Introducción: ¿Por qué necesitamos una Nueva Constitución?

Dejamos a su disposición la Introducción del libro «¿Por qué necesitamos una Nueva Constitución?» de la investigadora y directora de Fundación RED, Claudia Heiss.  El libro fue publicado por Editorial Aguilar, y se puede comprar a domicilio en megustaleer.cl, feriachilenadellibro.cl y libreriadelgam.cl, entre otras. También está disponible en versión para Kindle y en Apple Books.

 

Introducción: ¿POR QUÉ NECESITAMOS UNA NUEVA CONSTITUCIÓN?

La Constitución es importante para una comunidad política. Desde la mirada de los juristas, es la ley de leyes, la que manda sobre todas las demás y subordina a cualquier norma que entre en contradicción con ella. Para la ciencia política, es el andamiaje fundamental que refleja relaciones de poder y distribuye a través de distintos órganos la toma de decisiones que afectarán a todos los habitantes de un país. Para la teoría democrática, es el corazón donde palpita la legitimidad del sistema político. De la Constitución emana la fuerza que alimentará las decisiones del gobierno y sus instituciones, así como las de los partidos políticos y la acción ciudadana que se expresa a travos del debate público, la protesta y los movimientos sociales.

La Constitución establece la identidad de una comunidad política. Como si fuera su carné de identidad, declara «esto somos las y los miembros de esta polis», estos principios y deberes consideramos fundamentales y estos derechos queremos proteger a todo evento. Aquellos países que cuentan con un texto querido por las y los ciudadanos tienen una gran ventaja: la Constitución los guiará para sortear los convictos y turbulencias que se puedan suscitar. Pero ese no es el caso de Chile.

El estallido social del 18 de octubre de 2019 vino de la mano de una clara demanda por una nueva Constitución. Por décadas, el país ha lidiado con un grave problema en este ámbito. La ilegitimidad de nuestra actual carta fundamental deriva en parte de haber sido elaborada por la dictadura militar para perpetuar una concepción nacionalista, autoritaria y neoliberal de la sociedad y la economía. En parte también obedece a su incapacidad de adaptarse a las demandas ciudadanas, porque fue diseñada para actuar como una camisa de fuerza, limitando la posibilidad de hacer cambios por parte de las mayorías políticas. Como resultado, no solo se ha mantenido un poder de veto de la derecha sobre decisiones fundamentales, como el papel del Estado respecto de los derechos sociales a la salud, educación y previsión. Con todo lo dañina que es esa limitación a la voluntad democrática, la Constitución de 1980 ha tenido un efecto aún más pernicioso: ha contribuido al desplome de la confianza pública en las instituciones y en la capacidad de la política para canalizar la pluralidad y el conflicto social.

El daño ya está hecho y no es claro qué camino puede tomar hoy la sociedad chilena para reconstruir su tejido social y su confianza en que la participación y la deliberación ciudadana podrán incidir realmente de manera democrática en las decisiones colectivas. El desprestigio de los partidos y el Congreso ha llegado a niveles históricamente altos, así como la falta de identificación con las posiciones ideológicas de izquierda y derecha, categorías que para muchas personas ya no significan nada. Aunque no resolverá todos estos problemas de la noche a la mañana, liberarnos de la Constitución de 1980 y construir una nueva carta fundamental entre todas y todos es un primer paso ineludible para recuperar el necesario papel que juega la política en toda democracia.

En las páginas que siguen, intentaré justificar por qué me parece crucial que la ciudadanía apruebe en el plebiscito del 26 de abril de 2020 la opción de crear una nueva Constitución para Chile, y también algunos de los desafíos que, de ganar esa opción, tendremos que enfrentar como país. El primer capítulo recuerda los orígenes de la Constitución de 1980 durante la dictadura militar. Allí se muestra cómo la Junta, Pinochet y su principal asesor jurídico, Jaime Guzmán, buscaron expresamente crear un nuevo sistema político radicalmente distinto de la tradición constitucional anterior: una democracia «protegida», sometida a la tutela de las Fuerzas Armadas. Este régimen debía ser blindado de las mayorías políticas, para así poder perpetuarse en el tiempo.

El capítulo dos relata las restricciones institucionales que impuso la Constitución tras el retorno a la democracia y las reformas de que fue objeto. La más amplia fue la reforma de 2005, que moderó el poder político de las Fuerzas Armadas, pero estableció un nuevo poder tutelar a través de mayores facultades entregadas al Tribunal Constitucional.

El tercer capítulo desarrolla los principales argumentos que hacen necesaria hoy una nueva Constitución: la ilegitimidad de la actual y la forma en que afecta la vida de las personas, distorsionando la voluntad popular y limitando la capacidad del Estado de responder a demandas sociales. Se relata también aquí el intento de la Presidenta Michelle Bachelet por llevar a cabo un proceso constituyente durante su segundo gobierno.

El capítulo cuatro describe el retorno del problema constitucional al centro de la agenda política luego del estallido del 18 de octubre de 2019. Tras la explícita demanda por un cambio de Constitución, los partidos y el Congreso han intentado dar una salida institucional a la crisis proponiendo un proceso constituyente democrático. Está por verse si este esfuerzo llegará a buen puerto y si el sistema político será capaz de garantizar las condiciones de inclusión e incidencia ciudadana en el órgano encargado de redactar la nueva Carta Fundamental. De ello dependerá la legitimidad y la adhesión que pueda concitar el pacto social resultante de este proceso.

Se concluye que la actual Constitución, a pesar de sus numerosas reformas, ha jugado un papel determinante en el deterioro de la capacidad de la política para responder a las demandas ciudadanas. De allí el descrédito y la desconfianza generalizados de parte de la ciudadanía en los partidos y las instituciones políticas en general. Al preservar un modelo económico altamente desigual, la Constitución de 1980 ha contribuido a agudizar el conflicto social. Por ello, la construcción colectiva y democrática de un nuevo pacto social es necesaria para superar el legado autoritario y avanzar hacia una sociedad democrática, pluralista e inclusiva.

Informe de Actividades del Observatorio

Se encuentra disponible para su descarga el Informe anual de actividades del Observatorio del Proceso Constituyente en Chile –presentado el lunes 23 de abril en un evento en la Casa Central de la Universidad de Chile, con la participación de la Expresidenta Michelle Bachelet–, el que contiene columnas de opinión, editoriales, entrevistas con expertos y expertas nacionales y extranjeras sobre el proceso constituyente chileno y experiencias comparadas, infografías, y notas sobre coloquios organizados por el Observatorio.

También se encuentra disponible el reporte experto «An assessment of the Chilean Constituent Process», el que incluye los capítulos «Political participation and constitution-making: The case of Chile», de Claudia Heiss; «The Chilean Constituent Process under the Bachelet Presidency«, de Ernesto Riffo Elgueta; e «Indigenous peoples and constituent process«, de Jorge Contesse y Cristián Sanhueza.

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Entrevista a María Cristina Escudero

Exintegrante del Comité de Sistematización del proceso constituyente:

“Piñera debe decidir si quiere pasar a la historia como pasaron las reformas constitucionales de Lagos en 2005 o si quiere hacer algo más”

 

Mientras el Gobierno saliente prepara el proyecto de nueva Constitución para enviarlo al Congreso en enero, el Presidente electo ha señalado que sólo hará modificaciones parciales a la actual carta fundamental. María Cristina Escudero, integrante del equipo que analizó y sistematizó las opiniones de los diálogos ciudadanos sobre la Constitución en 2016, plantea que el futuro mandatario debe recoger dichos insumos.

Por Mariana Ardiles Thonet

María Cristina Escudero no cree que el proceso de cambio constitucional haya tenido su punto final. “El tema está ahí y la Constitución sigue siendo la misma”, señala. Pese a que el Presidente electo, Sebastián Piñera, no propone crear una nueva carta fundamental, la ex integrante del Comité de Sistematización de la etapa participativa del proceso constituyente afirma que las modificaciones a la Constitución no deberían recaer en un solo gobierno y que suelen ser extensas: “La política comparada muestra que los momentos constituyentes van in crescendo. Cada vez es más difícil de resistir”, indica.

Doctora (c) en Ciencia Política UC, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y especializada en la sustitución de las cartas fundamentales —su tesis doctoral aborda los reemplazos constitucionales en democracia en América Latina—, Escudero explica que estos procesos son impulsados por la ciudadanía, pero que también requieren acuerdos de las élites.

Además, plantea que la formación ciudadana es importante para que las personas comprendan cómo inciden en sus vidas las normas contenidas en la carta fundamental. “Cuando se les pregunta a los ciudadanos directamente en encuestas, ellas dicen que quieren una nueva Constitución. Pero si se les pide indicar sus temas prioritarios, la gente no indica un asunto político como éste. La política está muy desacreditada y la Constitución no va a aparecer más arriba que salud o educación a menos de que haya una contingencia. Con educación cívica sería más fácil hacer la conexión de que si existe un Estado subsidiario, por ejemplo, no van a tener un Estado de bienestar. Todavía se ve la Constitución muy arriba, en temas políticos”, asegura.

La Presidenta Bachelet le señaló a Sebastián Piñera que presentará el proyecto de nueva Constitución próximamente. Sin embargo, en su campaña, el Presidente electo dijo que haría reformas constitucionales, no un reemplazo. ¿Qué debería hacer él con dicho proyecto?

—Lo más importante es que el proyecto de la Presidenta Bachelet va a tener los insumos de la etapa participativa del proceso constituyente. Eso es muy valioso, pues se le preguntó a la ciudadanía, ésta tuvo mecanismos de hacer llegar su preferencia y estas preferencias se analizaron metodológicamente para generar un insumo que es trazable, confiable y que el mismo Presidente Piñera puede revisar. No sería positivo que esos insumos se perdieran, porque se incentivó a la ciudadanía en un proceso que no estuvo teñido por un color político ni dirigido desde la Presidencia para lograr a ese sector le convenía. Eso se ve en las propias Bases Ciudadanas. Los procesos constituyentes continúan aunque los líderes no quieran, lo que pasa es que tienen altos y bajos. Puede que Piñera sienta que el proceso no está en un alto, pero después vuelven a surgir. Se trata de procesos de larga data, pueden durar diez años. Si él no quisiera hacer una asamblea constituyente, que es como el ícono más notorio de un proceso constituyente, y quisiera hacerlo a través del Congreso, que también es un mecanismo válido para hacer un reemplazo constitucional, lo puede hacer a través de reformas. Sigue siendo un proceso constituyente. Ahora, si él no promulga una nueva Constitución, la ciudadanía juzgará si va a ser suficiente o no para legitimar las nuevas reglas del juego. Pero lo que sí debería hacer el nuevo Presidente es escuchar lo que la gente dijo en las Bases Ciudadanas y que va a estar reflejado en el proyecto de la Presidenta Bachelet, y ver qué es lo que a él lo convence para avanzar en las nuevas reglas del juego que el país se quiere dar.

En la campaña de Sebastián Piñera el tema del cambio constitucional no era prioritario, a diferencia de lo que ocurría con otros candidatos. Él hizo una suerte de comparación con las reformas de 2005 con Ricardo Lagos, y planteó que ahora es necesario modernizar la Constitución. ¿Qué salidas le ves tú a este proceso?

—Piñera va a tener que decidir si quiere pasar a la historia como pasaron las reformas de Lagos en 2005 o si quiere hacer algo más. Si bien las reformas de Lagos fueron muy importantes —porque eliminaron a los senadores designados, que ya es una gran cosa, abrieron el camino para cambiar el binominal, entre otros logros—, la gente no lo consideró suficiente. Al año siguiente ya estábamos con protestas y marchas en la calle. Ese proceso no es un buen referente en cuanto a mecanismo de reforma constitucional.

Se podría esperar que la movilización estudiantil vuelva y que vaya de la mano con la demanda de nueva Constitución.

—Es claro que los momentos constituyentes los produce la ciudadanía. Bachelet tomó un momento constituyente que se fue apagando por la contingencia, pero eso no quiere decir que no vuelva a surgir y que superamos el tema constitucional. Por el contrario, yo creo que la gente está expectante. Tuvimos una elección entre medio, un año difícil en términos económicos, entonces me da la impresión de que no hay que confiarse en que ya no hay momento constituyente, en que eso fue en 2016 y que ya no es así, porque el tema está ahí y la Constitución sigue siendo la misma. Es muy probable que vuelva a surgir: la política comparada muestra que los momentos constituyentes van in crescendo. Cada vez es más difícil de resistir. Va a depender de cómo los liderazgos políticos van canalizando esto, porque a veces la ciudadanía simplemente pasa por arriba del sistema político y eso es lo que hay que tratar de evitar. Ejemplos que a muchos políticos les dan susto, en los que la ciudadanía pasa por arriba del sistema político, son Bolivia y Venezuela. Si la élite política no reacciona a tiempo, la ciudadanía no se detiene.

Cuando el actual Gobierno anunció el inicio del cambio constitucional, planteó un proceso que debería continuar en el Gobierno siguiente. ¿Crees que hubiese sido mejor realizar las diferentes etapas con mayor anterioridad, para así haber llegado con más avance al momento del cambio de mando?

—Mirado desde adelante hacia atrás siempre se puede decir “¿y si hubiera pasado esto?”. Por alguna razón no ocurrieron las cosas. Hubo contingencias, hubo varios desastres naturales entre medio, había que hacer una preparación de la etapa participativa… Pero lo peor que puede pasar es hacer un proceso constituyente que sólo dependa de un gobierno, porque al final tiene que haber un consenso tanto en la ciudadanía como en la élite política. El tema constitucional avanzó, en el sentido de que todos incorporaron esto en sus campañas. Piñera lo incorporó de forma matizada, pero en su programa hay muchas reformas, entendió que había que hacer algo. Probablemente no están muy de acuerdo con la agenda de centroizquierda, pero ahí tiene que construir una agenda. ¿Cuáles son los aspectos principales que el país quiere incorporar en su nueva carta fundamental?

Dado que los procesos constituyentes son largos, puede ser difícil ver esto, pero ¿hay experiencia comparada sobre procesos o intentos de cambio constitucional que hayan quedado inconclusos? ¿Qué ocurre en esos casos?

