Boletín n.° 6 (1° quincena de agosto de 2017)

CONTENIDOS

 

Editorial

El Tribunal Constitucional y el problema constitucional

El Tribunal Constitucional volvió a ser motivo de polémicas públicas respecto de la legitimidad de su existencia, sus facultades, su integración, y en general sus decisiones. En este caso la discusión tuvo lugar con ocasión de los requerimientos presentados ante el órgano por un grupo de senadores y un grupo de diputados solicitando que se declarara inconstitucional el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales –uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Michelle Bachelet–.

El Tribunal resolvió rechazar los requerimientos respecto de las tres causales, por lo que esa parte del proyecto podrá ser promulgada y convertirse en ley. No obstante, el Tribunal sí acogió parte de los requerimientos en cuanto objetaban la regulación de la objeción de conciencia contenida en el proyecto. Las consecuencias precisas de este aspecto de la decisión solo se comenzarán a conocer una vez publicada la sentencia, el lunes 28 de agosto.

A primera vista, las polémicas que surgen a propósito de la intervención del Tribunal Constitucional en la aprobación de leyes –en particular por medio del control realizado a solicitud de congresistas derrotados en la votación de los proyectos de ley– parecen no estar conectadas directamente con el problema constitucional, pero hay aspectos relevantes que deben ser destacados.

La conexión más evidente es que el Tribunal Constitucional es visto como uno de los elementos que hacen que la constitución vigente sea «tramposa», en tanto impide el desarrollo democrático pues estaría diseñado para impedir la aprobación de reformas que se alejen del «modelo» político, económico, y social impuesto por la dictadura y consagrado en el texto constitucional, así como en diversas normas legales, en particular la de quórum supramayoritario. Eso es un elemento de su deslegitimación frente a la ciudadanía, y uno de las motivaciones detrás de la demanda por una nueva Constitución. Incluso se ha sostenido que una constitución reformada en la que se haya modificado o eliminado el Tribunal, eliminado de los quórums supramayoritarios, junto con la sustitución del sistema electoral binominal –aprobada el 2015–, abrirían la posibilidad de considerar esa constitución reformada como una nueva Constitución.

Sin embargo, como hemos destacado recientemente, cada vez que el Tribunal Constitucional interviene controlando la constitucionalidad de proyectos de ley de particular relevancia social, se muestra que la constitución vigente es ajena a la ciudadanía. En tales casos, la discusión pública se centra en la legitimidad del Tribunal mucho más que en la discusión constitucional acerca de si efectivamente las normas impugnadas como inconstitucionales lo son, de acuerdo a la mejor interpretación del texto constitucional. Esto sugiere que la constitución vigente no es capaz de cumplir su función de mediar el debate político, proveyendo un lenguaje común y un marco normativo en términos del cual discutir acerca de los derechos que deben ser reconocidos a las personas. Salvo quienes se dedican profesionalmente a la interpretación y aplicación de la constitución –académicos constitucionalistas y litigantes ante tribunales con competencia constitucional (categorías entre las cuales hay notables solapamientos)–, la discusión interpretativa está ausente en la ciudadanía. Esto es relevante para el problema constitucional porque, aunque la ignorancia ciudadana acerca del texto de la constitución suele ser presentado como una razón en contra de atender a sus demandas por reformarla o reemplazarla, lo cierto es que este hecho es más bien un argumento a favor de la necesidad de un proceso constituyente participativo que permita que la ciudadanía se apropie del resultado.

El Tribunal Constitucional como actor del diálogo y el cambio constitucional

Uno de los aspectos más destacados del proceso de revisión constitucional del proyecto de ley de aborto fue la convocatoria a audiencias públicas en las organizaciones de la sociedad civil pudieron hacer presentaciones de diez minutos frente al pleno del Tribunal. Como ha destacado la literatura comparada (sobre países como Colombia, Brasil, o Argentina), experiencias de este tipo pueden considerarse como parte de un desarrollo novedoso de las prácticas constitucionales, en particular, como una forma de constitucionalismo «dialógico», en el que la determinación del contenido constitucional se realiza por medio de interacciones entre diversos actores, incluyendo tribunales, poderes políticos, y la sociedad civil.

Al abrirse a recibir presentaciones de actores de la sociedad civil, el Tribunal crea un espacio potencialmente deliberativo, en el que el contenido de la constitución que se va estableciendo por medio de la interpretación y aplicación de su texto se realice de manera abierta. Esta posibilidad de desarrollo constitucional es relevante desde el punto de vista del estudio del problema constitucional y el proceso constituyente chilenos. Eventualmente, el desarrollo constitucional dialógico podría llevar a un cambio constitucional por medio de la interpretación –un fenómeno que suele llamarse «mutación constitucional», y que es presentado por sectores conservadores como una alternativa de cambio constitucional más respetuosa de la tradición constitucional que la elaboración de un texto constitucional nuevo–. Sin embargo, dada la crisis de legitimidad de las instituciones, la que sin duda alcanza al Tribunal, las probabilidades de que algo así ocurra dependerán de que el ejercicio «dialógico» aparezca como realmente orientado a escuchar y dar debida consideración –ya sea rechazando o acogiendo, según sea el caso, y justificando en cada caso–, los argumentos a favor de una u otra solución del asunto sometido a decisión del órgano.

Las condiciones anteriores ponen una carga sobre el Tribunal Constitucional que, dada la forma de implementación de las audiencias, en el caso en cuestión no ha sido satisfecha. Algunas debilidades son atribuibles a un déficit normativo. Mientras que en experiencias comparadas la convocatoria a las audiencias está regulada legalmente, en nuestro país la instancia es convocada en virtud de una norma de la ley orgánica del Tribunal que le otorga la facultad de «decretar las medidas que estime del caso tendientes a la más adecuada sustanciación y resolución del asunto de que conozca» (artículo 37). La forma particular en que está regulada, entonces, convierte la instancia de audiencias en una cuya existencia y funcionamiento queda a la sola discreción del Tribunal.

Al convocar a las audiencias, el Tribunal no invoca más fundamentos que la norma citada. Sin embargo, parece claro que la decisión de convocar a audiencias responder a un criterio político, a saber, la relevancia del asunto para la opinión pública. Si bien en algunos casos la necesidad de recibir antecedentes por medio de audiencias e informes se explica por la necesidad de contar con antecedentes científicos o técnicos –como en el caso de la píldora del día después, respecto de los efectos del medicamento en cuestión–, la convocatoria del Tribunal no pone más exigencias que el que quienes soliciten hacer presentaciones en las audiencias representen intereses involucrados en el asunto. De esta forma, en el caso del proyecto de ley de aborto solicitaron ser escuchados más de un centenar de organizaciones de naturaleza diversa: desde universidades y think thanks, hasta asociaciones profesionales, iglesias, y activistas en general. Solo respecto de algunas de ellas pudiera entenderse que su contribución a la deliberación consistía en antecedentes de naturaleza fáctica.

Más aún, que el propósito de las audiencias es uno político fue reconocido en 2013 por la entonces Presidenta del Tribunal, Ministra Marisol Peña, quien la Cuenta Pública de ese año sostuvo que las audiencias son «una forma diferente –y, ciertamente, novedosa– de acercar el quehacer de esta Magistratura Constitucional a la comunidad nacional como un todo».

Otros aspectos de la forma en que se desarrollan las audiencias son desfavorables al propósito de contribuir a un diálogo constitucional. Entre distintos aspectos merecen destacarse el hecho de que explícitamente el Tribunal estableció que no habría preguntas ni comentarios de sus integrantes a los expositores. También habría favorecido el diálogo constitucional el establecer criterios o requisitos hacia las exposiciones que contribuyeran a un mejor diálogo, por ejemplo, estableciendo jornadas temáticas respecto de los distintos puntos constitucionales en discusión.

Sin embargo, el mayor desafío del Tribunal es demostrar que las audiencias han sido una contribución al debate constitucional en general y a la resolución del caso en particular. Esto implica evitar dos extremos. Por una lado, debe evitar dar la apariencia de que la argumentación que justifica su decisión es simplemente una construcción ex post, una mera racionalización de votos que solo reflejan las afinidades ideológicas o políticas de sus integrantes. La comunicación anticipada del resultado de la votación respecto de los requerimientos –dejando la redacción de los argumentos y su publicación para una semana después– contribuye a esa imagen negativa, y es agravado por la cercanía temporal entre el momento la última presentación oral de entre cientas que escucharon, y el momento de la votación misma.

Por otro lado, para contribuir a la posibilidad de un diálogo constitucional, el Tribunal debe procurar evitar la apariencia de que en su decisión simplemente está cediendo frente a la presión pública. Esta advertencia, sin embargo, no debe ser entendida como equivalente a la idea de que la tarea del Tribunal «no es oír a la mayoría de la hora». Tal afirmación no es necesariamante correcta. Es correcta entendida en el sentido de que no le corresponde tomar la opinión mayoritaria como criterio definitivo de interpretación. Pero la idea de «oír a la mayoría» puede entenderse también como escuchar y dar debida consideración a los argumentos, intereses, y opiniones que se le presenten, sin que ello implique una obligación de seguir la opinión mayoritaria, sino solo un deber de permitir y crear las condiciones para que entren en la deliberación constitucional todos los argumentos relevantes y estén representados todos los intereses afectados. Este entendimiento de «oír a la mayoría» no es obstáculo para el rol contramayoritario de la justicia constitucional.

De esta forma, considerar como adecuado escuchar las opiniones de diversos actores sociales y políticos es compatible con el hecho de que tales opiniones deban ser evaluadas en su mérito, resultando algunas ser en último término irrelevantes o evidentemente erróneas o implausibles, mientras que otras podrán ser pertinentes, justificadas y –eventualmente– persuasivas.

