las instituciones políticas actuales, y cuál debiera ser la relación entre el TC y el legislador como representante de la voluntad ciudadana.

El Tribunal Constitucional suele ser criticado como un obstáculo para la existencia de una democracia plena en Chile. ¿Cuál es su opinión al respecto, y de qué formas se habría manifestado ese rol obstaculizante?

El TC ha cumplido una función ambivalente frente al funcionamiento del sistema democrático, pues si bien hay ciertas sentencias históricas que pueden ser vistas como avances en la protección del sistema democrático o de los derechos de las personas, lo cierto es que en el último tiempo ha asumido una función propiamente política, que emana de una comprensión particular –errada, a mi juicio– del fenómeno constitucional y de su función como último intérprete de la Constitución: en lugar de garantizar que el sistema democrático se mantenga abierto a la deliberación política y de garantizar el máximo umbral posible de protección de los derechos fundamentales, ha entendido que su tarea es proteger una determinada interpretación de la Constitución, una muy cercana, por lo demás, al proyecto político de la dictadura.

En esa comprensión, el TC ha sido un obstáculo para el desarrollo del sistema democrático, pues la práctica política reciente de esta institución muestra que ha tenido una clara tendencia a abanderizarse con una de las opciones políticas en disputa, especialmente cuando se trata del control preventivo de constitucionalidad.

Más allá de las críticas al Tribunal actual, ¿cuál debería ser el rol de ese tipo de órgano en una democracia?

De existir, un TC debiera velar por la apertura del sistema democrático, es decir, porque se respeten las condiciones normativas y procedimentales necesarias para que los órganos de representación popular puedan ser una expresión de esa voluntad soberana, en concordancia con el respeto de los derechos fundamentales y del propio sistema democrático. En ese sentido, puede tener competencias destinadas a destrabar conflictos institucionales entre poderes del Estado o a sancionar evidentes infracciones a las disposiciones constitucionales, pero sin que ello signifique reemplazar la deliberación política de los órganos de representación popular, por otra deliberación política en un órgano sin legitimidad democrática para ello.

¿Podría un órgano como el TC jugar un rol en la superación de esa crisis?

El actual TC podría ser una contribución en la superación de la crisis de legitimidad de las actuales instituciones constitucionales crisis que emana, en gran medida, de una Constitución que ha sido diseñada para entorpecer la libre manifestación de la soberanía popular. En un conflicto como el de la ley que despenaliza el aborto en tres causales, el TC tiene una alternativa muy simple en este sentido: debe ser deferente con la decisión emanada del Legislador, pues ésta se ha verificado con pleno respeto a la normativa constitucional vigente y habiendo escuchado a todos los sectores de la sociedad y a todos sus representantes en el Congreso Nacional, luego de años de un debate público y abierto a la ciudadanía.

Este proyecto de ley es, en alguna medida una propuesta de interpretación constitucional que hace el Legislador. Dada la presunción de constitucionalidad de la ley, el TC solo puede invalidarla si no hay ninguna lectura posible de este proyecto que lo haga compatible la Constitución. Y esa interpretación conforme existe y ha sido expresamente considerada por el Legislador: el artículo 19 n.° 1, inciso segundo, de la Constitución es una habilitación de competencia al Legislador, que sitúa dentro del ámbito de su competencia la regulación normativa de la protección de la vida del que está por nacer. Ese es el sentido que tiene separarlo del inciso primero. El TC debe ser deferente con esa lectura.

En el caso del proyecto de despenalización del aborto en tres causales algunos argumentos –sobre competencia del legislador, por ejemplo– están lejos de los términos en que se da la discusión política y ciudadana sobre el tema. ¿Podría el TC incorporar la discusión pública en sus razonamientos o debería limitarse al conflicto jurídico que se plantee en el proceso?