—Sólo por darte un ejemplo, en Bolivia el proceso constituyente empezó a ser solicitado en 1998, las protestas grandes se produjeron en 2003, las reformas posibilitaron una asamblea constituyente ocurrieron en 2004, la asamblea constituyente se realizó en 2006 y la Constitución recién se promulgó en 2009. Pasaron once años. Se ve un proceso inconcluso durante todo ese período. En Colombia, lo mismo: fue el Presidente Betancur el que empezó el proceso en el año 1985, o incluso antes. Son procesos que demoran en concitar el consenso general. Habiendo dicho esto, sí, un ejemplo de proceso inconcluso, por ahora, porque no sabemos qué va a pasar, es el de Islandia, que partió con mucha motivación ciudadana, pero no hubo una buena compensación en términos de los organismos representativos. Ese proceso está estancado en una discusión política en que nadie cede. Hay que ir mirando lo que pasa con la ciudadanía. Al final es la ciudadanía la que tiene que presionar por sus propios cambios. Islandia sigue funcionando, pero tiene una Constitución inconclusa.

Entrevista a Cristóbal Bellolio: “La asamblea constituyente no debería ser una competencia de ofertones, sino de visiones de mundo”

Para el Doctor en Filosofía Política y profesor de la UAI, en el proceso de cambio constitucional la discusión sobre el mecanismo es más relevante que la del contenido: a su juicio, un proceso imparcial con garantías de participación igualitaria permitiría enfrentar la falta de legitimidad del texto actual.

Pese a haber estado durante varios años cursando sus estudios de Doctorado en Filosofía Política en London University College, Cristóbal Bellolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, se ha mantenido presente en el debate local a través de libros publicados, columnas de opinión, entrevistas en medios y una activa cuenta de Twitter. Ya de regreso en Chile, algunos días antes de las elecciones del 19 de noviembre, el autor de títulos como Pinochet, Lagos y Nosotros: Ensayos sobre la Cuestión Constituyente (Debate, 2015) y Renovación & Reemplazo: Por qué el recambio político es urgente en Chile (Ariel, 2013) conversó en entrevista con Javiera Parada del Observatorio del Proceso Constituyente en Chile y planteó que el momento constitucional de hoy como “un lujo que nuestros padres no tuvieron”.

El académico se pregunta al respecto “¿Cómo no va a ser una oportunidad, entre estos nuevos grupos, incluyendo en este caso a la nueva derecha, mirarse a los ojos y decirse ‘bueno, construyamos juntos las reglas del país en el que nos va a tocar vivir a nosotros y a nuestros hijos’?”. “Todavía estamos a tiempo. Es a nosotros los que nos va a tocar vivir prácticamente toda nuestra vida bajo el ordenamiento que acordemos. Y es una muy buena oportunidad para renovar las estructuras políticas de Chile”, agrega.

—¿En qué sentido el proceso constituyente puede servir para hacerse cargo de la crisis de legitimidad política, desconfianza en las instituciones y desafección ciudadana?

Eso es una apuesta. Porque a diferencia de otros, particularmente en la izquierda –y con esto particularmente me refiero a algunos discursos como los de Garretón y otros que creen que la Constitución tiene propiedades mágicas–, yo creo que eso es ridículo. La Constitución no hace mejores a las personas ni necesariamente reestablece vínculos de confianza entre representantes y representados.

Lo que sí me parecía a mí importante era que, particularmente los nuevos referentes políticos fueran capaces de plantear un modelo político distinto al que heredaron y que viene contaminado. Esa oportunidad constitucional podría haber dado paso, como una especie de anexo, a un acuerdo político que quizás tuviera que ver con amistad cívica, ciertas confianzas extra ideológicas. Yo tengo la impresión, puedo estar equivocado, de que hoy día Giorgio Jackson y Jaime Bellolio no se quieren matar. Creo que Camila Vallejo y Felipe Kast no se quieren matar. Pueden tener legítimas diferencias ideológicas. Tengo la impresión de que un país construido en un marco de amistad cívica, como uno esperaría que tuviéramos, dentro de todas las legítimas diferencias, podría permear a la legitimidad de las instituciones. Pero insisto, es una apuesta. Podría no pasar. Podrían darse otros efectos beneficiosos como una Constitución legítima, hecha con principio de imparcialidad, donde todos tuvieron derecho a decir lo que opinaban (…). Podría darse un momento en el que vuelves a conectarte con la política como el supremo arte de construir el mundo entre todos, esa conversación entre iguales y eso yo creo que lo permitía un momento constitucional vía asamblea constituyente. Eso no te lo permite un momento constitucional vía parlamento si lo que están adentro ya están pringados.

¿Crees que esta nueva Constitución sería algo así como un árbol de pascua lleno de derechos sociales económicamente insostenibles?

Yo no puedo de antemano decir que la Constitución va a ser minimalista, porque que la Constitución sea minimalista es algo que yo voy a proponer una vez que estemos jugando el partido. Así como voy a proponer otras posiciones sustantivas, por ejemplo “el Gobierno no va a poder cerrar canales de TV porque le molestó lo que dicen” mientras otros van a querer poner “no, el Gobierno si tiene derecho a cerrar canales de TV…”. Bueno, vamos a tener esa discusión al fragor de la asamblea constituyente misma, una vez que estemos jugando el partido y eso es normal.

Ahora, si me preguntas a mí, yo creo que es una pésima idea tener una Constitución árbol de Navidad. Por dos razones. Primero, porque no tiene efectividad. ¿Qué saco con garantizar el derecho a la felicidad o el derecho al buen sexo? ¿Cómo diablos lo fiscalizo? ¿Con recurso de protección? — se ríe —. Por otro lado, creo que es frustrante tener una Constitución que es letra muerta. “Pero ¿cómo, mira, si mi Constitución lo dice?”. Puede sobreexigir, también, al Estado a cosas que finalmente no se la pueda, no tengamos la capacidad estructural ni institucional para responder a todas las promesas que se hacen dentro de la Constitución.

Pero pensar como yo pienso no es un prerrequisito para participar de la asamblea constituyente. Si hay alguien que cree que la Constitución debe tener todos los derechos sociales, aunque sean los más líricos del mundo, bueno, también tiene derecho a participar de la conversación. Mi responsabilidad es ganarle adentro.

¿Crees que la asamblea constituyente conlleva el peligro del populismo?

Por un lado… sí, en el sentido de que tú te vas a ver tentado efectivamente, para decirle al electorado que vas a constitucionalizar, subirle el rango, a todas sus demandas. Esa puede ser una tentación. Pero si entendemos bien cuál es la conversación constitucional –y esto puede ser un acto de fe de mi parte– esto no debería ser una competencia de ofertones, sino de visiones de mundo. Debería ser una contienda legítimamente ideológica. No estoy diciendo necesariamente que todos los delegados tengan que ser abogados con títulos en teoría política, pero no me estoy imaginando a caudillos locales que prometen pavimentar las calles o cerrar los bares o darte el permiso aquí o allá o construirte el hospital aquí o allá. Si los delegados hacen campaña en torno a eso, entonces no estamos entendiendo nada de qué se trata la discusión. Por eso mi acto de fe es creer que los actores políticos van a estar a la altura de entender que esta es una discusión constituyente y las discusiones constituyentes son sobre las bases estructurales de cómo se organiza tu sistema político. Y creo que en muchas de esas discusiones el riesgo de populismo es menor. Son discusiones que requieren cierta densidad. Y hay gente que cuando yo digo esto, me critican, “ah, entonces tú quieres una asamblea de elite”. Bueno, en cierto sentido no me avergüenza de que ciertas de estas discusiones sean, no de elite económica, sino de una elite intelectual. Y tiene sentido. Una elite intelectual que venga de sectores populares, del mundo de la cultura, del mundo de la economía, del mundo de la política más tradicional, del mundo universitario. Por supuesto que los 100, 200 tipos que estén ahí van a ser una elite, tienen que ser una elite intelectual, si están haciendo la Constitución que va a gobernar Chile los próximos 200 años. Desde ese punto de vista, sí, yo espero una Constitución elitista. Hay muchas discusiones en el parlamento que no se entienden si es que tú no sigues los proyectos de Ley. Entonces, no estoy diciendo nada del otro mundo.

Tiendo a creer que cuando las discusiones entran en esa sintonía más fina, el riesgo de populismo se difumina un poco.  Pero insisto, es un acto de fe que los actores políticos entiendan que ese es el tono. Puede que la UDI cuando promueva a sus candidatos, los promueva como productos de supermercado igual. Pero espero que no sea así.

¿Desde el punto de vista liberal tú tienes alguna preocupación con la AC como mecanismo?

Si las reglas son justas, en el sentido del acceso a la asamblea. En eso me parece que la democracia proporcional entrega una serie de garantías para decir que los que están ahí tienen que estar ahí. Que si los funcionamientos de la asamblea, también, se estructuran de acuerdo con ciertas garantías de participación para todos y que, por ejemplo, no se le pase máquina a la minoría. Si es que existen ciertos acuerdos respecto a derechos humanos inviolables, ponte tú, garantizados en tratados internacionales, y todos se ponen de acuerdo de que eso no se toca y de ahí partimos. Si se dan esas condiciones, yo confío en la razonabilidad del resultado, aunque lo salga no me llene el gusto. De hecho, sospecharía de una Constitución que es exactamente escrita según mis preferencias ideológicas. Algo no habría salido bien. Yo tengo que ceder en algo, para que yo diga “ah, esto realmente fue el trabajo de todos”. Bajo esas condiciones yo no le tengo miedo a la asamblea constituyente.

La derecha ha insistido en que aquí lo importantes es la discusión sobre los contenidos y que la discusión sobre el mecanismo es secundaria. ¿Por qué es importante el problema sobre el mecanismo? ¿Es prioritario o puede desarrollarse simultáneamente a la discusión sobre contenido?

Quizás la derecha ha ignorado las invitaciones que se han hecho a discutir un procedimiento que entregue garantías de participación igualitaria y ha querido concentrarse sobre la discusión de los contenidos, justamente para hacer explícitos sus miedos. Justamente para decir “Ya, pero ¿qué quieren cambiar?; ya, pero ¿cuánto me vas a ganar? ¿Cuántos goles me vas a meter?”. Creo que quizás es incluso una estrategia.

Yo sí creo que la discusión sobre el procedimiento es más importante que la de los contenidos. Y El déficit de nuestro orden constitucional es de legitimidad y lo que necesitamos es un acuerdo, lo más amplio posible, para tener un pacto político que cuente con la mayor legitimidad posible. Esa es la necesidad que tenemos. El resultado de ese acuerdo no es determinante. No estoy diciendo que el contenido no sea importante. Estoy diciendo que la única manera que tenemos de que todos estemos de acuerdo es si construimos esta conversación desde una perspectiva de imparcialidad. Como los chilenos no piensan igual respecto a los contenidos de la Constitución, la única manera que tengo de que el resultado sea justo, es que haya sido obtenido con condiciones imparciales. Por eso el procedimiento es fundamental. Me ha costado muchas críticas, pero yo he dicho que, si el contenido de la Constitución nueva vía asamblea constituyente resulta exactamente igual, coma por coma, al texto actual, yo me lo banco. Sé que hay grupos de la izquierda que creen que no, que no tiene ningún sentido. Yo creo que se cumple el fundamental. Yo, por lo menos como liberal, me caso con la idea de la justicia como imparcialidad procedimental, más que con la del contenido. Una vez que yo esté adentro de la asamblea, por supuesto que voy a dejar mi parada aséptica procedimental y voy a defender mis causas sustantivas y voy a pedir que en la Constitución esté establecido un artículo sobre la separación Estado–Iglesia y voy a pedir que haya un artículo que defienda la libertad de expresión y uno que se haga cargo del cambio climático. Pero si las pierdo, no voy a patear el tablero. Porque perdí en buena lid.

Mujeres debatieron sobre los contenidos de la nueva Constitución

En un coloquio organizado por el Observatorio del Proceso Constituyente en Chile, este 6 de noviembre la ex subsecretaria del Sernam, Gloria Maira; la Vicepresidenta de Evópoli, Lorena Recabarren; y la académica de la UAI, Verónica Undurraga coincidieron en que la instancia de cambio constitucional debe incluir a mujeres y hombres.

Con la participación de la ex subsecretaria del Sernam, Gloria Maira; la Vicepresidenta de Evópoli, Lorena Recabarren; y la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Verónica Undurraga se desarrolló este lunes 6 de noviembre el coloquio No sin nosotras: mujeres y cambio constitucional, organizado por el Observatorio del Proceso Constituyente en Chile, en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

La diversidad política de las expositoras no fue un impedimento para que todas manifestaran un acuerdo claro: el cambio constitucional debe llevarse a cabo a través de una instancia en la que participen mujeres y hombres por igual.

El parlamento no debe ser el lugar del cambio constitucional porque allí no hay paridad”, aseguró la Vicepresidenta de Evópoli y Directora Ejecutiva de Horizontal, Lorena Recabarren.

Hay que defender a morir el hecho de que el órgano constituyente sea paritario. Y deben estar reflejadas las miradas de mujeres de distintos sectores y diversas experiencias”, coincidió la académica de Derecho Constitucional de la Universidad Adolfo Ibáñez, Verónica Undurraga.

La ex subsecretaria del Sernam, Gloria Maira, manifestó su preferencia por la asamblea constituyente como mecanismo para reemplazar la carta fundamental. “Tengo terror de que el cambio constitucional se haga en una comisión parlamentaria”, señaló. “Debemos garantizar la presencia significativa en la asamblea constituyente de mujeres y feminista”, agregó.

Además, la ex subsecretaria planteó que independientemente del mecanismo que se utilice, habrá particicipación y manifestación de sectores feministas en el proceso. “Las activistas que hemos estado manifestándonos frente al Tribunal Constitucional vamos a estar también en las puertas de donde se haga el cambio de Constitución”, aseguró.

En ese sentido, valoró la experiencia de la asamblea constituyente de Ecuador, proceso en el que participaron las mujeres tanto como asambleístas, como expertas y como parte de la movilización social. “Fue bien interesante porque cuando llegaban las asambleístas a las sesiones, había un piño de mujeres alrededor, una presión permanente que demandaba a esa asamblea constituyente consideración expresa a las demandas de las mujeres”, explicó Maira.

“Iniciar un proceso constitucional sin nosotras, o con nosotras pero no suficientemente preparadas, es peligroso. Corremos el riesgo de quedarnos con lo que viene por defecto. Entre los constitucionalistas es muy fuerte la idea de que lo que está debe mantenerse, y el peso de la prueba recae en quienes proponen los cambios”, planteó la profesora Undurraga.