Receptividad del Tribunal Constitucional ante audiencias públicas

Atendidas las consideraciones anteriores, puede considerarse que lleva razón la Ministra Peña cuando ha sostenido que el propósito de las audiencias es «escuchar otros puntos de vista relacionados, por ejemplo, con los efectos que puede acarrear la declaración de inconstitucionalidad en toda la sociedad y que, evidentemente, pueden superar el mero interés de las partes» («Las audiencias públicas en los procedimientos de inconstitucionalidad de la ley», p. 67). Sin embargo, la evaluación de cómo lo ha hecho el Tribunal en los casos en que han tenido lugar audiencias públicas debe ser analizado con cautela. A este respecto debe observarse que es apresurado sostener que ellas «han influido directamente en las sentencias del Tribunal Constitucional» (p. 70).

Una revisión somera de las sentencias del Tribunal en procesos en los que ha decretado la procedencia de audiencias públicas muestra que esa influencia es más bien débil, al menos en cuanto contribuciones al debate constitucional propiamente tal.

Así, por ejemplo, en diversas causas el Tribunal se ha limitado solo a señalar que se concedieron audiencias públicas (2787-15, sobre ley de inclusión; 2025-11, sobre postnatal parental; 2541-13, sobre TV digital; 2935-15, sobre glosa presupuestaria de gratuidad), o a constatar que existió una diversidad de opiniones en ellas (1723-10, sobre artículo 2331 Código Civil). En otra ocasión (rol 2777-15, sobre reemplazo del sistema binominal) se menciona la realización de audiencias, pero para indicar que distintos argumentos de los presentados en ellas exceden el ámbito de discusión propio de la instancia. En el rol 1710-10 (sobre la «tabla de factores» de la Ley de Isapres), en tanto, no aludió a las audiencias en la parte considerativa, aunque los votos disidentes hacen referencia a informes presentados respecto del posible impacto de la decisión.

Por otro lado, en el célebre rol 740-07 (sobre distribución de la píldora del día después, y en el comenzó la práctica de las audiencias públicas) el Tribunal concedió audiencias, pero en su decisión acogió observaciones de expertos sobre cuestiones técnicas o científicas en relación con los efectos de la píldora, antes que reconocer en esas audiencias argumentos jurídicos de los que hacerse cargo.

En escasas ocasiones ha demostrado el Tribunal receptividad hacia discusiones de relevancia jurídica surgidas en las audiencias. Así, en el rol 1849-10 (sobre el Decreto Supremo 264 de Telecomunicaciones) el Tribunal se hizo cargo de un argumento de la autoridad estatal involucrada respecto de la procedencia de la reserva legal. No obstante que desechó el argumento, sí lo consideró explícitamente para criticarlo y refutarlo. En la causa 1988-11 (sobre el Convenio acerca de obtentores vegetales), en tanto, el Tribunal se hizo cargo en los considerandos de su sentencia de algunas preguntas sobre autoejecutabilidad de tratados internacionales y sobre procedencia de la consulta indígena que fueron planteadas en las audiencias públicas. Finalmente, en el rol 3016-16 (sobre reforma laboral) se citaron con aprobación algunas ideas expuestas en las audiencias sobre la noción de interés colectivo.

Más allá de que la forma en que la decisión misma sobre el proyecto de ley de aborto sea recibida por la opinión pública, la medida en que el Tribunal demuestre que las audiencias públicas han tenido un propósito de contribuir realmente a la deliberación constitucional será determinante del grado en que las prácticas institucionales de ese órgano puedan contribuir –o no– a hacer frente a su propia pérdida de legitimidad frente a la ciudadanía, así como a la de la constitución que está llamada a defender.

Política

Alejandro Guillier inscribe su candidatura presidencial. El 4 de agosto fueron entregadas oficialmente las alrededor de 600 mil firmas por parte del abanderado de la Nueva Mayoría. Junto con ello, el candidato hizo entrega de su programa de gobierno que recoge los resultados y propuestas tras la gira realizada por el país. El documento reúne siete ejes programáticos, donde se incorporan elementos tales como descentralización, mejoras al sistema de pensiones, apoyo a la clase media, por nombrar algunos. No obstante, destaca la propuesta de nueva Constitución, elemento que constituye el eje central para dar cabida a todas sus propuestas programáticas. Del programa se extrae lo siguiente: “Todos esos temas, en nuestra propuesta, son derechos ciudadanos que una Nueva Constitución debe preocuparse por garantizar. Por cierto, en la medida que los recursos lo permitan, pero con una clara hoja de ruta ascendente y que no admite retrocesos. Por eso es que no da lo mismo quien llegue a la presidencia. Aspiramos a continuar el camino que, con coraje, abrió la Presidenta Bachelet, dando pasos significativos hacia un estado que garantice derechos sociales, principio civilizatorio que debe estar estampado en la Nueva Constitución”.

Carolina Goic arroja sus dardos sobre la actual Constitución. La Senadora por Magallanes y actual candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, al ser consultada acerca del rol del Tribunal Constitucional, en el contexto de la tramitación de la ley de aborto bajo tres causales, cuestionó el diseño de la institución y remarcó la importancia de redefinirla en una nueva Constitución

En primera instancia, catalogó como “frustrante” el hecho de que la ley de aborto, así como sucedió con la ley de gratuidad en la educación superior, tenga nuevamente que ser debatida y resuelta en el TC. Sin embargo, la abanderada de la falange señaló que el problema no es la existencia del Tribunal, sino la manera en cómo la instancia está configurada bajo la actual Constitución, sosteniendo que «El problema no es el TC, el problema es la Constitución que está detrás, que es una Constitución que un sector defiende como propia, pero que sabemos que tiene hoy día marcos que son estrechos para lo que queremos hacer y por eso es tan importante tener una nueva Constitución». Por lo que la abanderada, al igual que Beatriz Sánchez y Alejandro Guillier, se suman a las candidaturas que consideran necesario reemplazar el actual marco constitucional.

Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional y proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales. A la orden del día siguen las opiniones y referencias a las atribuciones del Tribunal Constitucional, magistratura que entre el 16, 17 y 18 de agosto, mediante audiencias públicas y vista de causa, deberá determinar si el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales aprobado por el Congreso Nacional, es o no constitucional.

Parte de las opiniones expresadas en el mes de julio sobre el TC y su relación con el control de constitucionalidad del proyecto de ley ya referido, se pueden encontrar en la edición del boletín anterior.

Durante el mes pasado, se ha destacado previamente próxima presidencia del ministro Aróstica, quién reemplaza a partir del 28 de agosto al ministro Carmona. El antecedente, es del todo relevante, ya que el Presidente del Tribunal Constitucional, en caso de empate de votos, tiene facultad de “voto dirimente”. En este sentido, Aróstica es conocido por sus tendencias conservadoras, elemento clave para la derecha al presentar el requerimiento. Sin embargo, por cuestiones jurídicas de admisibilidad, Chile Vamos se vió en la obligación de presentar el requerimiento de constitucionalidad del proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales, bajo la composición actual de sus integrantes, es decir, bajo la presidencia del ministro Carmona.

En prensa, una de las opiniones que se ha impuesto dentro de estos días en relación al TC, es la del constitucionalista Fernando Atria, quien viralizó un video en el que da las razones jurídicas de por qué el proyecto de ley del Gobierno es constitucional. Dentro de ellas, destaca que “la Constitución no sólo obliga al legislador a proteger la vida del que está por nacer, la Constitución obliga u ordena al legislador a que haga muchas otras cosas, a que proteja muchas otras cosas, entre ellas, por cierto, la igual libertad y dignidad de las mujeres (…) Entonces, el proyecto de ley de aborto en tres causales sí es constitucional porque sí da protección a la vida del que está por nacer, pero en estas tres causales calificadas da también protección y reconoce la libertad e igual dignidad de las mujeres”, concluyó.

Por su parte, el Gobierno, con objeto de formular observaciones al requerimiento de Chile Vamos, presentó un extenso documento al Tribunal Constitucional, en el que defiende el proyecto de ley, y enfatiza que éste “pondera la vida del que está por nacer con los derechos de la mujer. Al legislador sí le está autorizado realizar un juicio de ponderación entre esta protección y otras finalidades constitucionalmente legítimas”, como lo sería “la protección y resguardo a los derechos de la mujer”. En esa línea, agrega que “es desproporcionado” que “se prefiera en todo caso y bajo toda circunstancia la protección del feto antes que el reconocimiento del estatuto de persona autónoma y de dignidad de la mujer”.

Respecto a las críticas al Tribunal Constitucional como magistratura, el constitucionalista Claudio Alvarado, defiende la existencia de dicha magistratura, y afirma que sus miembros funcionan con total independencia de los partidos políticos, negando la composición política de éste. Por otra parte, el Movimiento Autonomista ha llamado a abolir dicha magistratura, señalando que el TC “es antidemocrático y es guardián de una Constitución ilegítima”. Asimismo, el constitucionalista Jaime Bassa, también ha opinado respecto del rol de Tribunal Constitucional a propósito del proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales. En este sentido, ha destacado en una entrevista hecha por el equipo del Observatorio al Proceso Constituyente, que si el TC es deferente al legislador, esto podría ser una contribución de la crisis de legitimidad.

Proyecto de paridad de género en integración del TC. Finalmente, el pasado 17 de agosto, en medio de las audiencias públicas ante el TC por el proyecto de ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, ingresó por medio de una moción de la Cámara de Diputados, un proyecto de reforma constitucional que busca establecer la paridad de género en la conformación del Tribunal Constitucional, Boletín N° 11389-07.