El TC no tiene competencias para reemplazar la deliberación política por la suya propia. Sabemos que los integrantes del Tribunal tienen sus posturas más o menos definidas respecto de la interrupción voluntaria del embarazo, pero no es esta la instancia para que las hagan valer. No están ejerciendo un cargo de representación ideológica ni valórica; están desempeñando una función pública y en el ejercicio de esa función, solo les cabe ser respetuosos de las competencias que les ha conferido la Constitución, no sobrepasarlas y ser deferentes con la interpretación que ha hecho el Legislador en este proyecto de ley.

Revisar o considerar los elementos que han marcado la discusión pública, le supone al Tribunal incurrir en activismo político, pues su función no es deliberar desde la política contingente, sino desde el derecho que emana de la Constitución: el TC debe establecer si la interpretación que el Legislador ha hecho del artículo 19 n.° 1, inciso segundo, de la Constitución es absolutamente incompatible con ésta, es decir, que no hay ninguna forma de compatibilizar dicha interpretación con la Norma Fundamental. Esa es la cuestión de Derecho que está en juego y eso es lo que circunscribe el ámbito competencial del TC. No debe haber margen para sus consideraciones valóricas particulares, pues ello no es compatible con el ejercicio de su función pública.


Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:
1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.
La ley protege la vida del que está por nacer.
La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado.

Roberto Saba en Coloquio del Observatorio: “Un proceso constituyente no debe realizarse con presión ni urgencia”

En un encuentro organizado por el Observatorio del Proceso Constituyente en Chile, junto a Amaya Álvez (Universidad de Concepción) y Lucas Sierra (CEP), el académico de la Universidad de Buenos Aires, Roberto Saba, planteó también que la Constitución chilena “implica ciertos bloqueos al debate democrático”.

Una reflexión en torno a los elementos legitimadores de las constituciones políticas y sobre el proceso de cambio constitucional que vive Chile realizaron los académicos y abogados Roberto Saba, Amaya Álvez y Lucas Sierra este lunes 7 de agosto en la Biblioteca Nacional, en un encuentro organizado por el Observatorio.

El profesor Roberto Saba, académico de la Universidad Buenos Aires y de la Universidad de Palermo, enfatizó la importancia de que los cambios constitucionales se realicen de forma pausada. “El proceso constituyente no debe realizarse con presión ni urgencia. Mientras más tiempo lleve, con ciertos límites, mejor será el resultado”, aseguró.

El académico también se refirió a la discusión que se ha dado en Chile respecto del mecanismo para reemplazar la carta fundamental dentro de la institucionalidad, y desestimó la idea de que la validez de un cambio constitucional esté ligado directamente al seguimiento de las reglas de reforma que establece la carta fundamental.

“Si ponemos un énfasis tan importante en las reglas preestablecidas nos quedaríamos sin argumentos para validar casi cualquier Constitución. Todas las constituciones originarias –la primera Constitución de cada país– han sido creadas por autoridades que no fueron facultadas para hacerlo. Nadie les ha dado facultades para eso”, explicó.

“Pareciera que la Constitución chilena implica ciertos bloqueos al debate democrático. Un debate en Chile es si se puede modificar la Constitución sin seguir los procedimientos que ésta establece. Si la Constitución es producto de un consenso democrático, no es necesario que sea resultado de esos procedimientos”, agregó.

Según explicó el profesor Saba, hay diversas tesis respecto de la fuente de legitimidad de una Constitución: sus contenidos, vale decir, las reglas y normas que ella establece; su procedimiento de creación, independientemente del resultado de aquél; o los presupuestos del proceso democrático.

Respecto de este último, señaló: “El proceso democrático supone que todos somos iguales en ese proceso. Ninguno vale más que otro ni tiene doble voto o más influencia. Esta tesis domina la legitimidad de la Constitución y tiene cierto compromiso con los contenidos, pues no puede conducir a cualquier resultado”, planteó.

A continuación, el Subdirector del Centro de Estudios Públicos (CEP) y ex integrante del Consejo Ciudadano de Observadores del proceso constituyente, Lucas Sierra, se refirió también a la fórmula de cambio constitucional que, a su juicio, sí debe ser respetuosa de la institucionalidad vigente.