¿Qué contenidos relevantes para las mujeres deben estar contenidos en la Constitución? Las expertas también ahondaron en el tema. “La discusión sobre la paridad de género o la corresponsabilidad del cuidado son aún marginales en el debate constitucional”, denunció Undurraga. Además, a su juicio nociones como el derecho a la vida o la protección del cuerpo no han sido consideradas respecto de la realidad específica de las mujeres, como el caso de los embarazos de riesgo. “Tampoco se han considerado, por ejemplo, entre las violaciones a los derechos humanos específicamente las violaciones y abusos sexuales que se producen en guerras o regímenes autoritarios”, indicó.

Lorena Recabarren señaló que se deben incorporar en la carta fundamental más elementos de no discriminación “e incluir el sexo y el género”.

“En Chile no sólo nos faltan mujeres en el Parlamento y un desarrollo efectivo de las cuotas, pues vemos que muchas mujeres que van como ‘arroz graneadoen las listas parlamentarias. Además hay barreras que no nos permiten ejercer de igual manera la libertad”, planteó.

En ese sentido, Maira planteó que la paridad debe ser un principio que se manifieste más allá de las cuotas de candidaturas parlamentarias. “Yo espero que la Constitución se inspire en un principio de paridad no sólo en el Parlamento, sino también dentro de las organizaciones políticas, en las candidaturas, en las dirigencias de sindicatos, etcétera”.

Políticas y académicas debatirán sobre el rol de la mujer en el proceso constituyente

La ex subsecretaria del Sernam, Gloria Maira; la Vicepresidenta de Evópoli, Lorena Recabarren; y las académicas Verónica Undurraga (UAI) y Lidia Casas (UDP) expondrán en el Coloquio “No sin nosotras: mujeres y cambio constitucional”.

En vísperas de que el Gobierno envíe al Congreso el proyecto de nueva Constitución, anunciado para después de la primera vuelta presidencial, cuatro destacadas políticas y académicas discutirán el próximo lunes 6 de noviembre sobre el rol que deben tener las mujeres en este proceso, así como sobre los contenidos que la nueva carta fundamental debería incorporar desde su perspectiva.

El encuentro, organizado por el Observatorio del Proceso Constituyente en Chile de la Fundación RED y el Programa de Derecho Público de la Universidad Diego Portales, pretende aportar a este debate con las exposiciones de Gloria Maira, ex Subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer; Lorena Recabarren, Vicepresidenta de Evópoli y Directora Ejecutiva de Horizontal; Lidia Casas, Directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP; y Verónica Undurraga, académica de Derecho Constitucional de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Las expositoras analizarán también las diferentes propuestas que han presentado los candidatos presidenciales respecto del tema constitucional. ¿Debería haber cuotas de género para elegir a los representantes de una eventual asamblea constituyente? Si un reemplazo o reforma constitucional queda en manos del Congreso, ¿cómo se tratará el hecho de que un 84,2% de los integrantes de cada cámara son hombres?

El Director del Observatorio del Proceso Constituyente en Chile, Ernesto Riffo, señaló que si bien los encuentros y cabildos realizados en 2016 ayudaron a incluir a grupos habitualmente excluidos o postergados, como mujeres y pueblos indígenas, aún queda trabajo pendiente. “Queda mucho para poder confiar en que una nueva Constitución estaría comprometida con la igualdad de género y con superar la discriminación sistemática hacia las mujeres. En esta época en que las candidaturas presidenciales están presentando sus programas es especialmente importante plantear el tema”, planteó.

Claudia Heiss, integrante del Observatorio, señaló que hay al menos tres áreas en las que el enfoque de género es relevante en procesos de cambio constitucional: la participación para elaborar la nueva carta fundamental, la selección de estructuras de gobierno, y los derechos y contenidos sustantivos “que pueden incluir garantías de igualdad de género y de no discriminación como derechos constitucionales. Las constituciones pueden facilitar o dificultar las oportunidades para avanzar hacia la igualdad de género y reducir la discriminación«, aseguró.

El coloquio se realizará el día lunes 6 de noviembre a las 18.00 hrs. en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (República 105, Santiago).

Boletín N.° 8 (segunda quincena septiembre 2017)

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Las presiones conservadoras en el debate constituyente. El debate sobre el cambio constitucional se ha desarrollado de manera franca y abierta desde hace al menos cinco años en la sociedad civil, la academia, y el establishment político. En un comienzo el debate era promovido fundamentalmente por los actores que promovían la convocatoria a una Asamblea Constituyente, y enfrentaban del otro lado la caricaturización por medio de acusaciones que denunciaban la demanda como esencialmente «chavista» o necesariamente contraria al Estado de Derecho. Sin embargo, la realidad es que siempre hubo moderación en las distintas acciones políticas por medio de las cuales se promovió la demanda por la AC y la nueva Constitución en general. Así, por ejemplo, la campaña «Marca Tu Voto», no se presentó como un desafío a la institucionalidad, sino que defendió su legalidad en virtud de las reglas vigentes sobre elecciones. Incluso la propuesta más polémica defendida durante el 2013 –la de convocar a un plebiscito sobre convocatoria a Asamblea Constituyente por medio de un decreto presidencial, pese a que la constitución vigente no contempla esa posibilidad y solo autoriza a convocar a los plebiscitos «expresamente previstos» en ella (artículo 15)– fue defendida por medio de sofisticados y cuidados argumentos jurídicos por Fernando Atria. Sin hacerse cargo del contenido de esos argumentos, eran con frecuencia descartados como «atajos» o «resquicios legales», un concepto históricamente contencioso, que desde la derecha se utiliza con una carga negativa, aunque históricamente fue entendido por la izquierda como simplemente la utilización hábil de preceptos legales válidos y vigentes. Como lo puso Eduardo Novoa Monreal, los resquicios legales serían «recursos sagaces y legítimos según algunos, pero también trampas inicuas en opinión de otros» (Los Resquicios Legales, Ediciones BAT, 1992, p. 7).

En ese contexto, la estrategia política de los promotores del reemplazo constitucional se movió hacia propuestas cuya legitimidad y legalidad se presentaban por entero como indudables, en particular, propuestas con el propósito de reformar la constitución vigente por medios del procedimiento establecido en su capítulo XV como necesario paso previo al reemplazo del texto constitucional vigente. Algunas de esas propuestas buscaban reformar el artículo 15 para permitir la convocatoria a plebiscito sobre el cambio constitucional. Otras proponían modificar el mismo capítulo XV que regula la reforma constitucional, o incorporar un nuevo capítulo que regulara derechamente un mecanismo de reemplazo. Quizás el único aspecto polémico de estas propuestas radica en el quórum para su aprobación. En particular, las propuestas que se presentaban como posibles de ser aprobadas con el voto favorable de las tres quintas partes de cada Cámara eran acusadas de ser intentos de burlar el quórum de 2/3 que la constitución vigente establece para la reforma de algunos de sus capítulos.

Así, ha habido siempre una presión sobre las propuestas de cambio constitucional que las empujan hacia el apego a las interpretaciones establecidas y conservadoras de las normas vigentes, apoyadas sobre la inercia política de la transición más que sobre argumentos jurídicos desarrollados. La propuesta de reforma al capítulo XV presentada por el gobierno en abril de este año, que busca permitir la convocatoria a una «Convención Constitucional» consolidó esa tendencia –algo que ya había sido sugerido por la insistencia de la Presidenta Bachelet respecto de que el proceso debía ser «institucional»–. Por un lado, al presentarse como reforma al capítulo XV, en vez de como incorporación de un capítulo nuevo, se bloqueó la discusión sobre la posibilidad de regular esa convocatoria por medio de una reforma aprobada con un quórum de tres quintos. Más aún, el proyecto establece que la convocatoria misma deberá hacerse satisfaciendo el quórum dos tercios, a pesar de que la Presidenta había anunciado en octubre de 2015 que la reforma establecería que para esto se fijaría un quórum de tres quintos.

Necesidad de propuestas concretas en el debate constituyente. El proyecto de reforma al capítulo XV representa, de esta forma, la culminación de un largo proceso de discusión y debate político, y de sucesivas propuestas respecto de cómo realizar el cambio constitucional. Representa por un lado, los efectos de las presiones conservadoras que recelan la innovación institucional, y, por el otro, el reconocimiento de que el debate constituyente ha avanzado lo suficiente como para que las propuestas que se presenten al debate público deben ser concretas. El debate constitucional actual ya no da lugar para propuestas inespecíficas, pues ellas solo contribuirían al aletargamiento del proceso constituyente, y posponiendo con ello el hacerse cargo de  la crisis de legitimación frente a la ciudadanía del sistema político que está detrás. Las fuerzas políticas, y en particular las candidaturas presidenciales, deben enfrentar el debate constituyente con especificidad respecto de las razones que justifican modificar o reemplazar la constitución vigente, así como los mecanismos institucionales específicos por medio de los cuales los llevarían a cabo. Ello implica, al menos, tomar posición respecto del proyecto del gobierno: si acaso promoverían su tramitación en el Congeso, si le incorporarían modificaciones, y cuáles, o si presentarían un proyecto nuevo.

Asimismo, las candidaturas deberían tomar posición respecto del mecanismo específico de reforma. En este ámbito es, curiosamente, la Democracia Cristiana la que lleva la delantera. La propuesta «Walker-Zapata» –una comisión mixta de congresistas y ciudadanos elegidos por el Congreso– es conocida y ha sido adoptada por la candidatura presidencial de Carolina Goic. Asimismo, el proyecto de reforma del capítulo XV parece estar precisamente diseñado para acoger la propuesta de la DC –lo que se nota en su cuidado lenguaje, el que establece que una ley regularía el «nombramiento y elección» de los integrantes de la «Convención Constitucional», lo que da a entender que no serían todos electos en votación universal–. En cambio, en los sectores progresistas y de izquierda no existe aún una propuesta específica de cuáles serían las características de la Asamblea Constituyente que esos sectores promueven –quiénes la integrarían, qué es lo que la haría participativa, entre otras cuestiones– ni cuál sería la estrategia jurídica precisa para alcanzarla –reforma para permitir un plebiscito, si acaso sería vinculante o no, si se regularía la AC en la misma constitución vigente, etcétera–. Más aún, la candidatura de Alejandro Guillier no se ha comprometido con ningún mecanismo específico.

 

POLÍTICA

Presidenta Bachelet anuncia sus avances ante la ONU. De acuerdo a los señalado por La Tercera, la Presidenta, en su intervención ante la asamblea internacional de la ONU, hizo un repaso de las principales reformas emprendidas durante su administración. Entre ellas, destaca el cambio al sistema electoral, ley de cuotas,  el Acuerdo de Unión Civil, despenalización del aborto, gratuidad en educación, y proceso para una nueva Constitución. En cuanto al último punto, señaló “estamos en pleno proceso de elaboración participativa de una nueva constitución, más moderna y democrática”.

El proceso constituyente actualmente se encuentra en la fase de consulta indígena, que culminará en los próximos días y, tras el final de la consulta, se espera que llegue al Congreso la propuesta de nueva Constitución.

Constitución: punto clave para acuerdo electoral en segunda vuelta. En reportaje realizado por El Pulso, diversos expertos analizan el escenario electoral para la segunda vuelta presidencial. Los analistas convergen que, independiente quién sea el candidato que pase a dicha instancia por parte de la centro-izquierda (Goic, Guillier y Sánchez), prevén que no habrá un traspaso total de votos para competir contra Sebastián Piñera.

Dentro de los puntos que generan mayor tensión está el cambio a la Constitución, para Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, “Mientras un grupo de la DC tiene una perspectiva reformista de la Constitución, por el lado de Sánchez priman claramente las ideas refundacionales que quieren llamar de inmediato a asamblea constituyente y por lo tanto, eso va a imposibilitar de partida un acuerdo entre las tres fuerzas políticas”.  Finalmente, Morales concluye señalando que “si es que la centroizquierda no existe unanimidad respecto al cambio constitucional, entonces será muy difícil poder llegar a un pacto de segunda vuelta. Se ven pocas posibilidades porque existen posturas muy intensas programáticamente”.

Frente Amplio: Asamblea Constituyente como prioridad programática. Luego de una largo proceso participativo y de diseño de su programa de gobierno, se dieron a conocer los resultados del plebiscito programático del Frente Amplio. La instancia, contó con la participación de 16.973 personas. Dentro de los ejes prioritarios destacan educación pública y democrática (89,7%), pensiones y vejez (84,8), reforma a la salud y nueva Constitución mediante el mecanismo de Asamblea Constituyente (73,2).

Con estos resultados, el cambio a la Constitución por medio de una A.C se vuelve en eje prioritario ante un eventual gobierno frenteamplista.

Chile Vamos: Piñera y la modernización de la Constitución. Revista Qué Pasa publicó durante el mes de septiembre un reportaje que sintetiza las propuestas de Sebastián Piñera en materia de Constitución. La nota, apuntaría que el candidato y ex presidente se inclinaría por una serie de reformas en lugar de un reemplazo total. Para ello, el abanderado se ha estado asesorando por un grupo de abogados, cuyas propuestas destacan el avanzar hacia un sistema presidencial moderado, entregando mayores atribuciones al Congreso, cambios al Tribunal Constitucional, sobre todo dejar su cantidad de miembros en un número impar. Sin embargo, en el equipo asesor hay divisiones en torno a la realización de un plebiscito ratificatorio y el paso hacia un Estado “Solidario”. Finalmente, ideas de cambio constitucional por medio de una Asamblea Constituyente han sido descartadas por el equipo asesor y por el propio candidato.

Eduardo Artés cerraría el Congreso si es que no se apoya la Asamblea Constituyente. El candidato de Unión Patriótica, en su participación en el programa Aquí Está Chile , señaló, además de su apoyo al régimen de Corea del Norte, la posibilidad de cambiar la Constitución durante su gobierno mediante el mecanismo de Asamblea Constituyente.

Sin embargo, uno de los momentos más controversiales de la intervención, fue la respuesta entregada por el abanderado, quién al ser consultado acerca de qué pasaría si el Poder Legislativo rechaza cambiar la Constitución, Artés planteó la posibilidad de cerrar el Congreso, afirmando “Si el Parlamento es antidemocrático al que tenemos hoy día, sin lugar a dudas lo cerraría. Cuando la gente está movilizada y se hace dueña de todo, es lo más democrático que puede haber”.