Recordemos que dentro del TC, de los 10 ministros que lo componen, sólo dos de ellas corresponden a mujeres, las ministras Marisol Peña y María Luisa Brahm. Por ello, enfatiza el proyecto que: “El establecer una regla de equidad de género en la composición de los integrantes del Tribunal Constitucional es un paso más que como país debemos dar para propender al acceso de las mujeres en instancias políticas, deliberativas y de poder, buscando que esta instancia sea aún más democrática, evitando que las mujeres sean marginadas de este órgano y tengan una presencia sustantiva en su composición. […] Aunque si bien la presencia de mujeres en los distintos estamentos públicos puede producirse sin la intermediación de la ley, asegurar su presencia efectiva en determinadas instancias puede ser extremadamente lento, por eso esta reforma constitucional viene a constituir un acelerador de la equidad, siendo un ejemplo para otras instituciones, de manera tal que que luego de un tiempo se naturalice la práctica de incluir a mujeres en cargos de alta relevancia y figuración pública.”

Así, el proyecto busca agregar un nuevo inciso 2° al actual artículo 92 de la Constitución, precepto que establece el mecanismo de designación de los integrantes del TC, que diga: “Con todo, las designaciones anteriores deberán dar estricto cumplimiento a la paridad entre hombres y mujeres, no pudiendo el Tribunal estar integrado por más seis miembros de un mismo género.” Al respecto, recordemos que el mismo precepto constitucional dispone que los ministros del TC duran 9 años en su cargo, renovándose por parcialidades cada 3, lo que dificultaría la implementación de dicha medida. Tampoco este proyecto de reforma constitucional se hace cargo de las críticas a su mecanismo de integración respecto de su totalidad, en cuanto a la profunda influencia que tiene la política en sus designaciones.

Piñera propone reformas al Tribunal Constitucional. El candidato presidencial de Chile Vamos, a propósito de la polémica surgida a raíz de la tramitación del proyecto de aborto en tres causales en el TC, propone medidas para evitar la politización de las decisiones que toma la institución en cuestión. Al respecto, sostuvo que “en la designación deben participar los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero buscando una manera que no sea contaminada por criterios de cuoteo político”. Para esto, propone como fórmula, la realización de una reforma constitucional que incorpore un proceso de designación basado en diversas etapas, donde se incluye el llamado a concurso y que los candidatos más idóneos sean escogidos por la Corte Suprema, cuya lista será enviada al Ejecutivo, para posteriormente ser enviada al Congreso, instancia que deberá acordar la designación de los miembros por tres quintos.

Proceso constituyente indígena

Como se había anticipado en nuestro boletín anterior, durante la primera semana del mes de agosto ha comenzado la consulta constitucional indígena a lo largo y ancho del país.

Al respecto, en la Región de la Araucanía, área donde se espera una activa participación, se han efectuado los encuentros en comunas tales como la de Pucón y Teodoro Schmidt. Adicionalmente, se espera que en la IX región concurran alrededor de 3.500 personas en las 32 comunas que comprenden la región.

Por otra parte, en la Región del Maule concurrieron más de un centenar de personas. Al respecto, el intendente, Pablo Meza, señaló para La Tercera que “Hoy se comienzan a discutir conceptos como valores y derechos que los pueblos quieren que se consideren en la futura Constitución. Ha sido una jornada de debate con respeto y agradecemos el trabajo realizado por las comunidades”.

Sin embargo, según el periódico electrónico “Crónica Digital”, en los primeros dos días de consulta, participaron alrededor de 890 personas. Adicionalmente, el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, enfatizó que “esta Consulta permitirá incorporar políticamente a los pueblos indígenas, profundizar la democracia participativa y representativa, y establecer una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas al hacerlos partícipes en la toma de decisiones sobre el devenir de nuestro país”. De igual forma, en la Región del Bio Bio se registró que la participación estuvo cercana a las 80 personas según consigna en su plataforma web Radio Bio Bio en lo que corresponde a la localidad de Los Ángeles.

Paralelamente, el diario electrónico El Día, destaca el alto nivel de concurrencia en la IV Región, donde en los primeros días se registraron más de un centenar de participantes, solo en las provincias de Limarí y Elqui. El SEREMI de Desarrollo social, Herman Osses, señaló que “estamos muy satisfechos de la convocatoria que hemos logrado en Elqui y Limarí. Tener más de un centenar de personas que participan sobre la nueva Constitución ante esta consulta, que es Compromiso Presidencial y que hace posible que tengan su incorporación como corresponde a esta Carta Magna, nos llena de orgullo y satisfacción. Espero que sigamos convocando a más pueblos, a más personas que son indígenas de la región a la actividad que se nos viene en la Provincia de Choapa”. De igual modo, Herminda Quintriqueo, perteneciente Pueblo Mapuche, manifestó que “estamos avanzando como indígenas saliendo adelante, nos están valorizando más. La gente ya se está dando cuenta que estamos acá, también acá en la Cuarta Región hay muchos indígenas. Ojalá que salga todo bien, que se haga esto y que se cumpla”.

Sin embargo, el proceso no ha estado exento de polémicas, dado que los consejeros de la CONADI en un comunicado, señalaron su disconformidad con el proceso, alegando que “No es posible aceptar que se continúe negando el derecho a ser reconocidos como pueblos o naciones indígenas, el derecho al territorio y a la libre determinación. En el mismo sentido, a pesar de lo manifestado en el Proceso Constituyente Indígena, se niega la definición de Estado Plurinacional”. En consecuencia, en el comunicado se sostiene que “No es posible dar cumplimiento al derecho a la consulta de las naciones indígenas sin una instancia clara, legítima y específica para lograr los acuerdos, entendiendo que la búsqueda de los acuerdos es el objeto esencial de la consulta”

Reforzando los elementos expresados en la misiva, Rafael Tuki, representante de Rapa Nui en la CONADI, recalcó las críticas al proceso de consulta que se está sosteniendo en estos días. El líder, en entrevista en El Desconcierto, indicó que “Un indígena en el Congreso no cambiaría nada. Queríamos entrar a discutir derechos esenciales como libre determinación, reconocimiento de naciones originarias y derechos territoriales. Si queremos un diputado o un senador, es entrar en el juego del sistema colonialista. El gobierno quiere desviar la consulta a esas discusiones, no a lo que realmente necesitan los pueblos indígenas”.

En cuanto al reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, señaló que “Si ese reconocimiento en la Constitución no va acompañado de leyes que lo hagan efectivo, no son más que una burla al pueblo originario. Si no hay una ley que especifique cómo se aplica la libre determinación, se queda en el mero reconocimiento, las felicitaciones entre políticos y nada más. Mi crítica al gobierno es que no se trata de reconocer, porque Chile, al aprobar los pactos internacionales respecto a los pueblos indígenas, ya los reconoce. Volver a hacerlo con la Constitución es un juego medio extraño. Es satánico -incluso- ocupar las consultas a pueblos indígenas para validar su proceso”.

Paralelamente, Diego Ancalao, dirigente Mapuche, en entrevista con El Desconcierto, calificó que la consulta “no es del todo representativa, esto porque a pesar de que se espera que participen 8.000 indígenas, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas considera que no está dentro de los parámetros internacionales, y no ha asegurado la participación plena de los pueblos originarios. Cuando el ministro Barraza dice que espera que participen 8.000 personas, de un total de un millón y medio de integrantes de Chile, equivale al 0,5%, por lo que no sería representativa”

En síntesis, se puede observar que el proceso de consulta constitucional indígena ha iniciado, pero no ha estado eximido de polémicas, donde las autoridades gubernamentales han estado sacando cuentas alegres respecto a los grados de participación. Sin embargo, distintas voces dentro de los pueblo originarios, han dado sus razones para invalidar el proceso o catalogarlo de insuficiente.

Opiniones, cartas y columnas

Pueblos originarios

Opinión de Salvador Millaleo sobre consulta indígena constituyente. En una columna de opinión publicada en El Quinto Poder el 7 de agosto pasado, Salvador Millaleo abogado y profesor de la Universidad de Chile, abordó el proceso de consulta indígena que busca determinar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Si bien en la columna destaca los temas que serán sometidos a consulta tales como el reconocimiento constitucional de la preexistencia de los pueblos indígenas, de sus derechos culturales y lingüísticos o la adopción de formas especiales de representación política, advierte que existen temas pendientes como la redefinición del Estado (plurinacional), la consagración de autodeterminación interna de los Pueblos Indígenas, los cuales fueron discutidos en el proceso participativo convocado el año pasado para los pueblos originarios, pero que pese a su relevancia, no han sido incluidos en esta consulta.

En este sentido para Millaleo, además de la brevedad de los plazos dispuestos para establecer un diálogo con los pueblos originarios, lo que genera preocupación es que las medidas propuestas “respondan a un verdadero cambio en las relaciones entre el Estado y los Pueblos indígenas”. De ahí que destaca el enfoque adoptado por el candidato Guillier en esta materia, pues junto con su comando indígena, entienden que no es una amenaza para el Estado levantar regímenes de autonomía para los pueblos indígenas donde se transfieran gradualmente poderes para que ellos decidan sobre sus propios asuntos, sino que al contrario, significa un fortalecimiento para la ciudadanía. Finalmente concluye, que el objetivo de este comando es lograr que la Consulta indígena constitucional incorpore estos elementos, esperando a que se “tenga flexibilidad para lograr un acuerdo con las comunidades en torno a la plurinacionalidad, autodeterminación y autonomía”.

Opinión de Marcial Colín sobre consulta y reconocimiento constitucional a las naciones indígenas. El pasado 7 de agosto en una columna de opinión publicada en el El Quinto Poder, Marcial Colín Consejero Nacional Indígena de CONADI, realizó una crítica al proceso de consulta indígena sobre reconocimiento constitucional y participación política de los pueblos originarios que se llevará a cabo hasta octubre de este año. Según Colín, si bien el gobierno da a entender que está cumpliendo con los estándares fijados por el convenio 169 de la OIT, cae en un grave error al no considerar todos los temas priorizados en el Proceso Constituyente Indígena, cuyos resultados fueron entregados a la mandataria en mayo pasado y donde destaca el “reconocimiento al territorio, a la libre determinación, al estatus de pueblo o nación indígena, así como a la definición de un Estado plurinacional”.