“Nos cuesta pensar en momentos constitucionales porque cuando no se siguen las reglas del procedimiento habitualmente es porque se ha producido un bombardeo”, explicó, haciendo alusión a procesos violentos de cambio constitucional.

Aseguró que una Constitución con demasiados contenidos sería “dispararnos en el pie desde el punto de vista democrático”. “Mientras más inflamos la Constitución, más poder le damos a los jueces y menos al Parlamento. Cada vez se van creando como callampas organismos autónomos constitucionales. Ésos son pasos que se dan para reducir cada vez más la democracia representativa”, afirmó.

Por último, Amaya Álvez, académica de la Universidad de Concepción, realizó un crítico análisis de la Constitución chilena, y aseguró que ésta no valora la democracia.

“Las constituciones sólo tienen sentido en cuanto constituciones democráticas. Si uno examina nuestra Constitución la mayor parte de los derechos dicen relación con el mundo privado, dejando al Estado en una posición residual. La Constitución del 80 no sólo no toma en serio la democracia, sino que la desprecia”, indicó Álvez.

Asimismo, valoró la experiencia de diálogo y deliberación generada en los encuentros locales de la etapa participativa del proceso constituyente.

“Los encuentros locales autoconvocados fueron una experiencia riquísima. Si bien el formato era rígido, fue un diálogo ciudadano magnífico, en donde pudimos disentir, pero llegar a acuerdo para levantar el acta. Sin embargo, cuando se estaba calentando el proceso y se estaban realizando más encuentros, se acabó el plazo para convocarlos”, enfatizó.

​Roberto Saba visita Chile para participar en Coloquio del Observatorio

Roberto Saba: «Es muy difícil saber cuándo uno está un momento constitucional mientras está sucediendo […] un momento constitucional es un momento en el cual la ciudadanía deja de vivir sus vidas privadas y empieza a incorporar en su vida cotidiana la discusión constitucional».

El constitucionalista argentino Roberto Saba, académico de las Universidades de Palermo y de Buenos Aires, visitó Chile invitado por el Observatorio para participar del coloquio «¿Es legítima la constitución actual? ¿Estamos en un momento constituyente?». Además de su presentación en el coloquio, el acádemico fue entrevistado en las radios Universidad de Chile y Cooperativa.

En conversación con la periodista Paula Molina en el programa La historia es nuestra, Saba contrastó el intento actual del gobierno venezolano por realizar una Asamblea Constituyente con el proceso constituyente chileno, señalando que son diametralemente opuestos y compararlos está fuera de lugar. En cuanto a la relevancia de la elección presidencial, sostuvo que puede servir como indicador del desarrollo del proceso constituyente, de manera que la elección de un candidato que no apoye el cambio constitucional no necesariamente implica el fin de este, sino que puede más bien indicar que es necesaria más deliberación respecto de un proceso que por su naturaleza puede durar años.

En conversación con el periodista Patricio López en Radio Análisis de Radio Universidad de Chile, en tanto, se refirió a la idea de momento constituyente y cómo si acaso el país pasa por uno es algo difícil de determinar mientras ocurre, y que solo se podrá saber con certeza cuando se reforme o reemplace la constitución y la nueva sea percibida por la ciudadanía como su Constitución.

Claudia Heiss participa en seminario sobre Defensoría del Pueblo

Claudia Heiss: “La protección de los derechos de las personas debe estar presente en el debate constitucional”

Una defensa de las organizaciones independientes de protección de los derechos de las personas como respuesta a los desafíos que enfrentan las democracias contemporáneas formuló la profesora del INAP e integrante del Observatorio del Proceso Constituyente en Chile de Fundación RED, Claudia Heiss. 

La académica participó en el segundo panel del Seminario Internacional “Defensoría del Pueblo en Chile: El deber de protección de los derechos ciudadanos”, convocado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Capítulo Chileno del Ombudsman, y realizado el 3 de agosto en el Museo Violeta Parra.

La mesa, sobre “Defensoría del pueblo y proceso constituyente”, estuvo integrada además por los profesores de Derecho Ana María Moure y Patricio Zapata, el investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional Matías Meza-Lopehandía y fue moderada por la abogada del INDH Daniela Ortega.