Debates presidenciales: Constitución como eje central. En los últimos días se han celebrado dos debates presidenciales. El primero de ellos, efectuado en el Congreso Nacional (Valparaíso), contó con la presencia de los ocho candidatos presidenciales. Mientras que en el segundo, realizado en la Universidad de Chile, no contó con la participación de Sebastián Piñera.

Dentro de los ejes centrales de la discusión, se abordó el devenir de la actual Constitución. Al respecto, tanto Alejandro Guillier, Carolina, Goic, Beatríz Sánchez, Alejandro Navarro, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, se mostraron favorables en reemplazar la actual carta Magna.

Guillier, al igual que Goic, centraron sus preocupaciones en la participación. Incluso, la abanderada de la DC, propuso la posibilidad de una “etapa participativa 2.0”, que aspira a llegar al millón de personas. Por otro lado, Sánchez, Artés, Enríquez Ominami y Navarro, pusieron énfasis en el mecanismo, apoyando la posibilidad de una Asamblea Constituyente, pero con diferencias, puesto que Artés estaría dispuesto a cerrar el Congreso en caso de no obtener apoyo parlamentario, mientras que el abanderado del PRO propone un plebiscito para decidir acerca del mecanismo, aunque él prefiere la Asamblea Constituyente.

Finalmente, Sebastián Piñera propuso ochenta medidas para modernizar la Constitución, prometiendo una nueva etapa participativa.

El video del primer debate lo puedes encontrar aquí, mientras que el segundo lo puedes ver mediante el siguiente enlace.

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El pasado 29 de septiembre, el Presidente del Tribunal Constitucional, don Iván Aróstica Maldonado, emitió una declaración pública a propósito de la imposibilidad del Banco Estado de otorgar crédito a candidatos presidenciales.

En este sentido, se declaró “que corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional declarar la inhabilidad de un parlamentario por haber celebrado o caucionado contratos con el Estado, de conformidad con el estatuto de prohibiciones, competencia y procedimiento establecido en los artículos 60 y 93, numeral 14º e inciso decimoctavo, de la Constitución Política de la República” y agregó que “no habiéndose aperturado un proceso de alegaciones de inhabilidad respecto de algún parlamentario en concreto y por ende no existiendo sentencia que la declare, no corresponde ni procede jurídicamente dar por establecida la inhabilidad respecto de dichos créditos”.

Lo anterior, en palabras de El Mostrador, se realizó producto de que sólo dos de los ocho postulantes a la Presidencia de la República indicaron que sí habían podido conseguir créditos de la entidad bancaria estatal, la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, por $250 millones (la entrega total sería mayor) y el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, por $1.130 millones.

En virtud de dicho comunicado, el constitucionalista y candidato a Diputado, Fernando Atria, criticó duramente las actuaciones del Tribunal Constitucional, señalando que el TC ha violado «groseramente» las reglas constitucionales sobre sus competencias. Argumenta que «en efecto, el artículo 93 del texto constitucional dispone, para cada caso en el que la Constitución da competencia al Tribunal, cuáles son las condiciones en las cuales esas competencias pueden ser ejercidas. En algunos casos, debe requerir el Presidente de la República, o alguna de las cámaras; en otros, un determinado número o porcentaje de diputados o senadores; en otros, las partes de un litigio. En ningún caso el Tribunal puede emitir una decisión sin que le sea solicitado por quien está constitucionalmente autorizado para hacerlo y sin seguir el procedimiento correspondiente». Agrega que «esto no es un mero asunto formal. Es la limitación más importante que tiene el Tribunal para evitar que, por sí y ante sí, empiece a arrogarse competencias y funciones que no le corresponden».

Luego, Atria afirma que «eso es exactamente lo que hizo con su declaración pública del 29 de septiembre. Si ese precedente es aceptado, ahora el Tribunal se entenderá habilitado para pronunciarse sobre cualquier cuestión constitucional que esté en la discusión pública, sin que sea necesario para eso que sea requerido por quien corresponde, sin escuchar alegatos, sin audiencias, etc». «La decisión del Banco del Estado que suscitó esta declaración del Tribunal era, por cierto, arbitraria e ilegal. Pero la acción manifiesta del Tribunal Constitucional en infracción de las reglas que lo regulan es mucho, mucho más grave», concluye.

El pasado 4 de octubre, La Segunda también se refirió al tema. En este sentido, se señala que el presidente del TC, Iván Aróstica, convocó a una reunión extraordinaria del pleno, al cual asistieron 8 de los 10 ministros. En virtud de dicho encuentro, se acordó delegar en el Presidente, la elaboración de un comunicado “que abriera una ventana para que el banco estatal entregara préstamos a postulantes a algún cargo público”. En palabras del diario en comento, “al menos dos miembros del TC quedaron sorprendidos por el comunicado de Aróstica, pues en su punto 2 descarta que prestar dinero bajo este esquema vulnere el Texto Fundamental, algo más propio de un fallo que de una declaración pública”.  

 

CONSULTA INDÍGENA

Instituto Nacional de Derechos Humanos asume rol de observador. El organismo se sumará durante la fase de diálogo que se está llevando adelante a los largo del país, acompañando a la Organización de Naciones Unidad (ONU). Sobre el proceso propiamente tal, el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, explicó que  está “pronta a iniciar la etapa regional, en que cada uno de los 9 pueblos, en las diferentes regiones del país, dialoga respecto de sus conclusiones sobre las medidas presentadas y los derechos que a su juicio, deben quedar cristalizados en el proyecto de nueva Constitución. La consulta concluirá alrededor del 18 de octubre, con su etapa nacional”.

Gobierno prepara fase regional y nacional de la consulta. De acuerdo a lo señalado por el medio clave9.cl , el proceso interno deliberativo concluyó el 30 de septiembre, mientras que la fase regional inicia el 1 de octubre, con los encuentros en la región de O”Higgins y El Maule. El encuentro nacional contará con la participación de 300 representantes de los nueve pueblos originarios los días 16 al 19 de octubre en la ciudad de Santiago en la sede de la CEPAL. Se espera que los resultados de la última etapa sean incorporados en el proyecto de nueva Constitución que enviará el gobierno en los próximos días.

Gobierno presenta balance de la primera fase de la consulta indígena. En el contexto de la Asamblea de Naciones Unidas, el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, expuso los avances en materia de integración de los pueblos originarios. Dentro del balance, destacó la consulta constitucional indígena que se está llevando adelante, señalando que han participado más de 17 mil representantes “y el propósito político de fondo, es que la constitución y las leyes que de ella deriven consagren una participación política efectiva, que permita a los pueblos indígenas deliberar directamente, tanto en el ámbito legislativo como en los gobiernos regionales y alcaldías, para así conseguir una verdadera república inclusiva”.

Ministro Barraza sobre proceso constituyente indígena. Entrevistado por El Mercurio el 30 de septiembre, el Ministro de Desarrollo Social Marcos Barraza se refirió a los avances del proceso constituyente indígena. Señaló que la “[a]hora vienen los diálogos regionales que se inician la próxima semana en las quince regiones del país” y que la primera semana de octubre “sería  el  diálogo  nacional  con los  representantes  de  los  nueve  pueblos  a  nivel nacional, que es la etapa en que se establecen los acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas”. No obstante, durante esa primera semana de octubre aún se desarrollaban los encuentros regionales en diversas partes del país.

En cuanto a los acuerdos entre Estado y pueblos indígenas a los que se buscaría llegar, ellos serían “insumos que van a ser la base para los contenidos en materia de pueblos  indígenas  para la Nueva Constitución”. Si bien no fue preciso al señalar cuándo se darían a conocer los resultados, afirmó que una vez concluido el proceso, los resultados se sistematizarían y darían a conocer “a la brevedad […] porque  esto  rápidamente  se tiene que dar a conocer para el proceso de Nueva Constitución”. Señaló que la sistematización se realizará en virtud de un “convenio con la Universidad de Chile”.

Consultado sobre los efectos que pudiera tener hechos recientes ocurridos en la Araucanía en relación con el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche (la “Operación Huracán” y la huelga de hambre de un grupo de mapuches en protesta por la aplicación de la Ley Antiterrorista), Barraza señaló: “No puedo negar que en estos días ha habido tensiones con algunas comunidades indígenas a propósito de que algunas de ellas consideran que esto no les genera garantías para el debate respecto de la consulta indígena. Afortunadamente en los pueblos existe una voluntad de diálogo político para construir un nuevo trato social entre el  Estado  y  los  pueblos”. Concluyó señalando que la consulta  indígena “es probablemente el hito histórico más importante del pueblo mapuche y de los nueve pueblos de nuestro  país  para  avanzar  en  derechos  políticos, económicos,  sociales  y  culturales”, afirmando que la “consulta es inédita a nivel mundial” por ser “primera vez que hay una consulta que tiene como propósito abordar constitucionalmente los derechos de los pueblos”.

 

ESTUDIOS

Estudio COES sobre desigualdades de voz política en Chile. El Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) presentó el módulo 4 de su Estudio Longitudinal Social de Chile, titulado “Desigualdades de voz política en Chile”. El estudio analiza la receptividad de las autoridades públicas respecto de las expresiones de demandas de la ciudadanía. El estudio contiene un análisis de la participación ciudadana en el proceso constituyente del gobierno. La encuesta en la que se basa el estudio incluyó una pregunta sobre si los encuestados habían tomado parte de alguna de las instancias de participación del año 2016, ya fuera por medio de la encuesta individual, encuentros locales, o cabildos. Los resultados coinciden con lo que sugiere la literatura sobre participación política en el sentido de que mayores niveles educacionales se correlacionan con una mayor probabilidad de participación política, excepto respecto de la partipación por medio del voto, donde la participación se da en una “cancha relativamente pareja”. El analisis en relación con la tendencia ideológica, en tanto, muestra que la participación política es mayor en la izquierda en las distintas formas de participación política (marchas, huelgas, proceso constituyente, entre otros).

El estudio dedica una sección especial a la participación en el proceso constituyente en particular. Entre los resultados destacados de esta sección se encuentran que la participación se dio “mayormente por personas de tendencia ideológica de izquierda, y en menor grado de centro”, así como que “la probabilidad de participación de una persona de izquierda fue el doble que de la de una persona de derecha”. El estudio concluye al respecto que “después de la asistencia a marchas, la participación en las actividades constituyentes sea el segundo acto más ideologizado, en el sentido de estar influenciado mayormente por las disposiciones políticas de las personas”.

Por otro lado, el estudio afirma que las instancias de participación del proceso constituyente reprodujeron “con mayor fuerza la voz de aquellos que ya tienen mayor propensión a expresarse políticamente, y más aún de aquellos que adoptan formas no convencionales de participación”.

Finalmente, el estudio destaca una relación inversa entre edad y participación el proceso constituyente, lo que contrasta con la relación entre edad y participación electoral, en la que se da de forma inversa (a mayor edad, mayor probabilidad de participación electoral). El informe considera lo anterior como sorprendente, no ofreciendo una explicación de la correlación, limitándose a formular preguntas que pudieran ser objetivo de futuras investigaciones, por ejemplo: “¿acaso implica que la presencia de candidatos y partidos políticos reduce la motivación por participar de los grupos etarios más jóvenes? ¿Los más jóvenes ven en este proceso una oportunidad tangible de incidir en el proceso político, mientras que no lo perciben por medio del voto?”.

La presentación asociada al informe concluye que “[l[a participación en el proceso constituyente amplifica la voz de quienes ya participan por otras vías” por lo que sugiere que “importa revisar diseño institucional que permita incorporar voces más diversas”.

CLAPES UC sobre impacto económico del cambio constitucional. El 1 de octubre El Mercurio informó que el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (CLAPES) de la Universidad Católica presentó un “anticipo” preparado por Felipe Larraín, Director de CLAPES y Exministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera, de un informe que analiza el cambio constitucional “desde un punto de vista eminentemente económico”. La nota de prensa afirma que el informe “explica que las propuestas constitucionales no son solo cosa de la política […] sino que van a dar directo sobre los cotidianos asuntos del ingreso per cápita, la inversión, el crecimiento… el progreso y el bienestar de las personas”.

El informe partiría del supuesto de que “las propuestas ya conocidas del programa de Bachelet” probablemente “estarán contenidas en lo que enviará al Congreso”, y sobre esa base se construye el análisis. Debe observarse, sin embargo, que el gobierno ha señalado que el proyecto de nueva Constitución que presentará antes de fin de año se basará y reflejará los resultados de la etapa participativa del años 2016 recogidos en las bases ciudadanas y la sistematización de ellos, y sus contenidos concretos no son conocidos aún. No obstante, El Mercurio continúa señalando que el informe de CLAPES “es una edificación completa que sale al paso de la anunciada propuesta presidencial”.

El informe, que aún no se conoce, defendería la necesidad de “derechos de propiedad bien definidos”, los que serían “fundamentales para la correcta asignación de recursos y el aumento de la inversión productiva”. Además, el estudio llamaría la atención sobre “las imprecisiones e indefiniciones de las propuestas sobre derechos de propiedad contenidas en el programa de la Nueva Mayoría”, una supuesta pretensión de la Nueva Mayoría de “constitucionalizar el Estado de Bienestar de una manera tal que se contraponga al espíritu del Estado Subsidiario vigente”, el riesgo de la judicialización de los derechos. Asimismo, el estudio haría un análisis que “enfrenta a los países con mayor número de derechos constitucionales, con sus correspondientes PIB per cápita”. La conclusión sería que “[l]a inflación de derechos […] no asegura mejores niveles de vida para la población”.

Por otro lado, el estudio propondrá cambios “que profundicen la institucionalidad fiscal”. La nota señala que “[a]demás de mantener la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de gastos e impuestos, propone dar rango constitucional a los principios de la regla fiscal estructural y los consejos fiscales”.