En este sentido, para el Consejero de la CONADI, el gobierno no se hace cargo de dos temas fundamentales para el ejercicio del derecho a la consulta: por una parte en materia de contenido se rehúsa a dialogar sobre derechos fundamentales de los pueblos indígenas, manteniendo su “doctrina colonial, racista y discriminatoria”, y por otra parte, en materia de diseño reduce la consulta a un proceso administrativo negando la esencia de esta misma: “el diálogo genuino basado en la buena fe que tiene como objetivo el “lograr acuerdos””. Por lo tanto, advierte que no se puede estar ausente de este proceso, pues no se está consultando sobre un reglamento o ley sino que más bien sobre algo esencial para sus derechos como lo es la Constitución, por lo que llama a agotar todas las instancias de gestión y movilización con el objetivo de alcanzar ciertas garantías establecidas en los Tratados Internacionales.

Opinión de Diego Ancalao sobre consulta indígena constituyente. En una columna de opinión publicada en El Mostrador el 7 de agosto pasado, Diego Ancalao, profesor y dirigente Mapuche, se refirió a la consulta sobre reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.. Ancalao parte señalando que los pueblos originarios no requieren cualquier tipo de reconocimiento constitucional, sino que más bien necesitan uno que “permita que Chile sea un Estado plurinacional, que cree un registro electoral indígena para representar a los pueblos originarios en el parlamento”, sin embargo según su opinión, esto sería solo un avance pero no la solución definitiva del problema. Esto, porque el problema no es solamente electoral, sino que más bien tiene que ver con que el Estado de Chile no reconoce que el pueblo Mapuche sea una nación, con derechos colectivos y con la potestad de decidir libremente sobre su futuro. Por lo que el Estado debería establecer un estatuto legal donde se regule el funcionamiento autónomo del pueblo mapuche tanto en el plano político, económico, como cultural.

Por otra parte, Ancalo afirma que en Chile nunca se ha llevado a cabo un proceso constituyente que no esté dirigido por la burguesía y donde hayan podido participar plenamente los pobladores, trabajadores y campesinos chilenos, menos aún el pueblo mapuche. Asimismo agrega, que el proceso constituyente que ha impulsado el gobierno de Bachelet tampoco es legítimo, ya sea por la cantidad de personas que asistieron; 200 mil personas de un total de 12 millones con derecho a voto o porque la mayor participación estuvo concentrada en las comunas acomodadas. De ahí que advierte que no existen garantías de que el proceso constituyente indígena sea mejor que el “ilegítimo” proceso chileno, pues no ha emergido desde las fuerzas sociales populares y porque todo apunta a que finalmente será votado por el congreso, lugar donde se encuentra la “clase patronal” que ve al mapuche como un objeto de críticas y no como sujeto de derechos. Finalmente, advierte que como no existen garantías que acrediten que se va a lograr una nueva Constitución, el gobierno actual debería “resarcir la violación del tratado de Trapigue, entre el Pueblo Mapuche y el Estado de Chile, que reconoce la nación mapuche, derechos colectivos, límites territoriales y libre determinación”.

Opinión de David Soto sobre El Plan Araucanía. El 12 de agosto pasado David Soto perteneciente a la Comunidad Jesuita en Tirúa, publicó una columna de opinión en El Quinto Poder, donde analizó el Plan Araucanía basado en el informe de la Comisión presidencial para la Araucanía anunciado por la presidenta Bachelet a fines de junio pasado. Según Soto, este plan adolece de varias fallas, en primer lugar porque no emerge de un proceso de diálogo que reconozca al Pueblo Mapuche como contraparte y donde se escuchen sus demandas y preocupaciones, reconociéndolo como sujeto político y no como objeto de políticas o planes como ha sido la tónica hasta ahora. Asimismo, argumenta que es lamentable la “subvaloración y ambigüedad respecto al Proceso Constituyente Indígena. El proceso de participación institucional indígena más amplio de la historia, con aproximadamente 17.000 partícipes”, pues ocupa un lugar poco claro y marginal. Esto, porque sus resultados no fueron considerados como base para armar conjuntamente el Plan Araucanía, ni tampoco se ha clarificado bajo qué criterios se seleccionarán las materias a ser consultadas y que serán incluidas en el proyecto de Nueva Constitución.

El columnista concluye, que han sido varios los intentos por abordar el conflicto mapuche a partir de comisiones, mesas, planes, los cuales han terminado en profundos fracasos. En este sentido, señala que la única forma de alcanzar una solución pacífica es a través de un proceso que incluya al Pueblo Mapuche como actor político para lo cual es necesario que exista una verdadera voluntad política.

Opinión de Marcos Valdés sobre el proceso de consulta indígena. En una columna de opinión publicada el 16 de agosto en El Mostrador, Marco Valdés Director del Área de Derechos Indígenas de la Fundación Chile21, se refirió al proceso de consulta sobre la constituyente indígena, convocada por el gobierno de la presidenta Bachelet. Si bien Valdés sostiene que el gobierno estableció una serie de propuestas para el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas en una nueva Constitución, señala que el fondo de las medidas a consultar son “claramente insuficiente para los intereses de los pueblos indígenas”. Debido a que se omitieron derechos fundamentales para ellos, tales como la plurinacionalidad, interculturalidad, territorialidad, autonomía, autodeterminación, entre otros, los cuales no aparecen en la propuesta de la medida a consultar. Esta situación, a juicio de Valdés, da cuenta que el Estado de Chile no solamente no ha aprendido nada sobre las verdaderas demandas históricas de los pueblos originarios, sino que también desconoce e ignora los estándares fijados por los Organismos Internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y que Chile ratificó en 2007, además de la amplia experiencia latinoamericana sobre la incorporación de estos derechos en las Constituciones políticas.

Opinión de David Soto sobre consulta indìgena. En una columna de opinión publicada en Bío Bío Chile, David Soto perteneciente a la Comunidad Jesuita de la comunidad de Tirúa, abordó el proceso constituyente indìgena implementado por el actual gobierno. Si bien reconoce las buenas intenciones de este proceso destinado a que los derechos de los pueblos originarios estén debidamente representados en una nueva Constitución, sostiene que este ha sido “subvalorado y desprolijamente llevado a cabo, considerando el conflicto histórico entre el Estado chileno y el Pueblo Mapuche”. En primer lugar, argumenta que existe una subvaloración de los resultados obtenidos de la etapa participativa del proceso (hasta el momento una de las experiencias indígenas más participativas), debido a que las preferencias señaladas por los nueve pueblos originario, tales como el reconocimiento constitucional en un marco plurinacional, autodeterminación/autonomía, derechos colectivos, territorialidad, entre otros, no fueron considerados para establecer un diálogo entre las partes, validandose finalmente un informe elaborado por una Comisión asesora presidencial para la Araucanía, que no contó con gran participación indígena. Por otra parte, Soto critica que la segunda fase de este Proceso Constituyente Indígena, la Consulta indígena, ha tenido muy poca difusión e información entre las comunidades correspondientes, así como tampoco, se ha dado mayor información sobre cuáles fueron los criterios utilizados para definir quiénes y cómo se escogieron las materias a consultar. Esto último, es bastante crítico según su opinión, pues lo que se está sometiendo a consulta actualmente, no responde necesariamente (al menos en la forma como se ha planteado) a lo que priorizaron los 17 mil participantes que asistieron a la etapa participativa del proceso constituyente indígena, sino que más bien a lo que el gobierno y las autoridades han determinado como relevante. De ahí que el autor concluye, que este tipo de situaciones dan cuenta de la falta de voluntad política para responder adecuadamente a las demandas de los pueblos originarios, asimismo, señala que es “irresponsable iniciar procesos que no aspiren a hacerse cargo realmente los temas de fondo (…) y que las candidaturas presidenciales no se aboquen a construir una propuesta seria, que vaya más allá del cortoplacismo y de la nefasta reducción jurídico criminal”.

Tribunal Constitucional

Opinión de Juan Enrique Vargas sobre el Tribunal Constitucional. En una columna de opinión publicada en La Tercera el 8 de agosto pasado, Juan Enrique Vargas, profesor de Derecho en la Universidad Diego Portales, se refirió a las reacciones que ha generado la impugnación de la ley que despenaliza el aborto en tres causales ante el Tribunal Constitucional. En particular, el abogado hace referencia a las reacciones de algunos miembros de la Nueva Mayoría quienes han condenado el uso de “un tribunal “antidemocrático” para revertir decisiones del Parlamento”. Según Vargas, existen varias razones para cuestionar la forma como se ha ejercido el control preventivo de la constitucionalidad de las leyes, sin embargo es cuestionable que la crítica provenga de parlamentarios de la ex Concertación, pues señala que el Tribunal Constitucional que tenemos actualmente, fundamentalmente, es producto de la reforma constitucional aprobada por ellos mismos en 2005 y no por la Constitución de Pinochet. Según el abogado, a partir de esta reforma constitucional se “modifica la composición del Tribunal Constitucional por una mucho más política, sin ministros de la Corte Suprema”. A partir de ese momento este tribunal adquiere las atribuciones y características que tiene actualmente y “pasa a ser relativamente común que invalide las decisiones del legislativo por estimarlas contrarias a la Constitución”. De ahí que Navarrete se pregunta: “si había objeciones de fondo a ese control de constitucionalidad, ¿por qué se potenció la capacidad del tribunal para hacerlo?” Además, sostiene que al establecer esta reforma dichos parlamentarios tampoco se preocuparon de instaurar un sistema de designación que garantizara el nombramiento exclusivo de expertos en asuntos constitucionales, quedando sujeta a intereses políticos más que técnicos.

