Propuesta para el Reglamento de la Convención Constitucional


La Red de Centros de Estudios por una nueva Constitución aspira a contribuir a la discusión pública sobre el reglamento de funcionamiento de la Convención Constitucional, razón por la cual hemos elaborado propuestas que sirvan como insumo a los candidatos y candidatas para su uso y discusión durante la campaña y, de esta manera, facilitar su aprobación una vez iniciado el trabajo de la Convención. Estas ideas tratan sobre materias fundamentales que buscan fortalecer la legitimidad del órgano constituyente y del proyecto constitucional que se elabore para ser ratificado en el plebiscito acordado en itinerario constitucional.

El documento, que puede ser descargado aquí, fue elaborado por las siguientes organizaciones: Centro Democracia y Comunidad, Chile 21, Chile Movilizado, Fundación Participa, Fundación por la Democracia, Fundación Socialdemócrata, Horizonte Ciudadano, Instituto Igualdad, La Alameda, La Brújula, La Casa Común, Red de Estudios para la Profundización Democrática, Red Liberal, Rumbo Colectivo,

Introducción: ¿Por qué necesitamos una Nueva Constitución?

Dejamos a su disposición la Introducción del libro «¿Por qué necesitamos una Nueva Constitución?» de la investigadora y directora de Fundación RED, Claudia Heiss.  El libro fue publicado por Editorial Aguilar, y se puede comprar a domicilio en megustaleer.cl, feriachilenadellibro.cl y libreriadelgam.cl, entre otras. También está disponible en versión para Kindle y en Apple Books.

 

Introducción: ¿POR QUÉ NECESITAMOS UNA NUEVA CONSTITUCIÓN?

La Constitución es importante para una comunidad política. Desde la mirada de los juristas, es la ley de leyes, la que manda sobre todas las demás y subordina a cualquier norma que entre en contradicción con ella. Para la ciencia política, es el andamiaje fundamental que refleja relaciones de poder y distribuye a través de distintos órganos la toma de decisiones que afectarán a todos los habitantes de un país. Para la teoría democrática, es el corazón donde palpita la legitimidad del sistema político. De la Constitución emana la fuerza que alimentará las decisiones del gobierno y sus instituciones, así como las de los partidos políticos y la acción ciudadana que se expresa a travos del debate público, la protesta y los movimientos sociales.

La Constitución establece la identidad de una comunidad política. Como si fuera su carné de identidad, declara «esto somos las y los miembros de esta polis», estos principios y deberes consideramos fundamentales y estos derechos queremos proteger a todo evento. Aquellos países que cuentan con un texto querido por las y los ciudadanos tienen una gran ventaja: la Constitución los guiará para sortear los convictos y turbulencias que se puedan suscitar. Pero ese no es el caso de Chile.

El estallido social del 18 de octubre de 2019 vino de la mano de una clara demanda por una nueva Constitución. Por décadas, el país ha lidiado con un grave problema en este ámbito. La ilegitimidad de nuestra actual carta fundamental deriva en parte de haber sido elaborada por la dictadura militar para perpetuar una concepción nacionalista, autoritaria y neoliberal de la sociedad y la economía. En parte también obedece a su incapacidad de adaptarse a las demandas ciudadanas, porque fue diseñada para actuar como una camisa de fuerza, limitando la posibilidad de hacer cambios por parte de las mayorías políticas. Como resultado, no solo se ha mantenido un poder de veto de la derecha sobre decisiones fundamentales, como el papel del Estado respecto de los derechos sociales a la salud, educación y previsión. Con todo lo dañina que es esa limitación a la voluntad democrática, la Constitución de 1980 ha tenido un efecto aún más pernicioso: ha contribuido al desplome de la confianza pública en las instituciones y en la capacidad de la política para canalizar la pluralidad y el conflicto social.

El daño ya está hecho y no es claro qué camino puede tomar hoy la sociedad chilena para reconstruir su tejido social y su confianza en que la participación y la deliberación ciudadana podrán incidir realmente de manera democrática en las decisiones colectivas. El desprestigio de los partidos y el Congreso ha llegado a niveles históricamente altos, así como la falta de identificación con las posiciones ideológicas de izquierda y derecha, categorías que para muchas personas ya no significan nada. Aunque no resolverá todos estos problemas de la noche a la mañana, liberarnos de la Constitución de 1980 y construir una nueva carta fundamental entre todas y todos es un primer paso ineludible para recuperar el necesario papel que juega la política en toda democracia.

En las páginas que siguen, intentaré justificar por qué me parece crucial que la ciudadanía apruebe en el plebiscito del 26 de abril de 2020 la opción de crear una nueva Constitución para Chile, y también algunos de los desafíos que, de ganar esa opción, tendremos que enfrentar como país. El primer capítulo recuerda los orígenes de la Constitución de 1980 durante la dictadura militar. Allí se muestra cómo la Junta, Pinochet y su principal asesor jurídico, Jaime Guzmán, buscaron expresamente crear un nuevo sistema político radicalmente distinto de la tradición constitucional anterior: una democracia «protegida», sometida a la tutela de las Fuerzas Armadas. Este régimen debía ser blindado de las mayorías políticas, para así poder perpetuarse en el tiempo.

El capítulo dos relata las restricciones institucionales que impuso la Constitución tras el retorno a la democracia y las reformas de que fue objeto. La más amplia fue la reforma de 2005, que moderó el poder político de las Fuerzas Armadas, pero estableció un nuevo poder tutelar a través de mayores facultades entregadas al Tribunal Constitucional.

El tercer capítulo desarrolla los principales argumentos que hacen necesaria hoy una nueva Constitución: la ilegitimidad de la actual y la forma en que afecta la vida de las personas, distorsionando la voluntad popular y limitando la capacidad del Estado de responder a demandas sociales. Se relata también aquí el intento de la Presidenta Michelle Bachelet por llevar a cabo un proceso constituyente durante su segundo gobierno.

El capítulo cuatro describe el retorno del problema constitucional al centro de la agenda política luego del estallido del 18 de octubre de 2019. Tras la explícita demanda por un cambio de Constitución, los partidos y el Congreso han intentado dar una salida institucional a la crisis proponiendo un proceso constituyente democrático. Está por verse si este esfuerzo llegará a buen puerto y si el sistema político será capaz de garantizar las condiciones de inclusión e incidencia ciudadana en el órgano encargado de redactar la nueva Carta Fundamental. De ello dependerá la legitimidad y la adhesión que pueda concitar el pacto social resultante de este proceso.

Se concluye que la actual Constitución, a pesar de sus numerosas reformas, ha jugado un papel determinante en el deterioro de la capacidad de la política para responder a las demandas ciudadanas. De allí el descrédito y la desconfianza generalizados de parte de la ciudadanía en los partidos y las instituciones políticas en general. Al preservar un modelo económico altamente desigual, la Constitución de 1980 ha contribuido a agudizar el conflicto social. Por ello, la construcción colectiva y democrática de un nuevo pacto social es necesaria para superar el legado autoritario y avanzar hacia una sociedad democrática, pluralista e inclusiva.

Informe de Actividades del Observatorio

Se encuentra disponible para su descarga el Informe anual de actividades del Observatorio del Proceso Constituyente en Chile –presentado el lunes 23 de abril en un evento en la Casa Central de la Universidad de Chile, con la participación de la Expresidenta Michelle Bachelet–, el que contiene columnas de opinión, editoriales, entrevistas con expertos y expertas nacionales y extranjeras sobre el proceso constituyente chileno y experiencias comparadas, infografías, y notas sobre coloquios organizados por el Observatorio.

También se encuentra disponible el reporte experto «An assessment of the Chilean Constituent Process», el que incluye los capítulos «Political participation and constitution-making: The case of Chile», de Claudia Heiss; «The Chilean Constituent Process under the Bachelet Presidency«, de Ernesto Riffo Elgueta; e «Indigenous peoples and constituent process«, de Jorge Contesse y Cristián Sanhueza.

Haz click en cada imagen para descargar.

Entrevista a María Cristina Escudero

Exintegrante del Comité de Sistematización del proceso constituyente:

“Piñera debe decidir si quiere pasar a la historia como pasaron las reformas constitucionales de Lagos en 2005 o si quiere hacer algo más”

 

Mientras el Gobierno saliente prepara el proyecto de nueva Constitución para enviarlo al Congreso en enero, el Presidente electo ha señalado que sólo hará modificaciones parciales a la actual carta fundamental. María Cristina Escudero, integrante del equipo que analizó y sistematizó las opiniones de los diálogos ciudadanos sobre la Constitución en 2016, plantea que el futuro mandatario debe recoger dichos insumos.

Por Mariana Ardiles Thonet

María Cristina Escudero no cree que el proceso de cambio constitucional haya tenido su punto final. “El tema está ahí y la Constitución sigue siendo la misma”, señala. Pese a que el Presidente electo, Sebastián Piñera, no propone crear una nueva carta fundamental, la ex integrante del Comité de Sistematización de la etapa participativa del proceso constituyente afirma que las modificaciones a la Constitución no deberían recaer en un solo gobierno y que suelen ser extensas: “La política comparada muestra que los momentos constituyentes van in crescendo. Cada vez es más difícil de resistir”, indica.

Doctora (c) en Ciencia Política UC, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y especializada en la sustitución de las cartas fundamentales —su tesis doctoral aborda los reemplazos constitucionales en democracia en América Latina—, Escudero explica que estos procesos son impulsados por la ciudadanía, pero que también requieren acuerdos de las élites.

Además, plantea que la formación ciudadana es importante para que las personas comprendan cómo inciden en sus vidas las normas contenidas en la carta fundamental. “Cuando se les pregunta a los ciudadanos directamente en encuestas, ellas dicen que quieren una nueva Constitución. Pero si se les pide indicar sus temas prioritarios, la gente no indica un asunto político como éste. La política está muy desacreditada y la Constitución no va a aparecer más arriba que salud o educación a menos de que haya una contingencia. Con educación cívica sería más fácil hacer la conexión de que si existe un Estado subsidiario, por ejemplo, no van a tener un Estado de bienestar. Todavía se ve la Constitución muy arriba, en temas políticos”, asegura.

La Presidenta Bachelet le señaló a Sebastián Piñera que presentará el proyecto de nueva Constitución próximamente. Sin embargo, en su campaña, el Presidente electo dijo que haría reformas constitucionales, no un reemplazo. ¿Qué debería hacer él con dicho proyecto?

—Lo más importante es que el proyecto de la Presidenta Bachelet va a tener los insumos de la etapa participativa del proceso constituyente. Eso es muy valioso, pues se le preguntó a la ciudadanía, ésta tuvo mecanismos de hacer llegar su preferencia y estas preferencias se analizaron metodológicamente para generar un insumo que es trazable, confiable y que el mismo Presidente Piñera puede revisar. No sería positivo que esos insumos se perdieran, porque se incentivó a la ciudadanía en un proceso que no estuvo teñido por un color político ni dirigido desde la Presidencia para lograr a ese sector le convenía. Eso se ve en las propias Bases Ciudadanas. Los procesos constituyentes continúan aunque los líderes no quieran, lo que pasa es que tienen altos y bajos. Puede que Piñera sienta que el proceso no está en un alto, pero después vuelven a surgir. Se trata de procesos de larga data, pueden durar diez años. Si él no quisiera hacer una asamblea constituyente, que es como el ícono más notorio de un proceso constituyente, y quisiera hacerlo a través del Congreso, que también es un mecanismo válido para hacer un reemplazo constitucional, lo puede hacer a través de reformas. Sigue siendo un proceso constituyente. Ahora, si él no promulga una nueva Constitución, la ciudadanía juzgará si va a ser suficiente o no para legitimar las nuevas reglas del juego. Pero lo que sí debería hacer el nuevo Presidente es escuchar lo que la gente dijo en las Bases Ciudadanas y que va a estar reflejado en el proyecto de la Presidenta Bachelet, y ver qué es lo que a él lo convence para avanzar en las nuevas reglas del juego que el país se quiere dar.

En la campaña de Sebastián Piñera el tema del cambio constitucional no era prioritario, a diferencia de lo que ocurría con otros candidatos. Él hizo una suerte de comparación con las reformas de 2005 con Ricardo Lagos, y planteó que ahora es necesario modernizar la Constitución. ¿Qué salidas le ves tú a este proceso?

—Piñera va a tener que decidir si quiere pasar a la historia como pasaron las reformas de Lagos en 2005 o si quiere hacer algo más. Si bien las reformas de Lagos fueron muy importantes —porque eliminaron a los senadores designados, que ya es una gran cosa, abrieron el camino para cambiar el binominal, entre otros logros—, la gente no lo consideró suficiente. Al año siguiente ya estábamos con protestas y marchas en la calle. Ese proceso no es un buen referente en cuanto a mecanismo de reforma constitucional.

Se podría esperar que la movilización estudiantil vuelva y que vaya de la mano con la demanda de nueva Constitución.

—Es claro que los momentos constituyentes los produce la ciudadanía. Bachelet tomó un momento constituyente que se fue apagando por la contingencia, pero eso no quiere decir que no vuelva a surgir y que superamos el tema constitucional. Por el contrario, yo creo que la gente está expectante. Tuvimos una elección entre medio, un año difícil en términos económicos, entonces me da la impresión de que no hay que confiarse en que ya no hay momento constituyente, en que eso fue en 2016 y que ya no es así, porque el tema está ahí y la Constitución sigue siendo la misma. Es muy probable que vuelva a surgir: la política comparada muestra que los momentos constituyentes van in crescendo. Cada vez es más difícil de resistir. Va a depender de cómo los liderazgos políticos van canalizando esto, porque a veces la ciudadanía simplemente pasa por arriba del sistema político y eso es lo que hay que tratar de evitar. Ejemplos que a muchos políticos les dan susto, en los que la ciudadanía pasa por arriba del sistema político, son Bolivia y Venezuela. Si la élite política no reacciona a tiempo, la ciudadanía no se detiene.

Cuando el actual Gobierno anunció el inicio del cambio constitucional, planteó un proceso que debería continuar en el Gobierno siguiente. ¿Crees que hubiese sido mejor realizar las diferentes etapas con mayor anterioridad, para así haber llegado con más avance al momento del cambio de mando?

—Mirado desde adelante hacia atrás siempre se puede decir “¿y si hubiera pasado esto?”. Por alguna razón no ocurrieron las cosas. Hubo contingencias, hubo varios desastres naturales entre medio, había que hacer una preparación de la etapa participativa… Pero lo peor que puede pasar es hacer un proceso constituyente que sólo dependa de un gobierno, porque al final tiene que haber un consenso tanto en la ciudadanía como en la élite política. El tema constitucional avanzó, en el sentido de que todos incorporaron esto en sus campañas. Piñera lo incorporó de forma matizada, pero en su programa hay muchas reformas, entendió que había que hacer algo. Probablemente no están muy de acuerdo con la agenda de centroizquierda, pero ahí tiene que construir una agenda. ¿Cuáles son los aspectos principales que el país quiere incorporar en su nueva carta fundamental?

Dado que los procesos constituyentes son largos, puede ser difícil ver esto, pero ¿hay experiencia comparada sobre procesos o intentos de cambio constitucional que hayan quedado inconclusos? ¿Qué ocurre en esos casos?

—Sólo por darte un ejemplo, en Bolivia el proceso constituyente empezó a ser solicitado en 1998, las protestas grandes se produjeron en 2003, las reformas posibilitaron una asamblea constituyente ocurrieron en 2004, la asamblea constituyente se realizó en 2006 y la Constitución recién se promulgó en 2009. Pasaron once años. Se ve un proceso inconcluso durante todo ese período. En Colombia, lo mismo: fue el Presidente Betancur el que empezó el proceso en el año 1985, o incluso antes. Son procesos que demoran en concitar el consenso general. Habiendo dicho esto, sí, un ejemplo de proceso inconcluso, por ahora, porque no sabemos qué va a pasar, es el de Islandia, que partió con mucha motivación ciudadana, pero no hubo una buena compensación en términos de los organismos representativos. Ese proceso está estancado en una discusión política en que nadie cede. Hay que ir mirando lo que pasa con la ciudadanía. Al final es la ciudadanía la que tiene que presionar por sus propios cambios. Islandia sigue funcionando, pero tiene una Constitución inconclusa.

Boletín n.° 10 (noviembre 2017)

 Editorial

Editorial

Complementariedad entre participación y representación en el proceso constituyente. La etapa participativa del proceso constituyente llevado adelante por el gobierno de la Presidenta Bachelet durante 2016 fue criticado, entre otras razones, por su falta de representatividad. A pesar del alto número de personas que participaron en el –más de 200 mil–, sus críticos consideraron que era bajo en relación con la cantidad de personas que participan en elecciones, y que no era posible considerar que los asistentes a encuentros locales y cabildos fueran representativos de la sociedad chilena. Ambos puntos son correctos, pero presentarlos como críticas al proceso participativo demuestra incomprensión de la naturaleza y propósitos de esa etapa. La comparación con la participación electoral está fuera de lugar pues los costos de participar en un proceso eleccionario como votante (básicamente asistir al local de votación, y marcar y depositar la cédula) son muchos más bajos que los requeridos para participar en instancias como los encuentros locales y cabildos, los que involucraban al menos tres horas (y habitualmente más) de diálogo y argumentación sobre decenas de temas constitucionales. Por otro lado, en cuanto a la falta de representatividad, ello no es obstáculo para que el proceso haya servido para motivar la discusión pública y el interés ciudadano sobre asuntos públicos en general, y constitucional en particular, al menos en el corto plazo. El impacto que el proceso haya tenido en el mediano y largo plazo deberá ser evaluado en el futuro.

La representatividad, entendida como condición necesaria aunque no suficiente de la legitimidad democrática de las decisiones políticas, es un criterio más bien aplicable a otros momentos del proceso constituyente. Si bien la participación ciudadana masiva puede servir para articular convicciones y preferencias en la ciudadanía, ella no es capaz por sí sola de lograr el objetivo final de un proceso constituyente como el chileno, a saber, la elaboración de un nuevo texto constitucional. La redacción de una nueva Constitución caerá siempre en un grupo pequeño (relativamente pequeño, pues bien podría ser consistir en unos cuantos cientos de personas), compuesto de representantes políticos sobre los que recaerá la facultad de decisión –además de, por necesidad, asesores técnicos–. El resultado de ese proceso podrá reclamar legitimidad en la medida que, al menos, el origen de esos representantes sea democrático. Además deberán darse condiciones respecto a la forma en que desarrollen su labor, condiciones relativas a la transparencia del procedimiento, las condiciones igualitarias e inclusivas de la deliberación, las reglas de decisión en el órgano redactor, etcétera.

La elaboración del proyecto de nueva Constitución de la Presidenta Bachelet. En el momento actual del proceso constituyente desarrollado por el gobierno de la Presidenta Bachelet están ausentes las condiciones anteriores. A la etapa participativa del año 2016, que culminó con la entrega de las «Bases Ciudadanas» elaboradas por el Consejo Ciudadano de Observadores y el Comité de Sistematización, seguía –según el itinerario anunciado por la Presidenta– la elaboración por parte del gobierno de dos proyectos de ley que serían presentados al Congreso: Un proyecto de reforma al capítulo XV de la constitución vigente para permitir la convocatoria a una «convención constitucional», y un proyecto completo de nueva Constitución basado en los resultados del proceso participativo de 2016. El proyecto de reforma al capítulo XV fue presentado en abril y su tramitación se dio sin apuros hasta que la Presidenta le puso urgencia a su tramitación hace un par de semanas. Así en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se ha discutido ese proyecto, escuchando a algunos especialistas y discutiendo brevemente sus artículos en particular.

Sin embargo, el proyecto de nueva Constitución que la Presidenta presentará al Congreso se ha elaborado con un secretismo preocupante. Es comprensible que los proyectos de ley ordinarios de los gobiernos sean elaborados bajo reserva y que la discusión pública abierta se dé una vez que ellos sean enviados al Congreso por medio de mensajes presidenciales. La presentación y tramitación de proyectos de ley es una cuestión que involucra consideraciones estratégicas sensibles, de coordinación y logro de acuerdos intragubernamentales, y de atención al contexto político en el que los proyectos verán la luz para comenzar su tramitación en el Congreso. Sin embargo, el proyecto de nueva Constitución no es un proyecto de ley ordinario, sino que ha sido anunciado como el reflejo de las opiniones expresadas por los participantes del proceso participativo de 2016. No obstante, es un misterio quiénes estén realizando la conversión de los listados de preferencias, «ideas fuerza», y extractos varios, que integran las «Bases ciudadanas» elaboradas a partir de las actas del proceso participativo por el Comité de Sistematización y el Consejo Ciudadano de Observadores. Es claro que esa traducción de las «Bases» en un texto constitucional no es una cuestión técnica (como sugirió la vocera de gobierno tiempo atrás), sino que conlleva una pretensión de estar interpretando la voluntad de la ciudadanía –al menos de quienes participaron en encuentros locales y cabildos–.

El secretismo con que se desarrolla ese proceso, la incógnita de la identidad de las personas que realizan esa labor –quienes no rinden cuenta más que a la Presidenta, no siendo, por tanto, representantes de la ciudadanía cuya voluntad la nueva Constitución debería recoger–, es completamente contradictorio con la celebrada transparencia de la etapa participativa, en particular respecto de la «trazabilidad» de las conclusiones a que se llegue. Por el contrario, la redacción del proyecto de nueva Constitución del gobierno está teniendo lugar en una caja negra, en la que sin duda se incorporarán elementos ajenos a los resultados de la etapa participativa, tanto porque la concreción los conceptos allí recogidos requiere tomar decisiones políticas y optar por posturas ideológicas e interpretaciones jurídicas polémicas, como por el hecho de que los resultados del proceso participativo no agotan –también por falta de especificidad– los contenidos necesarios para la redacción de un texto constitucional completo, en particular en relación con su parte «orgánica». Los razonamientos, discusiones y la deliberación entre las diversas posturas que con seguridad habrá entre quienes hayan participado de esa redacción quedará oculta. Y no podría ser de otra forma, pues no se trata de un grupo de representantes constituyentes. El respaldo de legitimidad política del proyecto de nueva Constitución descansará por tanto, solo en el cargo y en la figura de la Presidenta Bachelet. El proyecto de nueva Constitución que pueda considerarse como expresivo de la voluntad de la ciudadanía –o siquiera parte de ella– será el que emane de un órgano integrado por representantes, como los que eventualmente integrarían la “Convención Constitucional”, quienes por medio de la deliberación abierta –incluyendo el análisis de los resultados de procesos participativos como el de 2016– de forma y contenido a nuevo texto constitucional. El espíritu de complementariedad entre participación y representación que animó al diseño del proceso constituyente del gobierno se habría satisfecho de mejor manera prescindiendo de la elaboración de este proyecto presidencial de nueva Constitución y dejando, en cambio, que el órgano representativo que en último término sea el encargado de elaborar el nuevo texto hubiese trabajado directamente con los resultados del proceso participativo.

Proceso constituyente del Gobierno

La Moneda pone urgencia a proyecto de reforma al capítulo XV. El pasado 29 de noviembre el gobierno puso suma urgencia al proyecto que busca reformar el Capítulo XV de la Constitución que trata sobre la “Reforma de la Constitución”, reforma destinada a establecer los canales formales para un proceso de reemplazo constitucional. Sin embargo, debido a sus altos quórums (dos tercios en ambas cámaras), es posible que el proyecto de reforma fracase.

La reforma, que permitiría convocar a una “convención constitucional”, fue discutida en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. La diputada comunista Camila Vallejo, así como los diputados socialistas Leonardo Soto y Osvaldo Andrade presentaron indicaciones al proyecto que lo modificarían para que en vez de consistir en una reforma al capítulo XV el proyecto incorporara un capítulo nuevo (Capítulo XVI sobre “Reemplazo constitucional”). Al tratarse de un capítulo nuevo, el proyecto podría ser aprobado con un quórum de tres quintos, en vez del de dos tercios. La iniciativa no contó con los votos de la mayoría de sus miembros. Votaron en contra de las indicaciones los diputados de Chile Vamos y el diputado Fuad Chahin (DC). Asimismo, este último junto con Ricardo Rincón (DC) se abstuvieron en la votación del inciso que regularía la convención constitucional, con lo que esa norma fue rechazada. En palabras de Chahín “El gobierno no quiso mover una coma este proyecto y estamos viendo los resultados de aquello. No hubo ninguna disposición a conversar”. La queja de Chahín se refiere a que el proyecto no especifica quiénes integrarán la convención constitucional, cuántos serían, cómo serían elegidos, entre otros aspectos que permitirían determinar su naturaleza precisa. A pesar de ello, el proyecto seguirá su tramitación, pero requerirá acuerdos políticos (que el gobierno ya ha empezado a buscar) y más modificaciones para tener posibilidad de ser aprobado. En ese contexto, el gobierno bajó la suma urgencia que había puesto al proyecto, que requeriría que fuera tramitado dentro de 15 días, a urgencia simple, lo que pone el plazo en 30 días.

Dado el resultado de la votación en la Comisión de Constitución las reacciones no se hicieron esperar, ya que la Diputada por el Partido Comunista, Karol Cariola, arremetió contra la DC, señalando que «Lamento mucho lo que pasó en la comisión de Constitución. Matar el corazón de esa modificación en una votación es bastante incomprensible. Aquí, lo que se expresó fue una visión de derecha, del pinochetismo que quiere mantener una Constitución elaborada en dictadura, versus una visión que quiere democratizar Chile. La DC tendrá que reflexionar». En respuesta, Chahin afirmó que «si el Partido Comunista quiere decir algo, no me voy a dejar pautear por ellos. Yo actúo de acuerdo a lo que es mejor para el país. Mi obligación es votar de acuerdo a mis convicciones; a mí no me pautea nadie». Asimismo, el parlamentario acusó displicencia por parte del gobierno.