Varios de los juicios y propuestas que se anuncian, cabe mencionar, han sido defendidos con anterioridad por distintos actores político-económicos cercanos al Expresidente y actual candidato presidencial Sebastián Piñera. Felipe Larraín, Exministro de Hacienda, presentó la tesis sobre la relación entre cantidad de derechos y resultados económicos en un seminario en el mismo CLAPES en marzo de 2016. El también Exministro del gobierno de Sebastián Piñera, Cristian Larroulet presentó la misma idea en un seminario en la Universidad del Desarrollo afirmando que “[m]ientras más derechos hay en la Constitución, menor es el ingreso per cápita”. Por otro lado, el Director Ejecutivo de ECONSULT y actual coordinador económico del comando de la candidatura de Piñera, José Ramón Valente, en el mismo seminario en CLAPES en marzo de 2016, advirtió respecto de la supuesta judicialización de los derechos que implicaría el garantizarlos jurídicamente. Finalmente, la propuesta de consagrar constitucionalmente el principio de responsabilidad fiscal es la única reforma constitucional explícitamente incluida en el programa de gobierno de la actual candidatura del Expresidente.

 

OPINIONES, CARTAS Y COLUMNAS

Opinión de Claudio Alvarado sobre Piñera y la Constitución. En una columna de opinión publicada en EL Líbero el 19 de septiembre el abogado Claudio Alvarado del Instituto de Estudios de la Sociedad, respondió a una reciente editorial de El Mercurio donde se criticó la idea de introducir reformas al sistema presidencial ya que esto implicaría estar dispuesto a abrir el debate sobre reformas a la constitución. Según el abogado, la aproximación de este editorial para abordar el problema constitucional es errada por cuatro razones principales. En primer lugar, porque la discusión constitucional del último tiempo no ha podido centrarse en los contenidos, asunto que es fundamental para alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar en la agenda constitucional. Asimismo, sostiene que al debatir los contenidos constitucionales, el énfasis tiene que estar puesto también en el diseño institucional, aspecto fundamental para proteger los derechos y para gobernar a un país. La tercera razón que Alvarado entrega guarda relación con el contenido en particular que se cuestiona, ya que por lo general cuando se aborda el tema de régimen de gobierno, se hace para defender el sistema semi-presidencial, ignorando otras posibilidades como la reelección del Presidente de la República que podría “contribuir a oxigenar nuestra política”. Finalmente, el abogado señala que es casi imposible que el debate sobre la Constitución desaparezca de la agenda política ante un eventual triunfo de la derecha en las elecciones presidenciales, ya que detrás de esta discusión “subyace un fenómeno político más hondo, relativo a la pérdida de legitimidad del Chile de la transición”.

Editorial de La Tercera sobre las definiciones en el primer debate presidencial. En su editorial del 2 de octubre pasado, el diario La Tercera se refirió a los principales asuntos atendidos durante el primer debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Prensa en el marco de las próximas elecciones de noviembre. Además de advertir las profunda diferencias que existen entre las distintas candidaturas (8 en total), ya sea al momento de establecer diagnósticos sobre las problemáticas que afectan al país así como al proponer soluciones, la editorial sostiene que ninguna candidatura ha internalizado las principales preocupaciones para la ciudadanía, como por ejemplo “restaurar los motores del crecimiento” para lo cual sería necesario “corregir profundamente la reforma laboral, y volver a un sistema tributario que fomente la inversión”. Sin embargo, según la editorial, algunos candidatos enfatizaron en otras propuestas como la necesidad de una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente, insistiendo así “en una idea que resulta lejana para buena parte de la ciudadanía y que profundiza el clima de la incertidumbre”. Jaime Bassa, Claudio Fuentes, y Javiera Parada respondieron al editorial por medio de una carta al Director en la que responden afirmando que “la Encuesta Cadem, sobre el 70% dijo estar de acuerdo con que Chile necesitaba una nueva Constitución en el período 2015-2017, y el mismo porcentaje sostiene que es un tema prioritario”. Asimismo, observan que siete de las ocho candidaturas presidenciales, incluyendo la de Sebastián Piñera, “proponen como mínimo realizar reformas significativas a la Constitución”, lo que mostraría que “en la élite política existe el convencimiento de que se requieren ajustes institucionales significativos”. Finalmente, sostienen que el cambio constitucional es percibido “como un antídoto al descontento social”, aunque si se llevara adelante con una “agenda acotada” y por medio de mecanismos “excluyentes y cerrados, el descontento social se agudizará y la incertidumbre se incrementará”. Concluyen, por tanto, que “[c]ambiar la Constitución bajo un esquema incluyente es el mejor remedio para una democracia estable”.

Artículo de Marcos Barraza sobre consulta constituyente indígena. El ministro de Desarrollo social, Marcos Barraza escribió un artículo en la Revista Mensaje donde explicó el Proceso de Consulta Nacional Indígena que se inició el 3 de agosto pasado y que se ha estado realizando en 123 localidades del territorio nacional, desde Visviri hasta Puerto Williams. El artículo contextualiza al lector sobre las razones que motivaron la realización de este proceso de consulta, el cual se presenta como la continuación formal del Proceso Participativo Constituyente Indígena realizado durante el 2016, que permitió recoger las opiniones de los pueblos originarios sobre los contenidos que debiese incorporar una nueva Constitución. Tras el término de este proceso constituyente, y siguiendo las recomendaciones del Convenio 169 de la OIT, se estructuró el proceso de consulta en curso a partir de los resultados obtenidos del Informe de Sistematización Nacional. Por lo tanto, el objetivo principal de este proceso de Consulta según Barraza, es lograr el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, integrando sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos en el proyecto de ley sobre nueva Constitución que la presidenta enviará al Congreso antes del término de su mandato. De ahí que “la consulta se estructurará sobre dos columnas vertebrales: el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la participación política” (p.35).

La primera dimensión de esta consulta, parte de la premisa de que el Estado de Chile reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas antes de la conformación del mismo como entidad jurídico-política, admitiendo su derecho a “conservar, fortalecer y desarrollar su historia, identidad, cultura, idiomas, instituciones y tradiciones propias”. Por su parte, el segundo ámbito de la consulta guarda relación con el reconocimiento de la participación y representación política especial de los pueblos indígenas en las instancias de representación política formal, en particular en el Congreso Nacional, a partir de escaños reservados que les permitan escoger a sus propios representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados.

Finalmente, el artículo destaca el proceso participativo constituyente indígena y su continuidad con el proceso de consulta nacional, ya que da cuenta de un esfuerzo por avanzar en temas fundamentales como el reconocimiento constitucional, los derechos colectivos, de territorio, culturales y de generar mecanismos más eficaces de participación y representación indígena. Pero también, porque da cuenta de un nuevo modo de relacionamiento con los pueblos indígenas que les permite a estos últimos empoderarse y ser partícipes de las decisiones que los afectan.

Coloquio sobre mujeres y cambio constitucional

El Observatorio del Proceso Constituyente en Chile de la Fundación RED y el Programa de Derecho Público de la Universidad Diego Portales le invitan al coloquio “No sin nosotras: Mujeres y cambio constitucional”. En el contexto de la iniciativa de cambio de la Constitución, el encuentro espera abordar la participación de las mujeres en este proceso, así como analizar desde esta perspectiva los contenidos que debería incluir una nueva carta fundamental.

En el encuentro expondrán:

Verónica Undurraga Valdés
Doctora en Derecho por la Universidad de Chile, Magíster en Derecho por la Universidad de Columbia, Nueva York. Académica del área de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UAI. Fue directora del programa Mujeres y Derechos Humanos, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

Gloria Maira Vargas
Ex Subsecretaria del Sernam (2014-2015). Economista por la Universidad de los Andes, Colombia, y Magíster en Ciencias Sociales con Mención en Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Activista.

Lorena Recabarren Silva
Doctora y máster en Ciencias Políticas y Sociales por la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. Abogada por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Directora Ejecutiva del think tank Horizontal. Vicepresidenta de Evópoli. Docente en la carrera de Ciencia Política en la Universidad Diego Portales y en el Pontificia Universidad Católica.

Lidia Casas Becerra
Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Doctora en Derecho por la University of Ottawa, Canadá. LLM en Derecho por la University of Toronto. Fue Ford Foundation Reproductive Health Fellow. En 2001 Recibió el Premio de la International Planned Parenthood Federation de la Región Hemisferio Occidental.

El coloquio se realizará el día lunes 6 de noviembre a las 18:00 horas en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (República 105, Santiago).

Confirme su asistencia aquí.

Boletín n.° 7 (2a quincena agosto-primera septiembre)

EDITORIAL

El Tribunal Constitucional socava su propia legitimidad. Como sostuvimos en un número anterior, el Tribunal Constitucional es parte del problema constitucional. Por un lado, es inevitable que la deslegitimación de la constitución frente a la ciudadanía alcance al órgano cuya labor es, por definición, asegurar el imperio de ella. En particular es problemática su función de hacer valer el rol limitativo de la constitución respecto del legislador por medio del control de constitucionalidad de proyectos de ley. El ejercicio de esa facultad implica de manera necesaria frustrar la voluntad de los órganos democráticos representativos. En el caso chileno, además, esa intervención puede darse incluso antes de que una norma legal entre en vigencia.

Su función de garante de la constitución, entonces, dejará siempre a sectores insatisfechos, motivando críticas a las decisiones particulares del Tribunal, a sus facultades específicas (como el control preventivo), o a su sola existencia, entre otros ámbitos. Habitualmente las decisiones del Tribunal en materia de control preventivo han frustrado políticas públicas de la centro-izquierda, algo del todo esperable dado el origen de la constitución vigente y las características del sistema político desarrollado bajo su alero en las últimas tres décadas.

En esta oportunidad, sin embargo, la mayor parte de la frustración la sufrió la coalición de derecha y los sectores conservadores del partido democratacristiano. Las reacciones frente a ella han sido diversas. Las más recatadas han sido de resignación y acatamiento de la decisión acompañada de congoja moral. Tratando de equilibrar el respeto a la decisión con la minimización de su alcance, otros han hecho esfuerzos por interpretar la sentencia en virtud de la dispersión de votos –antes que atendiendo a los aspectos propiamente vinculantes de la sentencia–. Finalmente, algunos diputados de derecha han anunciado que buscarán recurrir al sistema interamericano de protección de derechos humanos alegando que, en su opinión, la despenalización del aborto aprobada viola el Pacto de San José de Costa Rica. Esta última estrategia, si bien está destinada al fracaso en atención a la jurisprudencia de los órganos del sistema, sugiere el riesgo de que el Tribunal pierda legitimidad incluso frente a los ojos de la derecha.

Sin embargo, incluso con la decisión favorable al proyecto respecto de la despenalización en tres causales, la decisión del Tribunal dejó una importante insatisfacción en la centro-izquierda debido a la incorporación en el proyecto de ley de un derecho a la objeción de conciencia respecto de la realización de aborto no solo a las personas naturales –algo que estaba incluido en el proyecto– sino respecto de las instituciones de salud. Es claro que el Tribunal excedió su tradicional competencia de «legislador negativo» y por medio de una hábil supresión de algunas palabras del proyecto invirtió en 180 grados el sentido de una de las normas, incorporando en la ley un derecho que el legislador había deliberadamente excluido. Al hacerlo, actúo más bien legislador positivo. Si la explícita negación de la objeción de conciencia institucional que contenía el proyecto era inconstitucional, lo que correspondía era que el Tribunal eliminara esa prohibición. Sin embargo, fue más allá e incorporó ese derecho en la misma ley. Esto no era jurídicamente necesario. Si se afirma que la constitución vigente reconoce ese derecho, y que por tanto procedía la inconstitucionalidad de la norma prohibitiva, eliminar la prohibición deja a salvo el derecho constitucional, el que podrá ser invocado por medio de procedimientos como la acción de protección de la que conocen los tribunales superiores, o la inaplicabilidad ex post frente al mismo Tribunal Constitucional. Al incorporar ese derecho en la ley, por tanto, este órgano no solo frustra la voluntad del legislador, sino que la suplanta.

Lo anterior no pasó desapercibido entre los actores políticos, la comunidad jurídica, ni en la sociedad civil. Senadores de la Comisión de Constitución del Senado lo calificaron como una intromisión, un grupo de Diputados presentaron una solicitud de reconsideración ante el mismo Tribunal, y en la sociedad civil múltiples agrupaciones denunciaron la incorporación de la objeción de conciencia institucional pues pone en peligro la efectiva prestación de los servicios sanitarios involucrados en la realización de abortos en los casos autorizados por la ley.

La decisión en este caso podría haber tenido el efecto de apaciguar las habituales críticas al Tribunal en tanto guardián de una constitución deslegitimada frente a la ciudadanía, particularmente gracias a la interpretación más liberal respecto de la protección del que está por nacer y el reconocimiento explícito de los derechos de la mujer de la sentencia. Sin embargo, al excederse en sus atribuciones la actuación del Tribunal reaviva y profundiza algunas de las críticas más habituales respecto del potencial antidemocrático de su funcionamiento.

POLÍTICA

Comienza la carrera presidencial. La Tercera destaca en su sitio web el inicio por la carrera hacia La Moneda. Se inscribieron un total de ocho candidaturas de diversos sectores, destacando las opciones de Beatriz Sánchez (Frente Amplio), Alejandro Guillier (Fuerza de Mayoría) y Sebastián Piñera (Chile Vamos). También se suman a la competencia Marco Enríquez Ominami (PRO), Carolina Goic (DC), Alejandro Navarro (País), Eduardo Artés (Unión Patriótica) y  José Antonio Kast (independiente).

La columna constituye una primera aproximación acerca de las posturas de los diversos candidatos en distintos temas. Asimismo, en boletines previos del observatorio, se ha dado a conocer los posicionamientos de los principales competidores al sillón presidencial en materia constitucional.

El caso de Beatriz Sánchez, es conocida su postura hacia reemplazar la constitución mediante la conformación de una Asamblea Constituyente. Alejandro Guillier se ha mostrado favorable en avanzar hacia una nueva Constitución sin enfatizar el mecanismo, solo haciendo referencia a su apego al itinerario establecido por el actual gobierno. Enríquez-Ominami también promueve cambiar la Carta Fundamental, pero en primera instancia propone una consulta ciudadana para que la gente decida el mecanismo. Carolina Goic  en declaraciones previas, sobre todo en el contexto de la tramitación de la ley de aborto en tres causales en el Tribunal Constitucional, ha mencionado la importancia de una nueva Carta Magna, más no ha enfatizado el mecanismo, sobre todo, porque varios sectores de su partido se han decantado por la vía del Congreso Constituyente. Eduardo Artés  propone la vía del reemplazo constitucional por medio de la conformación de una Asamblea Constituyente, al igual que Alejandro Navarro. Finalmente, Piñera y Kast, son reacios a reemplazar la Constitución y sólo proponen reformas al actual texto legal.    