La profesora Heiss abordó el papel que ha dado la teoría democrática reciente a las defensorías del pueblo como una forma de control frente a la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

Agregó que esta función es particularmente relevante en el marco de la constitución chilena vigente, que ha dado la espalda a la soberanía popular, agudizando la distancia entre representantes y representados y la elitización de las decisiones públicas. 

“La sistematización de la etapa participativa del proceso constituyente sitúa a la defensoría del pueblo en el segundo o tercer lugar de las instituciones más prioritarias para las 200 mil personas que participaron en Encuentros Locales Autoconvocados, Cabildos Provinciales y Regionales el año pasado, superada sólo por los mecanismos de democracia directa como plebiscitos, referendos y consultas, y el Congreso o Parlamento”, señaló. 

“El fortalecimiento de las capacidades y autonomía en la protección de los derechos de las personas que realiza hoy el INDH debe estar presente en la discusión constitucional en el país, y pueden contribuir a mejorar la articulación entre instituciones y sociedad”, añadió.

Coloquio: ¿Es legítima nuestra actual Constitución? ¿Existe en Chile un momento constituyente?

A la espera de que se tramite en el Congreso la modificación al capítulo XV de la Constitución, que regula su posibilidad de reforma, el Observatorio del Proceso Constituyente en Chile invita a Coloquio «¿Es legítima nuestra actual Constitución? ¿Existe en Chile un momento constituyente?», en el que se discutirán las características del momento constituyente chileno y los principales cuestionamientos al origen y el contenido de la carta fundamental de nuestro país.

Expositores

    • ROBERTO SABA, Doctor en Derecho. Académico de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Palermo.
    • AMAYA ÁLVEZ, Doctora en Derecho. Académica de la Universidad de Concepción.
  • LUCAS SIERRA, Doctor en Ciencias Sociales y Políticas. Académico de la Universidad de Chile. Subdirector del Centro de Estudios Públicos.

Detalles del evento

Fecha: Lunes 7 de agosto, 19:00 hrs.

Lugar: Sala Ercilla, Biblioteca Nacional, Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 651, Santiago (Metro Santa Lucía).

Confirmar asistencia aquí.

Carta sobre consulta ciudadana por reforma constitucional

El miércoles 12 de julio el diario El Mercurio publicó una carta del Director del Observatorio acerca de la consulta ciudadana en línea que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados dispuso para que la ciudadanía enviara opiniones sobre el proyecto de reforma al Capítulo XV de la constitución actual y que habilitaría la convocatoria a una «convención constitucional» encargada de elaborar el texto de la nueva Constitución. La carta critica la nula difusión que se hizo de la consulta y que resultó en a la fecha estipulada para su término no se hubiera recibido ninguna opinión:

Señor Director:

Recientemente la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó poner a disposición de la ciudadanía un sitio web por medio del cual cualquier persona pudiera hacer llegar a la comisión su opinión respecto del proyecto del Gobierno de reforma al capítulo XV de la Constitución, el que busca habilitar la convocatoria a una «convención constitucional» que elabore una nueva Constitución. Las opiniones recibidas serían, además, publicadas en la misma web.

De acuerdo con lo expresado en la comisión, la motivación detrás de esta «consulta ciudadana» fue doble. Por un lado, dar continuidad al aspecto participativo del proceso constituyente del Gobierno, ahora en la etapa legislativa, y, por otro, servir como «piloto» para la implementación permanente en el futuro de ese tipo de consultas respecto de otros proyectos de ley que la comisión estime pertinentes.

Ambas motivaciones son encomiables, aunque el mero hecho de que el proyecto de ley en cuestión busque llevar adelante el proceso constituyente parece suficiente para justificar la mayor y más profunda participación ciudadana. Dada la deslegitimación del sistema político frente a la ciudadanía, su participación es condición necesaria de la legitimidad del proceso.