El impasse tuvo repercusiones en la carrera presidencial, con el candidato Alejandro Guillier, quien sostuvo que “todavía es posible arreglar el proyecto de reforma en el Congreso”. Agregando que “Nosotros estamos convencidos que la Presidenta envió un buen proyecto que es mejorable como todo y necesitamos definir mecanismos de participación ciudadana muy activos. No podemos construir constituciones hechas solo en el Congreso. Yo creo que una de las señales que la ciudadanía está dando, es que quiere tener participación y por lo tanto una Convención Constituyente, o en su defecto si eso no prosperara, yo creo que deberíamos comprometernos a un plebiscito donde los chilenos se pronuncien ante el mecanismo de participación”.

Proceso constituyente indígena

Término y críticas al proceso de consulta indígena. A comienzos de noviembre finalizó el proceso de consulta indígena implementado por el gobierno en cumplimiento por el Convenio 169 de la OIT en el contexto del proceso constituyente. Sin embargo, este no concluyó de la mejor forma dado el quiebre entre las comunidades y el oficialismo. Al respecto, han sido varias las críticas realizadas al proceso, destacando la no discusión de temas clave como la plurinacionalidad del Estado de Chile, así como la falta de garantías llevando a la vulneración de los derechos de las comunidades participantes.

El representante del pueblo Rapa Nui en la CONADI, Rafael Tuki, calificó el proceso como “un engaño”, puesto que no se abordaron materias tales como la autodeterminación, a la luz del derecho internacional y los tratados que ha firmado el Estado de Chile. Acerca del quiebre, Mapuexpress, recogiendo el reporte del programa radial Ayni, señala que las razones son varias, como que que no se acordó reconocer a Chile como un Estado Plurinacional, ni tampoco hubo voluntad de otorgar rango constitucional al convenio 169 de la OIT. Asimismo, el medio on line señala que en Arica y Parinacota hubo disconformidad por el reducido número de sus representantes, mientras que en Iquique se denunció que el proceso estuvo viciado desde su inicio, publicándose por parte de representantes de comunidades aymaras y quechuas de Tarapacá un comunicado que indica que “el Estado no garantizó a nuestros pueblos asesoría de confianza desde el comienzo de la consulta, no respetó los tiempos necesarios para desarrollar cada etapa y obstaculizó constantemente el diálogo, al imponer tiempos, metodología, procedimientos, recursos, etcétera, inapropiados y de forma unilateral. En Resumen, el Estado de Chile no ha garantizado las condiciones mínimas para que nuestros pueblos puedan incidir realmente en esta medida”. Situación similar se vivió en la Atacama, señalando que con el quiebre de la mesa de diálogo se perdió “una oportunidad histórica de hacer un trabajo completo, genuino y ajustado a los estándares internacionales”.

Por otra parte, la declaración de la organización “Plataforma Política Mapuche” en el medio Werkén Rojo, establece siete puntos acerca del quiebre producido en el proceso de consulta. El documento inicia valorando el proceso de consulta, pero lamentando al mismo tiempo el incumplimiento de las exigencias establecidas por los pueblos originarios, alegando que el Estado asumió una postura desconfiada y discriminatoria. Sin embargo, el punto central estuvo enfocado en que los acuerdos a los que quería llegar el gobierno “solo alcanzaron a los temas Culturales y de pre existencia, los que resultan altamente insuficientes si no consideramos los temas políticos, que son los que pueden cambiar y resolver los temas de fondo. Estos dicen relación con: Reconocimiento Constitucional de Nación, Avanzar a un estado Plurinacional e intercultural, Reconocimiento de Territorios Ancestrales, Libre Determinación. Sobre estos temas los representantes del estado mantuvieron una postura intransigente lo que determinó que las negociaciones llegaran a situarse en un punto muerto y de no avance”. De acuerdo a lo publicado por Diario Concepción, los representantes de la octava región también manifestaron su disconformidad, especialmente las comunidades mapuches y pehuenches, ya que no se abordó el tema de la plurinacionalidad. Los representantes del pueblo Mapuche en la CONADI también denunciaron que el gobierno descartase incorporar el derecho a territorio, elemento que se acuerdo a lo planteado por Marcial Colín, existían recomendaciones de organismos internacionales para avanzar en este punto. Adicionalmente, los representantes de Los Lagos también se retiraron del proceso acusando intervencionismo.

En respuesta a los hechos ocurridos, son varias las columnas que realizan un balance negativo de la consulta indígena. El 6 de noviembre, en El Desconcierto, el dirigente político mapuche Marcelino Collio lamenta el término de “la ilusión del proceso constituyente de los pueblos indígenas y el Estado”. Señala que “Después de una maratónica jornada de cinco días, se realizó una nueva jornada del Proceso Constituyente Indígena, en un nuevo intento por lograr acuerdos con el Estado chileno en los temas de reconocimiento constitucional de naciones, avanzar en la construcción de un Estado plurinacional e intercultural, en reconocimientos de territorios ancestrales y en los temas de libre determinación. Pero no hubo acuerdos.”

En este sentido, Collio identifica que “Los representantes del Estado chileno solo estuvieron dispuesto a reconocer temas culturales y de pre existencia, pero en los temas de derechos políticos, que son los que determinan cambios reales, no fue posible avanzar”. Agrega que “Esto fue solo una muestra de los esfuerzos que realizaron los pueblos originarios por buscar acuerdos con el gobierno, pero la intransigencia de los funcionarios a cargo no permitió llegar a puerto en ninguno de los temas de real interés de los pueblos presentes en la sala.” Collio pone la responsabilidad en el gobierno “que generó grandes expectativas con este Proceso Constituyente Indígena, pero que prefirió seguir atado a los grandes poderes fácticos, a los grupos económicos que controlan el sistema neoliberal y que no quieren cambios reales en este país. Así, esta promesa de cambiar la actual Constitución, donde se incluyan los derechos usurpados por años a los pueblos originarios de estos territorios se aleja cada vez más. Se seguirá hablando a nombre de los pueblos originarios, de los mapuches en particular, pero sin considerarlos como actores políticos con derechos y en igualdad de condiciones, como es el anhelo del conjunto de nuestros pueblos”.

Concluye el autor que “Es bueno dejar claro que esto no detiene la lucha de los pueblos por abrir espacio en una sociedad que nos discrimina, que nos reprime, que nos encarcela, que nos mata. Un Estado que quiere tener patente de moderno, de desarrollado, pero que continúa con prácticas feudales, anclado en un pasado de mente atrasada, de prácticas sancionadas internacionalmente. Un estado que impone un desarrollo que no incorpora ni identifica a los pueblos originarios, menos aún acepta una democracia acorde al siglo XXI. Finalmente, decir que aquellos que me reclamaban que “los dejara solos”, efectivamente se han quedado solos para negociar con el Estado, las migajas que este les quiera conceder, pero los pueblos originarios ya tomaron su decisión. Y esto dice relación con seguir avanzando en la construcción del camino propio, de seguir trabajando por fortalecer sus organizaciones, las comunicaciones con los otros actores de la sociedad, con los cuales los acuerdos son más fáciles y más duraderos.”

Más favorable fue la opinión de la académica de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte Katherine Becerra, quien observó sobre el proceso que “desde una visión de la academia y sociedad civil, la descolonización de la perspectiva neoliberal a una mirada indígena en estos procesos de consulta es altamente destacable y necesaria para lograr cambios. Las suspicacias de ambos sectores deben ir decreciendo a medida que el dialogo va siendo el centro. Con el proceso constituyente indígena y el ingreso al Congreso Nacional del Plan Araucanía el Gobierno está cumpliendo con lo prometido en esta materia. Es de esperarse que los resultados sean sustanciales para un cambio en las relaciones entre el Estado y las comunidades indígenas, y no solo sea un simple cumplimiento de formalidades sin ningún contenido transcendental”.

Marcelino Collio: “Asamblea Constituyente Indígena: Más decepciones que acuerdos”. El contenido de la columna publicada en El Desconcierto, hace alusión al balance de la etapa final de la consulta indígena, celebrada entre los días 16 al 21 de octubre. Al respecto, Collio hace una denuncia de las pésimas condiciones en las que se encontraban trabajando los representantes cuando no tenían actividades junto con el gobierno, señalando que dichas actividades se realizaron “en un tercer subterráneo del centro de Santiago, que no garantizaba condiciones dignas para trabajar”. Además, consigno que la consulta finalizó un día sábado en la mañana y no un jueves por la tarde, que era lo planificado.

En segundo lugar, se constata que los delegados, como producto del retraso en los plazos de la discusión, solicitaron aplazar el cierre de la consulta, ya que no estaban las condiciones para proseguir, sumado a la situación familiar y logística de los participantes. Sin embargo, se señala que “Frente a esto, el gobierno responde que esto no es posible, que los acuerdo se deben tomar ahora, de lo contrario No hay acuerdos. Y que si la asamblea rompe el dialogo, se tendrán que hacer cargo de haber abandonado el dialogo”.

No obstante, a juicio de Collio, lo peor del evento fue cuando “Los consejeros de Conadi Marcial Colin y José Millalen lograron convencer a la delegación completa de la novena región para presentar una propuesta de acuerdo distinta a la que habían firmado antes, la que llamaron Acuerdo Araucanía, donde aceptaban firmar un acuerdo con el gobierno, donde NO ESTABAN todos los puntos que la Asamblea solicitaba al gobierno”. Los consejeros de la CONADI aludidos respondieron por le mismo medio afirmando que habían sido críticos “desde un comienzo la carencia de métodos claros para la toma de acuerdos y la insuficiencia de los contenidos o materias a consultar definidas por el Ejecutivo” por lo que “en nuestro rol de representantes de los pueblos pudimos incorporar elementos estratégicos desde el punto de vista de las comunidades que representamos y del movimiento político mapuche en el cual participamos: la libre determinación, el territorio y la plurinacionalidad, las que acordamos con el gobierno fueran incorporadas desde la etapa de Deliberación Interna del proceso de Consulta”. El conflicto entre Collio y los Consejeros mapuche de la CONADI involucra distintas opiniones respecto del respeto que cada uno de ellos expresa hacia la autodeterminación de los distintos territorios mapuche.

Columnas, cartas y opiniones

Sebastián Soto: “Otra vez la Constitución”. El académico e integrante del equipo constitucional de la candidatura de Sebastián Piñera, en columna publicada en el diario La Tercera, abordó diversos aspectos de lo que ha sido el proceso constituyente en los últimos meses. En primer lugar, criticó la falta de claridad por parte del gobierno respecto a la fecha de envío del proyecto de nueva Constitución, señalando que “Lo que motiva este confuso itinerario es que algunos en el gobierno creen que eso podría influir en el resultado de la elección presidencial”. En segundo lugar, también criticó los potenciales contenido que pudiera tener el proyecto Aunque todavía nadie conoce las sorpresas que nos dará el nuevo texto, la consulta indígena nos mostró algunas. Ahí supimos que “el Estado” llegó a acuerdos con los dirigentes, según consigna la página web del MDS (Ministerio de Desarrollo Social”. Finalmente, cuestionó –sin analizar las respuestas posibles a sus preguntas– la posibilidad de que el gobierno otorgue el 10% de representación parlamentaria a pueblos originarios: “Todo esto admite muchas preguntas. ¿Por qué se rompe con la vieja regla democrática de una persona un voto? ¿Por qué optar por una representación étnica y no una ideológica como ha sido la tradición en Chile? ¿Por qué el gobierno intenta comprometer al ‘Estado’?”.

Sebastián Soto: “Urgencia Irrelevante”. En otra columna publicada por el abogado en La Tercera, calificó como una maniobra electoral el otorgamiento de suma urgencia al proyecto de reforma al Capítulo XV de la Constitución. Según Soto, “el proyecto debería rechazarse porque, como ya otras veces en el tema constitucional, no resuelve nada”. Agrega además que “el proyecto ningunea al Congreso despojándolo de la decisión fundamental; y eso es más grave en un país que, como el nuestro, necesita fortalecer la política y el Congreso, no erosionarlo”.

Finalmente, opina que “El proyecto del gobierno no tiene impacto en el Frente Amplio donde la única fórmula aceptable es la utopía de la AC. Tampoco parece tenerlo demasiado para el votante de Guillier pues el propio equipo constitucional del candidato tuvo que salir a ‘profundizar’ la reforma informando lo que esta debía agregar. Y por cierto no lo tiene para el votante de Piñera quien, casi por definición, prefiere la vía institucional”.

Cristóbal Bellolio sobre la izquierda y la Asamblea Constituyente. El 25 de octubre, en Revista Capital, Cristóbal Bellolio, Académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, expresó algunas críticas en torno a cómo la izquierda “mató la Asamblea Constituyente”.

Según Bellolio, el error estratégico de buena parte de la izquierda pro-AC fue confundir el debate como una disputa de modelos estratégicos –donde lo importante es el resultado, el contenido de una nueva Constitución– antes que como una invitación a discutir las reglas de un procedimiento –donde lo importante es la legitimidad–. Afirma que “La derecha, por tanto, entendió la convocatoria en clave hostil: estaban siendo invitados a una carnicería, donde el modelo que tanto defienden sería irremediablemente revertido”.

Se pregunta entonces si “¿Significa esto que la izquierda debía ocultar sus aspiraciones sobre el contenido?”. Responde que “No necesariamente”. Más bien su punto es que “Lo que deberían haber entendido mejor, es que se trata de un proceso de dos etapas. Durante la primera etapa, todos los esfuerzos debieron haberse concentrado en generar confianzas transversales y acordar reglas del juego capaces de entregar certidumbres a las partes. Durante la segunda etapa, una vez que existe confianza entre los actores políticos y las reglas del juego son claras, cada equipo lucha lealmente por sus ideas en la arena democrática. A la izquierda pro-AC se la comió la ansiedad. Fueron incapaces de distinguir entre contenido y procedimiento. Así dinamitaron los pocos puentes que tenían con el centro y la derecha. Espantaron a todos los que tenían ideas distintas respecto del contenido”.

Juan Pablo Cárdenas sobre nueva Constitución y Asamblea Constituyente. El pasado 8 de noviembre el periodista Juan Pablo Cárdenas, por medio de la web de la Radio de la Universidad de Chile, expone que “la decisión política de seguir postergando la consolidación de una Carta Fundamental verdaderamente democrática entraña, ciertamente, el encantamiento general de la clase política por la institucionalidad autoritaria definida por la Constitución de 1980, salvo con algunas enmiendas que puedan ser acordadas por algún gobierno de turno y el Congreso Nacional”. En su opinión “Es claro que para las cúpulas de los partidos parece más razonable convenir un conjunto de modificaciones a lo ya existente que abrirse a un proceso en que los ciudadanos asuman protagonismo a través de una asamblea constituyente. Durante toda la posdictadura se le ha quitado el bulto al más legítimo y eficiente de los procesos, como ha sido el camino previo de las constituciones más sólidas y estables del mundo.”

Finalmente, lamenta “que nuestro país no se allane a encomendarle este texto tan primordial a un conjunto de chilenos definidos por elección popular. No entendemos, francamente, que haya quienes tanto le temen a un cónclave ciudadano, lo que sería una novedad y oportunidad para Chile, cuando en toda nuestra trayectoria republicana las constituciones se han definido “entre gallos y medianoche”, en componendas de los caudillos políticos con los militares, los partidos y los más poderosos empresarios”.

Soledad Alvear: “Constitución: responsabilidad”. La Exsenadora Soledad Alvear (DC), mediante columna publicada en La Tercera, hace un llamado a actuar con responsabilidad ante el proceso de cambio constitucional. Según Alvear “Esta nueva Constitución no puede ni debe nacer a partir de una página en blanco sino que debe tener en cuenta toda la evolución constitucional que ha experimentado nuestra patria desde los albores de su independencia aprendiendo también de las lecciones de la historia”.

En respuesta a la posibilidad de un plebiscito constitucional señala: “es claro que la elaboración de una nueva Constitución debe respetar las disposiciones que contempla la actual Constitución para su reforma integral y ello conlleva lograr un acuerdo de los 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio. Un eventual llamado a plebiscito sobre estas materias también requiere de una reforma constitucional aprobada por igual mayoría calificada de 2/3. Digamos la verdad siendo responsables, no se trata de que el Presidente llame por sí a un plebiscito”.

Finalmente concluye que “Solo de esta forma lograremos contar con una Carta Fundamental nacida en democracia en la que todos nos sintamos interpretados, que sea el marco comúnmente compartido a partir del cual podamos desarrollar libremente nuestras visiones de país para llevar a cabo nuestros ideales”.

Académicos por la AC: “La cuestión constitucional ante el nuevo ciclo político, nuevo ciclo político y AC”. Publicada en The Clinic, una columna firmada por una docena de académicos afines al Frente Amplio señala que “Los resultados de la primera vuelta presidencial y de la elección parlamen taria evidencian que la ciudadanía desea, mayoritariamente, recuperar la soberanía sobre sus cuerpos, sus comunidades y sus territorios. Esto requiere terminar con las normas e instituciones que constituyen a nuestra sociedad de un modo neoliberal, donde las lógicas de la competencia y de la mercantilización condicionan prácticamente todos los planos de la vida social, transformando a los ciudadanos en consumidores”.

Acerca del proceso constituyente, los académicos plantean que “en un proceso constituyente que responda al nuevo ciclo político inaugurado con el surgimiento, desde la sociedad, de nuevas fuerzas políticas, las que han logrado consolidar su incorporación al aparato institucional del poder a través de una bancada parlamentaria. Es decir, un proceso constituyente que responda a las exigencias que la ciudadanía formula al sistema político: más aire fresco, más diversidad, más rendición de cuentas”.

Finalmente, la carta concluye que “lo mínimo es convocar a un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie sobre la cuestión constitucional, pues circunscribir la discusión a la élite política garantiza la protección del actual estado de la sociedad, con los privilegios y abusos propios de un modelo constitucional neoliberal”.

Unidos por una Nueva Constitución, académicos llaman a votar por Guillier. Días antes, académicos de centroizquierda, integrantes o afines a desde la Nueva Mayoría hasta Revolución Democrática, e incluyendo integrantes del equipo constitucional de la candidatura de Alejandro Guillier, expresaron, por medio de una declaración circulada en redes sociales, “la más profunda convicción sobre la necesidad de contar con una nueva Constitución, nacida en democracia producto de un proceso constituyente que termine con los cerrojos institucionales existentes y se haga cargo de la pluralidad propia de nuestra país”. Afirman también que el resultado de la primera vuelta presidencial muestra que “es necesario y posible avanzar hacia un país más justo y democrático”. Afirman, al respecto, que “Para ello se requiere de un Estado que pueda ser un garante efectivo de derechos y que propicie la realización equitativa en la vida social, material y cotidiana de las personas y colectivos de nuestra sociedad” y que “Ello no es posible sin una nueva Constitución” pues “La actual carta fundamental limita la posibilidad de un Estado social, contiene un magro reconocimiento de derechos fundamentales y propicia una democracia elitista, con reglas y órganos destinados a obstaculizar los cambios sociales”.

La carta termina afirmando que “Hoy más que nunca, es necesario reafirmar el compromiso con la justicia social y avanzar en la profundización de las reformas iniciadas en este gobierno. Nada de esto será posible en el largo plazo sin una nueva Constitución que siente las bases de una sociedad más justa, solidaria, libre e igualitaria. De todos nosotros depende seguir avanzando en ese camino y por esas razones llamaos a votar por Alejandro Guillier”.

Juan Ignacio Latorre (RD) y Jaime Bassa: “El plebiscito como solución a la cuestión constitucional”. El Senador electo de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre, y el académico de la Universidad de Valparaíso Jaime Bassa publicaron el pasado 10 de diciembre en El Mercurio una carta sobre de la posibilidad de un plebiscito constitucional. El escrito señala que tomando en consideración elementos como los altos quórums legislativos para la aprobación de reforma al Capítulo XV de la actual Constitución y la falta de apoyo al interior del oficialismo “creemos que la crisis de legitimidad de la Constitución no encontrará solución mientras las cúpulas políticas no permitan que la ciudadanía tome la palabra para decidir”. Complementariamente enfatizan que “Los «grandes acuerdos» deben verificarse en la deliberación constituyente y no pueden ser esgrimidos como excusas para obstaculizarla”.

Posteriormente, se indica que el actual proyecto de reforma constitucional se encuentra estancado por las trabas legislativas propias de los altos quórums de aprobación (dos tercios en ambas cámaras). En respuesta, los autores proponen reformar la Constitución para que el Ejecutivo pueda convocar a un plebiscito constitucional de entrada, proyecto que ya existe y que no ha sido aún aprobado por el Congreso. A juicio de Latorre y Bassa, de aprobarse este proyecto se “evidencia la voluntad política de resolver la cuestión constitucional de cara a la ciudadanía. Además, considerando que la iniciativa contó con el apoyo transversal en la Cámara, su alto quórum de aprobación (tres quintos de los parlamentarios en ejercicio) aparece como algo accesible. Si, como se ha declarado recientemente, la voluntad de Alejandro Guillier y del oficialismo es recurrir a un plebiscito que destrabe la cuestión constitucional, bastaría con reactivar la tramitación legislativa de este proyecto”.

Documentos de académicos del PS Y Frente Amplio fija bases de diálogo para balotaje. “En segunda vuelta: por un diálogo democrático que inicie una nueva etapa histórica”. Así se titula un documento redactado por los académicos de la Universidad de Chile Fernando Atria (Partido Socialista) y Carlos Ruiz (Izquierda Autónoma, Frente Amplio), da cuenta La Tercera el pasado 25 de noviembre. El documento fija las bases para un diálogo entre la Nueva Mayoría y el Frente Amplio con miras a la segunda vuelta, donde la carta presidencial del oficialismo, Alejandro Guillier, busca el respaldo de la opción que representó Beatriz Sánchez, quien obtuvo más del 20% de los votos en primera vuelta.

La propuesta de Atria y Ruiz fija como punto de partida “el compromiso de las fuerzas democráticas por impulsar un proceso constituyente, uno en el cual el poder constituyente retorne a su titular, el pueblo. La manera de avanzar esa dirección es mediante la realización de un plebiscito constitucional, que abra la vía para una Asamblea Constituyente”. “La razón por la que una nueva constitución es necesaria es porque necesitamos una constitución que constitucionalice la salida del neoliberalismo. Esto significa, primero, una que en vez de neutralizar la política institucional la fortalezca, de modo de devolver a los ciudadanos la posibilidad de decidir políticamente sobre el destino de Chile. Así será la democracia, y no el mercado, el eje ordenador de nuestra vida social y política”, añade. Los académicos plantean que una nueva constitución es necesaria para “superar el actual carácter subsidiario del Estado” y para garantizar derechos sociales, principalmente la educación, salud y previsión social.

En esa línea, el documento propone que se debe dar paso a la reconstrucción y expansión de la educación pública, superar la capitalización individual de las actuales AFP para pasar a un sistema de reparto, la creación de un nuevo sistema de salud pública y la condonación de las deudas educativas. Todas estas, propuestas claves para el Frente Amplio e impulsadas por Sánchez, las que se han ido configurando como los ejes claves para que Guillier pueda seducir al electorado frenteamplista, según declara La Tercera.

Política

Elección presidencial

Postura de candidato Alejandro Guillier sobre nueva Constitución. El pasado 26 de noviembre, luego de los resultados de la primera vuelta en las elecciones presidenciales, Guillier fue entrevistado por Pulso. A propósito de nueva Constitución, sostuvo en relación con la posibilidad de continuar con el proceso constituyente del gobierno, y en particular en relación con la reforma al capítulo XV, se manifestó a favor de un plebiscito constitucionalpara poder determinar un camino”. Sin embargo, agregó –en aparente referencia a que el Congreso juegue un rol en la elaboración de la nueva Constitución– que “La otra solución, por si te bloquean, porque no tienes la mayoría en el Congreso para aprobar el mecanismo plebiscitario que te permitiría diseñar una forma participativa, es con los instrumentos que tienes. Ha habido una reacción ciudadana, ahora no es un Congreso binominal y por tanto, se puede avanzar por ahí. Lo importante es que tengamos una Constitución que represente al alma de Chile y eso tiene que expresarse a través de los ciudadanos, y no por mediación de terceros”. Respecto a la posibilidad de una Asamblea Constituyente, en cambio, sostuvo que “Una eventual asamblea constituyente, pasa primero por aprobar el cambio constitucional, para después poder convocar a una situación y empieza a correr el tiempo. Tienes cuatro años y también necesitas manejar los tiempos para que todo salga en mi gobierno y no quede pendiente para el otro, porque sino [sic] se va alargando el tema. Una solución es buscar los mecanismos participativos ciudadanos lo más directos posibles y constituirse en una sociedad que se autoconvoca a un ejercicio constituyente, porque una AC viene de la Revolución Francesa, pero parte de un ejercicio intelectual”. Consultado sobre qué modelo en particular tendría en mente, sostuvo que “Hemos estudiado esto de 20 mil maneras, pero no hay que encerrarse en que sea un mecanismo específico, sí en un mecanismo de participación real. Eso es lo que podemos decir hoy. Lo otro depende también de los apoyos ciudadanos, de los alineamientos de los partidos, de conversar, pero a nadie le sería concebible una Constitución sin participación de la ciudadanía”. Finalmente, sobre la posibilidad real de lograr apoyo para la AC, concluyó que “Hay que verlo. La política está abierta y Chile dio señales de que quiere cambios genuinos y con participación ciudadana”.