Entrevista a Andrés Zaldívar por proyecto de Nueva Constitución. En entrevista en La Tercera el día 29 de agosto, el Senador Andrés Zaldívar (DC) hizo referencia al posible envío del proyecto de nueva Constitución para el mes de octubre. Para el parlamentario, es de suma importancia el gesto realizado por La Moneda, ya que reconoce “el lugar donde está el poder constituyente”, haciendo alusión al Poder Legislativo.

En cuanto al itinerario señaló: “Seamos francos: en octubre es muy difícil avanzar en algo, porque vamos a estar en plena campaña electoral, presidencial y parlamentaria, y el quórum que se requiere en este tipo de proyectos es muy alto en un proceso, además, donde la presencia parlamentaria (en el Congreso) es bastante disminuida”. Por lo que los tiempos legislativos y los quórums impedirían que la iniciativa prospere, al menos por lo que resta del presente año. Adicionando además, que ““es un proyecto de larga discusión, no es un proyecto cualquiera, porque la Constitución no es un tema de mayorías simples, sino que requiere de mucho consenso”.

Finalmente, el legislador hizo referencia al proyecto que modifica el Capítulo XV de la Carta Fundamental “(El proyecto) que regula el procedimiento constituyente el gobierno lo ingresó por la Cámara, y se olvidaron. No tiene urgencia y nunca más el Ejecutivo se preocupó. Yo les pediría ser un poquito más serios en este tema”.

Candidatos del Frente Amplio firmaron compromiso por la Asamblea Constituyente. Convocados por su candidata presidencial, Beatriz Sánchez, los candidatos del Frente Amplio, el día 27 de agosto se reunieron para firmar una serie de compromisos. El primero de ellos es reducir su dieta parlamentaria a la mitad, mientras que el segundo consiste en limitar la reelección a tan solo un segundo periodo.

Finalmente, el tercer compromiso consiste en respaldar una Asamblea Constituyente como mecanismo de reemplazo de la actual Constitución. Sánchez sostuvo que estos compromisos significan “cambiar las cosas de cómo se trabaja en el Parlamento. Cuando el país señala que no quiere votar por los mismos, aquí hay una mirada distinta de trabajar”.

Candidatos al Congreso reafirmaron su compromiso con la Asamblea Constituyente. Así lo destaca en su sitio web Radio Universidad de Chile el día 03 de septiembre. La actividad congregó a candidatas y candidatos de diversas plataformas políticas , manifestando que “Chile tendrá una Nueva Constitución hecha en democracia, lo que favorecerá la restitución de legitimidad al sistema político, donde aspiran a que nuestras reglas de convivencia y la labor de los poderes del Estado estén sujetas a la voluntad soberana de la ciudadanía”. En palabras de Manuel Lobos, coordinador de la iniciativa “Marca AC”: “Contamos con la presencia de candidaturas al parlamento de Revolución Democrática, el Movimiento Autonomista, el Partido Comunista, el PRO, Izquierda ciudadana e Independientes”.

Lobos apoya la idea de discutir acerca del proceso constituyente en estas elecciones, señalando:  “Nos parece que es de toda honestidad que esta discusión se de [sic] precisamente de cara a la elección que tiene la ciudadanía, porque obviamente nos interesa que los temas relevantes queden expresados en las campañas y que la ciudadanía elija con pleno conocimiento a sus representantes”.

Guillier y reforma al periodo presidencial. El candidato presidencial del pacto “Fuerza de Mayoría” y Senador por Antofagasta, Alejandro Guillier, sostuvo en conferencia la idea de hacer modificaciones al periodo presidencial, afirmando que cuatro años de mandato es un tiempo demasiado breve. Sin embargo, el abanderado señaló que la reforma no es algo que deba realizarse de forma inmediata.

Más en concreto, el candidato sostuvo: “Los períodos presidenciales son muy cortos, cuatro años es muy poco (…) Necesitamos un período de 4 años con reelección o seis años, para la otra elección por lo tanto no hay ninguna intención. Es para desdramatizar, en poco tiempo se trata de hacer demasiadas cosas y la verdad es que el país necesita tomar decisiones en muchas cosas y eso sacrifica a veces un poco la calidad de los procesos de desarrollo, de las políticas y hasta de los mismos proyectos de ley”.

Carolina Goic propone etapa participativa 2.0. El 5 de agosto, la abanderada de la Democracia Cristiana en encuentro con mujeres indígenas, sostuvo es indispensable una nueva etapa participativa en el marco del proceso hacia una nueva Constitución, pero durante el próximo gobierno. Más en concreto, la candidata expuso: “A mí lo que me gustaría y lo planteo como candidata presidencial, es que pudiéramos hacer un proceso 2.0 de los 200 mil chilenos que participaron en cada una de las comunas, que pudiéramos superar ese número, hacer un proceso donde participen un millón de chilenos”. De igual forma, desestimó que el proceso encabezado por el actual gobierno genere avances.

Multigremial propone retirarse del Convenio 169. La Multigremial de La Araucanía, organización que asocia a diversas entidades empresariales con presencia en la IX Región, entregó al abanderado presidencial de Chile Vamos, un texto con 28 propuestas para acerca de “la violencia rural, el desarrollo indígena y el fomento productivo”. El compendio es el reflejo de un año de trabajo de distintos sectores  y aborda distintas problemáticas abarcando diferentes aristas, enfocado esencialmente en los conflictos en sectores rurales.

El texto señala que “la frágil institucionalidad indígena y una serie de políticas públicas ejecutadas deficientemente han generado una creciente agudización de la violencia en la zona sur del país”. Finalmente, Asimismo, se indica que el problema de la violencia solo obedece a una fracción reducida de las comunidades indígenas y que no es representativo de la gran mayoría de los pueblos originarios.

Con anterioridad la organización gremial ha criticado los procesos de consulta indígena alegando que ellos aumentan la burocracia estatal y frenan el desarrollo indígena. En mayo hizo un llamado “a quien sea el próximo Gobierno, denuncie ante la OIT este convenio y no tenga más vigencia en Chile”. La pretensión de que Chile se retire del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, tratado que establece la obligacíon del Estado de consultar a los pueblos “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, fue reiterada recientemente, con apoyo del think tank Libertad y Desarrollo, incluyénda entre 14 medidas propuestas como alternativa al “Plan Araucanía” presentado por el gobierno en mayo de este año. La quinta de estas propuestas, bajo el acápite “violencia rural” propone denunciar el convenio 169 en los siguientes términos: “El año 2018 se cumplen 10 años desde que Chile aprobó el Convenio N° 169 de la O.I.T., el cual se probó el 2008 y entró en vigencia el 2009. Creemos que el Convenio ha generado más problemas que los ya existentes en materia indígena, generando graves desconfianzas y más dudas que certezas”.

PROCESO CONSTITUYENTE DEL GOBIERNO

Proyecto de Nueva Constitución. El diario La Tercera, informó en su edición del 28 de agosto, que posiblemente durante el mes de octubre el Ejecutivo enviaría el proyecto de Nueva Constitución. Según fuentes del periódico, Mario Fernández estaría encargado del articulado del texto.

El propósito de presentar el proyecto en plena carrera presidencial obedecería a uno de los objetivos del gobierno, que está asociado a la idea de instalar el debate constitucional en pleno periodo de campaña electoral, para que las distintas candidaturas, no solo a la presidencia, vayan dando a conocer sus posturas. Finalmente, la nota hace alusión a que el proyecto de nueva Carta Fundamental ingresaría por el Senado.

Uno de los obstáculos para la presentación del proyecto de nueva Constitución estaría en el hecho de que debe esperarse al término del proceso de consulta indígena requerido por el Convenio 169 de la OIT y que se está desarrollando actualmente.

La nota de prensa señalaba incluso que el propósito de la presentación del proyecto durante octubre sería “marcar un hito e instalar en la agenda de los candidatos el debate constitucional”. No obstante, en entrevista publicada en El Mercurio el 3 de septiembre (B3), luego del cambio de gabiente en el que Nicolás Eyzaguirre dejó la Secretaría General de la Presidencia, al preguntársele sobre el anuncio de que el proyecto de nueva Constitución se haría durante octubre, afirmó: «Aprovecho de desmentir aquello. En mi anterior ministerio no recibí ninguna señal de la Presidenta de enviarla en octubre, ninguna». El 6 de septiembre Gabriel de la Fuente, sucesor de Eyzaguirre en ese ministerio, reafirmó, según informó Biobio Chile, el compromiso de enviar el proyecto durante este segundo semestre, así como el que los resultados de la consulta indígena que se está desarrollando serán incluidos en él.

PROCESO CONSTITUYENTE INDÍGENA

La consulta indígena continúa su proceso. Como observatorio, hemos estado haciendo un exhaustivo seguimiento durante los boletines previos. En esta oportunidad, se han llevado a cabo múltiples actividades en el transcurso del proceso.

La página oficial constituyenteindígena.cl destaca el encuentro que sostuvieron las comunidades Mapuche y Diaguita en la Región de O”Higgins. El Werkén de la mesa regional Mapuche, Marcos Catricura Leviluan señaló lo siguiente: “Quiero agradecer esta oportunidad que el Gobierno de Chile nos da a nosotros como pueblo indígena de participar sobre este Proceso, y que en la Región estamos llevando a cabo en conjunto con la SEREMI de Desarrollo Social, que ha sido un ente muy creíble para nosotros, y así lo hemos [destacado] a nivel nacional, hemos sido ejemplo. Aquí ambas partes han podido dialogar, independiente de las diferencias que existen. Es una oportunidad única tanto para nosotros, como para el Estado de Chile” .

Respecto al balance del proceso, el Ministerio de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, en su sitio web saca cuentas alegres de lo que ha sido el proceso hasta este minuto. Alihuén Antileo, representante de la comunidad Mapuche señaló que  “La disposición es a avanzar, a establecer medidas tendientes a resguardar nuestros derechos, lo que hay que destacar es que en la etapa de diálogo y de establecer las confianzas con la contraparte, en este caso la Seremía y el gobierno se ha desarrollado en buenos términos”

En el sur del país, Radio Bio-Bio en su portal digital ha informado que más de tres mil personas han participado de la consulta indígena, solo en la Región de la Araucanía. Esto se adhiere a que el gobierno estimó que ocho mil personas participarán del proceso a nivel nacional.

En el norte, según el medio radioprensa.cl, positivo ha sido el saldo de la consulta en la Provincia de Melipilla. Sobre el proceso, la gobernadora Provincial dijo: “sabemos que hay desconfianzas, pero queremos recalcar que éste no es un documento más, sino que queremos plasmar sus deberes, sus derechos y responsabilidades en esta nueva constitución”. Complementariamente, la SEREMI de Desarrollo Social, María Eugenia Fernández señaló: “al lograr el reconocimiento constitucional hacen que se les reconozcan los derechos, se reconozcan las preexistencias y la participación política en las decisiones, por lo tanto ellos definen cómo quieren que su vida y la de las futuras generaciones estén establecidas”.

En la Región de Atacama, el periódico electrónico Atacama Noticias ha informado acerca del encuentro que celebraron las comunidades diaguitas en Alto del Carmen. El coordinador de la CONADI, Claudio Araya Tabilo enfatizó que “es un proceso histórico encabezado por nuestra Presidenta y da cuenta de lo que ellos pretenden para el desarrollo de las comunidades, nosotros somos muy respetuosos de ellos, y es un anhelo de ellos de tener que visibilizar sus demandas”.

Finalmente, el gobierno logra con la CONADI un acuerdo para mejorar el proceso de consulta indígena. Dentro de las propuestas, destaca la “creación de una instancia que dialogará con el gobierno durante el proceso de consulta. En esta instancia participan los consejeros nacionales indígenas de la CONADI y el Ministerio de Desarrollo Social. Considerará la participación del sistema de Naciones Unidas con presencia en Chile”. Además, se solicitará al sistema de Naciones Unidas que actúen como observadores del proceso de consulta.

Como es posible observar, la consulta indígena se ha desarrollado activamente a lo largo y ancho del país. En los próximos boletines estaremos brindando más información acerca del proceso.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En medio de las audiencias públicas y de la vista de causa por parte del TC de la constitucionalidad del proyecto de ley de aborto bajo tres causales, el Observatorio del Proceso Constituyente en Chile, publicó en El Mostrador el pasado 17 de agosto una infografía sobre las competencias, composición y currículum de los magistrados del TC, explicando las principales críticas y argumentos a favor de dicho órgano.

Asimismo, el pasado 18 de agosto, y justo antes de que tuviera lugar la vista de causa de dicho requerimiento de inconstitucionalidad, se publicó en CIPER un estudio empírico que tiene por objeto determinar si el Tribunal Constitucional es realmente una tercera cámara, como se le ha criticado, a partir de un análisis de votaciones y tendencias de cada uno de los ministros.

El mismo 18 de agosto, en Publimetro se publicaron entrevistas a Jorge Muñoz Severino, constitucionalista de la Universidad de Chile y a Ernesto Riffo Elgueta, director del Observatorio al Proceso Constituyente en Chile, de Fundación RED. En este sentido, Muñoz destaca que el TC es un tribunal que ejerce jurisdicción, y por ello, su deber es fallar en base a norma jurídica. Sin embargo, destaca que se haya abierto sus puertas a alegatos en representación de 135 organizaciones de la sociedad civil, porque es un tema que trasciende lo jurídico.

Por su parte, Ernesto Riffo criticó que el TC falle inmediatamente luego de dos días de audiencias públicas y uno de vista de causa, señalándolo como “problemático”. En efecto, señaló que “sacar una votación el mismo viernes en la tarde tomando en cuenta todos los argumentos presentado, no ayuda a la legitimidad del mismo Tribunal o de la discusión constitucional.”. Agrega que “es contradictorio dedicar dos días y veinte horas a escuchar argumentos, si finalmente la votación se va a hacer de manera inmediata”.

El pasado 19 de agosto, en La Tercera se publicó una opinión del candidato presidencial, Alejandro Guillier, quien tildó de “poco serio” al Tribunal Constitucional, señalando que este organismo, “como está hoy, no ofrece ninguna garantía de legitimidad. Se cuotea políticamente y no está representada la intelectualidad”.