Por lo anterior, es lamentable que aparentemente la única difusión oficial que se hizo de esa instancia haya sido un banner en la página web de la Cámara, y que por ello no se haya recibido ninguna opinión dentro del plazo estipulado (12 de junio). Frente a una solicitud de acceso a la información pidiendo los comentarios recibidos en el contexto de la consulta, se nos respondió que no se había recibido ninguno.

No obstante haberse cumplido el plazo, la consulta sigue en línea. Frente a ello, llamamos a aprovechar esta y toda otra oportunidad para promover de manera activa y con decisión la participación ciudadana en la discusión sobre el mecanismo para elaborar la nueva Constitución, uno de los temas que con más fuerza han atravesado la discusión constituyente, y que estuvo ausente de las instancias participativas del año pasado.

Ernesto Riffo Elgueta
Director Observatorio del Proceso Constituyente en Chile, Fundación RED

Claudia Heiss en Latin American Advisor comenta el futuro del proceso constituyente de gobierno

El Latin American Advisor recoge en su edición del 16 de junio opiniones de distintas acadeḿicas y académicos chilenos respecto de la pregunta «¿Qué logrará Bachelet en su último año en el cargo?». Entre las consultadas está la profesora Claudia Heiss del Observatorio e integrante del Directorio de la Fundación RED.

Heiss afirma que factores como el quiebre en la Nueva Mayoría entre la Democracia Cristiana y los demás partidos que integan la coalición de gobierno, y el apoyo popular de la gestión de la Presidenta Bachelet, «hay pocas expectativas de que el último año de Bachelet en el cargo traerá grandes logros». Respecto del proceso constituyente en particular la académica afirma que «[r]eemplazar la Constitución de 1980, el corazón del legado político y económico de la dictadura, sería la única forma de implementar un proyecto verdaderamente transformador que lleve a un Estado social de derechos. Este objetivo ya ha sido explícitamente dejado para que gobiernos futuros lo logren».

También comentan el proceso constituyente la académica Rossana Castiglioni quien observa que el cambio constitucional «no será alcanzado durante su mandato, aunque el debate constitucinal ha sido importante durante su administración».

A propósito de la cuenta pública presidencial del 1° de junio, el académico Guillermo Holzmann, destacó que la Presidenta sostuvo en su discurso que su gobierno sentó las bases para realizar «una transformación del modelo liberal», e instó a las fuerzas progresistas a continuar ese curso. «Esto significa», sostuvo Holzmann, «profundizar las reformas estructurales: tributaria, educacional, asistencial, laboral, y constitucional».

Imagen Entrevista a Roberto Gargarella

Roberto Gargarella:

“La ciudadanía va a participar activamente en la medida que sienta que va a ser tomada en serio”

El académico Roberto Gargarella (CC BY 2.0 Basic Income Canada Network, Flickr).

La presencia en Chile a comienzos de mayo de 2017 del académico argentino Roberto Gargarella contribuyó con una mirada desde fuera a la discusión sobre el cambio constitucional en el país. El académico de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Torcuato di Tella y autor de los conocidos Los fundamentos legales de la desigualdad: El constitucionalismo en América, 1776-1860 (Siglo XXI, 2005) y La sala de máquinas de la Constitución: Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2000) (Katz, 2015) dictó una conferencia en la Universidad Diego Portales y participó de un taller de discusión en la Universidad de Chile (ver enlaces abajo). En exclusiva para el Observatorio del Proceso Constituyente de RED, analiza aquí las perspectivas de cambio constitucional, calificando como una “apertura controlada desde arriba” la etapa de discusión a través de Encuentros Locales y Cabildos propiciada por el gobierno.

¿Cuál es su opinión del proceso participativo realizado en Chile el 2016 para discutir principios e instituciones constitucionales en encuentros auto-convocados y cabildos? ¿Considera que corresponde a un ejercicio de democracia deliberativa?