En relación con el proyecto de reforma al capítulo XV de la constitución que permitiría realizar el reemplazo constitutional, Guillier señaló en otros medios que de no prosperar el proyecto “me he comprometido a convocar al Congreso Nacional a que apruebe un llamado a plebiscito para que las chilenas y los chilenos decidamos el mecanismos de construcción de la nueva constitución, son los mecanismos que tenemos y los vamos a usar todos».

Más allá de las polémicas surgidas a raíz del llamado a plebiscito, desde el Partido Socialista valoraron el otorgamiento de suma urgencia a la iniciativa de reforma, haciendo un llamado a la Nueva Mayoría y al Frente Amplio a respaldar la iniciativa. Aunque desde el pacto Chile Vamos y la presidencia del Colegio de Abogados calificaron el gesto del gobierno como intervencionismo y una maniobra política.

Política general

Andrés Zaldívar (DC) critica a Alejandro Guillier por propuesta constitucional. El Senador de la Democracia Cristiana, Andrés Zaldívar, criticó al candidato presidencial del pacto Fuerza de la Mayoría ante la posibilidad de llamar a plebiscito por una nueva Constitución en caso de que Guillier sea electo presidente. Según Zaldívar este camino «No procede, pues. ¿Para qué habla de un plebiscito si no está establecido en la Constitución? Hay que aplicar las normas constitucionales siempre. La Constitución no contempla un plebiscito para definir una cosa como esta. Lo lógico es que el nuevo Parlamento resuelva los procedimientos». Asimismo, el ex coordinar político del comando de la ex candidata presidencial, Carolina Goic, Jorge Burgos, señaló que «Convocar a un plebiscito vinculante, que modifique el procedimiento de reforma, requiere 2/3 del Congreso». Postura similar fue la que adoptó Gutenberg Martínez, añadiendo que «Es un engaño, porque no tiene factibilidad de mayoría. Si no hay acuerdo entre el bloque de Guillier y la derecha, no se va a poder hacer».

En respuesta a los dichos, el jefe programático de Guillier, Osvaldo Rosales, afirmó que «Nuestra propuesta es una vía institucional; requiere acuerdo. Y si el sistema institucional no está en condiciones de dar respuesta a lo que la mayoría desea, habrá que ver cómo se buscan los acuerdos y se gestan las condiciones, pero nadie está haciendo el asalto al Palacio de Invierno».

Álvaro Elizalde (PS) llama a votar por Guillier a todos aquellos que desean una nueva Constitución. De cara a la segunda vuelta presidencial, el cambio constitucional se ha vuelto uno de los ejes centrales de la campaña de Alejandro Guillier, sobre todo para buscar eventuales apoyos al interior del Frente Amplio. Al respecto, Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista y coordinador de la campaña de Guillier, sostuvo una reunión con los líderes del movimiento “Marca AC”. En el encuentro, sostuvo que «Obviamente si hay una opción que representa el compromiso con el cambio en Chile es Alejandro Guillier, que va a gobernar con su programa de gobierno, que fue el que obtuvo el mayor respaldo en la primera vuelta, pero va a enriquecer este programa sobre la base de las miradas con las cuales tenemos coincidencia». Además, Elizalde añadió «por tanto, si efectivamente los chilenos creemos en la gratuidad, tenemos que votar por Alejandro Guillier. Si los chilenos creemos en una Nueva Constitución nacida en democracia, tenemos que votar por Alejandro Guillier. Si creemos que es necesario un sistema de pensiones que le dé dignidad a los adultos mayores, tenemos que votar por Alejandro Guillier».

Movimiento Marca AC entrega su respaldo a Alejandro Guillier. En conferencia de prensa el pasado 29 de noviembre, el coordinar nacional del movimiento Marca AC, Manuel Lobos, entregó a nombre del espacio el respaldo político a Guillier. En palabras de Lobos: “Entendemos que en su programa de gobierno ha quedado de manifiesto la continuidad de las propuestas de proceso constituyente de la Presidenta Michelle Bachelet”.

Finalmente, Lobos afirmo que ““tal como nosotros valoramos en su oportunidad que por primera vez en 27 años se presentara un proyecto de reforma constitucional que permitía modificar y cambiar nuestra institucionalidad, hoy día entendemos que el único programa de gobierno, después de haber tenido cinco candidaturas por Asamblea Constituyente en la primera vuelta, hoy día es la candidatura la de Alejandro Guillier la que se compromete a seguir avanzando hacia una renovación de nuestra institucionalidad”.

Karol Cariola (PC): “Queremos una Constitución donde la gente sea la principal protagonista”. La Diputada reelecta del Partido Comunista y pieza clave de la campaña de Alejandro Guillier, Karol Cariola, durante su participación en el programa de debate Tolerancia Cero se refirió a las propuestas en materia ciudadana, consignando que el proceso constituyente es un pilar fundamental en la materia, señalando que “aspiramos a tener una Constitución donde la gente sea la principal protagonista”. Al ser consultada acerca de los próximos pasos del proceso constituyente, señaló que es importante tomar en consideración los datos sistematizados de la etapa participativa del 2016 y además llevar adelante la aprobación de la reforma al Capítulo XV con el nuevo parlamento La legisladora, a pesar de reconocer las dificultades en materia de quórums, se mostró optimista, sobre todo ante la posibilidad de lograr acuerdos con el bloque regionalista y Evopoli.

Actividades del Observatorio

Seminario

No sin nosotras: mujeres y cambio constitucional”. El pasado 6 de noviembre, organizado por el Observatorio del Proceso Constituyente en Chile, se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, el coloquio “No sin nosotras: mujeres y cambio constitucional” que tuvo la participaciòn de la ex Subsecretaria del SERNAM, Gloria Maira; la Vicepresidente de Evópoli, Lorena Recabarren; y la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Verónica Undurraga.

La diversidad política de las expositoras no fue un impedimento para que todas manifestaran un acuerdo claro: el cambio constitucional debe llevarse a cabo a través de una instancia en la que participen mujeres y hombres por igual.

“El parlamento no debe ser el lugar del cambio constitucional porque allí no hay paridad”, aseguró la Vicepresidenta de Evópoli y Directora Ejecutiva de Horizontal, Lorena Recabarren. “Hay que defender a morir el hecho de que el órgano constituyente sea paritario. Y deben estar reflejadas las miradas de mujeres de distintos sectores y diversas experiencias”, coincidió la académica de Derecho Constitucional de la Universidad Adolfo Ibáñez, Verónica Undurraga. La ex subsecretaria del Sernam, Gloria Maira, manifestó su preferencia por la asamblea constituyente como mecanismo para reemplazar la carta fundamental. “Tengo terror de que el cambio constitucional se haga en una comisión parlamentaria”, señaló. “Debemos garantizar la presencia significativa en la asamblea constituyente de mujeres y feminista”, agregó.

Además, la ex subsecretaria planteó que independientemente del mecanismo que se utilice, habrá participación y manifestación de sectores feministas en el proceso. “Las activistas que hemos estado manifestándonos frente al Tribunal Constitucional, vamos a estar también en las puertas de donde se haga el cambio de Constitución”, aseguró. En ese sentido, valoró la experiencia de la asamblea constituyente de Ecuador, proceso en el que participaron las mujeres tanto como asambleístas, como expertas y como parte de la movilización social. “Fue bien interesante porque cuando llegaban las asambleístas a las sesiones, había un piño de mujeres alrededor, una presión permanente que demandaba a esa asamblea constituyente consideración expresa a las demandas de las mujeres”, explicó Maira.

“Iniciar un proceso constitucional sin nosotras, o con nosotras pero no suficientemente preparadas, es peligroso. Corremos el riesgo de quedarnos con lo que viene por defecto. Entre los constitucionalistas es muy fuerte la idea de que lo que está debe mantenerse, y el peso de la prueba recae en quienes proponen los cambios”, planteó la profesora Undurraga.

¿Qué contenidos relevantes para las mujeres deben estar contenidos en la Constitución? Las expertas también ahondaron en el tema. “La discusión sobre la paridad de género o la corresponsabilidad del cuidado son aún marginales en el debate constitucional”, denunció Undurraga. Además, a su juicio nociones como el derecho a la vida o la protección del cuerpo no han sido consideradas respecto de la realidad específica de las mujeres, como el caso de los embarazos de riesgo. “Tampoco se han considerado, por ejemplo, entre las violaciones a los derechos humanos específicamente las violaciones y abusos sexuales que se producen en guerras o regímenes autoritarios”, indicó. Lorena Recabarren señaló que se deben incorporar en la carta fundamental más elementos de no discriminación “e incluir el sexo y el género. En Chile no sólo nos faltan mujeres en el Parlamento y un desarrollo efectivo de las cuotas, pues vemos que muchas mujeres que van como ‘arroz graneado’ en las listas parlamentarias. Además hay barreras que no nos permiten ejercer de igual manera la libertad”, planteó. En ese sentido, Maira planteó que la paridad debe ser un principio que se manifieste más allá de las cuotas de candidaturas parlamentarias. “Yo espero que la Constitución se inspire en un principio de paridad no sólo en el Parlamento, sino también dentro de las organizaciones políticas, en las candidaturas, en las dirigencias de sindicatos, etcétera”.

Opiniones

Columna de Ernesto Riffo sobre la “Convención Constituyente” propuesta por la DC. El pasado de 16 de noviembre, Ernesto Riffo, Director del Observatorio al Proceso Constituyente en Chile de Fundación RED, publicó columna de opinión en El Dínamo sobre la propuesta de mecanismo constituyente propuesto por sectores de la DC. Riffo señala que “Desde un comienzo, la derecha ha dedicado sus esfuerzos a tratar de detener el proceso constituyente por completo, a desviarlo hacia la discusión sobre el contenido, o simplemente a enturbiar la discusión pública con diversas descalificaciones y caricaturas. La izquierda, por su parte, parece tener una sola idea –la Asamblea Constituyente– a la que no ha logrado dar un contenido suficientemente claro frente a la opinión pública”. En ese contexto, afirma, ha surgido “el espacio para que se haya incorporado al menú de mecanismos constituyentes posibles la idiosincrática propuesta de la DC” conocida como ‘Convención Constituyente’.”

Explica el autor, que “la ‘Convención Constituyente’ –también conocida como ‘Convención Walker-Zapata— es un órgano ‘mixto’ que agrega a la idea de una comisión bicameral “una supuesta forma de participación ciudadana, a saber, la inclusión de un grupo de ciudadanos elegidos por el Congreso”. Afirma al respecto que “hay algo profundamente problemático en la propuesta ya que, pese a presentarse como una combinación entre representación y participación, no satisface los estándares ni de la democracia representativa ni participativa.” En este sentido, Riffo identifica los problemas que acarrea asumir esta “Convención”. Siendo el principal de todos ellos, que “al revés de lo que ocurre en una democracia representativa, en la Convención Walker-Zapata no son los ciudadanos quienes eligen a los constituyentes, sino que el Congreso elige a los ciudadanos que cumplirán ese rol, como si la soberanía residiera en él. Así, la regla básica de la democracia representativa es puesta de cabeza”. Agrega más adelante, que “[…] por otro lado, la incorporación de 30 ciudadanos en la Convención difícilmente satisfaría las demandas ciudadanas de que la elaboración de una nueva Constitución sea participativa, dado el reducidísimo número de ciudadanos que participarían efectivamente, y el hecho de que no concurrirían a esa instancia de manera voluntaria sino en virtud de ser designados por el Congreso. […] La propuesta Walker-Zapata, entonces, aprovecha el espacio que en la discusión pública ha dejado la indefinición respecto de qué precisamente es una Asamblea Constituyente. Si bien los defensores de esta última tienen claras las diferencias entre los mecanismos (la integración ‘mixta’ versus la integración propiamente representativa de uno y otro mecanismo), la ciudadanía apenas tiene una noción vaga de uno de ellos”.

Opinión de Claudia Heiss sobre la segunda vuelta presidencial en Latin American Advisor. La integrante del Observatorio del Proceso Constituyente en Chile, y académica del Instituto de Asuntos Públicos de Universidad de Chile, Claudia Heiss responde en la edición del Latin American Advisor del 8 de diciembre a preguntas sobre las expectativas para la segunda vuelta de la elección presidencial afirmando que “Es imposible decir quién ganará la segunda vuelta. Lo que es claro es que el triunfalismo que caracterizó la campaña de Sebatián Piñera es algo del pasado”. Observa que las declaraciones del candidato sobre potencial fraude electoral en la primera vuelta le valieron acusaciones de irresponsabilidad, motivando el apoyo público de Beatriz Sánchez a la candidatura de Alejandro Guillier. Respecto del tema constitucional, Heiss observa que luego de la primera vuelta Guillier ha apelado a los votantes de centro-izquierda “dando prioridad a cambiar la constitución de Pinochet de 1980”, entre otras señales de continuidad respecto del reformismo del gobierno de Michelle Bachelet.

Columnas de Alberto Coddou. El encargado de contenidos y consultorías del Observatorio, Alberto Coddou publicó una serie de columas en distintos medio en línea especializados en temas constitucionales. En un posteo en el blog The Constitution Unit se refirió a la influencia de las encuestas de opinión en la relevancia del tema constitucional en Chile. Afirma al respecto que existe una relación compleja entre las encuestas y los temas constitucionales. Así, por ejemplo, cuando las encuestas plantean de manera separada respuestas posibles a preguntas sobre cuáles son las principales preocupaciones de la ciudadanía, planteando como cuestiones independientes entre sí temas como el cambio constitucional, la educación, la salud y la delincuencia, parece sugerirse que la constitución vigente no juega un rol relevante en la explicación de por qué los demás temas se han convertido en prioridades para la opinión pública. Coddou advierte que debe evaluarse críticamente cómo lo anterior puede influir en las preferencias y actitudes, lo que a su vez detemina comportamiento políticos concretos. Asimismo, afirma que debe considerarse la importancia de reconectar los temas constitucionales con las preocupaciones cotidianas de las personas.

Por otro lado, en una columna publicada en el blog I-CONnect, Coddou se refirió al lugar que el tema constitucional ocupaba en la campaña presidencial para la primera vuelta. Observó al respecto que todas las candidaturas que tenía posibilidades de lograr apoyo significativo en las urnas –las de Piñera, Guillier y Sánchez– tenían posiciones determinadas respecto de los asuntos constitucionales, con imporantes diferencias entre sí, yendo desde la propuesta de modificaciones constitucionales hasta la idea de elaborar una nueva Constitución por medio de una Asamblea Constituyente.

Con posterioridad, y con miras la segunda vuelta, Coddou publicó en la sección From the Field de la página ConstitutionNET de International IDEA un análisis respecto del resurgimiento de la agenda constitucional previo a la segunda vuelta presidencial. En la columna sostiene que, pese a que en un comienzo el proceso constituyente parecía estar estancado debido al probable triunfo del candidato de derecha, el resultado de la primera vuelta tuvo como consecuencia que el tema despertase en la opinión pública, en parte debido a la redistribución de fuerzas políticas en las elecciones presidencial y parlamentaria, así como debido a la tramitación del proyecto de reforma constitucional al capítulo XV de la constitución vigente para establecer la posibilidad de convocar una “Convención Constitucional”, además de los llamados a incorporar la posibilidad de un plebiscito constitucional en caso de que la reforma mencionada no prospere en el Congreso. Esta última propuesta ha recibido apoyo tanto de la candidatura de Guillier como de distintos sectores del Frente Amplio. Cualquiera sea el resultado de la segunda vuelta, concluye Coddou, el tema constitucional parece haber vuelto para quedarse.

 

Entrevista a Cristóbal Bellolio: “La asamblea constituyente no debería ser una competencia de ofertones, sino de visiones de mundo”

Para el Doctor en Filosofía Política y profesor de la UAI, en el proceso de cambio constitucional la discusión sobre el mecanismo es más relevante que la del contenido: a su juicio, un proceso imparcial con garantías de participación igualitaria permitiría enfrentar la falta de legitimidad del texto actual.

Pese a haber estado durante varios años cursando sus estudios de Doctorado en Filosofía Política en London University College, Cristóbal Bellolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, se ha mantenido presente en el debate local a través de libros publicados, columnas de opinión, entrevistas en medios y una activa cuenta de Twitter. Ya de regreso en Chile, algunos días antes de las elecciones del 19 de noviembre, el autor de títulos como Pinochet, Lagos y Nosotros: Ensayos sobre la Cuestión Constituyente (Debate, 2015) y Renovación & Reemplazo: Por qué el recambio político es urgente en Chile (Ariel, 2013) conversó en entrevista con Javiera Parada del Observatorio del Proceso Constituyente en Chile y planteó que el momento constitucional de hoy como “un lujo que nuestros padres no tuvieron”.

El académico se pregunta al respecto “¿Cómo no va a ser una oportunidad, entre estos nuevos grupos, incluyendo en este caso a la nueva derecha, mirarse a los ojos y decirse ‘bueno, construyamos juntos las reglas del país en el que nos va a tocar vivir a nosotros y a nuestros hijos’?”. “Todavía estamos a tiempo. Es a nosotros los que nos va a tocar vivir prácticamente toda nuestra vida bajo el ordenamiento que acordemos. Y es una muy buena oportunidad para renovar las estructuras políticas de Chile”, agrega.

—¿En qué sentido el proceso constituyente puede servir para hacerse cargo de la crisis de legitimidad política, desconfianza en las instituciones y desafección ciudadana?

Eso es una apuesta. Porque a diferencia de otros, particularmente en la izquierda –y con esto particularmente me refiero a algunos discursos como los de Garretón y otros que creen que la Constitución tiene propiedades mágicas–, yo creo que eso es ridículo. La Constitución no hace mejores a las personas ni necesariamente reestablece vínculos de confianza entre representantes y representados.

Lo que sí me parecía a mí importante era que, particularmente los nuevos referentes políticos fueran capaces de plantear un modelo político distinto al que heredaron y que viene contaminado. Esa oportunidad constitucional podría haber dado paso, como una especie de anexo, a un acuerdo político que quizás tuviera que ver con amistad cívica, ciertas confianzas extra ideológicas. Yo tengo la impresión, puedo estar equivocado, de que hoy día Giorgio Jackson y Jaime Bellolio no se quieren matar. Creo que Camila Vallejo y Felipe Kast no se quieren matar. Pueden tener legítimas diferencias ideológicas. Tengo la impresión de que un país construido en un marco de amistad cívica, como uno esperaría que tuviéramos, dentro de todas las legítimas diferencias, podría permear a la legitimidad de las instituciones. Pero insisto, es una apuesta. Podría no pasar. Podrían darse otros efectos beneficiosos como una Constitución legítima, hecha con principio de imparcialidad, donde todos tuvieron derecho a decir lo que opinaban (…). Podría darse un momento en el que vuelves a conectarte con la política como el supremo arte de construir el mundo entre todos, esa conversación entre iguales y eso yo creo que lo permitía un momento constitucional vía asamblea constituyente. Eso no te lo permite un momento constitucional vía parlamento si lo que están adentro ya están pringados.

¿Crees que esta nueva Constitución sería algo así como un árbol de pascua lleno de derechos sociales económicamente insostenibles?

Yo no puedo de antemano decir que la Constitución va a ser minimalista, porque que la Constitución sea minimalista es algo que yo voy a proponer una vez que estemos jugando el partido. Así como voy a proponer otras posiciones sustantivas, por ejemplo “el Gobierno no va a poder cerrar canales de TV porque le molestó lo que dicen” mientras otros van a querer poner “no, el Gobierno si tiene derecho a cerrar canales de TV…”. Bueno, vamos a tener esa discusión al fragor de la asamblea constituyente misma, una vez que estemos jugando el partido y eso es normal.

Ahora, si me preguntas a mí, yo creo que es una pésima idea tener una Constitución árbol de Navidad. Por dos razones. Primero, porque no tiene efectividad. ¿Qué saco con garantizar el derecho a la felicidad o el derecho al buen sexo? ¿Cómo diablos lo fiscalizo? ¿Con recurso de protección? — se ríe —. Por otro lado, creo que es frustrante tener una Constitución que es letra muerta. “Pero ¿cómo, mira, si mi Constitución lo dice?”. Puede sobreexigir, también, al Estado a cosas que finalmente no se la pueda, no tengamos la capacidad estructural ni institucional para responder a todas las promesas que se hacen dentro de la Constitución.

Pero pensar como yo pienso no es un prerrequisito para participar de la asamblea constituyente. Si hay alguien que cree que la Constitución debe tener todos los derechos sociales, aunque sean los más líricos del mundo, bueno, también tiene derecho a participar de la conversación. Mi responsabilidad es ganarle adentro.

¿Crees que la asamblea constituyente conlleva el peligro del populismo?

Por un lado… sí, en el sentido de que tú te vas a ver tentado efectivamente, para decirle al electorado que vas a constitucionalizar, subirle el rango, a todas sus demandas. Esa puede ser una tentación. Pero si entendemos bien cuál es la conversación constitucional –y esto puede ser un acto de fe de mi parte– esto no debería ser una competencia de ofertones, sino de visiones de mundo. Debería ser una contienda legítimamente ideológica. No estoy diciendo necesariamente que todos los delegados tengan que ser abogados con títulos en teoría política, pero no me estoy imaginando a caudillos locales que prometen pavimentar las calles o cerrar los bares o darte el permiso aquí o allá o construirte el hospital aquí o allá. Si los delegados hacen campaña en torno a eso, entonces no estamos entendiendo nada de qué se trata la discusión. Por eso mi acto de fe es creer que los actores políticos van a estar a la altura de entender que esta es una discusión constituyente y las discusiones constituyentes son sobre las bases estructurales de cómo se organiza tu sistema político. Y creo que en muchas de esas discusiones el riesgo de populismo es menor. Son discusiones que requieren cierta densidad. Y hay gente que cuando yo digo esto, me critican, “ah, entonces tú quieres una asamblea de elite”. Bueno, en cierto sentido no me avergüenza de que ciertas de estas discusiones sean, no de elite económica, sino de una elite intelectual. Y tiene sentido. Una elite intelectual que venga de sectores populares, del mundo de la cultura, del mundo de la economía, del mundo de la política más tradicional, del mundo universitario. Por supuesto que los 100, 200 tipos que estén ahí van a ser una elite, tienen que ser una elite intelectual, si están haciendo la Constitución que va a gobernar Chile los próximos 200 años. Desde ese punto de vista, sí, yo espero una Constitución elitista. Hay muchas discusiones en el parlamento que no se entienden si es que tú no sigues los proyectos de Ley. Entonces, no estoy diciendo nada del otro mundo.

Tiendo a creer que cuando las discusiones entran en esa sintonía más fina, el riesgo de populismo se difumina un poco.  Pero insisto, es un acto de fe que los actores políticos entiendan que ese es el tono. Puede que la UDI cuando promueva a sus candidatos, los promueva como productos de supermercado igual. Pero espero que no sea así.

¿Desde el punto de vista liberal tú tienes alguna preocupación con la AC como mecanismo?

Si las reglas son justas, en el sentido del acceso a la asamblea. En eso me parece que la democracia proporcional entrega una serie de garantías para decir que los que están ahí tienen que estar ahí. Que si los funcionamientos de la asamblea, también, se estructuran de acuerdo con ciertas garantías de participación para todos y que, por ejemplo, no se le pase máquina a la minoría. Si es que existen ciertos acuerdos respecto a derechos humanos inviolables, ponte tú, garantizados en tratados internacionales, y todos se ponen de acuerdo de que eso no se toca y de ahí partimos. Si se dan esas condiciones, yo confío en la razonabilidad del resultado, aunque lo salga no me llene el gusto. De hecho, sospecharía de una Constitución que es exactamente escrita según mis preferencias ideológicas. Algo no habría salido bien. Yo tengo que ceder en algo, para que yo diga “ah, esto realmente fue el trabajo de todos”. Bajo esas condiciones yo no le tengo miedo a la asamblea constituyente.

La derecha ha insistido en que aquí lo importantes es la discusión sobre los contenidos y que la discusión sobre el mecanismo es secundaria. ¿Por qué es importante el problema sobre el mecanismo? ¿Es prioritario o puede desarrollarse simultáneamente a la discusión sobre contenido?

Quizás la derecha ha ignorado las invitaciones que se han hecho a discutir un procedimiento que entregue garantías de participación igualitaria y ha querido concentrarse sobre la discusión de los contenidos, justamente para hacer explícitos sus miedos. Justamente para decir “Ya, pero ¿qué quieren cambiar?; ya, pero ¿cuánto me vas a ganar? ¿Cuántos goles me vas a meter?”. Creo que quizás es incluso una estrategia.