Opinión de Valentina Verbal sobre el Tribunal Constitucional. En una columna de opinión publicada el 8 de agosto pasado en el sitio Constitución: Lo que dice, nos afecta, la historiadora Valentina Verbal abordó la discusión sobre la necesidad de contar con un Tribunal Constitucional a propósito del debate constituyente en Chile y ante el requerimiento de la oposición sobre la ley de aborto en tres causales. La historiadora fundamentalmente responde a la interrogante sobre si es necesario contar con este Tribunal y si se trata o no de una entidad autoritaria o antidemocrática. Para ello, parte señalando la importancia del constitucionalismo moderno, el cual surge no solamente “para organizar el poder de los estados, sino sobre todo para limitarlo”.

Luego de analizar la relevancia de la limitación del poder para el constitucionalismo moderno, la historiadora se detiene a analizar dos aspectos que considera apropiados modificar del actual Tribunal Constitucional en Chile. El primero de ellos es el sistema de nombramientos de este Tribunal, que tras la reforma constitucional de 2005 pasó a estar conformado, en su mayoría, por ministros designados a partir de criterios políticos, en este sentido señala que “se podría mejorar la forma de designación, evitando el cuoteo político (…), y fijando un número impar, para evitar el actual voto dirimente del Presidente del Tribunal”. En segundo lugar, respecto al control preventivo forzoso de las leyes orgánicas constitucionales, propone que se tiene que mantener este control preventivo por la vía de los requerimientos, pero se debe atenuar esta facultad para las leyes orgánicas constitucionales que “de acuerdo a los artículos 66 inciso 2º y 93 Nº 1 de la Constitución, requieren para su aprobación de 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio”.

Opinión de Ernesto Riffo sobre el Tribunal Constitucional. En una columna de opinión publicada en La Tercera, el 17 de agosto pasado Ernesto Riffo, Director del Observatorio del Proceso Constituyente en Chile, analizó el rol del Tribunal Constitucional en el contexto actual. El abogado señala que este Tribunal ha sido identificado como una de las causas que le dan un carácter problemático al ordenamiento constitucional vigente y a la creciente deslegitimación que genera ante la ciudadanía. Ya sea por la forma cómo se designan sus integrantes, sus facultades de control en ocasiones contrarias a la deliberación democrática o porque su objetivo es “proteger una constitución considerada ilegítima”. Esta situación, queda de manifiesto en situaciones donde el Tribunal Constitucional ha amenazado con frustrar reformas legales que cuentan con apoyo ciudadano mayoritario, como ocurre actualmente con la ley de aborto en tres causales. En este sentido, para Riffo, este tipo de situaciones ilustran un aspecto central del problema y es que la Constitución que tenemos actualmente resulta lejana para la ciudadanía y no cumple la función de “canalizar los desacuerdos políticos, de proveer un lenguaje común en el que puedan enfrentarse posiciones”. De ahí que, el foco de la discusión no ha estado puesto en si el proyecto se ajusta o no a la Constitución, sino que más bien en las críticas al Tribunal, su composición y en cuestiones estratégicas como la fecha en que se resolverá este requerimiento.

La columna concluye que constituye un desafío el uso que este Tribunal haga de los argumentos expuestos en el marco de las “audiencias públicas” que se han dispuesto para escuchar las diferentes posturas presentes en la sociedad civil sobre el tema. Si se les toma en serio, advierte que “podría acercar la constitución vigente a la ciudadanía, aminorando su progresiva deslegitimación”.

Opinión de Carlos Peña sobre el Tribunal Constitucional. En una columna de opinión publicada en El Mercurio el 20 de agosto pasado Carlos Peña, abogado y rector de la Universidad Diego Portales, se refirió a las audiencias públicas que se llevaron a cabo en el Tribunal Constitucional en el contexto de la tramitación de la Ley de aborto en tres causales, y sobre la cual dicho tribunal debió pronunciarse el lunes 21 de agosto pasado. Si bien el abogado sostiene que era lícito que este Tribunal Constitucional convocara a audiencias públicas, advierte que esto se puede prestar para “ejercer un derecho de manera torcida o errónea”. Principalmente, porque dicha institución no debe estar sujeta a los intereses de movimientos, agrupaciones o intereses que representen una determinada visión del problema, por más que estos reflejen el sentir popular, pues su misión es únicamente juzgar si la regla aprobada en el Congreso es admisible a la luz de la Constitución. Para reforzar la idea anterior, alude a la naturaleza contramayoritaria de este tribunal, ya que “su tarea no es oír a las mayorías de la hora, sino juzgar en base a reglas preexistentes, las reglas constitucionales”. Por lo tanto, concluye que la única cuestión que los jueces constitucionalistas deben considerar, no es si el aborto les gusta o no a las mayorías, o a ellos mismos, sino más bien evaluar si la decisión del legislador de permitir el aborto en las tres causales propuestas, puede ampararse en razones admitidas por la Carta Fundamental.

Proceso de gobierno

Opinión de Pamela Figueroa y Tomás Jordán sobre la etapa participativa del proceso constituyente. El 8 de junio pasado en La Tercera, Pamela Figueroa y Tomás Jordán, ambos pertenecientes de la División de Estudios de Segpres, publicaron una columna de opinión donde abordaron el informe elaborado por la OCDE sobre la Etapa Participativa del Proceso Constituyente. Según los expertos, una de las principales conclusiones fue que “los Encuentros Locales Auto-convocados son una innovación en materia de participación ciudadana y que se instituyen como una buena práctica para promover la inclusión”, pues según el informe, serían un ejemplo de “democracia directa, participativa y deliberativa”.

En la columna, destacan que estos encuentros participativos son innovadores porque representan una forma no convencional de hacer políticas públicas, colocando a los ciudadanos y ciudadanos en el centro como verdaderos protagonistas de ellas. Igualmente, destacan que estos encuentros permitieron dar cuenta de las diversas posturas y opiniones sobre un asunto tan relevante como lo es la Constitución, y las personas pudieron confluir a través del diálogo deliberativo, en acuerdos mínimos y compartidos. Este impulso participativo señalan, se verá reflejado al final del proceso, en la incidencia que tenga las llamadas Bases Ciudadanas en el proyecto de Nueva Constitución que la Presidenta quedó de enviar al Congreso antes del término de su mandato.

Finalmente, advierten que este tipo de innovaciones en política parecen sencillas pero en la práctica no son nada de fáciles, pues deben enfrentar una serie de obstáculos y resistencias como el miedo al cambio; la desconfianza hacia la opinión ciudadana en los asuntos públicos y en el “tradicionalismo de las formas” expresado en la crítica de que si no existe mandato de representación, estos procesos no son considerados válidos.

 

Boletín N.° 5 (julio de 2017, 2ª quincena)

Contenidos

Editorial
Proceso constituyente del Gobierno
Proceso indígena
Política
Opiniones
Discusiones sobre el Tribunal Constitucional


 

EDITORIAL

Innovación constitucional para la crisis de representación. Uno de los aspectos que destacan de los resultados de la etapa participativa del proceso constituyente llevado adelante por el gobierno es la inclusión en ellos de demandas constitucionales nuevas. La sistematización de los resultados de los encuentros y cabildos muestra que los participantes propusieron una gran cantidad de contenidos que la nueva Constitución debiera recoger que son novedosos. Entre ellos destacan, por ejemplo, demandas por una democracia participativa, descentralización, la protección del medio ambiente, el derecho a la vivienda digna, el deber de protección del patrimonio histórico y cultural, instituciones como plebiscitos, referendos, y consultas, y un defensor del pueblo, a los que debe agregarse la destacada demanda de plurinacionalidad recogida en el proceso constituyente indígena. Como observó Rolf Alter, Director de Gobernanza Pública de la OCDE, en la presentación del informe que la organización realizó sobre la etapa participativa, tal catálogo de innovaciones presenta un desafío formidable para cualquier gobierno que busque responder a las demandas que expresa.

La multiplicidad de demandas novedosas contrasta con la forma en que actores claves del sistema político han propuesto responder al problema constitucional. Las propuestas recientemente emanadas del Senado así como de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados son muy limitadas, además de, al menos en el caso de la segunda de éstas, carentes de unidad sistemática. La propuesta de un grupo de senadores de crear un Consejo de Ministros y facilitar la incorporación de congresistas al gobierno como ministros, buscando con ello acercar el régimen de gobierno a uno semipresidencial, ha  sido presentada como respuesta a «la compleja situación de gobernabilidad que afecta a los sistema políticos», incluyendo el chileno, caracterizada por «desconfianza ciudadana hacia la político y las instituciones, el descrédito de todos los poderes públicos y las exigencias crecientes de una sociedad civil exigente y muy activa en redes sociales», así como por «un desajuste entre las estructuras políticas más tradicionales de gobierno y la realidad social». A pesar del adecuado diagnóstico, no se aprecia la forma en que la reforma propuesta ayudaría a restaurar la confianza perdida. A pesar de los elementos presentados en el diagnóstico, la solución ofrecida parece entender la “compleja situación de gobernabilidad” como una que puede ser aplacada asegurando eficacia legislativa por medio de la mejor colaboración entre Ejecutivo y Legislativo.