Aunque no conozco el desarrollo en detalle, en lo que he visto aparece como un proceso de “apertura controlada”. Apertura “desde arriba”, de lo que se ve como esencialmente “cerrado”, y apertura “controlada,” en cuanto al celo por evitar cualquier “desbocamiento”, que se examina con un prisma bastante conservador. De todos modos, la iniciativa merece ser, en principio (aunque sólo en principio), elogiada y celebrada: elogiada a partir del reconocimiento de que los asuntos constitucionales son asuntos que conciernen a toda la ciudadanía, y no sólo a los grandes expertos, o a las oligarquías partidarias; y celebrada por el notable número de personas que, a pesar de las dudas o sospechas, se acercaron en primera instancia a participar. Lamentablemente, la impresión es que el poder político –en línea con una tradición constitucional muy conservadora, propia del constitucionalismo chileno– se acercó a esta importante iniciativa con desconfianza, expresada en diversas reglas limitativas que marcaron desde un comienzo a esa invitación que prometía apertura a la participación popular.

¿Qué papel juegan o deberían jugar la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil en la reforma y/o el reemplazo de la Constitución? ¿Cómo se puede motivar a dichos sectores a interesarse y participar de esta discusión?

Si la Constitución va a ser expresión de un pacto entre iguales, es esperable y necesario que sus protagonistas, y principales destinatarios, tengan una voz decisiva en la redacción de ese acuerdo. Quienes suscribimos una concepción deliberativa de la democracia defendemos procesos de creación normativa inclusivos y deliberativos. Por ello las esperanzas convocadas por los cabildos participativos, y por ello la frustración o el “gusto a poco” frente a sus resultados, y al modo en que el gobierno procesó tales resultados.

Volviendo a la teoría, la idea democrático-deliberativa es, simplemente, una expresión del principio de sentido común que dice que “lo que afecta a todos concierne a todos” –un principio que resulta a todas luces razonable, para quienes no partimos de una concepción elitista de la vida pública–. Creo que, como decía antes, el buen número y nivel de la participación popular que se viera en el proceso constituyente hasta ahora abierto, a pesar de y en contra de sus limitaciones obvias, muestra que hay en Chile una energía cívica importantísima, que simplemente debe recibirse y canalizarse de modo apropiado. No tengo dudas de que la ciudadanía va a participar activamente en este tipo de procesos, en la medida en que no sienta que es engañada, o que (¿otra vez?) no va a ser tomada en serio.

¿En qué se parece y en qué se diferencia el actual debate constitucional en Chile de otros procesos recientes de reforma y reemplazo de cartas fundamentales en América Latina?

La “apertura (desde arriba) controlada” es diferente de otros procesos meramente representativos, como el de la Argentina 1994 (una Convención Constituyente predeterminada por un programa limitativo elaborado desde el Congreso; y un proceso poco abierto a la participación popular); tanto como de otros que mostraron una vocación de apertura a la ciudadanía significativa, como los de Venezuela, Ecuador o Bolivia (procesos que luego, en la práctica, se fueron cerrando o terminaron cooptados por grupos cercanos a las fuerzas del gobierno que promovían la reforma).

El proceso chileno también se ha mostrado (mucho) más restrictivo que otros recientemente puestos en marcha en Europa, como los que tuvieron lugar en Irlanda y en Islandia, en donde se exploró, con suerte dispar, formas de máxima apertura a la intervención ciudadana en el proceso constituyente.

Por último, ¿qué recomendaciones podría hacer con miras a un proceso de cambio constitucional que ayude a la inclusión de sectores sociales postergados –pueblos originarios, población de menor nivel socioeconómico, personas en situación de discapacidad– y a la desconcentración del poder?

Podría decir muchas cosas, pero me contentaría por el momento con dar el consejo principal que se desprende de los últimos textos que he escrito en la materia (en particular, en mi libro sobre “la sala de máquinas de la Constitución”). El consejo es: si le interesa a usted, realmente, la participación popular, reforme el sistema institucional, centralmente en lo que hace a la organización del poder o “sala de máquinas” de la Constitución. Y hágalo de un modo específico: poniendo fin al centralismo territorial y a la concentración del poder en el Poder Ejecutivo, que caracteriza a nuestros países (y a Chile en especial) desde hace más de dos siglos. Participación popular y poder concentrado son antónimos.