Yo sí creo que la discusión sobre el procedimiento es más importante que la de los contenidos. Y El déficit de nuestro orden constitucional es de legitimidad y lo que necesitamos es un acuerdo, lo más amplio posible, para tener un pacto político que cuente con la mayor legitimidad posible. Esa es la necesidad que tenemos. El resultado de ese acuerdo no es determinante. No estoy diciendo que el contenido no sea importante. Estoy diciendo que la única manera que tenemos de que todos estemos de acuerdo es si construimos esta conversación desde una perspectiva de imparcialidad. Como los chilenos no piensan igual respecto a los contenidos de la Constitución, la única manera que tengo de que el resultado sea justo, es que haya sido obtenido con condiciones imparciales. Por eso el procedimiento es fundamental. Me ha costado muchas críticas, pero yo he dicho que, si el contenido de la Constitución nueva vía asamblea constituyente resulta exactamente igual, coma por coma, al texto actual, yo me lo banco. Sé que hay grupos de la izquierda que creen que no, que no tiene ningún sentido. Yo creo que se cumple el fundamental. Yo, por lo menos como liberal, me caso con la idea de la justicia como imparcialidad procedimental, más que con la del contenido. Una vez que yo esté adentro de la asamblea, por supuesto que voy a dejar mi parada aséptica procedimental y voy a defender mis causas sustantivas y voy a pedir que en la Constitución esté establecido un artículo sobre la separación Estado–Iglesia y voy a pedir que haya un artículo que defienda la libertad de expresión y uno que se haga cargo del cambio climático. Pero si las pierdo, no voy a patear el tablero. Porque perdí en buena lid.

Boletín n.° 9 (primera quincena, octubre 2017)

EDITORIAL

Nunca es momento para el proceso constituyente. Los impulsos para llevar adelante el proceso constituyente se han encontrado frecuentemente con críticas que apuntan al momento en que ellos se intentan. La versión más reciente de ella –y que repite la que se hizo en idénticos términos con ocasión de las elecciones primarias– proviene de la oposición, la que objeta la presentación del proyecto de nueva Constitución del gobierno en medio del período eleccionarios, en particular entre primera y segunda vuelta.

Sin embargo, este tipo de crítica no es exclusiva de quienes se oponen al cambio constitucional. Durante la etapa participativa del proceso constituyente impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet, el Consejo Ciudadano de Observadores rechazó las solicitudes, de parte del mismo gobierno, de representantes políticos, y de organizaciones de la sociedad civil, de que la duración del período de encuentros locales autoconvocados se extendiera más allá de lo programado. La solicitud del gobierno pedía concretamente una extensión de tres semanas. El fundamento de ella era el aumento progresivo en el nivel de participación de la ciudadanía, manifestado en la cantidad de encuentros locales autoconvocados que se celebran. El CCO rechazó la solicitud, afirmando en el acuerdo sobre el punto que lo hacía «por el bien de la misma participación ciudadana», para resguardar un «un nivel mínimo de certeza que todo proceso público debe poseer», así como por la dificultad que ello podría tener para la preparación de la etapa de cabildos (Acuerdo n.° 10). Finalmente concedió una extensión de solo cinco días para llevar a cabo los encuentros, sin extender el plazo para ingresar las actas de ellos al sistema de registro.

Sin embargo, siempre fue claro que las razones de algunos sectores tenían que ver también con el propósito de evitar que el período de campaña para las elecciones municipales de 2016 se viera contaminado por la discusión constitucional. En este sentido, Patricio Zapata, Presidente del CCO, afirmó a la prensa que «[s]e decidió desde el principio que no era bueno que se cruzaran estas conversaciones constitucionales con la tierra derecha de la campaña municipal». Expresada así, la preocupación es vaga y difícil de evaluar. No queda claro si el temor es que la discusión constitucional distorsione la discusión electoral municipal –que esta se «constitucionalice»– en el sentido de introducir predicciones sobre el cambio constitucional a propósito de la elección de autoridades que carecen de competencias en ese ámbito, o si, en cambio, el temor es que la discusión constitucional se «municipalice» en el sentido de que se presente el cambio constitucional como algo directamente incidente en los problemas de los que corresponde a las autoridades municipales hacerse cargo.

Si bien la preocupación anterior no es concluyente como razón para haber negado la posibilidad de acceder a extender la duración del período de realización de encuentros locales, la advertencia es al menos atendible en ese caso. Sin embargo, la crítica carece de todo sentido cuando se invoca respecto de la coincidencia del debate sobre el cambio constitucional con las elecciones parlamentarias y presidenciales. La relevancia de la discusión constitucional para la elección de los representantes en el poder Legislativo y Ejecutivo es evidente. Se trata de los órganos de representación política, de carácter nacional, y que tienen las facultades que permitirían llevar adelante el proceso de cambio constitucional.

Nuevamente es Zapata uno de quienes ha insistido en que «sería un despropósito lanzar a la arena pública el proyecto de Nueva Constitución en plena campaña presidencial, con el altísimo riesgo de que termine en una polémica». Que una cuestión política fundamental de lugar a polémicas es parte esencial de la política. Lo que debiera preocupar es la forma en que se enfrenten esas discusiones. Zapata teme, a este respecto, que «[a]lguien puede querer usar la Nueva Constitución como munición de campaña y alguien pensar que lo es» y que el «el griterío de la campaña» ahogue el resultado de las discusiones que tuvieron lugar en la etapa participativa de 2016. Más allá de la vaguedad respecto de de quiénes pudieran venir esos gritos –la ciudadanía o de la élite política–, desde el punto de vista de la participación, hacer caso a ese tipo advertencia sería perjudicial. Si bien el proceso participativo de 2016 fue muy valioso, estuvo lejos de ser suficiente para asegurarle legitimidad frente a la ciudadanía del cambio constitucional que se base sobre sus resultados, en particular a la luz del secretismo con que el gobierno actual ha trabajado en la elaboración del proyecto de nueva Constitución que presentará.

En ese contexto, considerando que la candidatura de Alejandro Guillier se presenta como una de continuidad del actual gobierno, mantener en reserva el proyecto de nueva Constitución hasta después de las elecciones (Zapata sugiere esperar hasta enero) privaría a la ciudadanía de un elemento importantísimo de decisión en caso de que, como es probable, la segunda vuelta presidencial sea entre Guillier y Sebastián Piñera. Por lo mismo, habría sido mejor para la deliberación ciudadana que el proyecto hubiera sido presentado antes de la primera vuelta, dando la posibilidad a la ciudadanía de elegir entre el continuismo que propone Guillier y la alternativa que presenta la candidatura de Beatriz Sánchez. Si bien eso ya no ocurrió, seguir postergándolo pondría deliberadamente a la ciudadanía en una posición de ignorancia respecto del que debiera reconocer como un tema cardinal en esta elección.

Es un error, por tanto, reducir el análisis de la eventual presentación del proyecto de nueva Constitución a un mero «instrumento de campaña», como hace un editorial reciente de El Mercurio afirmando que ello rompería con una supuesta «tradición republicana» de evitar tratar de esa forma «legislaciones relevantes y permanentes». En un sentido la crítica es trivial; cualquier anuncio o medida de un gobierno en ejercicio puede ser acusada de ser un instrumento de campaña, sea o no ‘relevante’ o ‘permanente’. Por otro lado, la crítica sugiere una desconfianza hacia la capacidad de discernimiento de la ciudadanía, la que no sería capaz de distinguir una promesa populista de una propuesta política sustantiva. Esto no solo traiciona el sentido preciso de los procesos eleccionarios, sino que es contradictorio con la confianza expresada por los mismos sectores conservadores respecto de que el cambio constitucional no es una prioridad de la ciudadanía. Incluso si así fuera, el principio democrático exige que la ciudadanía se pronuncie al respecto, no que la cuestión sea excluida de antemano.

Finalmente, si se reconoce –como hacen todos los actores– que los procesos de cambio constitucional exigen largos itinerarios para llegar a buen puerto –de años, probablemente abarcando más de un período de gobierno– deben superarse las preocupaciones infundadas sobre una supuesta incompatibilidad entre períodos eleccionarios y discusión pública constituyente, so pena de verse forzado a concluir que nunca es el momento adecuado para ella.

POLÍTICA

Elección presidencial

Nueva Constitución: uno de los puntos conflictivos del programa de Guillier. Continúan las tensiones programáticas al interior del equipo del candidato del pacto Fuerza de Mayoría, según lo consigna La Tercera. Entre los puntos conflictivos resalta el tema de la nueva Constitución, ya que el candidato durante los primeros debates presidenciales afirmó ser “partidario de la asamblea constituyente, solo que las asambleas tienen diversas modalidades y dependen del contexto que se tenga en el país”.

Adicionalmente, en su campaña senatorial del 2013 había llamado a la ciudadanía a optar por dicho mecanismo. Sin embargo, al interior del equipo programático la postura no cuenta con apoyo transversal, puesto que existe un importante número de colaboradores al interior del equipo que apoyan el proceso emprendido por Michelle Bachelet el que incluye la reforma del capítulo XV de la constitución vigente para facultar al Congreso a convocar una “convención constitucional” cuyas características (por ejemplo, la forma de su integración) no están definidas. El tema sigue siendo uno por definir, sobre todo de cara a la obtención de apoyos en una segunda vuelta con otras fuerzas políticas.

Goic propone reponer el voto obligatorio. Según consigna La Tercera en su edición del 10 de octubre, la abanderada de la Democracia Cristiana, Carolina Goic en una propuesta programática de cuatro páginas sobre el tema constitucional incluye la reincorporación del voto obligatorio, señalando: “Restableceremos el voto obligatorio, porque la democracia es un sistema de gobierno en el que derechos y deberes se integran y fortalecen recíprocamente”. Dentro del documento también destacan cambios al Tribunal Constitucional, eliminación de los quorums supramayoritarios, reconocimiento a los pueblos originarios e iniciativa popular de ley.

Frente Amplio: Lanzamiento del programa de gobierno de Beatriz Sánchez. El pasado 21 de agosto fue lanzado el programa de Beatriz Sánchez, candidata presidencial por el Frente Amplio. Su propuesta en materia constitucional abarca la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reemplazar la actual Carta Fundamental, siendo esta una de las primeras prioridades como gobierno y bancada parlamentaria. La Asamblea sería electa por medio de sufragio popular y contaría con “mecanismos de participación activa de la ciudadanía en el proceso constituyente”. Adicionalmente, se propone un plebiscito de entrada para activar un proceso de cambio constitucional. Para dicho propósito se plantea la posibilidad de reformar la Constitución actual para institucionalizar el plebiscito constitucional.

Alejandro Navarro: “Ni con Bachelet ni con Piñera habrá nueva Constitución”. El candidato presidencial de PAIS, Alejandro Navarro, según consigna El Desconcierto, sostuvo no creer que habrá nueva Constitución bajo el gobierno de Bachelet ni un eventual segundo gobierno de Sebastián Piñera. Como alternativa, planteó: “Espero que Chile tenga una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente, es decir con una amplia participación. Ese es mi compromiso y lo reitero ante la ciudadanía”.

Eduardo Artés: “El proceso constituyente de Bachelet, es un proceso acotado”. De acuerdo a lo señalado en La Tercera, el Candidato de Unión Patriótica nuevamente ha hecho referencia a su propuesta de transformaciones o propuestas refundacionales por medio de la vía revolucionaria. Al respecto, indicó que “[e]s el pueblo que toma en sus manos su propio destino, no como hoy día. No hay cosa más democrática que tenga todo en sus manos y que decida. Cuando planteamos una Asamblea Constituyente no el proceso que nos ha llamado la señora Bachelet, que es un proceso que está acotado para que no cambie nada. Nosotros hablamos de Asamblea Constituyente con debate, con discusión”. Con anterioridad Artés ha afirmado que llevaría adelante la Asamblea Constituyente incluso si no contara con apoyo legislativo, contemplando incluso el cierre del Congreso: “Si el Parlamento es antidemocrático al que tenemos hoy día, sin lugar a dudas lo cerraría. Cuando la gente está movilizada y se hace dueña de todo, es lo más democrático que puede haber”.

Elecciones parlamentarias

Llamado transversal por la Asamblea Constituyente. Candidatos de distintas fuerzas políticas se dieron cita el 16 de octubre para hacer un llamado a cambiar la actual Constitución por la vía de la Asamblea Constituyente, al ser considerado este mecanismo como democrático, institucional y participativo.

El encuentro contó con la presencia de Maya Fernández (PS), Karol Cariola (PC), Leonardo Soto (PS) y Giorgio Jackson (RD) por la Bancada AC, Javiera Parada en representación de la Fundación RED, Genaro Cuadros y Manuel Lobos de Marca AC, Gabriela Farías (Fenpruss); Claudia Dides (Fundación Miles); Ruth Olate (Sintracap); Ricardo Herrera (ANEF), Álvaro Ramis (Cultura Cidadana), entre otras organizaciones que integran la agrupación “Cónclave Social”.

Nueva Constitución: eje central del debate en el Distrito 11. En un debate realizado por Teletrece, los candidatos al Congrso por el distrito 11, Tomás Hirsch (Frente Amplio), Karin Luck (Chile Vamos), Pablo Terrazas (Chile Vamos) y Cristóbal Acevedo (DC) debatieron sobre lo ejes temáticos de sus candidaturas, incluyendo sus opiniones sobre el cambio constitucional y el envío de un proyecto de nueva Constitución anunciado por el Gobierno para después de la primera vuelta presidencial. Terrazas afirmó en relación con esto último que “es un oportunismo de parte del gobierno y que lo único que veo y se entiende es que por razones electorales, porque saben que van a perder las elecciones, quieren hacer este tipo de maniobras con fines políticos que beneficien a la centro izquierda”.

Por su parte, Luck es partidaria de reformar la constitución vigente. En este sentido afirmó que “hay cosas que modificar en la constitución pero hay que sentarse a conversar entre todos los partidos políticos. Para eso estamos los parlamentarios que somos elegidos por la gente a partir de nuestros partidos y nuestras ideas”.

Hirsch, en tanto, destacó el origen autoritario de la actual Constitución, además de señalar que “[h]oy día requerimos como país tener una Constitución democrática que nos permita como país mirar el futuro y cerrar el pasado. Generada en una asamblea constituyente».

Finalmente, Acevedo se manifestó en contra de la Asamblea Constituyente, enfatizando que «[p]ara eso están las constituciones que nos rigen, que aceptamos al momento de entrar en democracia. Nos rige un sistema institucional que radica en el congreso la modificación de la ley, entre otras las reformas constitucionales. Ahí creo que debe radicarse el debate».

Política general

Andrés Zaldivar (DC), Presidente del Senado: “El poder constituyente está en el parlamento”. El presidente de la Cámara Alta, Andrés Zaldívar, en entrevista con el El Mercurio el 18 de octubre, se refirió al proyecto de nueva Constitución, que será enviado por el Gobierno. A propósito de ello, el parlamentario señaló una vez más que “el poder constituyente está en el Parlamento y este determina cómo hacer una reforma”. En esta ocasión agregó, sin embargo, que “[a]hora, si el parlamento quiere delegar esa facultad en otro órgano, como una Asamblea Constituyente, tiene que legislarse sobre la materia, tiene que decirse, quién compone la Asamblea, cómo se eligen y qué materias y cómo van a despachar ese proyecto”. Así, como ha sido la tónica de sus últimas declaraciones, el actual Senador reivindica las prerrogativas del Congreso en el proceso de elaboración de una nueva Constitución.

Carlos Ominami y reformas políticas de la administración Bachelet: “era evidente partir por la nueva Constitución”. En entrevista a El Mercurio el 6 de octubre, Carlos Ominami, Exsenador y exmilitante del Partido Socialista, realizó un balance del desempeño del actual gobierno. De acuerdo con el exparlamentario, existiría una enorme debilidad por parte de la actual Presidenta, pese a su enorme popularidad antes de comenzar su segundo mandato. Sin embargo, al ser consultado por las reformas políticas, Ominami señaló que el Gobierno debió haber comenzado llevando adelante el proceso para una nueva Constitución, empezando con un plebiscito. En sus palabras, “[s]i la Presidenta se hubiera jugado, la gente mayoritariamente habría estado por cambiar la Constitución. La Nueva Mayoría ampliada no estaba tan lejos de los dos tercios en el Congreso y ese plebiscito se habría ganado de aquí a Penco”.

PROCESO INDÍGENA

Última etapa de la Consulta Indígena para el Proceso Constituyente. El pasado 10 de octubre, con la participación de dirigentes de los pueblos indígenas, se realizaron los cierres del Proceso de Consulta Constituyente Indígena en 5 regiones del país: Coquimbo, Valparaíso,  Biobío, Los Ríos y Magallanes, sumándose así a Maula y Arica y Paranicota, que ya lo hicieron el pasado 1 y 6 de octubre, respectivamente. Posteriormente tuvo lugar la instancia nacional del proceso de consulta. En la inauguración de esta fase, el 16 de octubre, la Presidenta Bachelet, junto al Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, y la representante residente de las Naciones Unidas en Chile, Silvia Rucks, se dio comienzo a cuatro días de deliberaciones entre representantes de los nueve pueblos indígenas y posterior diálogo con el Estado, representado por el gobierno. Fueron 139 los dirigentes indígenas, provenientes de todas las regiones del país, quienes participaron en conjunto con el Gobierno en la concreción del contenido final de las medidas elaboradas luego del proceso participativo constituyente específico para los pueblos indígenas realizado entre agosto y diciembre de 2016, el que convocó a más de 17 mil personas.

En este contexto, la Presidenta Bachelet señaló que “hoy es un día de especial relevancia para la democracia y para el ejercicio de la soberanía popular, pero no como un principio teórico, sino como realidad capaz de dirigir el destino y las determinaciones del país, porque estamos dando inicio a la etapa final de la Consulta Nacional Indígena sobre la nueva Constitución. Y yo quiero valorar y reconocer la amplia participación que precede a este encuentro que hoy día se inicia, porque comprobamos que nada sustituye el propio compromiso en la deliberación sobre los asuntos que nos conciernen y así ha quedado demostrado en el proceso constitucional que vive Chile, y en el que se enmarca tanto el procedimiento constituyente indígena como la Consulta posterior”. Agregó que “hemos dicho que Chile somos todos, y que debemos ampliar su marco institucional y los derechos para que efectivamente quepan todos. Esto para mí no es un cliché: refleja nuestra convicción más profunda de que el país lo levantamos y lo construimos entre todos los pueblos que habitan esta tierra y que anhelan vivir en paz, en respeto y en reconocimiento sincero”.

El proceso, definido por el Convenio 169 de la OIT, ha contado con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas, actuando como observador y garante. Del mismo modo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha actuado como observador, y se ha contado con el apoyo de diversas entidades académicas y de la Universidad de Chile.

En su discurso, la representante residente de las Naciones Unidas en Chile, Silvia Rucks, destacó el carácter histórico de este proceso: “En muchos países se han desarrollado procesos de Consulta Previa en el marco de los instrumentos internacionales de derechos de los pueblos indígenas, pero una consulta previa específica sobre medidas para un cambio de nivel constitucional, con una multiplicidad de pueblos indígenas participantes, es un acontecimiento inédito. Esto implica, por cierto, una gran responsabilidad para los actores del diálogo. Lo que ocurra en estos días será un antecedente para procesos equivalentes en otros países, y su mayor o menor éxito será una referencia internacional de aquí en más”.

Denuncias de itervencionismo en culminación de consulta indígena. El 17 de octubre, los Consejeros Nacionales de la CONADI, pertenecientes a la Nación Mapuche, emitieron una declaración pública en donde se acusa de prácticas de intervencionismo y coacción por parte de los Secretarios Regionales del Ministerio de Desarrollo Social, al presentarse en los espacios de discusión, sin tener rol alguno en dicha fase de la consulta. En este sentido, declararon:

Se ha evidenciado que en el transcurso de la consulta fueron poco prolijos y actuaron de mala fe al no informar adecuadamente la forma y el mecanismo de diálogo que se debería utilizar en el Encuentro Nacional.

Por otro lado, la falta de criterio de un ‘facilitador de las Naciones Unidas’, quien negó el uso de la palabra repetidas veces a los consejeros de CONADI, genera serias dudas acerca de la transparencia y el derecho a participar en esta instancia, sobre todo cuando es de público conocimiento que la participación de las Naciones Unidas se hizo a petición expresa y escrita de parte de los consejeros de CONADI, con el fin de que sean “orientadores y garantes” del proceso, cuestión que queda en entredicho.

Las Naciones Unidas deben garantizar el respeto a la participación, a la libertad de expresión y deben actuar en contra de la discriminación, cuestión que hoy en la mañana fue del todo contraria a sus propios principios.

No es posible aceptar este veto a nuestra participación, cuando  ellos son testigos de que tanto el diseño último de la consulta actual, como el hecho no menor de incorporar derechos que no estaban siendo consultados, obedece a un acuerdo directo con los consejeros nacionales de CONADI.

Lamentamos profundamente que estos hechos ‘contaminen’ el ejercicio de nuestro derecho a consulta, ya que los derechos fundamentales que tenemos se fundan precisamente en el derecho a no ser discriminados. Ni por el Estado ni por ningún individuo.”

Prisa por cierre del proceso de consulta. El pasado 16 de octubre La Tercera reporta sobre eventuales dificultades del Gobierno en lo relativo a la fase de Consulta Indígena sobre el proyecto de nueva Constitución. El diario afirma que en La Moneda reconocen que la consulta es la responsable del retraso en la presentación del proyecto de reforma constitucional. La prisa por cerrar el capítulo indígena y permitir que la Mandataria anuncie uno de los pilares de su programa presidencial antes de que finalice 2017 habría obligado al Ministerio de Desarrollo Social, ente encargado de esta instancia, a realizar las cinco etapas de la consulta en sólo tres meses, pese a las críticas que se han formulado, en particular las que consideran insuficiente el plazo.

“Estamos trabajando con este grado de celeridad porque cuando se presente el proyecto de nueva Constitución, necesariamente se requiere tener esta consulta resuelta”, afirmó el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza.

Un eventual fracaso del diálogo obligaría a extender las negociaciones hasta encontrar acuerdo. Dependiendo de los plazos que requieran las nuevas tratativas, la dilatación del proceso pondría a La Moneda frente a una encrucijada, debido a los tiempos políticos y legislativos considerados para la discusión constitucional. Avanzar e incorporar a los pueblos originarios en el proyecto sin acuerdo previo, advierten desde el mundo indígena, sería considerado un duro revés para la ya compleja relación con los grupos étnicos.

“La desconfianza de los pueblos ha sido histórica. Si (la consulta) no genera un debate serio, va a provocar que el conflicto aumente”, aseveró Juan Carlos Reinao, presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche.

Según cifras de Desarrollo Social, en los encuentros participativos indígenas de 2016 asistieron 17.016 personas. Cifra similar que acumulan las distintas fases de la consulta de los últimos tres meses, en la cual se ha depurado la convocatoria al irse delegando la responsabilidad en los 139 representantes que asistirán hoy: acudieron 10 mil personas en la etapa de deliberación, 6.008 a las reuniones informativas y 618 a los diálogos regionales que culminaron el pasado sábado.

No obstante, todas las etnias estarán representadas en la discusión, el 67,6% de los delegados es mapuche. En tanto, el 11,5% restante es aimara y el 20,8% representa al resto de los pueblos.

Gobierno concluye consulta indígena y avanza en nueva Constitución. Según declara La Tercera el pasado 21 de octubre, hasta las 5 de la madrugada de ese día se extendió la instancia nacional de la consulta constituyente de pueblos indígenas, la que el Gobierno dio por concluida con la firma del acta que contiene cinco acuerdos, cinco acuerdos parciales y un desacuerdo respecto del tema del concepto de territorio indígena.

La falta de acuerdo en temas relevantes para los 145 representantes de los nueve pueblos originarios (aimara, quechua, licán antai, colla, diaguita, rapanui, mapuche, kaweskar y yagán) que estuvieron presentes obligó a culminar la reunión en horas de la madrugada, tras el aplazamiento de un día en las tratativas y de la negativa del gobierno de seguir extendiéndolo.

Pese a que aún resta una última etapa de sistematización de los resultados, el Ejecutivo dio por finalizado el proceso, calificándolo como “histórico”. Tras esto, el Ministerio de Desarrollo Social, cartera que lideró el proceso, proyecta entregar un informe final en un plazo máximo de dos semanas a la Presidenta Bachelet, quien decidirá lo que se incluye en la nueva Constitución.

El gobierno esperaba avanzar en un reconocimiento constitucional y en la participación política efectiva para las minorías étnicas. No obstante, solo logró avanzar en el primer punto, no así en el segundo, que quedó como acuerdo parcial.

Sin embargo, para algunos de los representantes, el proceso de consulta no ha concluido. De hecho, 75 delegados pidieron que la instancia de diálogo se extendiera por dos semanas más, a lo cual el gobierno propuso una recepción de observaciones y comentarios hasta el 30 de octubre. Además, se fijó que el 3 de noviembre se realice una nueva mesa de diálogo sobre los disensos y seguimiento de acuerdos. Según Barraza, este será un proceso paralelo a la sistematización de los resultados. Esto, porque los puntos relevantes para los pueblos originarios, como plurinacionalidad y definición de territorios ancestrales, quedaron pendientes. En el caso de la libre determinación, reconocen un avance, pero hay algunos representantes que indicaron que “sin territorio no tiene sentido” la discusión.

Según da cuenta el Gobierno, la instancia consistió en tres rondas de propuestas y contrapropuestas que se negociaron entre las partes, tras las que los representantes firmaron el “Acta de Resultados del Diálogo Nacional del Proceso de Consulta para el Reconocimiento Constitucional de los Derechos de los Pueblos Indígenas”. En ésta se sellaron acuerdos totales en las materias de reconocimiento de la pre-existencia de los pueblos; del deber del Estado de preservar fortalecer y desarrollar su historia, identidad, cultura, lenguas e idiomas, instituciones, tradiciones propias y sus autoridades ancestrales; del deber del Estado de promover la diversidad cultural del país; del reconocimiento y protección de los derechos culturales y lingüísticos, su patrimonio cultural, material e inmaterial; y del principio de igualdad y no discriminación.