Por otro lado, la propuesta acordada por algunos integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara, tampoco incorpora innovaciones relevantes. En efecto, buena parte de las modificaciones propuestas no hacen mucho más que recoger de manera expresa principios y garantías que en buena medida ya se encuentran recogidos en la constitución vigente, han sido reconocidos jurisprudencialmente, o al menos ya han sido garantizados a nivel legal. Bajo estas categorías caen las propuestas de reconocimiento del principio de transparencia, la garantía de acceso a la información, y el derecho al debido proceso. Otras son modestas mejoras del reconocimiento de derechos como la indemnización por error judicial o el derecho de reunión. Las propuestas más sustantivas de este proyecto coinciden con la propuesta del Senado en tanto se enfocan en las relaciones entre el Legislativo (en particular la Cámara) y el Ejecutivo (en cuestiones como la calificación de urgencias legislativas, o la asistencia de ministros a comisiones especiales), o afectan el tránsito entre cargos ministeriales y parlamentarios (modificando la forma de reemplazo de estos últimos, o eliminando la prohibición de ocupar cargos públicos a quienes hayan sido destituidos en virtud de acusación constitucional). La única reforma propuesta que apunta en la dirección de restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones representativas parece ser la propuesta de incorporar la inhabilidad de personas que hayan sido condenadas penalmente para postular al Congreso.

Pérdida de transparencia del proceso constituyente. Mientras que pareciera que las innovaciones constitucionales no vendrán del Congreso, si el gobierno actúa de acuerdo a sus anuncios, es el proyecto de nueva Constitución que la Presidenta presentará durante este segundo semestre donde se recogerán las novedades que la ciudadanía ha propuesto, así como aquellas otras necesarias para hacer frente a la crisis de legitimidad del sistema político. Sin embargo, la forma en que se está desarrollando esta etapa del proceso diseñado por el gobierno lo empareja con el secretismo con el que se alcanzaron los acuerdos sobre la reformas propuestas por los grupos de senadores y diputados discutidas más arriba.

En efecto, la etapa actual del proceso del gobierno se aleja de la transparencia que lo caracterizó hasta la entrega de las Bases Ciudadanas y la informe del Comité de Sistematización. Expresión de esto es el hecho de que, sugiriendo que se trata de un trabajo de carácer técnico, la Ministra vocera de Gobierno respondió a la pregunta sobre quiénes están redactando el proyecto presidencial afirmando que “serán conocidas en su momento oportuno” y que por ahora es importante “dejarlos trabajar tranquilos para que puedan elaborar ese proyecto de ley”.

Desde luego, la falta de transparencia pone en riesgo la legitimidad del proceso frente a la ciudadanía, particularmente respecto de quienes participaron de los encuentros y cabildos y que esperan que sus opiniones sean recogidas en la propuesta del gobierno, según el compromiso de la Presidenta. El gobierno se mostró satisfecho con la evaluación que el informe de la OCDE hizo del proceso participativo, pero la etapa actual del itinerario es crítica y el reporte de la organización lo destaca, llamando la atención sobre una debilidad que no se ve cómo será suplida. “[L]a ciudadanía”, se lee en el informe, “puede sentir que sus aportes no fueron tomados en consideración” debido a que no solo los resultados del proceso no son vinculantes (aunque es difícil entender cómo pudieran serlo dada la vaguedad de los conceptos) sino que no ha habido por parte del gobierno retroalimentación hacia la ciudadanía así como tampoco ha habido “posibilidad de co-producción e involucramiento público”.

En tanto el gobierno ha optado por elaborar un proyecto presidencial de nueva Constitución, y que ello está siendo llevado a cabo por un grupo de personas cuya legitimidad radica exclusivamente en la confianza que la Presidenta deposite en ellas, el desafío que enfrentará al momento de presentar la propuesta acabada será demostrar convincentemente que lo allí recogido, no obstante el secretismo y las dificultades naturales de traducir conceptos abstractos y polémicos en texto jurídico, refleja las opiniones de la ciudadanía de manera que esta –o al menos quienes participaron de la etapa participativa– pudiera razonablemente aprobarlo.


 

PROCESO CONSTITUYENTE DEL GOBIERNO

Entrega de actas a la DIBAM. El pasado 13 de julio, la Presidenta Bachelet entregó a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) las actas de la etapa participativa del Proceso Constituyente Nacional e Indígena. En 189 tomos, la mandataria archivó las ideas recogidas en los cabildos nacionales e indígenas que recogerá en el proyecto de Nueva Constitución. En dicha ocasión, Bachelet destacó que el proceso para modificar la Constitución que tuvo un costo en 2016 de más de 4 millones de dólares. Sin embargo, en 2017, los gastos destinados al proceso constituyente al interior de la Secretaría General de la Presidencia y de la Secretaría General de Gobierno, se redujeron en casi el 100%. En lo que respecta a la Secretaría General de Gobierno, quienes son los encargados de informar a la población  acerca de las políticas del Ejecutivo y los que se dedicaron a difundir la existencia de los cabildos ciudadanos, hubo una eliminación del gasto asignado a ese sector para 2017, que en 2016 ascendía a $1.133.000 millones. Mientras que en la Secretaría General de la Presidencia se pasó de $1.284.406 millones en 2016 a $139 millones en 2017. Estos recursos van asignados a la categoría de “Estudios finales del proceso constituyente”.

Prioridades del gobierno. En El Mercurio, se reproducen declaraciones del Ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Nicolás Eyzaguirre, luego de que se entregaran las actas del proceso constituyente a la Biblioteca Nacional. En dicha ocasión, refiriéndose al retraso en el proyecto de reforma al Capítulo XV de la Constitución, que se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y que no registra movimientos desde su ingreso en abril, declaró que: “Lo que pasa es que como hay tanto proyecto de ley las comisiones están muy saturadas, entonces si se le pone mucha urgencia a un proyecto necesariamente desprioriza otro que estaba de antes siendo discutido”.

Sin embargo, según cuenta El Mercurio, el presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Fuad Chahín (DC), acusa que el Ministro no se ha contactado con él para calendarizar la agenda legislativa. “Me parece extraño que no exista una relación con los ministros», aseguró Chahín, quien emplazó al gobierno a que diga si «paramos la Reforma al Capítulo XV o el proyecto del Sename o la violencia contra la mujer”. Pese a lo anterior, según se ha afirmado, desde el Gobierno evalúan aún si le podrán prioridad a dicho proyecto de reforma constitucional, considerando que entre las dificultades está el alto quórum que necesita, al menos 2/3 de los parlamentarios en ejercicio.

Redacción y presentación del proyecto de nueva Constitución del gobierno. Asimismo, en dicha ocasión, se confirmó que el proyecto ya comenzó a redactarse por un equipo de confianza de la Presidenta Bachelet, sin dar a conocer los perfiles de sus integrantes, quien ha decidido mantenerlos en reserva por ahora. Así, declara la ministra Narváez, que estas personas “Serán anunciadas o conocidas en su momento oportuno, no se trata de temores sino que de un trabajo que se está llevando adelante con mucho rigor técnico, y queremos dejarlos trabajar tranquilos”. En cuanto a su entrega, se ha señalado que fuentes del Palacio, aseguran que la nueva Constitución sería presentada al Congreso al menos un mes antes de las elecciones presidenciales, siendo después de Fiestas Patrias, la fecha más probable que evalúa el Gobierno. Esto, para que los candidatos presidenciales “se pronuncien” y agilicen la discusión.

Reporte OCDE sobre etapa participativa. El 25 de julio se realizó la presentación del informe del Comité de Gobernanza Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre la etapa participativa del proceso constituyente desarrollada por el gobierno de Michelle Bachelet durante 2016. El reporte, financiado por el gobierno de Chile, evaluó el proceso de manera en general favorable. Para su elaboración se consultó a diversos actores del proceso, en especial representantes del gobierno por medio de la Secretaría General de la Presidencia, así como académicos. El reporte considera que el proceso de consulta a ciudadanía (encuentros locales y cabildos) fue uno “sin precedentes y encomiable”. No obstante, hizo presente distintos “desafíos pendientes” que proveen una “oportunidad de aprendizaje para Chile y otros países de la OCDE”. Entre los aspectos más positivos, el informe destaca la trasparencia del proceso y el hecho de que la apertura a la participación ciudadana contribuye a prevenir la captura de la toma de decisiones por parte de gupos de interés poderosos, dando así voz a grupos subrepresentados. Entre los aspectos que merecieron observaciones críticas destacan dos: La falta de un esfuerzo activo por parte del gobierno orientado a informar a la ciudadanía de los resultados del proceso y cómo serán utilizados, en particular respecto a cómo se verán reflejados en la propuesta de nueva Constitución que la Presidenta Bachelet presentará durante este año al Congreso. Asimismo, respecto de ese proyecto, el informe destaca la dificultad de distinguir e identificar el significado de los conceptos priorizados en la etapa participativa y, en consecuencia, de recogerlos en la propuesta de nueva Constitución del gobierno. En este sentido, el informe afirma que «mostrar el impacto de la ciudadanía es vital para ganar y mantener su apoyo: los ciudadanos necesitan verificar que involucramiento ha sido de influencia y que sus aportes están reflejado en la nueva constitución”, adviritiendo que “[e]sto sigue siendo un desafío; sin embargo, hay una oportunidad de hacerlo con el proyecto de nueva constitución».

Otro de los aspectos que destaca el informe es que pese a la crisis de participación política en Chile, cuyas tasas se encuentran entre las más bajas de los países que integran la OCDE, la participación en el proceso puede considerarse la más alta en comparación con otros procesos constituyente, alcanzando al 1,13% de la población, con una cobertura territorial del 98%. En otros procesos constituyentes, como los de Colombia o Islandia, la tasa de participación no supera el 0,06%. Rolf Alter, Director de Gobernaza de la OCDE, sostuvo en relación con lo anterior que “[l]os ciudadanos no son muy activos políticamente, pero salieron, participaron y de pronto tienes un muy interesante set de resultados, que no son solo un asunto de un presidente, debiese ser un asunto de Estado. Por lo tanto, estuvo bien hecho, bien pensado, fue muy valiente, pero por supuesto, ahora se crearon muchas expectativas. La gente que estuvo envuelta ahora quiere ver qué va a pasar”. Sobre la importancia de la expectativas ciudadanas que haya creado el proceso, profundizó reflexionando: “¿cómo haces para que se cumplan las expectativas?, primero tienes que hablar al respecto y hay una cierta manera de presentar los resultados de manera que sean accesibles. También sería bueno que el gobierno diga ‘esto es lo que seleccionamos’ y que haga esto muy activamente”.