En La Tercera, el 28 de agosto el diario reprodujo una serie de consideraciones que el Tribunal Constitucional realizó en el voto de mayoría que declaraba constitucional las tres causales de aborto en el proyecto de ley. Así, se enuncia que el dictamen, en su considerando séptimo, no elude que la discusión afecta convicciones profundas. “Sabemos que hay posiciones religiosas, valóricas y morales involucradas. Sin embargo, no vamos a decidir desde la óptica de la religión, de la moral, de la política, sino que desde la perspectiva de la Constitución. Somos un Tribunal de Derecho”. El fallo intentó luego armonizar las posiciones extremas que se expresaron en las audiencias. “Este no es un debate entre buenos y malos, entre pecadores y justos, entre personas con y sin escrúpulos. Entre personas religiosas y otras que no lo son”. Tras esas prevenciones, el TC buscó delimitar su rol en el debate: “No vamos a decidir si hay aborto en nuestro país. Esa es una decisión que tomó el Congreso Nacional. Vamos a revisar si esta decisión del legislador se enmarca dentro de los márgenes permitidos por la Constitución”, precisó. El dictamen enumera, además, cinco asuntos sobre los cuales el TC decidió no pronunciarse por considerar que van más allá de sus atribuciones. “En primer lugar, no vamos a tratar el estatuto ontológico del nasciturus”, dijo el TC. Una persona, prosiguió, no es lo mismo para la metafísica, la religión, la ciencia, la antropología. El TC lo abordó como concepto jurídico. El tribunal se negó, además, a “realizar juicios de rectitud moral” sobre quienes decidan abortar; ni se pronunció si las tres causales constituyen una despenalización o una legalización; ni sobre los efectos de sentencias internacionales sobre Chile; ni sobre las alegaciones de mérito o conveniencia. Un análisis similar y con enfoque en otras problemáticas, lo realiza El Mercurio el pasado 29 de agosto.

Cabe destacar, que el fallo del TC amplió el ejercicio de la objeción de conciencia respecto del aborto a las personas jurídicas. Al respecto, la constitucionalista de la Universidad Católica, Ángela Vivanco, destacó dicha decisión, señalando en prensa que «No olvidemos que la objeción de conciencia es el último y el final reducto de la idea de protección de la vida humana que todos podemos tener y que merecemos poder esgrimir frente a la pretensión del Estado de exigir practicar abortos (…). Si bien no estamos conformes con el fallo, nos preocupa el tema de la vida humana, pero nos parece un mínimo que permita entonces salvaguardar la vida».

Sin embargo, la decisión del TC en ampliar la objeción de conciencia en caso de aborto a personas jurídicas fue objeto de varias críticas. La principal, es el acusar al TC de intromisión en las facultades legislativas del Congreso Nacional.

En este sentido, el pasado 5 de septiembre, los senadores de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, Felipe Harboe y Alfonso de Urresti, entregaron una carta al presidente de la Cámara Alta, Andrés Zaldívar, en la que presentaron sus observaciones por la “intromisión” del Tribunal Constitucional en las facultades legislativas del Congreso Nacional, en el marco del proyecto de aborto en tres causales que fue revisado por el organismo. Según expresaron los legisladores en dicha carta, el TC procedió a “ampliar y regular ante sí mismo”, un estatuto de excepción de aplicación de la ley, por la vía de incluir a las “instituciones” como sujetos legitimados como objetores de conciencia, eliminando algunas palabras de la regulación discutida y aprobada por el Congreso Nacional, alterando su sentido y corrompiendo su alcance. “Este hecho, independiente de la opinión que personalmente tengamos como senadores respecto del fondo de la regulación, su pertinencia o idoneidad, importa una grave infracción al orden de distribución de poderes y roles que la Constitución asigna a los órganos con legitimidad democrática directa”, escribieron los parlamentarios. “En consecuencia, la disposición aprobada por el Congreso Nacional que regulaba y acotaba la aplicación de la objeción de conciencia a los profesionales que intervenían en el procedimiento fue, ampliado a otro grupo de personas naturales y a personas jurídicas o instituciones, por medio de la eliminación de ciertas palabras y la mantención de otras”, manifestaron los parlamentarios.

Lo anterior, llevó a la Cámara de Diputados a presentar un recurso de reconsideración ante el Tribunal Constitucional. En efecto, como evidencia El Mercurio el pasado 6 de septiembre, se trata de un recurso inédito en 27 años. Lo anterior, apunta principalmente a que el TC sobrepasó sus competencias al escribir el texto en la forma en que dicho organismo estimaba que debía quedar, cuestión propia del Congreso Nacional, siendo únicamente competencia del TC el señalar a las cámaras aquello del proyecto de ley que no es constitucional, y que por consiguiente, deben eliminar o modificar. La Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos apoyó dicha iniciativa de la cámara.

Pese a lo anterior, y producto de la intervención del Gobierno, el pasado 7 de septiembre se les pidió retirar la presentación de dicho recurso con objeto de no dilatar más el proceso, para que el proyecto se convirtiera en ley a la brevedad. El jefe de la bancada de diputados de la DC, Gabriel Silber, explicó que «El Ejecutivo señaló la conveniencia de separar las discusiones» para «tener ley de la República a la brevedad y asegurar la promulgación y el despacho de esta ley (…) Por un tema de no dilatar más la promulgación de un proyecto de ley que ha sido largamente discutido en el Congreso, se va a retirar este requerimiento, a objeto de que sea ley de la República a la brevedad» El diputado dijo esperar «que los senadores, que también han hecho señalamientos públicos de que van a recurrir respecto a la objeción de conciencia institucional, hagan igual gesto».

Finalmente, los diputados de Chile Vamos Gonzalo Fuenzalida (RN) y Claudia Nogueira (UDI), en disconformidad con el fallo del TC a propósito de declarar constitucionales las tres causales de aborto del proyecto de ley, anunciaron que acudirían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para buscar dejar sin efecto dicha resolución. En este sentido, estiman que  la Carta Magna asegura el derecho del no nacido y el respeto a su desarrollo natural en el vientre materno. Además, sentenciaron que “con esta legislación se ha vulnerado el artículo 4° del Pacto de San José de Costa Rica, que señala el respeto a la vida desde el momento de la concepción”.

OPINIONES, CARTAS Y COLUMNAS

Tribunal Constitucional

Editorial de La Tercera sobre el TC ante la despenalización del aborto. En la editorial de La Tercera del pasado 17 de agosto, se reconoce que “La tarea que recae sobre el Tribunal Constitucional no se advierte sencilla, no solo por la especial complejidad del tema, sino porque las presiones que se han dejado sentir sobre esta instancia para que falle en uno u otro sentido han alcanzado en algunos casos niveles insólitos”. Añade que “Es relevante no dar pie a este tipo de cuestionamientos, lo cual se logra en la medida que los fallos sean en derecho.”

En este sentido, La Tercera valora desde la perspectiva democrática la intervención del Tribunal Constitucional en lo relativo a temas tan controversiales como éste, por ser el principal órgano intérprete y custodio la norma fundamental en un Estado de Derecho, la Constitución. Así, señala que “no cabe duda de que una instancia como el TC juega un papel fundamental en nuestra institucionalidad, pues a éste se le ha conferido la tarea de interpretar el texto fundamental y procurar su supremacía en nuestro ordenamiento jurídico. Es en virtud de esa misión que se le ha conferido autonomía respecto del resto de los poderes del Estado, buscando que la designación de sus integrantes refleje un amplio arco de sensibilidades. Como cualquier tribunal, éste habla necesariamente a través de sus fallos, y en la medida que éstos sean el reflejo de un razonamiento estrictamente jurídico, el TC habrá cumplido su cometido, legitimando también su razón de ser.”

Editorial de El Mercurio sobre el anuncio del Tribunal Constitucional. En la editorial de El Mercurio del día 23 de agosto pasado, se analizaron las implicancias que generó en la opinión pública la aprobación de la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales. Si bien hasta esa fecha, aún no se daban a conocer oficialmente los argumentos del fallo, la editorial afirmó que el contenido de ellos resultaban fundamentales para  “conocer el alcance de la resolución y la forma en que la ley deberá ser aplicada e interpretada una vez que entre en vigencia”, en especial, la objeción de conciencia y la causal de violación cuya configuración “la hace especialmente vulnerable a potenciales abusos”.

Esta última situación, según lo argumentado en la editorial, supedita la protección de quien está por nacer a las circunstancias de su concepción, lo cual puede llevar a que más adelante surjan nuevas causales que “terminen por relativizar por completo el valor de la vida de los nonatos”. Pese a lo anterior, la editorial destacó que la discusión sobre este proyecto, se haya realizado con calma y apertura de los diversos puntos de vista. De ahí que advierte dos situaciones que resultan llamativas respecto al pronunciamiento del Tribunal Constitucional: por una parte, la celebración de audiencias públicas, donde diversas agrupaciones e individuos dieron a conocer sus puntos de vista ya sea a favor o en contra del proyecto, pero que consideran apropiadas cuando un determinado organismo resuelve materias de política pública, como por ejemplo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero no cuando se evalúa si un proyecto de ley se ajusta o no a la Constitución. Asimismo, la editorial advierte que si bien las situaciones que esta nueva ley regula pueden ser vistas por algunos grupos como algo positivo o como un “mal menor”, no puede considerarse como un motivo de celebración pues sería desconocer la realidad del aborto y omitir en definitiva lo que este camino legal implica: “eliminar la vida del que está por nacer”.  

Editorial de la Tercera sobre “coherencia de los candidatos frente al TC”. En el editorial del diario La Tercera del 23 de agosto, se abordaron algunas declaraciones realizadas por dos candidatos presidenciales respecto al rol y legitimidad del Tribunal Constitucional a propósito de la ley de aborto en tres causales. En particular, la editorial criticó, por una parte, la postura adoptada por el Senador y candidato presidencial Alejandro Guillier, quien antes de que se produjera el fallo, se habría mostrado bastante crítico respecto a dicha institución afirmando que no daba garantías de legitimidad e incluso propuso realizarle algunas reformas.

La editorial sostiene que tras darse a conocer el fallo, Guillier habría experimentado un “vuelco abrupto” al señalar que dicha resolución “representa un triunfo de las mayorías que se expresan para que el país progrese”. Este vuelco, según la editorial, también lo experimentó Beatriz Sánchez quien, antes de la resolución, afirmó que la instancia “violenta las mayorías”, siendo sus fallos de carácter político y no técnico, pero que tras conocerse el fallo manifestó que “Chile está un poquito mejor”.

En conclusión, la columna advierte que estas declaraciones ponen de manifiesto la necesidad de asegurar que “quienes aspiran a detentar cargos de alta responsabilidad política, sean prudentes en sus juicios y pongan especial énfasis en el respeto y cuidado de la institucionalidad, sin que ello quede condicionado a sus propias preferencias personales”.

Editorial de la Segunda sobre legitimidad del Tribunal Constitucional. En la editorial publicada en el diario La Segunda el 23 de agosto, se analizó la actuación y legitimidad del Tribunal Constitucional a propósito de la aprobación de la ley que despenaliza el aborto en tres causales.

En primer lugar, la editorial se refirió a la serie de cuestionamientos que se reactivaron  en el momento en que Chile Vamos anunció que acudiría al organismo para impugnar el proyecto. Entre los cuestionamientos, se encuentran aquellos referidos a la propia existencia del TC, el riesgo de que pudiera convertirse “en una tercera cámara legislativa de carácter no electo” y los que apuntan a la forma cómo se designan sus ministros e incluso al rol dirimente de su presidente en caso de empate. Al respecto, la editorial sostiene que la experiencia comparada no es concluyente, pues existen países democráticos que no cuentan con esta institución ni tampoco existe consenso entre los expertos. Asimismo, en la columna se hace referencia a las observaciones que la jueza de la Corte Federal de Alemania, Sussanne Baer hizo sobre el TC en su visita a Chile en 2015, afirmando que era necesario que estas cortes se tomen el tiempo necesario para adoptar decisiones unánimes o con mayorías sólidas, para de este modo “dotar a sus fallos de certeza jurídica y legitimidad pública”.

Finalmente, la columna destaca que en esta sentencia se haya logrado una decisión mayoritaria, lo que es una señal de que “el tribunal ha respondido al propósito para el cual fue creado, y no, como habían supuesto sus críticos, a una lógica contramayoritaria o de distorsionar el proceso legislativo”.

Opinión de Christian Viera en The Clinic sobre el TC y su necesario respeto al legislador. El pasado 17 de agosto, el profesor de Derecho Constitucional, Christian Viera, publicó una columna en The Clinic a propósito de la relación entre el TC y el legislador en una sociedad democrática, señalando que aquél debe mostrar un necesario respeto para con este último.

En este sentido, Viera da cuenta que “El problema es que en los ‘casos difíciles’ el TC no ha operado como árbitro de competencias sino que resolviendo, derechamente, como legislador negativo en los temas en los cuales existe una ardua discusión política. Recordemos las sentencias en los casos de la reforma al Código del Trabajo o la gratuidad en la educación superior, sentencias que declararon algunas normas como contrarias a la Constitución. O las sentencias en materia de reforma a ley general de enseñanza o el AUC en que, con votaciones estrechas que dirime su Presidente, han podido ser implementadas. Y no estamos hablando de normas pretéritas que se encuentran desactualizadas. Al contrario, se trata de temas recientes que han pasado por el escrutinio de la deliberación política en el Congreso Nacional.”

En virtud de ello, el autor estima que “El requerimiento debe ser desestimado porque de no hacerlo, el TC afectará uno de los pilares del sistema democrático: que las decisiones se toman en la sede de nuestra representatividad. Por lo mismo, no se trata ni siquiera de “confiar” en los criterios del legislador sino simplemente aceptar que las reglas del juego democrático suponen el respeto de reglas mínimas, entre las cuales se cuenta el respeto a las decisiones de la mayoría.”

Finalmente, advierte que “mucho se ha especulado que era fundamental que el requerimiento fuera resuelto durante la presidencia del ministro Carlos Carmona. Por qué. Porque se aventura un empate y el rol del Presidente será dirimente. Entonces, si el tema está resuelto, ¿qué sentido tiene que durante dos días decenas de Instituciones presenten sus opiniones sobre el requerimiento? Otorgar a la sentencia del TC una apariencia de legitimidad. Con todo, como el tema es eminentemente político, el TC debe abstenerse de un pronunciamiento sobre el fondo, porque ya fue discutido por quién legítimamente debe hacerlo en nuestro país, a saber, el Congreso Nacional. Si el TC quiere justificarse a sí mismo, debe tender a realizar un control débil de la Constitución.”