En el caso de los acuerdos parciales, es decir, los temas en los que hay un acuerdo en el fondo pero discrepancia en la redacción, se dieron en las materias de: interpretación de la nueva Constitución; el porcentaje de la representación y participación política; derecho a la salud; consulta y libre determinación.

El único punto en desacuerdo se dio en la discusión del concepto de Territorio Indígena.

PROCESO DE GOBIERNO

Proyecto de nueva Constitución se enviará después de primera vuelta. El 16 de octubre, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, señaló que el proyecto de nueva Constitución será enviado tras la primera vuelta presidencial del 19 de noviembre, dado que hay que sistematizar e incorporar los resultados de la consulta indígena. Adicionalmente, la mandataria se refirió a la actual Carta Fundamental, señalando que hoy en día tenemos una Constitución distinta a las de 1980 y 1989, dado que se le han ido incorporando diversas reformas, lo que ha permitido la eliminación de los senadores vitalicios y designados, sumado al reemplazo del sistema binominal, aunque señala que “sabemos que eso no es suficiente”.

Oposición denuncia uso electoral del proceso constituyente. Así lo ha planteado en los último días Chile Vamos, tras saberse que el gobierno enviaría el proyecto de nuevo Constitución antes de la segunda vuelta de la elección presidencial. Según Alberto Espina esto es “claramente un intento de utilizarlo con fines electorales”. Mientras que Sebastián Piñera lamentó el “aprovechamiento” político que se le está dando a la iniciativa.

La conducta de la oposición no es algo nuevo, cabe recordar que a inicios del presente año, durante el mes de abril, la coalición acusó de uso electoral al proyecto de reforma al capítulo XV de la Constitución. Sin embargo, desde el gobierno se niega la intervención se ha negado el intervencionismo. Sobre este tema, la Ministra vocera Narvaéz señaló que ““El Gobierno cumplirá con su compromiso, y la consulta indígena es parte fundamental de lo que es la elaboración del proyecto de nueva Constitución que la presidenta enviará al Congreso. Ocurrirá en el próximo tiempo y se anunciará oportunamente (…) Nunca ha estado en nuestro ánimo un tema político electoral”. No Obstante, desde Chile Vamos, Piñera asegura que en su gobierno se encargará de perfeccionar la actual Carta Fundamental.

Partidos de la Nueva Mayoría respaldan que proyecto de nueva Constitución sea enviado antes de la segunda vuelta presidencial. Según registra El Mercurio en su edición del 17 de octubre, los partidos del oficialismo respaldaron la posibilidad de que el gobierno haga envío del proyecto de nueva Constitución tras la primera vuelta presidencial. Pese a que la iniciativa es resistida por Chile Vamos, dado que terminaría “electoralizando” el proceso Constituyente.

Desde la Nueva Mayoría, este acontecimiento lo ven con buenos ojos. Al respecto, Gonzalo Navarrete (PPD) señaló que “»Necesariamente, el próximo gobierno va a tener que enfrentar el tema constitucional. Que sepamos qué es lo que piensa cada uno de los candidatos es una buena manera de transparentar el proyecto país».

Ernesto Velasco (PRSD) indicó que  «evidentemente es parte de una discusión que se tendrá que hacer para que los ciudadanos voten informados».

Sin embargo, el punto de inflexión lo puso la DC, donde su abanderada presidencial y Senadora por Magallanes, Carolina Goic, enfatizó que «A mí me parece que es prudente que la discusión quede para un tiempo más; sobre todo, porque hoy día estamos en pleno debate presidencial».

Desde la oposición, el candidato presidencial Sebastián Piñera, calificó como  “lamentable” “(…) que el Gobierno pretenda hacer un uso electoral de una cosa tan importante como es la Constitución, que debe ser un marco de unidad, de certezas, la casa de todos».

Comisión de Constitución aprueba idea de legislar reforma al Capítulo XV. Tras cinco meses sin ser tratada en sus sesiones, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de reforma constitucional que busca habilitar al Congreso para que convoque a una “Convención Constitucional” que elabore un proyecto de nueva Constitución. Luego de su aprobación en general, el Ministro del Interior asistió a la sesión de la Comisión en que comenzó la discusión en particular del proyecto. Las citaciones a las siguientes sesiones de la Comisión no contemplan aun la continuación de esa discusión.

CARTAS, COLUMNAS Y OPINIÓN

Proceso Constituyente

Opinión de Jaime Bassa, Claudio Fuentes y Javier Parada sobre candidaturas presidenciales y Constitución. En una carta al Director publicada en La Tercera el 7 de octubre pasado, Jaime Bassa, Claudio Fuentes y Javiera Parada respondieron al editorial de ese diario del día 2 de octubre, donde se afirmaba que el énfasis de las candidaturas en el tema constitucional estaba errado puesto que era una idea que “resultaba lejana para buena parte de la ciudadanía”. La carta desestima esta opinión, argumentando que los estudios de opinión pública del último tiempo han demostrado lo contrario, citando la Encuesta Cadem muestra que para el periodo 2015-2017 mostraría que sobre el 70% de los ciudadanos estaría de acuerdo con que el país necesita una nueva Constitución. Asimismo, refutaron el argumento que sostiene que la propuesta de cambio constitucional generaría mayor incertidumbre en el país ya que siete de las ocho candidaturas a la presidencia proponen realizar reformas significativas a la Constitución, lo que mostraría que en la élite política “existe el convencimiento de que se requieren ajustes institucionales significativos” y que “la alteración de las reglas del juego es percibida como un antídoto al descontento social”. Sin embargo, concluyen que el cambio constitucional se debe hacer bajo un esquema incluyente, ya que “si se opta por una agenda acotada y mecanismos de cambio o reforma constitucional excluyentes y cerrados, el descontento social se agudizará y la incertidumbre se incrementará”.

Opinión de Álvaro Ramis, Javiera Parada y Genaro Cuadros sobre momento Constituyente en Chile. En una carta al Director publicada el 17 de octubre pasado en El Mercurio, Álvaro Ramis, Javiera Parada y Genaro Cuadros defendieron la idea de que en Chile el momento constituyente sigue vigente, a pesar de que en la actual campaña electoral el debate constitucional ha pasado a segundo plano. En particular, la columna ofrece dos razones que evidencian que el factor constitucional sigue abierto y que lo seguirá estando en los próximos años. El primero de ellos, sería el proceso constituyente impulsado por la Presidenta Bachelet entre 2015 y 2016, el cual generó una discusión constitucional convocando a un “amplio espectro social y político”. Afirman que, independiente del cause que tome la reforma al capítulo XV de la actual constitución para permitir el reemplazo constitucional, este proceso dejó abierto una serie de demandas constitucionales que “reflejan de forma explícita una profunda movilización y deliberación constitucional”. Por otra parte, las causas que motivaron el despliegue del “momento constituyente” siguen estando presentes y no han encontrado ningún arreglo institucional que las resuelva. La “crisis” de la constitución vigente mantiene el malestar ciudadano, siendo necesaria una respuesta constitucional para resolver estos conflictos. Dado lo anterior, la carta concluye que es necesario que el debate de las elecciones incluya también el asunto constitucional, pues hasta el momento ha estado disociada de este problema.

Respuesta de Claudio Alvarado. El 18 de octubre el abogado Claudio Alvarado del Instituto de Estudios de la Sociedad publicó una carta en El Mercurio, donde replicó la carta publicada en el mismo medio el día anterior por Javiera Parada, Álvaro Ramis y Genaro Cuadros donde instan a la permanencia de un momento constituyente en Chile. Alvarado cuestiona la “retórica y sus énfasis, tanto en los procedimientos como en un ambiguo y generoso lenguaje de derechos”, que también caracterizó al discurso constitucional del actual gobierno, impactando en la estrategia adoptada. Sin embargo, señala que esta última no habría tenido resultados, pues a pocos meses de terminar la administración de la presidenta Bachelet, el gobierno no ha logrado siquiera presentar su proyecto de nueva Constitución, incumpliendo su promesa de establecer una nueva Constitución nacida en Democracia. Lo anterior llevaría a reflexionar que existen buenas razones para proponer un cambio constitucional, sin embargo afirma que este debe llevarse a cabo de otra manera, siendo necesario “subrayar los contenidos y las propuestas específicas” ya que sería la única forma de propiciar los amplios acuerdos que se requieren para un proceso de esta envergadura.

Carta de Álvaro Ramis, Javiera Parada y Genaro Cuadros sobre “Participación e inclusión”. El 23 de octubre pasado Álvaro Ramis, Javiera Parada y Genaro Cuadros, respondieron por medio de  una carta a la misiva de Claudio Alvarado, en la que criticaba que el debate constitucional se haya centrado en los procedimientos y en un lenguaje de derechos, invitando a debatir los contenidos y propuestas concretas. La carta del día 23 sostiene compartir la idea de alcanzar los acuerdos necesarios sobre el cambio constitucional a partir de un “debate sobre contenidos y propuestas específicas”, sin embargo, sus autores enfatizan que su preocupación “radica en definir la naturaleza de esos acuerdos”, garantizando la mayor inclusividad  y apertura hacia la ciudadanía. Lo anterior, les ha llevado a sostener que la Asamblea Constituyente sería la mejor alternativa para garantizar estos criterios aportando al país “una nueva Constitución nacida en democracia y no atada a los acuerdos hechos en dictadura”.

Opinión de Marcela Sandoval (RD) sobre Asamblea Constituyente paritaria. En una columna de opinión publicada en Cooperativa el 18 de octubre pasado, Marcela Sandoval, Exsecretaria General de Revolución Democrática y actual candidata a Diputada, se refirió a la necesidad de establecer una Asamblea Constituyente como mecanismo para elaborar una nueva Constitución, en particular una Asamblea Constituyente paritaria, en la que exista igual representación de hombres y mujeres. La columna comienza explicando por qué la conformación de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Carta Fundamental es uno de las principales propuestas del Frente Amplio, destacando además de su origen ilegítimo, su incapacidad de adaptarse a las nuevas demandas sociales y a su dificultad para resolver el déficit de participación ciudadana tras el retorno a la democracia. Así, sostiene que se propone una Asamblea Constituyente ya que no solamente contribuye a “mejorar los estándares de participación en el proceso”, sino que además  está orientada a representar a toda la sociedad. De igual modo argumenta que de conformarse dicho organismo debe tener un carácter paritario, donde a diferencia de lo que ocurre actualmente en el Congreso, no exista una asimetría entre en el número de hombres y mujeres que nos representen.

Editorial de El Mercurio sobre “¿Una Constitución electoral?”. El diario El Mercurio en su editorial del día 20 de octubre abordó la discusión generada por el anuncio de la presidenta de que enviará el proyecto de Nueva Constitución al Congreso antes de mediados de diciembre, es decir antes de la segunda vuelta presidencial. Según el editorial, más allá de las consideraciones políticas de si este es o no un asunto que concita el interés por parte de la ciudadanía, “la oportunidad en que se pretendería dar a conocer el proyecto marca un hecho inédito en las últimas décadas”. En particular, establecer un debate sobre las bases jurídico-políticas de un país durante la definición presidencial llevaría a reflexionar sobre la “responsabilidad pública” que subyace a esta decisión. De ser esto una estrategia electoral, el editorial advierte que marcaría el fin de una tradición republicana de evitar “la tentación de usar legislaciones relevantes y permanentes como instrumentos de campaña”. Asimismo, cuestiona el ambiente de secretismo en el que se ha redactado este proyecto de nueva Constitución y que “contraviene el discurso sobre un proceso participativo”. Esta última condición, solamente se ha cumplido con el despliegue de cabildos ciudadanos en los que el nivel de participación habría sido “porcentualmente bajo” y sus resultados “política y jurídicamente difusos”, con conclusiones muy genéricas difíciles de traducir en opciones constitucionales precisas. Lo anterior, lejos de justificar el secretismo que ha imperado en la fase de redacción del proyecto, debería conducir a la reflexión sobre la verdadera necesidad de refundar la institucionalidad vigente.

Opinión de Gonzalo Müller sobre anuncio constitucional. El analista político Gonzalo Muller, publicó una columna de opinión el 21 de octubre pasado en el sitio web de Teletrece en la que criticó el anuncio de la Presidenta de que enviará el proyecto de nueva Constitución al Congreso después de la primera vuelta presidencial. Esta decisión llama la atención, sostiene, pues el gobierno habría asegurado con anterioridad que por ahora no habría una nueva Constitución y que sería el próximo Congreso el que debería decidir el mecanismo, en caso de que por dos tercios aprobaran la reforma al Capítulo XV para modificar la Constitución. De ahí que para Müller surge la pregunta sobre lo que realmente se busca al llevar a la agenda este tema en medio de la segunda vuelta electoral. En primer lugar, especula que esta decisión se debería a que el Gobierno y la Presidenta considerarían el asunto constitucional todavía necesitaba ser planteado como un problema social, pues actualmente no sería un tema convocante y urgente en la sociedad. Por otra parte, argumenta que la segunda vuelta sería la única esperanza de la izquierda para evitar el triunfo de Sebastián Piñera, quien junto con sus parlamentarios deberán pronunciarse sobre la nueva Constitución a semanas de una elección decisiva. Así tras esta decisión, se escondería la pretensión de unir a la izquierda para derrotar a Piñera y obtener “la vía libre a una nueva Constitución”.  

Proceso Constituyente indígena

Opinión de Marcial Colín sobre consulta de reconocimiento constitucional. En una columna de opinión publicada en El Quinto Poder el 6 de octubre pasado, el Consejero de la CONADI Marcial Colín, abordó los acuerdos y tensiones latentes en el proceso de consulta previa para el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. En primer lugar, advierte que varias organizaciones indígenas han decidido restarse del proceso, ya sea por experiencias de consulta previas o por desconfianza hacia el Gobierno, lo que ha llevado a que  sectores “clientelares de programas de gobierno o individuos desinformados” asistan a estas reuniones sin cuestionar en profundidad ni el contenido de las medidas a consultar, ni la forma cómo se ha desarrollado la consulta. Esta situación, llevó a que Consejeros de la CONADI exigieran al  gobierno definir una instancia donde se adoptaran los acuerdos y una modificación en las medidas consultadas, lo cual implica el compromiso de que se llegará al diálogo con un texto que incluirá los derechos exigidos tanto por este organismo como por quienes participaron del proceso y fueron incluyendo algunas medidas. Asimismo, se definió que el Sistema de Naciones Unidas en Chile se incorporaría al proceso como “orientador y garante”, entregando garantías a los pueblos indígenas tanto en el debate como en la adopción de acuerdos.

Opinión de Diego Ancalao sobre Plan Araucanía. En una columna de opinión publicada en La Nación el 13 de octubre pasado, el dirigente político mapuche  Diego Ancalao, analizó en profundidad el “Plan Especial de Inversiones para el Desarrollo y Territorial de la Araucanía”, conocido como “Plan Araucanía”. En primer lugar, precisó que dicha iniciativa contempla varias de las recomendaciones del informe elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la Araucanía. Entre las medidas a desarrollar se cuentan el reconocimiento constitucional y la participación política indígena; acceso preferente a subvenciones y subsidios del MINVU; creación de un programa de Desarrollo productivo en la región; incentivos tributarios para las empresas que se ubiquen en las comunas más pobres; y la creación de un programa de reparación de víctimas de la violencia en la región. En este sentido, argumenta que el plan tiene un foco especial en la parte económica y social, lo cual es destacable. Sin embargo, no se hace cargo de la dimensión política del problema y no representa nada nuevo de lo hecho hasta ahora. Así, sostiene que medidas administrativas como el acceso preferente a ciertos subsidios del MINVU y la creación de programas en INDAP parecen ser sólo reorientaciones de medidas que ya están desarrollándose. Finalmente, advierte que si bien este plan, cuya duración será de cinco años, tendría un costo de casi 300 millones de pesos en 2017, se observa que la mayoría de las acciones que comprende “corresponderán exclusivamente a reorganización de presupuestos públicos”.

Opinión de Marcial Colín sobre derecho a la libre determinación. El 16 de octubre pasado el Consejero de la CONADI Marcial Colín, publicó una columna de opinión en El Quinto Poder, donde remarcó la importancia que tiene para los pueblos indígenas el derecho a la libre determinación y que ha sido uno de los más priorizados por las comunidades mapuches en las discusiones sobre los derechos que debería contener una nueva Constitución. De ahí que sostiene que el Estado debe “asumir que la existencia actual de las naciones indígenas, plenamente vigentes, da cuenta de la capacidad política que han tenido para sobrevivir a pesar de todo lo que se ha impuesto”. Asunto que también ha sido reconocido por las Naciones Unidas, que lo establece como un derecho fundamental en el preámbulo de su declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en 2007. Por lo tanto, concluye que debido a que este es el eje central para las relaciones armoniosas entre el Estado y los pueblos indígenas, se espera que en el debate o diálogo establecido en el proceso de consulta previa sobre reconocimiento constitucional, sea también “uno de los derechos fundamentales a ser reconocidos en la Constitución Política”.

Opinión de Sebastián Donoso sobre consulta a pueblos indígenas. El 18 de octubre pasado el abogado y profesor de Legislación Indígena de la Universidad Católica Sebastián Donoso envío una carta al diario La Tercera en la que se refirió al proceso de consulta indígena impulsado por el gobierno para redactar el proyecto de reforma constitucional que presentará ante el Congreso. En particular, subrayó el riesgo que representa ver este proceso como un asunto que compete solamente al gobierno, al Congreso y a los pueblos indígenas; es decir “como un proceso de negociación política entre el Estado y ellos, al que el resto de los chilenos asistimos como espectadores”. La carta reclama que el proceso debe interpelar “a todos los chilenos, indígenas o no indígenas”, pues se trata de definir cómo serán incorporados dichos pueblos en la Constitución Política, lo que implica el reconocimiento de su existencia y de sus derechos. Si bien habría relativo acuerdo en reconocerles el “derecho a mantener sus tradiciones, costumbres e instituciones propias”, existirían otras temas de mayor controversia, como el avanzar hacia un Estado Plurinacional, hacia nuevas formas de participación política especiales, o la regulación de estatutos autonómicos. Todo lo anterior advierte, “nos debe motivar a reflexionar sobre cómo vamos a delinear en la Constitución el país que queremos construir, uno que incluya efectivamente a los pueblos indígenas”.

Tribunal Constitucional

Opinión de Pablo Ruíz Tagle sobre las críticas al Tribunal Constitucional. El 7 de octubre pasado el abogado Pablo Ruiz Tagle escribió una columna de opinión en La Tercera, en la que se refirió a las críticas que ha recibido dicho Tribunal a raíz de la  declaración pública que envió el 29 de septiembre referida a los préstamos del Banco del Estado a parlamentarios que son candidatos para las próximas elecciones. En particular, sostiene que este tribunal ha sido criticado con justicia por sus atribuciones preventivas y las facultades que ejerce de oficio, por la extensión y coherencia de sus resoluciones y por la responsabilidad constitucional y la posibilidad de acusar a sus integrantes”. Por lo que se han propuesto varias medidas, como revisar su integración y sistema de nombramientos, además de que todos los casos en los que deba pronunciarse sean a petición de parte. Pese a ello, el abogado advierte que por muy buenas que sean las intenciones de este Tribunal, sus declaraciones públicas “no deben confundirse con el ejercicio reglado de sus atribuciones”. En este sentido, la declaración del 29 de septiembre, que surge “de oficio y por sorpresa de parte del Tribunal” constituye una clara imprudencia comunicacional “que no parece hacerse cargo de estas objeciones”.

Opinión de Domingo Lovera sobre declaración del TC. El 8 de octubre pasado el abogado Domingo Lovera publicó una columna de opinión en La Tercera, en la que se refirió a la declaración emitida por el Tribunal Constitucional sobre la supuesta inhabilidad de parlamentarios en ejercicio para acceder a créditos del Banco Estado. Más que centrarse en el contenido de la declaración, Lovera destacó algunos aspectos institucionales que despertaron su preocupación. En primer lugar, sostuvo que el TC no tiene atribuciones para emitir este tipo de declaraciones, si bien en algún momento ha entregado comunicados de prensa, lo ha hecho para informar sobre resoluciones que han concitado un interés especial como por ejemplo la reciente ley que despenaliza el aborto en tres causales. Sin embargo, en esta situación el TC hizo esta declaración para “resolver una disputa constitucional sobre la que no ha sido requerida”. Por otra lado, sostiene que esta especie de “vigilancia constitucional activa” que ha demostrado el TC el último tiempo, es problemática debido a las interacciones institucionales. Si bien es correcto que solamente dicho tribunal puede declarar esta inhabilidad parlamentaria, de ello no se sigue que “solo a él le corresponda tomar decisiones al amparo de esas reglas constitucionales”.

Opinión de Axel Buchheister sobre declaración del TC. El 8 de octubre pasado el abogado Alex Buchheister publicó una columna de opinión en La Tercera para referirse a las declaraciones emitidas por el Tribunal Constitucional, ante la negativa del Banco Estado a entregar créditos a parlamentarios para sus candidaturas pues la Constitución estipula que cesan de sus funciones los parlamentarios que celebren contratos con el Estado. Si bien el Banco Estado no ha entregado los préstamos solicitados, por lo que no se configura la causal de cesación y no hay litigio posible, de igual modo el TC entregó una declaración pública al respecto señalando que los préstamos del Banco Estado para financiar campañas “no están entre los contratos que causan la cesación de parlamentarios”. Esta declaración emitida por el Tribunal, según Buchheister infringe varias normas constitucionales, tales como que “toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado” o aquella que enumera taxativamente los casos en los que el TC puede ejercer sus atribuciones, no figurando  la de “dirimir debates públicos”.

Boletín N.° 8 (segunda quincena septiembre 2017)

EDITORIAL

POLÍTICA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CONSULTA INDÍGENA

ESTUDIOS

OPINIONES, CARTAS Y COLUMNAS

 

EDITORIAL

Las presiones conservadoras en el debate constituyente. El debate sobre el cambio constitucional se ha desarrollado de manera franca y abierta desde hace al menos cinco años en la sociedad civil, la academia, y el establishment político. En un comienzo el debate era promovido fundamentalmente por los actores que promovían la convocatoria a una Asamblea Constituyente, y enfrentaban del otro lado la caricaturización por medio de acusaciones que denunciaban la demanda como esencialmente «chavista» o necesariamente contraria al Estado de Derecho. Sin embargo, la realidad es que siempre hubo moderación en las distintas acciones políticas por medio de las cuales se promovió la demanda por la AC y la nueva Constitución en general. Así, por ejemplo, la campaña «Marca Tu Voto», no se presentó como un desafío a la institucionalidad, sino que defendió su legalidad en virtud de las reglas vigentes sobre elecciones. Incluso la propuesta más polémica defendida durante el 2013 –la de convocar a un plebiscito sobre convocatoria a Asamblea Constituyente por medio de un decreto presidencial, pese a que la constitución vigente no contempla esa posibilidad y solo autoriza a convocar a los plebiscitos «expresamente previstos» en ella (artículo 15)– fue defendida por medio de sofisticados y cuidados argumentos jurídicos por Fernando Atria. Sin hacerse cargo del contenido de esos argumentos, eran con frecuencia descartados como «atajos» o «resquicios legales», un concepto históricamente contencioso, que desde la derecha se utiliza con una carga negativa, aunque históricamente fue entendido por la izquierda como simplemente la utilización hábil de preceptos legales válidos y vigentes. Como lo puso Eduardo Novoa Monreal, los resquicios legales serían «recursos sagaces y legítimos según algunos, pero también trampas inicuas en opinión de otros» (Los Resquicios Legales, Ediciones BAT, 1992, p. 7).

En ese contexto, la estrategia política de los promotores del reemplazo constitucional se movió hacia propuestas cuya legitimidad y legalidad se presentaban por entero como indudables, en particular, propuestas con el propósito de reformar la constitución vigente por medios del procedimiento establecido en su capítulo XV como necesario paso previo al reemplazo del texto constitucional vigente. Algunas de esas propuestas buscaban reformar el artículo 15 para permitir la convocatoria a plebiscito sobre el cambio constitucional. Otras proponían modificar el mismo capítulo XV que regula la reforma constitucional, o incorporar un nuevo capítulo que regulara derechamente un mecanismo de reemplazo. Quizás el único aspecto polémico de estas propuestas radica en el quórum para su aprobación. En particular, las propuestas que se presentaban como posibles de ser aprobadas con el voto favorable de las tres quintas partes de cada Cámara eran acusadas de ser intentos de burlar el quórum de 2/3 que la constitución vigente establece para la reforma de algunos de sus capítulos.

Así, ha habido siempre una presión sobre las propuestas de cambio constitucional que las empujan hacia el apego a las interpretaciones establecidas y conservadoras de las normas vigentes, apoyadas sobre la inercia política de la transición más que sobre argumentos jurídicos desarrollados. La propuesta de reforma al capítulo XV presentada por el gobierno en abril de este año, que busca permitir la convocatoria a una «Convención Constitucional» consolidó esa tendencia –algo que ya había sido sugerido por la insistencia de la Presidenta Bachelet respecto de que el proceso debía ser «institucional»–. Por un lado, al presentarse como reforma al capítulo XV, en vez de como incorporación de un capítulo nuevo, se bloqueó la discusión sobre la posibilidad de regular esa convocatoria por medio de una reforma aprobada con un quórum de tres quintos. Más aún, el proyecto establece que la convocatoria misma deberá hacerse satisfaciendo el quórum dos tercios, a pesar de que la Presidenta había anunciado en octubre de 2015 que la reforma establecería que para esto se fijaría un quórum de tres quintos.