El gobierno expresó satisfacción frente al reporte. La vocera de gobierno afirmó en esa línea que “es muy importante que seamos todos generosos y reconozcamos cuando se hacen muy bien las cosas. Esto ha sido una metodología muy innovadora y, en ese sentido, también muy participativa y por eso muy democrática”. En cuanto a las personas encargadas de la redacción de la propuesta de nueva Constitución de la Presidenta se limitó a afirmar que “serán conocidas en su momento oportuno” y que “se trata de un trabajo que se está llevando adelante con mucho rigor técnico”lo que justificaría “dejarlos trabajar tranquilos para que puedan elaborar ese proyecto de ley”.

También el expresidente del Consejo Ciudadano de Observadores valoro el reporte, escribiendo en una columna en La Tercera titulada “Bien hecho” que “ la Ocde viene a reconocer que existen buenas maneras de discutir la Constitución. Con pleno respeto a las competencias de los distintos poderes del Estado. Promoviendo la paz, la tolerancia y la inclusión. Invitando de buena fe a la oposición (aunque una parte de ella se empeñe en boicotear). Estableciendo estándares de transparencia y control”. Concluye preguntado retóricamente: “¿Cuán equivocados estaban, en efecto, los que se restaron del proceso chileno en base a profecías apocalípticas sobre los efectos disolventes y anarquizantes de los diálogos constitucionales?”.


 

PROCESO INDÍGENA

A partir del 3 de agosto comienza a lo largo y ancho del país el proceso de consulta constituyente indígena. En este enlace podrá ser encontrada toda la información de los encuentros a desarrollar a lo largo y ancho del país.  

Es así como diversos medios han puesto sus ojos sobre lo que será esta consulta, como es el caso de La Tercera, medio que destaca que el proceso tendrá una duración de tres meses e incluirá a 123 localidades, esperando una participación de ocho mil personas perteneciente a distintos pueblos originarios.   Al respecto, el comisionado  de Rapa Nui, José Hapu Roa, espera que esta experiencia ““sirva para que el desarrollo llegue de forma igualitaria a indígenas y chilenos, y no se discrimine en términos de beneficios o proyectos. Yo me siento igual de chileno, aunque tenga mis tradiciones”.

En respuesta la llegada del mencionado acontecimiento, es que el gobierno ha comenzado a desplegar a los equipos territoriales. Asimismo, diversos actores ya han empezado a dar sus impresiones acerca de esta etapa del proceso constituyente. A nivel gubernamental, el Ministro de Desarrollo social Marcos Barraza señaló quelos contenidos a consultar fueron elaborados sobre la base de la sistematización del Proceso Constituyente Indígena, el que  convocó a más de 17 mil personas durante 2016 en el marco del Proceso Constituyente general”.

Por otra parte, el Director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), Alberto Pizarro, en entrevista para CNN Chile, explicó lo que será el proceso que se avecina, señalando que «Ahora viene un proceso de planificación, luego se definen los tiempos de las reuniones a nivel nacional para después finalizar este proceso de discusión respecto a ciertos puntos que deben ser incluídos en la carta fundamental».

Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social en su sitio web, destaca el despliegue que se está llevando adelante en la Región de Tarapacá donde el SEREMI de Desarrollo Social (s), Juan Carlos Cofré, señaló que “Las propuestas más relevantes que se expresan en estas actas serán consideradas en el proyecto de nueva Constitución que la Presidenta Michelle Bachelet enviará al Congreso Nacional”.

Mientras que el Subdirector Norte de la CONADI, enfatizó que “por primera vez los pueblos originarios podrán ser partícipes en la nueva Constitución, donde se dialogará y se recibirá de ellos la impronta de los proyectos y queremos que en este proceso participen los pueblos Aymara y Quechua, así como los representantes de otros pueblos avecindados en la región como Mapuches, Atacameños, Colla, entre otros, para que se sumen y que es abierta a todas las comunidades. Este es un hito histórico, por cuanto se pretende incorporar a los pueblos indígenas en este proyecto de ley, incorporando a través de esta consulta sus derechos sociales, culturales y el reconocimiento institucional de los pueblos Indígenas”.

En la Región de Atacama, la consulta comenzará el viernes 4 de agosto, donde la Diputada del Partido Socialista, Daniela Ciccardini llamó a las comunidades a sumarse a este proceso, según lo indica el medio Radio Kanal 96:  “Es muy importante que las comunidades, asociaciones y organizaciones indígenas de la región no pierdan ninguna oportunidad y aprovechen todos los espacios para manifestar su opinión, y pronunciarse en temas tan relevantes como el Reconocimiento Constitucional y la Participación Política de los Pueblos Indígenas, que son puntos claves que estarán en discusión en esta Consulta”

Por otra parte, en la Región del Maule, el periódico El Centro destaca la conformación de los equipos regionales encargados de llevar adelante la consulta. En ese ámbito, Iván Lepián, representante de la Corporación de Desarrollo Indígena del Maule, destacó la importancia la consulta, dado que “La Constitución chilena es la única Constitución que no reconoce a los pueblos originarios en América Latina”.  Mientras que el Seremi de Desarrollo Regional, José Ramón Letelier analizó los desafíos venideros, sosteniendo que “Luego, una fase de diálogo interno respecto a estos temas y las conclusiones que ellos (los pueblos originarios) se plantean, para finalmente terminar en un diálogo con las autoridades, establecer los acuerdos que permitan proponer las reformas constitucionales que corresponden”

En la Región de los Ríos, la situación es similar, donde el periódico digital Vocero Regional destaca la conformación del equipo regional. En esa dinámica, el Intendente Subrogante, Luis Gallardo hace un balance de la consulta correspondiente a la fase previa y las perspectivas de la fase actual, afirmando que “En ese sentido, estamos muy contentos de haber constatado que una gran cantidad de personas participaron en el proceso que fue inmediatamente anterior al que se va a realizar ahora y a partir de este momento nosotros esperamos que también haya una participación importante de organizaciones, dirigentes, pueblos originarios de tal manera que en nuestra región, seamos como lo fuimos en el proceso anterior, uno de los que aportaron con una mayor cantidad de dirigentes y de personas emitiendo su opinión”.

Como se puede observar, existe ya un intensivo despliegue territorial por parte del gobierno, así como del resto de los actores en esta nueva etapa, por lo que en los próximos días comenzará de forma oficial la consulta constitucional para los pueblos originarios.


 

POLÍTICA

Acuerdo en Comisión de Constitución. La Tercera reportó el 23 de julio que entre algunos de los integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se habría logrado un “acuerdo político transversal para reformular normas de la Constitución”. El artículo menciona a cinco de los trece integrantes de la Comisión, incluyendo representantes de los partidos UDI, RN, DC, y PS. El acuerdo alcanzado luego de tres meses de conversaciones, incluyendo reuniones periódicas y “en reserva”, contendría reformas “viables” y “abordables”. El artículo enumera las reformas propuestas, las que se refieren a diversos temas, como el reemplazo de parlamentarios, la regulación de las urgencias en la tramitación de proyecto de ley, la repostulación al cargo de fiscales regionales del Ministerio Público, la regulación legal del derecho de reunión, y la concesión y pérdida de la nacionalidad por gracia, entre otras materias. La opinión de los parlamentarios involucrados en el acuerdo sería que “demostración de que se podría avanzar con éxito en el Poder Legislativo” para incorporar reformas al texto constitucional vigente. Asimismo, el reportaje afirma que el proyecto “fue ingresado al Parlamento” el jueves 20 por el diputado Osvaldo Andrade (PS). El proyecto, que aparece como ingressado el 24 de julio, corresponde al boletín 11342-07. En su fundamentación se señala los parlamentarios esperan “continuar explorando en el futuro la posibilidad de llegar a nuevos acuerdos en materia constitucional”, aunque también afirman que les “asiste la convicción que existe una posibilidad real de concordar un texto constitucional con el cual todos nos veamos efectivamente interpretados”. Insisten, por último, en “el rol de este Congreso Nacional como instancia plenamente legítima para debatir y construir acuerdos”.

Cuenta Pública del Senado y facultad constituyente. En su discurso en la Cuenta Pública 2016-2017 del Senado el pasado 18 de julio, el Presidente del Senado Andrés Zaldívar se refirió al proceso constituyente, advirtiendo que durante los próximos meses “probablemente se abrirá el debate en torno a la normativa constitucional, con miras a dotar a Chile de una Carta Magna que dé cuenta de los tiempos que estamos viviendo”. Respecto de la forma en que se lleve a cabo tal cambio constitucional, el Senador sostuvo que, si bien valora los “procesos de participación orientados a recoger las propuestas ciudadanas sobre las enmiendas a considerar en una nueva normativa” no debe olvidarse que “la facultad con..stituyente está radicada en el Parlamento”. No obstante, sostuvo que también es posible que “de acuerdo a la normativa constitucional vigente” delegue esa facultad y regule “las formas concretas como se ejerza esa delegación”. Reconoció, asimismo, que esa decisión sobre la posible delegación de la facultad constituyente será “la forma en que daremos respuesta a esta demanda ciudadana”. Enfatizó, por otro lado, que el Congreso actual “tiene plena legitimidad, porque fue elegido por la ciudadanía, como también lo será el próximo Parlamento que se elija para el siguiente período”.