Lamentablemente, en el último siglo, las energías reformistas en materia constitucional se canalizaron exclusivamente en “la otra” sección de nuestras Constituciones: la referida a las declaraciones de derechos. Así, incluimos derechos de todo tipo (lo que no está mal), constitucionalizamos tratados internacionales (lo que no está mal), y concentramos buena parte de nuestras energías intelectuales en la reflexión acerca de la puesta en marcha (o “enforcement”) de los derechos, su judicialización, su politización, los modos de su activación, etcétera (todo lo cual es un problema). Se trató de una opción equivocada, entre otras razones, porque si lo que nos interesa es realmente poner en marcha la estructura de los derechos, o dar vida a la “parte social” de la Constitución, lo primero que tenemos que hacer no es seguir agregando derechos en su texto, ni buscando formas para su activación judicial (simplemente), sino primero, y sobre todo, descabezar la estructura de poder territorial y políticamente concentrado que sigue distinguiendo a nuestros países, y que, entre otras cosas, conspira directamente contra la democratización de nuestra vida pública (y contra la democratización de nuestras declaraciones de derechos): el poder concentrado es enemigo del pueblo con derechos, puesto de pie, con autonomía y capacidad de desafío.

La entrevista fue realizada por Claudia Heiss para el Observatorio.

Vídeo El Observatorio en la prensa (semana del 8 de mayo)

En la semana de su lanzamiento el Observatorio apareció en los medios de comunicaciones gracias a la cobertura del evento, las opiniones de las autoridades que participaron de él, y a entrevistas a su Director.

Televisión

El lunes 8, en CNN Chile, fue entrevistado el Director del Observatorio, quien se refirió a los propósitos del Observatorio, así como a la importancia de la participación en el proceso constituyente y cómo la distancia entre la ciudadanía y la constitución es una de la razones que justifica el desarrollo de un proceso participativo, antes que una razón en contra del proceso constituyente en general.

 

El martes 9, en el noticiario matutino del mismo canal, se recogió la opinión del Ministro del Interior Mario Fernández durante el lanzamiento del Observatorio en el sentido de que su creación «es muy importante porque mantiene en movimiento el debate constitucional».

 

El mismo martes, el lanzamiento del Observatorio fue mencionado en el noticiario Ahora Noticias (YouTube) del canal Mega, el que recogió declaraciones del Ministro del Interior sobre contingencia nacional.

Radio

En conversación con Fernando Paulsen en Radio La Clave el martes 9, el Director del Observatorio explicó los propósitos de éste y se refirió a algunas de las debilidades de la etapa participativa del proceso constituyente realizada por el Gobierno de la Presidenta Bachelet durante 2016, destacando que los costos de participar en los encuentros locales y cabildos es mucho mayor que formas de participación política tradicionales como el voto en elecciones.

 

El miércoles 10, el Director del Observatorio fue entrevistado en Radio Universidad de Chile, ocasión en la que insistió en la importancia de que las instancias de participación sean promovidas de manera más activa por las autoridades, facilitando la incorporación al proceso y la integración entre distintos sectores de la sociedad.

 

Prensa escrita

En El Mercurio del 9 de mayo se recogieron las declaraciones del Ministro del Interior en el lanzamiento del Observatorio respecto de la falta de coherencia de la Constitución vigente, debido a la gran cantidad de reformas que ha sufrido, las que no han sido sistemáticas, y cómo ese solo hecho justifica la elaboración de una nueva.

Diversos medios en línea destacaron la opinión favorable del Senador Ignacio Walker en su intervención en el lanzamiento respecto de la propuesta de reforma al capítulo XV de la Constitución vigente, con el que se busca habilitar la convocatoria a una Convención Constitucional que elabore una nueva Constitución. Al respecto, el Senador sostuvo que «la propuesta del Gobierno es inteligente porque obliga al acuerdo». Por el contrario, el exintegrante del Consejo Ciudadano de Observadores Hernán Larraín Matte criticó al gobierno por «debilitar» el proceso constituyente al promoverlo durante un año electoral.