Necesidad de propuestas concretas en el debate constituyente. El proyecto de reforma al capítulo XV representa, de esta forma, la culminación de un largo proceso de discusión y debate político, y de sucesivas propuestas respecto de cómo realizar el cambio constitucional. Representa por un lado, los efectos de las presiones conservadoras que recelan la innovación institucional, y, por el otro, el reconocimiento de que el debate constituyente ha avanzado lo suficiente como para que las propuestas que se presenten al debate público deben ser concretas. El debate constitucional actual ya no da lugar para propuestas inespecíficas, pues ellas solo contribuirían al aletargamiento del proceso constituyente, y posponiendo con ello el hacerse cargo de  la crisis de legitimación frente a la ciudadanía del sistema político que está detrás. Las fuerzas políticas, y en particular las candidaturas presidenciales, deben enfrentar el debate constituyente con especificidad respecto de las razones que justifican modificar o reemplazar la constitución vigente, así como los mecanismos institucionales específicos por medio de los cuales los llevarían a cabo. Ello implica, al menos, tomar posición respecto del proyecto del gobierno: si acaso promoverían su tramitación en el Congeso, si le incorporarían modificaciones, y cuáles, o si presentarían un proyecto nuevo.

Asimismo, las candidaturas deberían tomar posición respecto del mecanismo específico de reforma. En este ámbito es, curiosamente, la Democracia Cristiana la que lleva la delantera. La propuesta «Walker-Zapata» –una comisión mixta de congresistas y ciudadanos elegidos por el Congreso– es conocida y ha sido adoptada por la candidatura presidencial de Carolina Goic. Asimismo, el proyecto de reforma del capítulo XV parece estar precisamente diseñado para acoger la propuesta de la DC –lo que se nota en su cuidado lenguaje, el que establece que una ley regularía el «nombramiento y elección» de los integrantes de la «Convención Constitucional», lo que da a entender que no serían todos electos en votación universal–. En cambio, en los sectores progresistas y de izquierda no existe aún una propuesta específica de cuáles serían las características de la Asamblea Constituyente que esos sectores promueven –quiénes la integrarían, qué es lo que la haría participativa, entre otras cuestiones– ni cuál sería la estrategia jurídica precisa para alcanzarla –reforma para permitir un plebiscito, si acaso sería vinculante o no, si se regularía la AC en la misma constitución vigente, etcétera–. Más aún, la candidatura de Alejandro Guillier no se ha comprometido con ningún mecanismo específico.

 

POLÍTICA

Presidenta Bachelet anuncia sus avances ante la ONU. De acuerdo a los señalado por La Tercera, la Presidenta, en su intervención ante la asamblea internacional de la ONU, hizo un repaso de las principales reformas emprendidas durante su administración. Entre ellas, destaca el cambio al sistema electoral, ley de cuotas,  el Acuerdo de Unión Civil, despenalización del aborto, gratuidad en educación, y proceso para una nueva Constitución. En cuanto al último punto, señaló “estamos en pleno proceso de elaboración participativa de una nueva constitución, más moderna y democrática”.

El proceso constituyente actualmente se encuentra en la fase de consulta indígena, que culminará en los próximos días y, tras el final de la consulta, se espera que llegue al Congreso la propuesta de nueva Constitución.

Constitución: punto clave para acuerdo electoral en segunda vuelta. En reportaje realizado por El Pulso, diversos expertos analizan el escenario electoral para la segunda vuelta presidencial. Los analistas convergen que, independiente quién sea el candidato que pase a dicha instancia por parte de la centro-izquierda (Goic, Guillier y Sánchez), prevén que no habrá un traspaso total de votos para competir contra Sebastián Piñera.

Dentro de los puntos que generan mayor tensión está el cambio a la Constitución, para Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, “Mientras un grupo de la DC tiene una perspectiva reformista de la Constitución, por el lado de Sánchez priman claramente las ideas refundacionales que quieren llamar de inmediato a asamblea constituyente y por lo tanto, eso va a imposibilitar de partida un acuerdo entre las tres fuerzas políticas”.  Finalmente, Morales concluye señalando que “si es que la centroizquierda no existe unanimidad respecto al cambio constitucional, entonces será muy difícil poder llegar a un pacto de segunda vuelta. Se ven pocas posibilidades porque existen posturas muy intensas programáticamente”.

Frente Amplio: Asamblea Constituyente como prioridad programática. Luego de una largo proceso participativo y de diseño de su programa de gobierno, se dieron a conocer los resultados del plebiscito programático del Frente Amplio. La instancia, contó con la participación de 16.973 personas. Dentro de los ejes prioritarios destacan educación pública y democrática (89,7%), pensiones y vejez (84,8), reforma a la salud y nueva Constitución mediante el mecanismo de Asamblea Constituyente (73,2).

Con estos resultados, el cambio a la Constitución por medio de una A.C se vuelve en eje prioritario ante un eventual gobierno frenteamplista.

Chile Vamos: Piñera y la modernización de la Constitución. Revista Qué Pasa publicó durante el mes de septiembre un reportaje que sintetiza las propuestas de Sebastián Piñera en materia de Constitución. La nota, apuntaría que el candidato y ex presidente se inclinaría por una serie de reformas en lugar de un reemplazo total. Para ello, el abanderado se ha estado asesorando por un grupo de abogados, cuyas propuestas destacan el avanzar hacia un sistema presidencial moderado, entregando mayores atribuciones al Congreso, cambios al Tribunal Constitucional, sobre todo dejar su cantidad de miembros en un número impar. Sin embargo, en el equipo asesor hay divisiones en torno a la realización de un plebiscito ratificatorio y el paso hacia un Estado “Solidario”. Finalmente, ideas de cambio constitucional por medio de una Asamblea Constituyente han sido descartadas por el equipo asesor y por el propio candidato.

Eduardo Artés cerraría el Congreso si es que no se apoya la Asamblea Constituyente. El candidato de Unión Patriótica, en su participación en el programa Aquí Está Chile , señaló, además de su apoyo al régimen de Corea del Norte, la posibilidad de cambiar la Constitución durante su gobierno mediante el mecanismo de Asamblea Constituyente.

Sin embargo, uno de los momentos más controversiales de la intervención, fue la respuesta entregada por el abanderado, quién al ser consultado acerca de qué pasaría si el Poder Legislativo rechaza cambiar la Constitución, Artés planteó la posibilidad de cerrar el Congreso, afirmando “Si el Parlamento es antidemocrático al que tenemos hoy día, sin lugar a dudas lo cerraría. Cuando la gente está movilizada y se hace dueña de todo, es lo más democrático que puede haber”.

Debates presidenciales: Constitución como eje central. En los últimos días se han celebrado dos debates presidenciales. El primero de ellos, efectuado en el Congreso Nacional (Valparaíso), contó con la presencia de los ocho candidatos presidenciales. Mientras que en el segundo, realizado en la Universidad de Chile, no contó con la participación de Sebastián Piñera.

Dentro de los ejes centrales de la discusión, se abordó el devenir de la actual Constitución. Al respecto, tanto Alejandro Guillier, Carolina, Goic, Beatríz Sánchez, Alejandro Navarro, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, se mostraron favorables en reemplazar la actual carta Magna.

Guillier, al igual que Goic, centraron sus preocupaciones en la participación. Incluso, la abanderada de la DC, propuso la posibilidad de una “etapa participativa 2.0”, que aspira a llegar al millón de personas. Por otro lado, Sánchez, Artés, Enríquez Ominami y Navarro, pusieron énfasis en el mecanismo, apoyando la posibilidad de una Asamblea Constituyente, pero con diferencias, puesto que Artés estaría dispuesto a cerrar el Congreso en caso de no obtener apoyo parlamentario, mientras que el abanderado del PRO propone un plebiscito para decidir acerca del mecanismo, aunque él prefiere la Asamblea Constituyente.

Finalmente, Sebastián Piñera propuso ochenta medidas para modernizar la Constitución, prometiendo una nueva etapa participativa.

El video del primer debate lo puedes encontrar aquí, mientras que el segundo lo puedes ver mediante el siguiente enlace.

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El pasado 29 de septiembre, el Presidente del Tribunal Constitucional, don Iván Aróstica Maldonado, emitió una declaración pública a propósito de la imposibilidad del Banco Estado de otorgar crédito a candidatos presidenciales.

En este sentido, se declaró “que corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional declarar la inhabilidad de un parlamentario por haber celebrado o caucionado contratos con el Estado, de conformidad con el estatuto de prohibiciones, competencia y procedimiento establecido en los artículos 60 y 93, numeral 14º e inciso decimoctavo, de la Constitución Política de la República” y agregó que “no habiéndose aperturado un proceso de alegaciones de inhabilidad respecto de algún parlamentario en concreto y por ende no existiendo sentencia que la declare, no corresponde ni procede jurídicamente dar por establecida la inhabilidad respecto de dichos créditos”.

Lo anterior, en palabras de El Mostrador, se realizó producto de que sólo dos de los ocho postulantes a la Presidencia de la República indicaron que sí habían podido conseguir créditos de la entidad bancaria estatal, la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, por $250 millones (la entrega total sería mayor) y el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, por $1.130 millones.

En virtud de dicho comunicado, el constitucionalista y candidato a Diputado, Fernando Atria, criticó duramente las actuaciones del Tribunal Constitucional, señalando que el TC ha violado «groseramente» las reglas constitucionales sobre sus competencias. Argumenta que «en efecto, el artículo 93 del texto constitucional dispone, para cada caso en el que la Constitución da competencia al Tribunal, cuáles son las condiciones en las cuales esas competencias pueden ser ejercidas. En algunos casos, debe requerir el Presidente de la República, o alguna de las cámaras; en otros, un determinado número o porcentaje de diputados o senadores; en otros, las partes de un litigio. En ningún caso el Tribunal puede emitir una decisión sin que le sea solicitado por quien está constitucionalmente autorizado para hacerlo y sin seguir el procedimiento correspondiente». Agrega que «esto no es un mero asunto formal. Es la limitación más importante que tiene el Tribunal para evitar que, por sí y ante sí, empiece a arrogarse competencias y funciones que no le corresponden».

Luego, Atria afirma que «eso es exactamente lo que hizo con su declaración pública del 29 de septiembre. Si ese precedente es aceptado, ahora el Tribunal se entenderá habilitado para pronunciarse sobre cualquier cuestión constitucional que esté en la discusión pública, sin que sea necesario para eso que sea requerido por quien corresponde, sin escuchar alegatos, sin audiencias, etc». «La decisión del Banco del Estado que suscitó esta declaración del Tribunal era, por cierto, arbitraria e ilegal. Pero la acción manifiesta del Tribunal Constitucional en infracción de las reglas que lo regulan es mucho, mucho más grave», concluye.

El pasado 4 de octubre, La Segunda también se refirió al tema. En este sentido, se señala que el presidente del TC, Iván Aróstica, convocó a una reunión extraordinaria del pleno, al cual asistieron 8 de los 10 ministros. En virtud de dicho encuentro, se acordó delegar en el Presidente, la elaboración de un comunicado “que abriera una ventana para que el banco estatal entregara préstamos a postulantes a algún cargo público”. En palabras del diario en comento, “al menos dos miembros del TC quedaron sorprendidos por el comunicado de Aróstica, pues en su punto 2 descarta que prestar dinero bajo este esquema vulnere el Texto Fundamental, algo más propio de un fallo que de una declaración pública”.  

 

CONSULTA INDÍGENA

Instituto Nacional de Derechos Humanos asume rol de observador. El organismo se sumará durante la fase de diálogo que se está llevando adelante a los largo del país, acompañando a la Organización de Naciones Unidad (ONU). Sobre el proceso propiamente tal, el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, explicó que  está “pronta a iniciar la etapa regional, en que cada uno de los 9 pueblos, en las diferentes regiones del país, dialoga respecto de sus conclusiones sobre las medidas presentadas y los derechos que a su juicio, deben quedar cristalizados en el proyecto de nueva Constitución. La consulta concluirá alrededor del 18 de octubre, con su etapa nacional”.

Gobierno prepara fase regional y nacional de la consulta. De acuerdo a lo señalado por el medio clave9.cl , el proceso interno deliberativo concluyó el 30 de septiembre, mientras que la fase regional inicia el 1 de octubre, con los encuentros en la región de O”Higgins y El Maule. El encuentro nacional contará con la participación de 300 representantes de los nueve pueblos originarios los días 16 al 19 de octubre en la ciudad de Santiago en la sede de la CEPAL. Se espera que los resultados de la última etapa sean incorporados en el proyecto de nueva Constitución que enviará el gobierno en los próximos días.

Gobierno presenta balance de la primera fase de la consulta indígena. En el contexto de la Asamblea de Naciones Unidas, el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, expuso los avances en materia de integración de los pueblos originarios. Dentro del balance, destacó la consulta constitucional indígena que se está llevando adelante, señalando que han participado más de 17 mil representantes “y el propósito político de fondo, es que la constitución y las leyes que de ella deriven consagren una participación política efectiva, que permita a los pueblos indígenas deliberar directamente, tanto en el ámbito legislativo como en los gobiernos regionales y alcaldías, para así conseguir una verdadera república inclusiva”.

Ministro Barraza sobre proceso constituyente indígena. Entrevistado por El Mercurio el 30 de septiembre, el Ministro de Desarrollo Social Marcos Barraza se refirió a los avances del proceso constituyente indígena. Señaló que la “[a]hora vienen los diálogos regionales que se inician la próxima semana en las quince regiones del país” y que la primera semana de octubre “sería  el  diálogo  nacional  con los  representantes  de  los  nueve  pueblos  a  nivel nacional, que es la etapa en que se establecen los acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas”. No obstante, durante esa primera semana de octubre aún se desarrollaban los encuentros regionales en diversas partes del país.

En cuanto a los acuerdos entre Estado y pueblos indígenas a los que se buscaría llegar, ellos serían “insumos que van a ser la base para los contenidos en materia de pueblos  indígenas  para la Nueva Constitución”. Si bien no fue preciso al señalar cuándo se darían a conocer los resultados, afirmó que una vez concluido el proceso, los resultados se sistematizarían y darían a conocer “a la brevedad […] porque  esto  rápidamente  se tiene que dar a conocer para el proceso de Nueva Constitución”. Señaló que la sistematización se realizará en virtud de un “convenio con la Universidad de Chile”.

Consultado sobre los efectos que pudiera tener hechos recientes ocurridos en la Araucanía en relación con el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche (la “Operación Huracán” y la huelga de hambre de un grupo de mapuches en protesta por la aplicación de la Ley Antiterrorista), Barraza señaló: “No puedo negar que en estos días ha habido tensiones con algunas comunidades indígenas a propósito de que algunas de ellas consideran que esto no les genera garantías para el debate respecto de la consulta indígena. Afortunadamente en los pueblos existe una voluntad de diálogo político para construir un nuevo trato social entre el  Estado  y  los  pueblos”. Concluyó señalando que la consulta  indígena “es probablemente el hito histórico más importante del pueblo mapuche y de los nueve pueblos de nuestro  país  para  avanzar  en  derechos  políticos, económicos,  sociales  y  culturales”, afirmando que la “consulta es inédita a nivel mundial” por ser “primera vez que hay una consulta que tiene como propósito abordar constitucionalmente los derechos de los pueblos”.

 

ESTUDIOS

Estudio COES sobre desigualdades de voz política en Chile. El Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) presentó el módulo 4 de su Estudio Longitudinal Social de Chile, titulado “Desigualdades de voz política en Chile”. El estudio analiza la receptividad de las autoridades públicas respecto de las expresiones de demandas de la ciudadanía. El estudio contiene un análisis de la participación ciudadana en el proceso constituyente del gobierno. La encuesta en la que se basa el estudio incluyó una pregunta sobre si los encuestados habían tomado parte de alguna de las instancias de participación del año 2016, ya fuera por medio de la encuesta individual, encuentros locales, o cabildos. Los resultados coinciden con lo que sugiere la literatura sobre participación política en el sentido de que mayores niveles educacionales se correlacionan con una mayor probabilidad de participación política, excepto respecto de la partipación por medio del voto, donde la participación se da en una “cancha relativamente pareja”. El analisis en relación con la tendencia ideológica, en tanto, muestra que la participación política es mayor en la izquierda en las distintas formas de participación política (marchas, huelgas, proceso constituyente, entre otros).

El estudio dedica una sección especial a la participación en el proceso constituyente en particular. Entre los resultados destacados de esta sección se encuentran que la participación se dio “mayormente por personas de tendencia ideológica de izquierda, y en menor grado de centro”, así como que “la probabilidad de participación de una persona de izquierda fue el doble que de la de una persona de derecha”. El estudio concluye al respecto que “después de la asistencia a marchas, la participación en las actividades constituyentes sea el segundo acto más ideologizado, en el sentido de estar influenciado mayormente por las disposiciones políticas de las personas”.

Por otro lado, el estudio afirma que las instancias de participación del proceso constituyente reprodujeron “con mayor fuerza la voz de aquellos que ya tienen mayor propensión a expresarse políticamente, y más aún de aquellos que adoptan formas no convencionales de participación”.

Finalmente, el estudio destaca una relación inversa entre edad y participación el proceso constituyente, lo que contrasta con la relación entre edad y participación electoral, en la que se da de forma inversa (a mayor edad, mayor probabilidad de participación electoral). El informe considera lo anterior como sorprendente, no ofreciendo una explicación de la correlación, limitándose a formular preguntas que pudieran ser objetivo de futuras investigaciones, por ejemplo: “¿acaso implica que la presencia de candidatos y partidos políticos reduce la motivación por participar de los grupos etarios más jóvenes? ¿Los más jóvenes ven en este proceso una oportunidad tangible de incidir en el proceso político, mientras que no lo perciben por medio del voto?”.

La presentación asociada al informe concluye que “[l[a participación en el proceso constituyente amplifica la voz de quienes ya participan por otras vías” por lo que sugiere que “importa revisar diseño institucional que permita incorporar voces más diversas”.

CLAPES UC sobre impacto económico del cambio constitucional. El 1 de octubre El Mercurio informó que el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (CLAPES) de la Universidad Católica presentó un “anticipo” preparado por Felipe Larraín, Director de CLAPES y Exministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera, de un informe que analiza el cambio constitucional “desde un punto de vista eminentemente económico”. La nota de prensa afirma que el informe “explica que las propuestas constitucionales no son solo cosa de la política […] sino que van a dar directo sobre los cotidianos asuntos del ingreso per cápita, la inversión, el crecimiento… el progreso y el bienestar de las personas”.

El informe partiría del supuesto de que “las propuestas ya conocidas del programa de Bachelet” probablemente “estarán contenidas en lo que enviará al Congreso”, y sobre esa base se construye el análisis. Debe observarse, sin embargo, que el gobierno ha señalado que el proyecto de nueva Constitución que presentará antes de fin de año se basará y reflejará los resultados de la etapa participativa del años 2016 recogidos en las bases ciudadanas y la sistematización de ellos, y sus contenidos concretos no son conocidos aún. No obstante, El Mercurio continúa señalando que el informe de CLAPES “es una edificación completa que sale al paso de la anunciada propuesta presidencial”.

El informe, que aún no se conoce, defendería la necesidad de “derechos de propiedad bien definidos”, los que serían “fundamentales para la correcta asignación de recursos y el aumento de la inversión productiva”. Además, el estudio llamaría la atención sobre “las imprecisiones e indefiniciones de las propuestas sobre derechos de propiedad contenidas en el programa de la Nueva Mayoría”, una supuesta pretensión de la Nueva Mayoría de “constitucionalizar el Estado de Bienestar de una manera tal que se contraponga al espíritu del Estado Subsidiario vigente”, el riesgo de la judicialización de los derechos. Asimismo, el estudio haría un análisis que “enfrenta a los países con mayor número de derechos constitucionales, con sus correspondientes PIB per cápita”. La conclusión sería que “[l]a inflación de derechos […] no asegura mejores niveles de vida para la población”.

Por otro lado, el estudio propondrá cambios “que profundicen la institucionalidad fiscal”. La nota señala que “[a]demás de mantener la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de gastos e impuestos, propone dar rango constitucional a los principios de la regla fiscal estructural y los consejos fiscales”.

Varios de los juicios y propuestas que se anuncian, cabe mencionar, han sido defendidos con anterioridad por distintos actores político-económicos cercanos al Expresidente y actual candidato presidencial Sebastián Piñera. Felipe Larraín, Exministro de Hacienda, presentó la tesis sobre la relación entre cantidad de derechos y resultados económicos en un seminario en el mismo CLAPES en marzo de 2016. El también Exministro del gobierno de Sebastián Piñera, Cristian Larroulet presentó la misma idea en un seminario en la Universidad del Desarrollo afirmando que “[m]ientras más derechos hay en la Constitución, menor es el ingreso per cápita”. Por otro lado, el Director Ejecutivo de ECONSULT y actual coordinador económico del comando de la candidatura de Piñera, José Ramón Valente, en el mismo seminario en CLAPES en marzo de 2016, advirtió respecto de la supuesta judicialización de los derechos que implicaría el garantizarlos jurídicamente. Finalmente, la propuesta de consagrar constitucionalmente el principio de responsabilidad fiscal es la única reforma constitucional explícitamente incluida en el programa de gobierno de la actual candidatura del Expresidente.

 

OPINIONES, CARTAS Y COLUMNAS

Opinión de Claudio Alvarado sobre Piñera y la Constitución. En una columna de opinión publicada en EL Líbero el 19 de septiembre el abogado Claudio Alvarado del Instituto de Estudios de la Sociedad, respondió a una reciente editorial de El Mercurio donde se criticó la idea de introducir reformas al sistema presidencial ya que esto implicaría estar dispuesto a abrir el debate sobre reformas a la constitución. Según el abogado, la aproximación de este editorial para abordar el problema constitucional es errada por cuatro razones principales. En primer lugar, porque la discusión constitucional del último tiempo no ha podido centrarse en los contenidos, asunto que es fundamental para alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar en la agenda constitucional. Asimismo, sostiene que al debatir los contenidos constitucionales, el énfasis tiene que estar puesto también en el diseño institucional, aspecto fundamental para proteger los derechos y para gobernar a un país. La tercera razón que Alvarado entrega guarda relación con el contenido en particular que se cuestiona, ya que por lo general cuando se aborda el tema de régimen de gobierno, se hace para defender el sistema semi-presidencial, ignorando otras posibilidades como la reelección del Presidente de la República que podría “contribuir a oxigenar nuestra política”. Finalmente, el abogado señala que es casi imposible que el debate sobre la Constitución desaparezca de la agenda política ante un eventual triunfo de la derecha en las elecciones presidenciales, ya que detrás de esta discusión “subyace un fenómeno político más hondo, relativo a la pérdida de legitimidad del Chile de la transición”.

Editorial de La Tercera sobre las definiciones en el primer debate presidencial. En su editorial del 2 de octubre pasado, el diario La Tercera se refirió a los principales asuntos atendidos durante el primer debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Prensa en el marco de las próximas elecciones de noviembre. Además de advertir las profunda diferencias que existen entre las distintas candidaturas (8 en total), ya sea al momento de establecer diagnósticos sobre las problemáticas que afectan al país así como al proponer soluciones, la editorial sostiene que ninguna candidatura ha internalizado las principales preocupaciones para la ciudadanía, como por ejemplo “restaurar los motores del crecimiento” para lo cual sería necesario “corregir profundamente la reforma laboral, y volver a un sistema tributario que fomente la inversión”. Sin embargo, según la editorial, algunos candidatos enfatizaron en otras propuestas como la necesidad de una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente, insistiendo así “en una idea que resulta lejana para buena parte de la ciudadanía y que profundiza el clima de la incertidumbre”. Jaime Bassa, Claudio Fuentes, y Javiera Parada respondieron al editorial por medio de una carta al Director en la que responden afirmando que “la Encuesta Cadem, sobre el 70% dijo estar de acuerdo con que Chile necesitaba una nueva Constitución en el período 2015-2017, y el mismo porcentaje sostiene que es un tema prioritario”. Asimismo, observan que siete de las ocho candidaturas presidenciales, incluyendo la de Sebastián Piñera, “proponen como mínimo realizar reformas significativas a la Constitución”, lo que mostraría que “en la élite política existe el convencimiento de que se requieren ajustes institucionales significativos”. Finalmente, sostienen que el cambio constitucional es percibido “como un antídoto al descontento social”, aunque si se llevara adelante con una “agenda acotada” y por medio de mecanismos “excluyentes y cerrados, el descontento social se agudizará y la incertidumbre se incrementará”. Concluyen, por tanto, que “[c]ambiar la Constitución bajo un esquema incluyente es el mejor remedio para una democracia estable”.