Opinión de Luis Larraín en El Líbero sobre el Tribunal Constitucional. El 24 de agosto pasado, el Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, publicó una columna de opinión en El Líbero, exponiendo algunas reflexiones respecto a la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional de aprobar el proyecto de ley de aborto en tres causales.

En primer lugar, señaló que cuando el Tribunal Constitucional decidió quién presidiría la sala al momento de someter a votación el proyecto (Carlos Carmona), ya era predecible que el fallo daría luz verde. En particular, Carmona, durante su desempeño como Presidente del organismo, ha dirimido en veintiuna sentencias, cifra que sobrepasa la cantidad total de votos dirimentes utilizados por sus predecesores (quienes suman diecisiete votos en total). Para Larraín, con esta decisión, los ministros del TC estaban aceptando de antemano el rol dirimente de Carmona, quien dada su cercanía con el gobierno, daba garantías a este último de que su proyecto finalmente sería aprobado.

Por lo tanto, sostiene que el término “La cocina” utilizado por el senador Andrés Zaldívar para referirse a la reforma tributaria, también aplica para asuntos constitucionales, incluso para temas con una fuerte carga emocional y valórica como lo es el aborto. En este sentido, Larraín señala que con el sistema de audiencias públicas el TC “no estaba pensando en un procedimiento que contribuyera a iluminar sus votos, sino en una forma de cubrir este proceso con un manto de legitimidad ciudadana por la apariencia de participación”. En definitiva, las audiencias no serían más que un intento de revestir de legitimidad social una decisión con una carga valórica tan fuerte como lo es “la disposición de una vida por parte de un tercero”.

Opinión de Claudio Alvarado sobre la Objeción de Conciencia. En una columna de opinión publicada en La Segunda el 29 de agosto, el abogado Claudio Alvarado del Instituto de Estudios de la Sociedad, defendió la objeción de conciencia institucional reconocida en el fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley que despenaliza el aborto en tres causales.

Para el abogado, no debería sorprendernos la afirmación de la objeción de conciencia institucional si consideramos que la propia Constitución y muchos tratados internacionales garantizan el derecho de asociación. En este sentido, argumenta que las personas por esencia tienden a realizarse mediante la participación activa en asociaciones de muy diverso tipo, las que “configuran una realidad- una relación-que no se agota en sus respectivos integrantes (…) y ayuda a generar ciertas virtudes cívicas y un contrapeso al poder político de turno”. Así mismo, señala que si no se reconoce esta situación, se pone en peligro también otras libertades fundamentales como las de conciencia, enseñanza y expresión, que por lo general se desarrollan en compañía de otros.

Finalmente, valiéndose de estos argumentos, Alvarado concluye que la proyección de la objeción de conciencia al ámbito institucional, con el objeto de proteger el despliegue de sus propósitos fundamentales, constituye una “manifestación más del derecho de asociación”.

Opinión de Fernando Atria sobre el Tribunal Constitucional. El abogado constitucionalista Fernando Atria, en una columna publicada en EL Mostrador el 2 de septiembre pasado, cuestionó el rol asumido por el Tribunal Constitucional en el fallo de la ley de aborto en tres causales.

En particular, criticó que el Tribunal haya modificado la disposición referente a la objeción de conciencia presentada inicialmente, que la consignaba como algo de carácter personal y que en ningún caso podía ser invocada por una institución.

Para el abogado, con este fallo, el Tribunal excedió sus facultades como legislador negativo, que le permiten solamente pronunciarse sobre si una determinada regla es contraria o no a la Constitución, pues eliminó las palabras “y en ningún caso” para terminar aprobando una regla totalmente distinta a la propuesta por el legislador. De ahí que la regla, apartándose de su sentido original ahora dispone que “la objeción de conciencia es de carácter personal, y podrá ser invocada por una institución”.

Con esta situación, según Atria, el tribunal se está “mofando” de la única restricción formal que tenía: “la de ser un legislador negativo” y de paso del orden constitucional al que dice proteger y de los ciudadanos que votan en las elecciones.

Editorial de El Mostrador sobre la UC y el Tribunal Constitucional.  El 6 de septiembre pasado, el diario electrónico El Mostrador, se refirió en su editorial al “impasse constitucional” originado por el Tribunal Constitucional al decidir ampliar la objeción de conciencia a las instituciones, en el fallo sobre la ley que despenaliza el aborto en tres causales. Según lo descrito en el cuerpo de opinión, dicho organismo, desdibujó completamente el contenido de la norma puesta a revisión y creó una completamente nueva, lo cual, no solamente excede sus atribuciones y competencias, sino que también innova en materia de derechos individuales al reconocer que la objeción de conciencia también puede ser invocada por las instituciones.  De ahí que advierte que dicho “impasse”, se podría resolver por varias vías. La primera, y a la vez la más obvia sería que el propio Tribunal procediera a “rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido”. La segunda alternativa, sería que la Presidenta decida vetar esta ley, recurriendo al argumento de que dicho tribunal al eliminar algunas palabras específicas del texto original, excedió en sus atribuciones actuando como una tercera cámara. Una tercera opción, sería que la Cámara de Diputados, haciendo uso de sus facultades “contenidas en el artículo 52, número 2) letra c), de la Constitución, en relación con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del mismo cuerpo legal”, declare que lo dispuesto por el Tribunal Constitucional es ilegal y contraviene la Carta Magna, lo cual justificaría una acusación constitucional de los jueces de dicho organismo. Una cuarta alternativa, es que la Presidenta declare una “contienda de competencia con el Tribunal Constitucional” a resolverse por el Senado según lo dispuesto en el artículo 53, número 3 de la Constitución, debido a la “invasión de las competencias colegisladoras que tiene el Poder Ejecutivo”, las que fueron pasadas a llevar por la resolución del TC. Finalmente, según la editorial, una última alternativa es que el Gobierno acate y publique la ley resuelta por el TC, y “proceda a actuar dentro de sus competencias reglamentarias para no incentivar la invocación de la anómala objeción de conciencia institucional”.

Opinión de Francois Meunier en El Mostrador. El 7 de septiembre pasado, el economista Francois Meunier, publicó una columna de opinión, donde defendió la idea de por qué los temas valóricos no deberían tener cabida en una Constitución. Al comenzar, destacó una frase del fallo del Tribunal Constitucional respecto a la ley que despenaliza el aborto en tres causales, que plantea que el Congreso está mucho más capacitado y legitimado que el TC, para resolver la controversia de cuándo comienza la vida del que está por nacer. En este sentido, agrega que esta discusión que genera tanta tensión dentro de la sociedad, obliga a “encontrar un compromiso sostenible y pacífico” para el cual es más idóneo el congreso, como instancia política, que cualquier otra instancia de carácter jurídico que solamente se limita a “escudriñar el significado de tal o tal palabra en un texto constitucional”. Si bien es fundamental el rol del Tribunal Constitucional  al momento de evaluar si una ley se ajusta o no a la Constitución, para el autor, resulta importante “relativizar la contribución que este tipo de tribunal puede tener en este tema”, como lo demuestra la experiencia en Estados Unidos, donde se han producido fallos sobre el aborto y la pena de muerte que han extremado aún más la polarización en la sociedad. De ahí que concluye, que el TC hizo bien en “recordar que el debate en su dimensión moral, filosófica y cultura, es más en el Congreso que en él mismo”.

Opinión de Patricio Zapata sobre el fallo del Tribunal Constitucional. El 12 de septiembre pasado, el abogado constitucionalista Patricio Zapata, publicó una columna de opinión en La Tercera donde aludió a las críticas que surgieron por la forma como el Tribunal Constitucional zanjó la situación de objeción de conciencia institucional. En particular, se refirió a las maniobras realizadas por dicho organismo para ampliar la objeción de conciencia, eliminando la parte del proyecto que circunscribía la posibilidad de eximirse abortar a una “muy concreta forma de objeción de conciencia individual”. Sin embargo, lo curioso para Zapata es que quienes critican el accionar del TC, “ignoren que este tipo de intervenciones quirúrgicas son bastante habituales en la práctica del TC chileno”, pareciendo más fácil recurrir a la crítica de la “Tercera Cámara”. De ahí que pregunta, si era preferible acaso que el TC chileno hubiese corregido completamente la ley de aborto como lo hizo por ejemplo el TC Alemán en 1975 o en 1993, instancia donde se rechazó completamente el proyecto y se sugirió al parlamento alemán crear una ley completamente distinta a la presentada.

Proceso de gobierno

Opinión de Patricio Zapata sobre Bases Ciudadanas. El 29 de agosto pasado, el abogado constitucionalista Patricio Zapata, publicó una columna en La Tercera, explicando por qué el gobierno debería posponer el anuncio del proyecto de Nueva Constitución para después de las elecciones de Noviembre.

Al comienzo, aclara por qué siempre le ha parecido sospechosa la idea de que en tiempo de elecciones no deben discutirse los temas fundamentales para el país. Principalmente, porque detrás de esta postura, se esconde una profunda desconfianza sobre la capacidad de la ciudadanía para discutir estos asuntos, dejándolos finalmente al criterio de los expertos. En este sentido, argumenta que el problema constitucional, por su relevancia y trascendencia, amerita ser discutido con argumentos sólidos por parte de los candidatos que aspiran a ser gobernantes de nuestro país, ya sea los que están de acuerdo con cambiar la actual Constitución como los que no. Sin embargo, señala que el anuncio del proyecto de nueva Constitución que la presidenta Bachelet quedó de presentar antes del término de su mandato, y que recogerá la opinión de las 200 mil personas que participaron en los diálogos ciudadanos del 2016, no debe ser presentado antes de las elecciones porque no es un proyecto que busca dar cuenta de las ideas constitucionales de la mandataria o de sus ministros,  sino que más bien “las conclusiones de un universo de personas con muy diferentes visiones”.

Zapata concluye que para que las Bases Ciudadanas puedan constituirse como referente importante para la deliberación constitucional, es necesario “ponerlas por encima de consideraciones de corto plazo o contingentes” y posicionarlas como un punto de convergencia donde puedan confluir personas que votarán por Sánchez, Piñera, Goic, Guillier u otros.

Opinión de José Aylwin sobre el futuro del proceso constituyente en Chile

En una columna de opinión publicada el 10 de septiembre pasado, José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano, se refirió a la pérdida de visibilidad de la demanda por una nueva Constitución, especialmente de la Asamblea Constituyente en la carrera presidencial y parlamentaria en desarrollo. Dada la alta acogida que tuvo la demanda por el cambio constitucional hace unos años atrás, especialmente en los movimientos sociales, el abogado advierte sobre la poca cobertura que ha tenido el tema entre los candidatos a la Moneda y al Congreso. Si bien algunos candidatos de centro izquierda, como Guillier y Goic, han señalado la importancia del cambio constitucional en democracia, no se han referido al mecanismo para lograrlo ni tampoco han profundizado en la opción de instalar una Asamblea Constituyente.

Según Aylwin, entre los factores que explican esta situación, destacan el proceso eleccionario en desarrollo, la redefinición de las temáticas y prioridades de los movimientos sociales y la manipulación mediática, que han generando incertidumbre sobre el futuro del proceso constituyente. A lo cual, ha contribuido en gran proporción, la estrategia impulsada por Bachelet, que pese a haber establecido un proceso participativo, ha demostrado ser poco viable para el cambio constitucional. En particular, el itinerario institucional fijado por la mandataria para el cambio constitucional- Reforma al capítulo XV de la actual Constitución que habilite al Congreso para convocar a una Convención Constitucional, junto con el proyecto de Nueva Constitución- quedarían sujetos a la aprobación del Congreso. Para Aylwin, “todo lo anterior determina que, dada la composición actual del Congreso Nacional, y muy posiblemente su composición posterior al 2018 (…), la viabilidad de esta estrategia institucional de la Presidenta Bachelet para generar un mecanismo democrático y plural para la elaboración del texto constitucional sea mínima”.

Asamblea Constituyente

Opinión de Sebastián Soto sobre la Asamblea Constituyente. El 29 de agosto pasado el abogado de Libertad y Desarrollo Sebastián Soto, publicó una columna en La Tercera titulada “No +AC”, intentando demostrar por qué en Chile, si se llega a convocar en algún momento una Asamblea Constituyente, podría replicarse la situación que actualmente atraviesa Venezuela. Y de este modo advertir, por qué la AC no es }un camino recomendable para el cambio constitucional.

La primera razón, es que en Venezuela, al igual como lo han planteado algunos en Chile, la Asamblea Constituyente fue impuesta por medio de un “decretazo”, puesto que la Constitución venezolana exigía para su convocatoria un referéndum, procedimiento que Maduro habría ignorado. Asímismo, sostiene que esta similitud podría ser mayor si, al igual que en Venezuela, Chile logra convocar una AC, esta se instalaría por sobre el Congreso, jueces y el propio Presidente.

Opinión de Ernesto Riffo sobre Asamblea Constituyente. El 3 de septiembre pasado, el Director del Observatorio del Proceso Constituyente en Chile, Ernesto Riffo, publicó una carta en La Tercera, en respuesta a una columna publicada unos días antes por el abogado Sebastián Soto, donde afirmaba que una Asamblea Constituyente en Chile podría desembocar en una crisis democrática similar a la que vive actualmente Venezuela.

Al respecto, Riffo sostiene que esta comparación no es más que una exageración y uno de los tantos intentos por deslegitimar “a priori” la AC. De ahí que señala, que explicar las radicales diferencias entre un caso y otro exceden el espacio que permite una carta de estas características, pero que resultan “evidentes a cualquier observador imparcial”. Además, cuestionó el argumento propuesto por Soto que atribuye a la AC un poder ilimitado que está por sobre el Congreso, jueces e incluso Presidente. Pues señala que en sí misma, la AC no es más que un “órgano de representantes elegidos solo para elaborar una nueva Constitución”, no existiendo razones para vincularla con poderes de carácter absoluto. Finalmente, concluye que si hay una propuesta que entraña este riesgo de concentración de poderes es la del Congreso como organismo a cargo de elaborar una nueva Constitución, pues estaría asumiendo además del poder propiamente legislativo, el poder constituyente.