Artículo de Marcos Barraza sobre consulta constituyente indígena. El ministro de Desarrollo social, Marcos Barraza escribió un artículo en la Revista Mensaje donde explicó el Proceso de Consulta Nacional Indígena que se inició el 3 de agosto pasado y que se ha estado realizando en 123 localidades del territorio nacional, desde Visviri hasta Puerto Williams. El artículo contextualiza al lector sobre las razones que motivaron la realización de este proceso de consulta, el cual se presenta como la continuación formal del Proceso Participativo Constituyente Indígena realizado durante el 2016, que permitió recoger las opiniones de los pueblos originarios sobre los contenidos que debiese incorporar una nueva Constitución. Tras el término de este proceso constituyente, y siguiendo las recomendaciones del Convenio 169 de la OIT, se estructuró el proceso de consulta en curso a partir de los resultados obtenidos del Informe de Sistematización Nacional. Por lo tanto, el objetivo principal de este proceso de Consulta según Barraza, es lograr el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, integrando sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos en el proyecto de ley sobre nueva Constitución que la presidenta enviará al Congreso antes del término de su mandato. De ahí que “la consulta se estructurará sobre dos columnas vertebrales: el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la participación política” (p.35).

La primera dimensión de esta consulta, parte de la premisa de que el Estado de Chile reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas antes de la conformación del mismo como entidad jurídico-política, admitiendo su derecho a “conservar, fortalecer y desarrollar su historia, identidad, cultura, idiomas, instituciones y tradiciones propias”. Por su parte, el segundo ámbito de la consulta guarda relación con el reconocimiento de la participación y representación política especial de los pueblos indígenas en las instancias de representación política formal, en particular en el Congreso Nacional, a partir de escaños reservados que les permitan escoger a sus propios representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados.

Finalmente, el artículo destaca el proceso participativo constituyente indígena y su continuidad con el proceso de consulta nacional, ya que da cuenta de un esfuerzo por avanzar en temas fundamentales como el reconocimiento constitucional, los derechos colectivos, de territorio, culturales y de generar mecanismos más eficaces de participación y representación indígena. Pero también, porque da cuenta de un nuevo modo de relacionamiento con los pueblos indígenas que les permite a estos últimos empoderarse y ser partícipes de las decisiones que los afectan.

Boletín n.° 7 (2a quincena agosto-primera septiembre)

EDITORIAL

El Tribunal Constitucional socava su propia legitimidad. Como sostuvimos en un número anterior, el Tribunal Constitucional es parte del problema constitucional. Por un lado, es inevitable que la deslegitimación de la constitución frente a la ciudadanía alcance al órgano cuya labor es, por definición, asegurar el imperio de ella. En particular es problemática su función de hacer valer el rol limitativo de la constitución respecto del legislador por medio del control de constitucionalidad de proyectos de ley. El ejercicio de esa facultad implica de manera necesaria frustrar la voluntad de los órganos democráticos representativos. En el caso chileno, además, esa intervención puede darse incluso antes de que una norma legal entre en vigencia.

Su función de garante de la constitución, entonces, dejará siempre a sectores insatisfechos, motivando críticas a las decisiones particulares del Tribunal, a sus facultades específicas (como el control preventivo), o a su sola existencia, entre otros ámbitos. Habitualmente las decisiones del Tribunal en materia de control preventivo han frustrado políticas públicas de la centro-izquierda, algo del todo esperable dado el origen de la constitución vigente y las características del sistema político desarrollado bajo su alero en las últimas tres décadas.

En esta oportunidad, sin embargo, la mayor parte de la frustración la sufrió la coalición de derecha y los sectores conservadores del partido democratacristiano. Las reacciones frente a ella han sido diversas. Las más recatadas han sido de resignación y acatamiento de la decisión acompañada de congoja moral. Tratando de equilibrar el respeto a la decisión con la minimización de su alcance, otros han hecho esfuerzos por interpretar la sentencia en virtud de la dispersión de votos –antes que atendiendo a los aspectos propiamente vinculantes de la sentencia–. Finalmente, algunos diputados de derecha han anunciado que buscarán recurrir al sistema interamericano de protección de derechos humanos alegando que, en su opinión, la despenalización del aborto aprobada viola el Pacto de San José de Costa Rica. Esta última estrategia, si bien está destinada al fracaso en atención a la jurisprudencia de los órganos del sistema, sugiere el riesgo de que el Tribunal pierda legitimidad incluso frente a los ojos de la derecha.

Sin embargo, incluso con la decisión favorable al proyecto respecto de la despenalización en tres causales, la decisión del Tribunal dejó una importante insatisfacción en la centro-izquierda debido a la incorporación en el proyecto de ley de un derecho a la objeción de conciencia respecto de la realización de aborto no solo a las personas naturales –algo que estaba incluido en el proyecto– sino respecto de las instituciones de salud. Es claro que el Tribunal excedió su tradicional competencia de «legislador negativo» y por medio de una hábil supresión de algunas palabras del proyecto invirtió en 180 grados el sentido de una de las normas, incorporando en la ley un derecho que el legislador había deliberadamente excluido. Al hacerlo, actúo más bien legislador positivo. Si la explícita negación de la objeción de conciencia institucional que contenía el proyecto era inconstitucional, lo que correspondía era que el Tribunal eliminara esa prohibición. Sin embargo, fue más allá e incorporó ese derecho en la misma ley. Esto no era jurídicamente necesario. Si se afirma que la constitución vigente reconoce ese derecho, y que por tanto procedía la inconstitucionalidad de la norma prohibitiva, eliminar la prohibición deja a salvo el derecho constitucional, el que podrá ser invocado por medio de procedimientos como la acción de protección de la que conocen los tribunales superiores, o la inaplicabilidad ex post frente al mismo Tribunal Constitucional. Al incorporar ese derecho en la ley, por tanto, este órgano no solo frustra la voluntad del legislador, sino que la suplanta.

Lo anterior no pasó desapercibido entre los actores políticos, la comunidad jurídica, ni en la sociedad civil. Senadores de la Comisión de Constitución del Senado lo calificaron como una intromisión, un grupo de Diputados presentaron una solicitud de reconsideración ante el mismo Tribunal, y en la sociedad civil múltiples agrupaciones denunciaron la incorporación de la objeción de conciencia institucional pues pone en peligro la efectiva prestación de los servicios sanitarios involucrados en la realización de abortos en los casos autorizados por la ley.

La decisión en este caso podría haber tenido el efecto de apaciguar las habituales críticas al Tribunal en tanto guardián de una constitución deslegitimada frente a la ciudadanía, particularmente gracias a la interpretación más liberal respecto de la protección del que está por nacer y el reconocimiento explícito de los derechos de la mujer de la sentencia. Sin embargo, al excederse en sus atribuciones la actuación del Tribunal reaviva y profundiza algunas de las críticas más habituales respecto del potencial antidemocrático de su funcionamiento.

POLÍTICA

Comienza la carrera presidencial. La Tercera destaca en su sitio web el inicio por la carrera hacia La Moneda. Se inscribieron un total de ocho candidaturas de diversos sectores, destacando las opciones de Beatriz Sánchez (Frente Amplio), Alejandro Guillier (Fuerza de Mayoría) y Sebastián Piñera (Chile Vamos). También se suman a la competencia Marco Enríquez Ominami (PRO), Carolina Goic (DC), Alejandro Navarro (País), Eduardo Artés (Unión Patriótica) y  José Antonio Kast (independiente).

La columna constituye una primera aproximación acerca de las posturas de los diversos candidatos en distintos temas. Asimismo, en boletines previos del observatorio, se ha dado a conocer los posicionamientos de los principales competidores al sillón presidencial en materia constitucional.

El caso de Beatriz Sánchez, es conocida su postura hacia reemplazar la constitución mediante la conformación de una Asamblea Constituyente. Alejandro Guillier se ha mostrado favorable en avanzar hacia una nueva Constitución sin enfatizar el mecanismo, solo haciendo referencia a su apego al itinerario establecido por el actual gobierno. Enríquez-Ominami también promueve cambiar la Carta Fundamental, pero en primera instancia propone una consulta ciudadana para que la gente decida el mecanismo. Carolina Goic  en declaraciones previas, sobre todo en el contexto de la tramitación de la ley de aborto en tres causales en el Tribunal Constitucional, ha mencionado la importancia de una nueva Carta Magna, más no ha enfatizado el mecanismo, sobre todo, porque varios sectores de su partido se han decantado por la vía del Congreso Constituyente. Eduardo Artés  propone la vía del reemplazo constitucional por medio de la conformación de una Asamblea Constituyente, al igual que Alejandro Navarro. Finalmente, Piñera y Kast, son reacios a reemplazar la Constitución y sólo proponen reformas al actual texto legal.    

Entrevista a Andrés Zaldívar por proyecto de Nueva Constitución. En entrevista en La Tercera el día 29 de agosto, el Senador Andrés Zaldívar (DC) hizo referencia al posible envío del proyecto de nueva Constitución para el mes de octubre. Para el parlamentario, es de suma importancia el gesto realizado por La Moneda, ya que reconoce “el lugar donde está el poder constituyente”, haciendo alusión al Poder Legislativo.

En cuanto al itinerario señaló: “Seamos francos: en octubre es muy difícil avanzar en algo, porque vamos a estar en plena campaña electoral, presidencial y parlamentaria, y el quórum que se requiere en este tipo de proyectos es muy alto en un proceso, además, donde la presencia parlamentaria (en el Congreso) es bastante disminuida”. Por lo que los tiempos legislativos y los quórums impedirían que la iniciativa prospere, al menos por lo que resta del presente año. Adicionando además, que ““es un proyecto de larga discusión, no es un proyecto cualquiera, porque la Constitución no es un tema de mayorías simples, sino que requiere de mucho consenso”.

Finalmente, el legislador hizo referencia al proyecto que modifica el Capítulo XV de la Carta Fundamental “(El proyecto) que regula el procedimiento constituyente el gobierno lo ingresó por la Cámara, y se olvidaron. No tiene urgencia y nunca más el Ejecutivo se preocupó. Yo les pediría ser un poquito más serios en este tema”.

Candidatos del Frente Amplio firmaron compromiso por la Asamblea Constituyente. Convocados por su candidata presidencial, Beatriz Sánchez, los candidatos del Frente Amplio, el día 27 de agosto se reunieron para firmar una serie de compromisos. El primero de ellos es reducir su dieta parlamentaria a la mitad, mientras que el segundo consiste en limitar la reelección a tan solo un segundo periodo.

Finalmente, el tercer compromiso consiste en respaldar una Asamblea Constituyente como mecanismo de reemplazo de la actual Constitución. Sánchez sostuvo que estos compromisos significan “cambiar las cosas de cómo se trabaja en el Parlamento. Cuando el país señala que no quiere votar por los mismos, aquí hay una mirada distinta de trabajar”.

Candidatos al Congreso reafirmaron su compromiso con la Asamblea Constituyente. Así lo destaca en su sitio web Radio Universidad de Chile el día 03 de septiembre. La actividad congregó a candidatas y candidatos de diversas plataformas políticas , manifestando que “Chile tendrá una Nueva Constitución hecha en democracia, lo que favorecerá la restitución de legitimidad al sistema político, donde aspiran a que nuestras reglas de convivencia y la labor de los poderes del Estado estén sujetas a la voluntad soberana de la ciudadanía”. En palabras de Manuel Lobos, coordinador de la iniciativa “Marca AC”: “Contamos con la presencia de candidaturas al parlamento de Revolución Democrática, el Movimiento Autonomista, el Partido Comunista, el PRO, Izquierda ciudadana e Independientes”.

Lobos apoya la idea de discutir acerca del proceso constituyente en estas elecciones, señalando:  “Nos parece que es de toda honestidad que esta discusión se de [sic] precisamente de cara a la elección que tiene la ciudadanía, porque obviamente nos interesa que los temas relevantes queden expresados en las campañas y que la ciudadanía elija con pleno conocimiento a sus representantes”.

Guillier y reforma al periodo presidencial. El candidato presidencial del pacto “Fuerza de Mayoría” y Senador por Antofagasta, Alejandro Guillier, sostuvo en conferencia la idea de hacer modificaciones al periodo presidencial, afirmando que cuatro años de mandato es un tiempo demasiado breve. Sin embargo, el abanderado señaló que la reforma no es algo que deba realizarse de forma inmediata.

Más en concreto, el candidato sostuvo: “Los períodos presidenciales son muy cortos, cuatro años es muy poco (…) Necesitamos un período de 4 años con reelección o seis años, para la otra elección por lo tanto no hay ninguna intención. Es para desdramatizar, en poco tiempo se trata de hacer demasiadas cosas y la verdad es que el país necesita tomar decisiones en muchas cosas y eso sacrifica a veces un poco la calidad de los procesos de desarrollo, de las políticas y hasta de los mismos proyectos de ley”.

Carolina Goic propone etapa participativa 2.0. El 5 de agosto, la abanderada de la Democracia Cristiana en encuentro con mujeres indígenas, sostuvo es indispensable una nueva etapa participativa en el marco del proceso hacia una nueva Constitución, pero durante el próximo gobierno. Más en concreto, la candidata expuso: “A mí lo que me gustaría y lo planteo como candidata presidencial, es que pudiéramos hacer un proceso 2.0 de los 200 mil chilenos que participaron en cada una de las comunas, que pudiéramos superar ese número, hacer un proceso donde participen un millón de chilenos”. De igual forma, desestimó que el proceso encabezado por el actual gobierno genere avances.

Multigremial propone retirarse del Convenio 169. La Multigremial de La Araucanía, organización que asocia a diversas entidades empresariales con presencia en la IX Región, entregó al abanderado presidencial de Chile Vamos, un texto con 28 propuestas para acerca de “la violencia rural, el desarrollo indígena y el fomento productivo”. El compendio es el reflejo de un año de trabajo de distintos sectores  y aborda distintas problemáticas abarcando diferentes aristas, enfocado esencialmente en los conflictos en sectores rurales.

El texto señala que “la frágil institucionalidad indígena y una serie de políticas públicas ejecutadas deficientemente han generado una creciente agudización de la violencia en la zona sur del país”. Finalmente, Asimismo, se indica que el problema de la violencia solo obedece a una fracción reducida de las comunidades indígenas y que no es representativo de la gran mayoría de los pueblos originarios.

Con anterioridad la organización gremial ha criticado los procesos de consulta indígena alegando que ellos aumentan la burocracia estatal y frenan el desarrollo indígena. En mayo hizo un llamado “a quien sea el próximo Gobierno, denuncie ante la OIT este convenio y no tenga más vigencia en Chile”. La pretensión de que Chile se retire del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, tratado que establece la obligacíon del Estado de consultar a los pueblos “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, fue reiterada recientemente, con apoyo del think tank Libertad y Desarrollo, incluyénda entre 14 medidas propuestas como alternativa al “Plan Araucanía” presentado por el gobierno en mayo de este año. La quinta de estas propuestas, bajo el acápite “violencia rural” propone denunciar el convenio 169 en los siguientes términos: “El año 2018 se cumplen 10 años desde que Chile aprobó el Convenio N° 169 de la O.I.T., el cual se probó el 2008 y entró en vigencia el 2009. Creemos que el Convenio ha generado más problemas que los ya existentes en materia indígena, generando graves desconfianzas y más dudas que certezas”.

PROCESO CONSTITUYENTE DEL GOBIERNO

Proyecto de Nueva Constitución. El diario La Tercera, informó en su edición del 28 de agosto, que posiblemente durante el mes de octubre el Ejecutivo enviaría el proyecto de Nueva Constitución. Según fuentes del periódico, Mario Fernández estaría encargado del articulado del texto.

El propósito de presentar el proyecto en plena carrera presidencial obedecería a uno de los objetivos del gobierno, que está asociado a la idea de instalar el debate constitucional en pleno periodo de campaña electoral, para que las distintas candidaturas, no solo a la presidencia, vayan dando a conocer sus posturas. Finalmente, la nota hace alusión a que el proyecto de nueva Carta Fundamental ingresaría por el Senado.

Uno de los obstáculos para la presentación del proyecto de nueva Constitución estaría en el hecho de que debe esperarse al término del proceso de consulta indígena requerido por el Convenio 169 de la OIT y que se está desarrollando actualmente.

La nota de prensa señalaba incluso que el propósito de la presentación del proyecto durante octubre sería “marcar un hito e instalar en la agenda de los candidatos el debate constitucional”. No obstante, en entrevista publicada en El Mercurio el 3 de septiembre (B3), luego del cambio de gabiente en el que Nicolás Eyzaguirre dejó la Secretaría General de la Presidencia, al preguntársele sobre el anuncio de que el proyecto de nueva Constitución se haría durante octubre, afirmó: «Aprovecho de desmentir aquello. En mi anterior ministerio no recibí ninguna señal de la Presidenta de enviarla en octubre, ninguna». El 6 de septiembre Gabriel de la Fuente, sucesor de Eyzaguirre en ese ministerio, reafirmó, según informó Biobio Chile, el compromiso de enviar el proyecto durante este segundo semestre, así como el que los resultados de la consulta indígena que se está desarrollando serán incluidos en él.

PROCESO CONSTITUYENTE INDÍGENA

La consulta indígena continúa su proceso. Como observatorio, hemos estado haciendo un exhaustivo seguimiento durante los boletines previos. En esta oportunidad, se han llevado a cabo múltiples actividades en el transcurso del proceso.

La página oficial constituyenteindígena.cl destaca el encuentro que sostuvieron las comunidades Mapuche y Diaguita en la Región de O”Higgins. El Werkén de la mesa regional Mapuche, Marcos Catricura Leviluan señaló lo siguiente: “Quiero agradecer esta oportunidad que el Gobierno de Chile nos da a nosotros como pueblo indígena de participar sobre este Proceso, y que en la Región estamos llevando a cabo en conjunto con la SEREMI de Desarrollo Social, que ha sido un ente muy creíble para nosotros, y así lo hemos [destacado] a nivel nacional, hemos sido ejemplo. Aquí ambas partes han podido dialogar, independiente de las diferencias que existen. Es una oportunidad única tanto para nosotros, como para el Estado de Chile” .

Respecto al balance del proceso, el Ministerio de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, en su sitio web saca cuentas alegres de lo que ha sido el proceso hasta este minuto. Alihuén Antileo, representante de la comunidad Mapuche señaló que  “La disposición es a avanzar, a establecer medidas tendientes a resguardar nuestros derechos, lo que hay que destacar es que en la etapa de diálogo y de establecer las confianzas con la contraparte, en este caso la Seremía y el gobierno se ha desarrollado en buenos términos”

En el sur del país, Radio Bio-Bio en su portal digital ha informado que más de tres mil personas han participado de la consulta indígena, solo en la Región de la Araucanía. Esto se adhiere a que el gobierno estimó que ocho mil personas participarán del proceso a nivel nacional.

En el norte, según el medio radioprensa.cl, positivo ha sido el saldo de la consulta en la Provincia de Melipilla. Sobre el proceso, la gobernadora Provincial dijo: “sabemos que hay desconfianzas, pero queremos recalcar que éste no es un documento más, sino que queremos plasmar sus deberes, sus derechos y responsabilidades en esta nueva constitución”. Complementariamente, la SEREMI de Desarrollo Social, María Eugenia Fernández señaló: “al lograr el reconocimiento constitucional hacen que se les reconozcan los derechos, se reconozcan las preexistencias y la participación política en las decisiones, por lo tanto ellos definen cómo quieren que su vida y la de las futuras generaciones estén establecidas”.

En la Región de Atacama, el periódico electrónico Atacama Noticias ha informado acerca del encuentro que celebraron las comunidades diaguitas en Alto del Carmen. El coordinador de la CONADI, Claudio Araya Tabilo enfatizó que “es un proceso histórico encabezado por nuestra Presidenta y da cuenta de lo que ellos pretenden para el desarrollo de las comunidades, nosotros somos muy respetuosos de ellos, y es un anhelo de ellos de tener que visibilizar sus demandas”.

Finalmente, el gobierno logra con la CONADI un acuerdo para mejorar el proceso de consulta indígena. Dentro de las propuestas, destaca la “creación de una instancia que dialogará con el gobierno durante el proceso de consulta. En esta instancia participan los consejeros nacionales indígenas de la CONADI y el Ministerio de Desarrollo Social. Considerará la participación del sistema de Naciones Unidas con presencia en Chile”. Además, se solicitará al sistema de Naciones Unidas que actúen como observadores del proceso de consulta.

Como es posible observar, la consulta indígena se ha desarrollado activamente a lo largo y ancho del país. En los próximos boletines estaremos brindando más información acerca del proceso.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En medio de las audiencias públicas y de la vista de causa por parte del TC de la constitucionalidad del proyecto de ley de aborto bajo tres causales, el Observatorio del Proceso Constituyente en Chile, publicó en El Mostrador el pasado 17 de agosto una infografía sobre las competencias, composición y currículum de los magistrados del TC, explicando las principales críticas y argumentos a favor de dicho órgano.

Asimismo, el pasado 18 de agosto, y justo antes de que tuviera lugar la vista de causa de dicho requerimiento de inconstitucionalidad, se publicó en CIPER un estudio empírico que tiene por objeto determinar si el Tribunal Constitucional es realmente una tercera cámara, como se le ha criticado, a partir de un análisis de votaciones y tendencias de cada uno de los ministros.

El mismo 18 de agosto, en Publimetro se publicaron entrevistas a Jorge Muñoz Severino, constitucionalista de la Universidad de Chile y a Ernesto Riffo Elgueta, director del Observatorio al Proceso Constituyente en Chile, de Fundación RED. En este sentido, Muñoz destaca que el TC es un tribunal que ejerce jurisdicción, y por ello, su deber es fallar en base a norma jurídica. Sin embargo, destaca que se haya abierto sus puertas a alegatos en representación de 135 organizaciones de la sociedad civil, porque es un tema que trasciende lo jurídico.

Por su parte, Ernesto Riffo criticó que el TC falle inmediatamente luego de dos días de audiencias públicas y uno de vista de causa, señalándolo como “problemático”. En efecto, señaló que “sacar una votación el mismo viernes en la tarde tomando en cuenta todos los argumentos presentado, no ayuda a la legitimidad del mismo Tribunal o de la discusión constitucional.”. Agrega que “es contradictorio dedicar dos días y veinte horas a escuchar argumentos, si finalmente la votación se va a hacer de manera inmediata”.

El pasado 19 de agosto, en La Tercera se publicó una opinión del candidato presidencial, Alejandro Guillier, quien tildó de “poco serio” al Tribunal Constitucional, señalando que este organismo, “como está hoy, no ofrece ninguna garantía de legitimidad. Se cuotea políticamente y no está representada la intelectualidad”.

En La Tercera, el 28 de agosto el diario reprodujo una serie de consideraciones que el Tribunal Constitucional realizó en el voto de mayoría que declaraba constitucional las tres causales de aborto en el proyecto de ley. Así, se enuncia que el dictamen, en su considerando séptimo, no elude que la discusión afecta convicciones profundas. “Sabemos que hay posiciones religiosas, valóricas y morales involucradas. Sin embargo, no vamos a decidir desde la óptica de la religión, de la moral, de la política, sino que desde la perspectiva de la Constitución. Somos un Tribunal de Derecho”. El fallo intentó luego armonizar las posiciones extremas que se expresaron en las audiencias. “Este no es un debate entre buenos y malos, entre pecadores y justos, entre personas con y sin escrúpulos. Entre personas religiosas y otras que no lo son”. Tras esas prevenciones, el TC buscó delimitar su rol en el debate: “No vamos a decidir si hay aborto en nuestro país. Esa es una decisión que tomó el Congreso Nacional. Vamos a revisar si esta decisión del legislador se enmarca dentro de los márgenes permitidos por la Constitución”, precisó. El dictamen enumera, además, cinco asuntos sobre los cuales el TC decidió no pronunciarse por considerar que van más allá de sus atribuciones. “En primer lugar, no vamos a tratar el estatuto ontológico del nasciturus”, dijo el TC. Una persona, prosiguió, no es lo mismo para la metafísica, la religión, la ciencia, la antropología. El TC lo abordó como concepto jurídico. El tribunal se negó, además, a “realizar juicios de rectitud moral” sobre quienes decidan abortar; ni se pronunció si las tres causales constituyen una despenalización o una legalización; ni sobre los efectos de sentencias internacionales sobre Chile; ni sobre las alegaciones de mérito o conveniencia. Un análisis similar y con enfoque en otras problemáticas, lo realiza El Mercurio el pasado 29 de agosto.

Cabe destacar, que el fallo del TC amplió el ejercicio de la objeción de conciencia respecto del aborto a las personas jurídicas. Al respecto, la constitucionalista de la Universidad Católica, Ángela Vivanco, destacó dicha decisión, señalando en prensa que «No olvidemos que la objeción de conciencia es el último y el final reducto de la idea de protección de la vida humana que todos podemos tener y que merecemos poder esgrimir frente a la pretensión del Estado de exigir practicar abortos (…). Si bien no estamos conformes con el fallo, nos preocupa el tema de la vida humana, pero nos parece un mínimo que permita entonces salvaguardar la vida».

Sin embargo, la decisión del TC en ampliar la objeción de conciencia en caso de aborto a personas jurídicas fue objeto de varias críticas. La principal, es el acusar al TC de intromisión en las facultades legislativas del Congreso Nacional.

En este sentido, el pasado 5 de septiembre, los senadores de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, Felipe Harboe y Alfonso de Urresti, entregaron una carta al presidente de la Cámara Alta, Andrés Zaldívar, en la que presentaron sus observaciones por la “intromisión” del Tribunal Constitucional en las facultades legislativas del Congreso Nacional, en el marco del proyecto de aborto en tres causales que fue revisado por el organismo. Según expresaron los legisladores en dicha carta, el TC procedió a “ampliar y regular ante sí mismo”, un estatuto de excepción de aplicación de la ley, por la vía de incluir a las “instituciones” como sujetos legitimados como objetores de conciencia, eliminando algunas palabras de la regulación discutida y aprobada por el Congreso Nacional, alterando su sentido y corrompiendo su alcance. “Este hecho, independiente de la opinión que personalmente tengamos como senadores respecto del fondo de la regulación, su pertinencia o idoneidad, importa una grave infracción al orden de distribución de poderes y roles que la Constitución asigna a los órganos con legitimidad democrática directa”, escribieron los parlamentarios. “En consecuencia, la disposición aprobada por el Congreso Nacional que regulaba y acotaba la aplicación de la objeción de conciencia a los profesionales que intervenían en el procedimiento fue, ampliado a otro grupo de personas naturales y a personas jurídicas o instituciones, por medio de la eliminación de ciertas palabras y la mantención de otras”, manifestaron los parlamentarios.

Lo anterior, llevó a la Cámara de Diputados a presentar un recurso de reconsideración ante el Tribunal Constitucional. En efecto, como evidencia El Mercurio el pasado 6 de septiembre, se trata de un recurso inédito en 27 años. Lo anterior, apunta principalmente a que el TC sobrepasó sus competencias al escribir el texto en la forma en que dicho organismo estimaba que debía quedar, cuestión propia del Congreso Nacional, siendo únicamente competencia del TC el señalar a las cámaras aquello del proyecto de ley que no es constitucional, y que por consiguiente, deben eliminar o modificar. La Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos apoyó dicha iniciativa de la cámara.

Pese a lo anterior, y producto de la intervención del Gobierno, el pasado 7 de septiembre se les pidió retirar la presentación de dicho recurso con objeto de no dilatar más el proceso, para que el proyecto se convirtiera en ley a la brevedad. El jefe de la bancada de diputados de la DC, Gabriel Silber, explicó que «El Ejecutivo señaló la conveniencia de separar las discusiones» para «tener ley de la República a la brevedad y asegurar la promulgación y el despacho de esta ley (…) Por un tema de no dilatar más la promulgación de un proyecto de ley que ha sido largamente discutido en el Congreso, se va a retirar este requerimiento, a objeto de que sea ley de la República a la brevedad» El diputado dijo esperar «que los senadores, que también han hecho señalamientos públicos de que van a recurrir respecto a la objeción de conciencia institucional, hagan igual gesto».

Finalmente, los diputados de Chile Vamos Gonzalo Fuenzalida (RN) y Claudia Nogueira (UDI), en disconformidad con el fallo del TC a propósito de declarar constitucionales las tres causales de aborto del proyecto de ley, anunciaron que acudirían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para buscar dejar sin efecto dicha resolución. En este sentido, estiman que  la Carta Magna asegura el derecho del no nacido y el respeto a su desarrollo natural en el vientre materno. Además, sentenciaron que “con esta legislación se ha vulnerado el artículo 4° del Pacto de San José de Costa Rica, que señala el respeto a la vida desde el momento de la concepción”.

OPINIONES, CARTAS Y COLUMNAS

Tribunal Constitucional

Editorial de La Tercera sobre el TC ante la despenalización del aborto. En la editorial de La Tercera del pasado 17 de agosto, se reconoce que “La tarea que recae sobre el Tribunal Constitucional no se advierte sencilla, no solo por la especial complejidad del tema, sino porque las presiones que se han dejado sentir sobre esta instancia para que falle en uno u otro sentido han alcanzado en algunos casos niveles insólitos”. Añade que “Es relevante no dar pie a este tipo de cuestionamientos, lo cual se logra en la medida que los fallos sean en derecho.”

En este sentido, La Tercera valora desde la perspectiva democrática la intervención del Tribunal Constitucional en lo relativo a temas tan controversiales como éste, por ser el principal órgano intérprete y custodio la norma fundamental en un Estado de Derecho, la Constitución. Así, señala que “no cabe duda de que una instancia como el TC juega un papel fundamental en nuestra institucionalidad, pues a éste se le ha conferido la tarea de interpretar el texto fundamental y procurar su supremacía en nuestro ordenamiento jurídico. Es en virtud de esa misión que se le ha conferido autonomía respecto del resto de los poderes del Estado, buscando que la designación de sus integrantes refleje un amplio arco de sensibilidades. Como cualquier tribunal, éste habla necesariamente a través de sus fallos, y en la medida que éstos sean el reflejo de un razonamiento estrictamente jurídico, el TC habrá cumplido su cometido, legitimando también su razón de ser.”

Editorial de El Mercurio sobre el anuncio del Tribunal Constitucional. En la editorial de El Mercurio del día 23 de agosto pasado, se analizaron las implicancias que generó en la opinión pública la aprobación de la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales. Si bien hasta esa fecha, aún no se daban a conocer oficialmente los argumentos del fallo, la editorial afirmó que el contenido de ellos resultaban fundamentales para  “conocer el alcance de la resolución y la forma en que la ley deberá ser aplicada e interpretada una vez que entre en vigencia”, en especial, la objeción de conciencia y la causal de violación cuya configuración “la hace especialmente vulnerable a potenciales abusos”.

Esta última situación, según lo argumentado en la editorial, supedita la protección de quien está por nacer a las circunstancias de su concepción, lo cual puede llevar a que más adelante surjan nuevas causales que “terminen por relativizar por completo el valor de la vida de los nonatos”. Pese a lo anterior, la editorial destacó que la discusión sobre este proyecto, se haya realizado con calma y apertura de los diversos puntos de vista. De ahí que advierte dos situaciones que resultan llamativas respecto al pronunciamiento del Tribunal Constitucional: por una parte, la celebración de audiencias públicas, donde diversas agrupaciones e individuos dieron a conocer sus puntos de vista ya sea a favor o en contra del proyecto, pero que consideran apropiadas cuando un determinado organismo resuelve materias de política pública, como por ejemplo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero no cuando se evalúa si un proyecto de ley se ajusta o no a la Constitución. Asimismo, la editorial advierte que si bien las situaciones que esta nueva ley regula pueden ser vistas por algunos grupos como algo positivo o como un “mal menor”, no puede considerarse como un motivo de celebración pues sería desconocer la realidad del aborto y omitir en definitiva lo que este camino legal implica: “eliminar la vida del que está por nacer”.  

Editorial de la Tercera sobre “coherencia de los candidatos frente al TC”. En el editorial del diario La Tercera del 23 de agosto, se abordaron algunas declaraciones realizadas por dos candidatos presidenciales respecto al rol y legitimidad del Tribunal Constitucional a propósito de la ley de aborto en tres causales. En particular, la editorial criticó, por una parte, la postura adoptada por el Senador y candidato presidencial Alejandro Guillier, quien antes de que se produjera el fallo, se habría mostrado bastante crítico respecto a dicha institución afirmando que no daba garantías de legitimidad e incluso propuso realizarle algunas reformas.

La editorial sostiene que tras darse a conocer el fallo, Guillier habría experimentado un “vuelco abrupto” al señalar que dicha resolución “representa un triunfo de las mayorías que se expresan para que el país progrese”. Este vuelco, según la editorial, también lo experimentó Beatriz Sánchez quien, antes de la resolución, afirmó que la instancia “violenta las mayorías”, siendo sus fallos de carácter político y no técnico, pero que tras conocerse el fallo manifestó que “Chile está un poquito mejor”.

En conclusión, la columna advierte que estas declaraciones ponen de manifiesto la necesidad de asegurar que “quienes aspiran a detentar cargos de alta responsabilidad política, sean prudentes en sus juicios y pongan especial énfasis en el respeto y cuidado de la institucionalidad, sin que ello quede condicionado a sus propias preferencias personales”.

Editorial de la Segunda sobre legitimidad del Tribunal Constitucional. En la editorial publicada en el diario La Segunda el 23 de agosto, se analizó la actuación y legitimidad del Tribunal Constitucional a propósito de la aprobación de la ley que despenaliza el aborto en tres causales.

En primer lugar, la editorial se refirió a la serie de cuestionamientos que se reactivaron  en el momento en que Chile Vamos anunció que acudiría al organismo para impugnar el proyecto. Entre los cuestionamientos, se encuentran aquellos referidos a la propia existencia del TC, el riesgo de que pudiera convertirse “en una tercera cámara legislativa de carácter no electo” y los que apuntan a la forma cómo se designan sus ministros e incluso al rol dirimente de su presidente en caso de empate. Al respecto, la editorial sostiene que la experiencia comparada no es concluyente, pues existen países democráticos que no cuentan con esta institución ni tampoco existe consenso entre los expertos. Asimismo, en la columna se hace referencia a las observaciones que la jueza de la Corte Federal de Alemania, Sussanne Baer hizo sobre el TC en su visita a Chile en 2015, afirmando que era necesario que estas cortes se tomen el tiempo necesario para adoptar decisiones unánimes o con mayorías sólidas, para de este modo “dotar a sus fallos de certeza jurídica y legitimidad pública”.

Finalmente, la columna destaca que en esta sentencia se haya logrado una decisión mayoritaria, lo que es una señal de que “el tribunal ha respondido al propósito para el cual fue creado, y no, como habían supuesto sus críticos, a una lógica contramayoritaria o de distorsionar el proceso legislativo”.

Opinión de Christian Viera en The Clinic sobre el TC y su necesario respeto al legislador. El pasado 17 de agosto, el profesor de Derecho Constitucional, Christian Viera, publicó una columna en The Clinic a propósito de la relación entre el TC y el legislador en una sociedad democrática, señalando que aquél debe mostrar un necesario respeto para con este último.

En este sentido, Viera da cuenta que “El problema es que en los ‘casos difíciles’ el TC no ha operado como árbitro de competencias sino que resolviendo, derechamente, como legislador negativo en los temas en los cuales existe una ardua discusión política. Recordemos las sentencias en los casos de la reforma al Código del Trabajo o la gratuidad en la educación superior, sentencias que declararon algunas normas como contrarias a la Constitución. O las sentencias en materia de reforma a ley general de enseñanza o el AUC en que, con votaciones estrechas que dirime su Presidente, han podido ser implementadas. Y no estamos hablando de normas pretéritas que se encuentran desactualizadas. Al contrario, se trata de temas recientes que han pasado por el escrutinio de la deliberación política en el Congreso Nacional.”

En virtud de ello, el autor estima que “El requerimiento debe ser desestimado porque de no hacerlo, el TC afectará uno de los pilares del sistema democrático: que las decisiones se toman en la sede de nuestra representatividad. Por lo mismo, no se trata ni siquiera de “confiar” en los criterios del legislador sino simplemente aceptar que las reglas del juego democrático suponen el respeto de reglas mínimas, entre las cuales se cuenta el respeto a las decisiones de la mayoría.”

Finalmente, advierte que “mucho se ha especulado que era fundamental que el requerimiento fuera resuelto durante la presidencia del ministro Carlos Carmona. Por qué. Porque se aventura un empate y el rol del Presidente será dirimente. Entonces, si el tema está resuelto, ¿qué sentido tiene que durante dos días decenas de Instituciones presenten sus opiniones sobre el requerimiento? Otorgar a la sentencia del TC una apariencia de legitimidad. Con todo, como el tema es eminentemente político, el TC debe abstenerse de un pronunciamiento sobre el fondo, porque ya fue discutido por quién legítimamente debe hacerlo en nuestro país, a saber, el Congreso Nacional. Si el TC quiere justificarse a sí mismo, debe tender a realizar un control débil de la Constitución.”

Opinión de Luis Larraín en El Líbero sobre el Tribunal Constitucional. El 24 de agosto pasado, el Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, publicó una columna de opinión en El Líbero, exponiendo algunas reflexiones respecto a la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional de aprobar el proyecto de ley de aborto en tres causales.

En primer lugar, señaló que cuando el Tribunal Constitucional decidió quién presidiría la sala al momento de someter a votación el proyecto (Carlos Carmona), ya era predecible que el fallo daría luz verde. En particular, Carmona, durante su desempeño como Presidente del organismo, ha dirimido en veintiuna sentencias, cifra que sobrepasa la cantidad total de votos dirimentes utilizados por sus predecesores (quienes suman diecisiete votos en total). Para Larraín, con esta decisión, los ministros del TC estaban aceptando de antemano el rol dirimente de Carmona, quien dada su cercanía con el gobierno, daba garantías a este último de que su proyecto finalmente sería aprobado.

Por lo tanto, sostiene que el término “La cocina” utilizado por el senador Andrés Zaldívar para referirse a la reforma tributaria, también aplica para asuntos constitucionales, incluso para temas con una fuerte carga emocional y valórica como lo es el aborto. En este sentido, Larraín señala que con el sistema de audiencias públicas el TC “no estaba pensando en un procedimiento que contribuyera a iluminar sus votos, sino en una forma de cubrir este proceso con un manto de legitimidad ciudadana por la apariencia de participación”. En definitiva, las audiencias no serían más que un intento de revestir de legitimidad social una decisión con una carga valórica tan fuerte como lo es “la disposición de una vida por parte de un tercero”.

Opinión de Claudio Alvarado sobre la Objeción de Conciencia. En una columna de opinión publicada en La Segunda el 29 de agosto, el abogado Claudio Alvarado del Instituto de Estudios de la Sociedad, defendió la objeción de conciencia institucional reconocida en el fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley que despenaliza el aborto en tres causales.

Para el abogado, no debería sorprendernos la afirmación de la objeción de conciencia institucional si consideramos que la propia Constitución y muchos tratados internacionales garantizan el derecho de asociación. En este sentido, argumenta que las personas por esencia tienden a realizarse mediante la participación activa en asociaciones de muy diverso tipo, las que “configuran una realidad- una relación-que no se agota en sus respectivos integrantes (…) y ayuda a generar ciertas virtudes cívicas y un contrapeso al poder político de turno”. Así mismo, señala que si no se reconoce esta situación, se pone en peligro también otras libertades fundamentales como las de conciencia, enseñanza y expresión, que por lo general se desarrollan en compañía de otros.

Finalmente, valiéndose de estos argumentos, Alvarado concluye que la proyección de la objeción de conciencia al ámbito institucional, con el objeto de proteger el despliegue de sus propósitos fundamentales, constituye una “manifestación más del derecho de asociación”.

Opinión de Fernando Atria sobre el Tribunal Constitucional. El abogado constitucionalista Fernando Atria, en una columna publicada en EL Mostrador el 2 de septiembre pasado, cuestionó el rol asumido por el Tribunal Constitucional en el fallo de la ley de aborto en tres causales.

En particular, criticó que el Tribunal haya modificado la disposición referente a la objeción de conciencia presentada inicialmente, que la consignaba como algo de carácter personal y que en ningún caso podía ser invocada por una institución.

Para el abogado, con este fallo, el Tribunal excedió sus facultades como legislador negativo, que le permiten solamente pronunciarse sobre si una determinada regla es contraria o no a la Constitución, pues eliminó las palabras “y en ningún caso” para terminar aprobando una regla totalmente distinta a la propuesta por el legislador. De ahí que la regla, apartándose de su sentido original ahora dispone que “la objeción de conciencia es de carácter personal, y podrá ser invocada por una institución”.

Con esta situación, según Atria, el tribunal se está “mofando” de la única restricción formal que tenía: “la de ser un legislador negativo” y de paso del orden constitucional al que dice proteger y de los ciudadanos que votan en las elecciones.

Editorial de El Mostrador sobre la UC y el Tribunal Constitucional.  El 6 de septiembre pasado, el diario electrónico El Mostrador, se refirió en su editorial al “impasse constitucional” originado por el Tribunal Constitucional al decidir ampliar la objeción de conciencia a las instituciones, en el fallo sobre la ley que despenaliza el aborto en tres causales. Según lo descrito en el cuerpo de opinión, dicho organismo, desdibujó completamente el contenido de la norma puesta a revisión y creó una completamente nueva, lo cual, no solamente excede sus atribuciones y competencias, sino que también innova en materia de derechos individuales al reconocer que la objeción de conciencia también puede ser invocada por las instituciones.  De ahí que advierte que dicho “impasse”, se podría resolver por varias vías. La primera, y a la vez la más obvia sería que el propio Tribunal procediera a “rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido”. La segunda alternativa, sería que la Presidenta decida vetar esta ley, recurriendo al argumento de que dicho tribunal al eliminar algunas palabras específicas del texto original, excedió en sus atribuciones actuando como una tercera cámara. Una tercera opción, sería que la Cámara de Diputados, haciendo uso de sus facultades “contenidas en el artículo 52, número 2) letra c), de la Constitución, en relación con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del mismo cuerpo legal”, declare que lo dispuesto por el Tribunal Constitucional es ilegal y contraviene la Carta Magna, lo cual justificaría una acusación constitucional de los jueces de dicho organismo. Una cuarta alternativa, es que la Presidenta declare una “contienda de competencia con el Tribunal Constitucional” a resolverse por el Senado según lo dispuesto en el artículo 53, número 3 de la Constitución, debido a la “invasión de las competencias colegisladoras que tiene el Poder Ejecutivo”, las que fueron pasadas a llevar por la resolución del TC. Finalmente, según la editorial, una última alternativa es que el Gobierno acate y publique la ley resuelta por el TC, y “proceda a actuar dentro de sus competencias reglamentarias para no incentivar la invocación de la anómala objeción de conciencia institucional”.

Opinión de Francois Meunier en El Mostrador. El 7 de septiembre pasado, el economista Francois Meunier, publicó una columna de opinión, donde defendió la idea de por qué los temas valóricos no deberían tener cabida en una Constitución. Al comenzar, destacó una frase del fallo del Tribunal Constitucional respecto a la ley que despenaliza el aborto en tres causales, que plantea que el Congreso está mucho más capacitado y legitimado que el TC, para resolver la controversia de cuándo comienza la vida del que está por nacer. En este sentido, agrega que esta discusión que genera tanta tensión dentro de la sociedad, obliga a “encontrar un compromiso sostenible y pacífico” para el cual es más idóneo el congreso, como instancia política, que cualquier otra instancia de carácter jurídico que solamente se limita a “escudriñar el significado de tal o tal palabra en un texto constitucional”. Si bien es fundamental el rol del Tribunal Constitucional  al momento de evaluar si una ley se ajusta o no a la Constitución, para el autor, resulta importante “relativizar la contribución que este tipo de tribunal puede tener en este tema”, como lo demuestra la experiencia en Estados Unidos, donde se han producido fallos sobre el aborto y la pena de muerte que han extremado aún más la polarización en la sociedad. De ahí que concluye, que el TC hizo bien en “recordar que el debate en su dimensión moral, filosófica y cultura, es más en el Congreso que en él mismo”.

Opinión de Patricio Zapata sobre el fallo del Tribunal Constitucional. El 12 de septiembre pasado, el abogado constitucionalista Patricio Zapata, publicó una columna de opinión en La Tercera donde aludió a las críticas que surgieron por la forma como el Tribunal Constitucional zanjó la situación de objeción de conciencia institucional. En particular, se refirió a las maniobras realizadas por dicho organismo para ampliar la objeción de conciencia, eliminando la parte del proyecto que circunscribía la posibilidad de eximirse abortar a una “muy concreta forma de objeción de conciencia individual”. Sin embargo, lo curioso para Zapata es que quienes critican el accionar del TC, “ignoren que este tipo de intervenciones quirúrgicas son bastante habituales en la práctica del TC chileno”, pareciendo más fácil recurrir a la crítica de la “Tercera Cámara”. De ahí que pregunta, si era preferible acaso que el TC chileno hubiese corregido completamente la ley de aborto como lo hizo por ejemplo el TC Alemán en 1975 o en 1993, instancia donde se rechazó completamente el proyecto y se sugirió al parlamento alemán crear una ley completamente distinta a la presentada.

Proceso de gobierno

Opinión de Patricio Zapata sobre Bases Ciudadanas. El 29 de agosto pasado, el abogado constitucionalista Patricio Zapata, publicó una columna en La Tercera, explicando por qué el gobierno debería posponer el anuncio del proyecto de Nueva Constitución para después de las elecciones de Noviembre.

Al comienzo, aclara por qué siempre le ha parecido sospechosa la idea de que en tiempo de elecciones no deben discutirse los temas fundamentales para el país. Principalmente, porque detrás de esta postura, se esconde una profunda desconfianza sobre la capacidad de la ciudadanía para discutir estos asuntos, dejándolos finalmente al criterio de los expertos. En este sentido, argumenta que el problema constitucional, por su relevancia y trascendencia, amerita ser discutido con argumentos sólidos por parte de los candidatos que aspiran a ser gobernantes de nuestro país, ya sea los que están de acuerdo con cambiar la actual Constitución como los que no. Sin embargo, señala que el anuncio del proyecto de nueva Constitución que la presidenta Bachelet quedó de presentar antes del término de su mandato, y que recogerá la opinión de las 200 mil personas que participaron en los diálogos ciudadanos del 2016, no debe ser presentado antes de las elecciones porque no es un proyecto que busca dar cuenta de las ideas constitucionales de la mandataria o de sus ministros,  sino que más bien “las conclusiones de un universo de personas con muy diferentes visiones”.

Zapata concluye que para que las Bases Ciudadanas puedan constituirse como referente importante para la deliberación constitucional, es necesario “ponerlas por encima de consideraciones de corto plazo o contingentes” y posicionarlas como un punto de convergencia donde puedan confluir personas que votarán por Sánchez, Piñera, Goic, Guillier u otros.

Opinión de José Aylwin sobre el futuro del proceso constituyente en Chile

En una columna de opinión publicada el 10 de septiembre pasado, José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano, se refirió a la pérdida de visibilidad de la demanda por una nueva Constitución, especialmente de la Asamblea Constituyente en la carrera presidencial y parlamentaria en desarrollo. Dada la alta acogida que tuvo la demanda por el cambio constitucional hace unos años atrás, especialmente en los movimientos sociales, el abogado advierte sobre la poca cobertura que ha tenido el tema entre los candidatos a la Moneda y al Congreso. Si bien algunos candidatos de centro izquierda, como Guillier y Goic, han señalado la importancia del cambio constitucional en democracia, no se han referido al mecanismo para lograrlo ni tampoco han profundizado en la opción de instalar una Asamblea Constituyente.

Según Aylwin, entre los factores que explican esta situación, destacan el proceso eleccionario en desarrollo, la redefinición de las temáticas y prioridades de los movimientos sociales y la manipulación mediática, que han generando incertidumbre sobre el futuro del proceso constituyente. A lo cual, ha contribuido en gran proporción, la estrategia impulsada por Bachelet, que pese a haber establecido un proceso participativo, ha demostrado ser poco viable para el cambio constitucional. En particular, el itinerario institucional fijado por la mandataria para el cambio constitucional- Reforma al capítulo XV de la actual Constitución que habilite al Congreso para convocar a una Convención Constitucional, junto con el proyecto de Nueva Constitución- quedarían sujetos a la aprobación del Congreso. Para Aylwin, “todo lo anterior determina que, dada la composición actual del Congreso Nacional, y muy posiblemente su composición posterior al 2018 (…), la viabilidad de esta estrategia institucional de la Presidenta Bachelet para generar un mecanismo democrático y plural para la elaboración del texto constitucional sea mínima”.

Asamblea Constituyente

Opinión de Sebastián Soto sobre la Asamblea Constituyente. El 29 de agosto pasado el abogado de Libertad y Desarrollo Sebastián Soto, publicó una columna en La Tercera titulada “No +AC”, intentando demostrar por qué en Chile, si se llega a convocar en algún momento una Asamblea Constituyente, podría replicarse la situación que actualmente atraviesa Venezuela. Y de este modo advertir, por qué la AC no es }un camino recomendable para el cambio constitucional.

La primera razón, es que en Venezuela, al igual como lo han planteado algunos en Chile, la Asamblea Constituyente fue impuesta por medio de un “decretazo”, puesto que la Constitución venezolana exigía para su convocatoria un referéndum, procedimiento que Maduro habría ignorado. Asímismo, sostiene que esta similitud podría ser mayor si, al igual que en Venezuela, Chile logra convocar una AC, esta se instalaría por sobre el Congreso, jueces y el propio Presidente.

Opinión de Ernesto Riffo sobre Asamblea Constituyente. El 3 de septiembre pasado, el Director del Observatorio del Proceso Constituyente en Chile, Ernesto Riffo, publicó una carta en La Tercera, en respuesta a una columna publicada unos días antes por el abogado Sebastián Soto, donde afirmaba que una Asamblea Constituyente en Chile podría desembocar en una crisis democrática similar a la que vive actualmente Venezuela.

Al respecto, Riffo sostiene que esta comparación no es más que una exageración y uno de los tantos intentos por deslegitimar “a priori” la AC. De ahí que señala, que explicar las radicales diferencias entre un caso y otro exceden el espacio que permite una carta de estas características, pero que resultan “evidentes a cualquier observador imparcial”. Además, cuestionó el argumento propuesto por Soto que atribuye a la AC un poder ilimitado que está por sobre el Congreso, jueces e incluso Presidente. Pues señala que en sí misma, la AC no es más que un “órgano de representantes elegidos solo para elaborar una nueva Constitución”, no existiendo razones para vincularla con poderes de carácter absoluto. Finalmente, concluye que si hay una propuesta que entraña este riesgo de concentración de poderes es la del Congreso como organismo a cargo de elaborar una nueva Constitución, pues estaría asumiendo además del poder propiamente legislativo, el poder constituyente.