FInalmente, hizo referencia al proyecto de reforma constitucional presentado por un grupo de senadores que busca reformar el régimen de gobierno acercándolo a un sistema semipresidencial. Al respecto, propuso continuar el debate del proyecto, el que, según sostuvo, “destaca por su transversalidad ideológica y relevancia histórica”.

Entrevista a Sebastián Piñera y reformas constitucionales. El 5 de julio, el ahora candidato presidencial de Chile Vamos y Expresidente de la República, Sebastián Piñera, en entrevista para La Tercera, se refirió a su postura en materia constitucional.

Abarcando un amplio abanico de temas y reformas específicas, el candidato hizo referencia a la Constitución, señalando que “Nosotros tenemos un proyecto de reforma constitucional y lo vamos a presentar porque acá hay dos caminos: pretender desmantelarlo todo y partir de cero, que no es lo que Chile necesita. Nuestro proyecto es perfeccionar la Constitución”. De esta forma, el abanderado de la coalición de derecha, confirma la postura que ha mantenido desde que levantó su candidatura de reformar la actual Carta Fundamental en lugar de reemplazarla.

Por otro lado, el abanderado presidencial de Chile Vamos, según reporta El Pulso, instó a los legisladores de su coalición a confrontar aquellos proyectos de ley que tuvieran fines electorales. Entre ellos, destacó el de nueva Constitución.

Alejandro Navarro llama a votantes del Frente Amplio. El candidato presidencial por el partido País y actual Senador, Alejandro Navarro, con fecha 4 de julio, llamó a los simpatizantes del Frente Amplio a apoyar su opción presidencial, señalando que recoge todas las propuestas del entonces pre candidato de la coalición, Alberto Mayol, sobre todo aquellas en materia de constitución, señalando que  “queremos representar a aquellos que quieren una Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente”. Cabe recordar que Mayol durante la franja electoral hizo una aguda crítica al sistema institucional chileno, promoviendo transformaciones profundas al modelo, partiendo por una nueva Carta Fundamental, diseñada vía Asamblea Constituyente.

Entrevista a Cristián Cuevas, presidente de Nueva Democracia. El 10 de julio, en entrevista al diario la Tercera, el presidente de la colectividad que forma parte del Frente Amplio, tras la derrota de la candidatura de Alberto Mayol, cuevas hace un profundo análisis sobre el devenir de la coalición y los elementos que debe incorporar Beatriz Sánchez como abanderada presidencial frenteamplista.

Al respecto, Cuevas señala que las propuestas en materia de Constitución son centrales, indicando que es de suma importancia la creación de “una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente”, muy en la línea con la postura que ha plasmado el Frente Amplio durante el actual proceso de elecciones presidenciales.


 

OPINIONES

Ernesto Riffo sobre consulta ciudadana por reforma constitucional. El 12 de julio, el director del Observatorio del Proceso Constituyente en Chile publicó una columna de opinión en el diario El Mercurio, donde se refirió a la consulta que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados puso a disposición para que la ciudadanía enviara sus opiniones sobre el proyecto de reforma al Capítulo XV de la actual de la Constitución, enviado por la Presidenta Bachelet al Congreso en Abril pasado.

Para Riffo, las razones que motivaron a la comisión de Constitución a abrir un proceso de consulta ciudadana “son encomiables”, debido al clima de desconfianza y deslegitimación por el que atraviesa actualmente el sistema político frente a la ciudadanía, por lo que “su participación es condición necesaria de la legitimidad del proceso”. Sin embargo, la carta critica la nula difusión que se hizo respecto a esta consulta y que llevó a que al término de la fecha estipulada para su cierre- 12 de junio pasado- no se haya recibido ninguna opinión: “es lamentable que aparentemente la única difusión oficial que se hizo de esta instancia haya sido un banner en la página web de la Cámara”.

Finalmente, la carta hace una llamado a la ciudadanía a aprovechar esta y cualquier otra instancia participativa destinada a promover la discusión respecto al mecanismo para elaborar una nueva Carta Magna, aspecto que para el abogado,  resulta relevante pues es “uno de los temas que con más fuerza han atravesado la discusión constituyente, y que estuvo ausente de las instancias participativas del año pasado”. Con posterioridad a la publicación de la carta, el link de acceso a la consulta desde www.camara.cl fue removido.

Opinión de Francisco López sobre entrega de actas a DIBAM. En una columna de opinión publicada en los medios regionales de El Mercurio el 17 de julio pasado, Francisco López, coordinador del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo hizo un balance crítico respecto al proceso constituyente iniciado por la Presidenta Bachelet en Octubre del 2015. En primer lugar, haciendo alusión a la entrega que Bachelet hizo de las actas correspondientes a estos encuentros participativos a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) el 13 de julio pasado, sostuvo: “Es paradojal que un proceso que desde el Ejecutivo fue concebido como un gran movimiento ciudadano y que fue promovido con campañas comunicacionales, con un importante despliegue de ministros y subsecretarios instando a la participación en el proceso y con millonarios recursos disponibles, termine sus días guardado en este servicio público”.

Por otra parte, para López la “cuestionable” participación y el lento avance en el cumplimiento de las metas “autoimpuestas” en este proceso, serían el reflejo del mal diagnóstico que el gobierno hizo sobre la verdadera importancia del cambio constitucional para la ciudadanía, pues acorde a los resultados de la última encuesta CEP, solamente el 4% de la población consideraría una reforma de este tipo como una de las tres prioridades que el gobierno debería atender. Asimismo, señala que este proceso falló en su ejecución, principalmente porque en el gobierno “no lograron, como esperaban, imponer el debate constitucional como el gran tema de campaña para las próximas elecciones presidenciales”. Esto último, junto con las falta de acuerdos al interior de la propia coalición de gobierno y a la emergencia de nuevas demandas, ha llevado según López a que el gobierno intente enfocarse en el asunto previsional como estrategia electoral de cara a las elecciones de noviembre.

Editorial de La Tercera, “Consenso y reforma constitucional”. En su editorial del día 27 de julio, el diario la Tercera se refirió a un proyecto de 19 reformas a la Constitución,  elaborado  e ingresado al Congreso por un grupo transversal de diputados- desde el PS a la UDI- y que busca modificar la actual Carta Magna desde el Congreso. Al respecto, la editorial destacó el hecho como una señal positiva de lo que “parece ser la manera más idónea para construir el debate entorno a una reforma constitucional”, de manera gradual y priorizando los acuerdo políticos entre los distintos sectores.

Asimismo, plantea que este acuerdo envía una señal potente tanto al gobierno como a los partidos políticos, de que el debate constitucional canalizado de esta manera, es totalmente distinto a buscar “reemplazar” la actual Carta Magna por medio de “procesos poco representativos o mediante mecanismos no contemplados en la institucionalidad”, haciendo clara alusión a lo que fue el proceso constituyente propuesto por el actual gobierno.

Finalmente, la editorial concluye que este tipo de procedimientos que contemplan “acuerdos transversales y de amplia discusión”, son los que deberían utilizarse para canalizar los procesos de reforma, descartando no solamente la opción de reemplazar la actual Carta Magna sino que también de llevar a cabo estos procesos constituyentes por medio de  mecanismos que no sean el Parlamento.

Opinión de Patricio Zapata sobre informe de la OCDE que evalúa la etapa participativa del proceso constituyente en Chile. El abogado Patricio Zapata, en una columna de opinión publicada en La Tercera el 1 de agosto pasado, se refirió al informe elaborado por la OCDE sobre la etapa participativa del proceso constituyente en Chile que se llevó a cabo durante el 2016. Junto con destacar la “solvencia técnica” de esta institución, señala que la evaluación que se hizo sobre el proceso en general fue positiva. No solamente, porque fue una instancia inédita y sin precedentes al menos en nuestro país, sino que también por la cantidad de gente que finalmente asistió a estos encuentros participativos: “el mismo número de 204.000 participantes, que algunos en Chile les pareció insignificante, es comparado muy favorablemente con los índices de participación en ejercicios similares de consulta constitucional de otros países”. Asimismo, sostiene que los Encuentros Locales Autoconvocados, grupos entre 10 a 20 personas que de manera autónoma se reunieron para discutir las contenidos de una nueva Constitución, fueron una de las instancias participativas más destacadas por los evaluadores de la OCDE, quienes señalaron que estos constituyente una “buena práctica en cuanto emparejan la cancha de participación y promoviendo la inclusión son ejemplos de democracia directa, participativa y deliberativa que pueden ayudar a superar la captura del proceso por parte de grupos de interés y le dan voz a poblaciones generalmente subrepresentadas”. Finalmente, para Zapata la evaluación positiva de este proceso participativo por parte de la OCDE, demuestra que se puede discutir de buena manera la Constitución, respetando las competencias de los distintos poderes del Estado y “promoviendo la paz, la tolerancia y la inclusión (…) estableciendo estándares de transparencia y control”.  Para el abogado, en el contexto actual donde está a la vista el caso venezolano en el que se “impone un intento despótico y tramposo por imponer una Asamblea Constituyente”, destacan las virtudes de lo que podría ser un cambio constitucional “abierto, institucional y dialogante”.


 

DISCUSIONES SOBRE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional ha estado en boga estos días a propósito del eventual rol decisivo que tendrá dicha magistratura respecto al resultado del proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales. La derecha anunció que recurrirá ante el órgano por inconstitucionalidad de dicho proyecto de ley. En particular, y con ocasión de dicha problemática, se han discutido desde la prensa y la academia sobre las competencias del Tribunal, la composición de dicha magistratura, así como el rol del voto dirimente del Presidente Carmona y del futuro Presidente Aróstica.

Actualmente, el Tribunal Constitucional ha sido criticado en cuanto a sus labores, sosteniéndose que juega un rol decisivo en el mantenimiento del modelo económico y social que impone la actual Constitución de 1980, constituyendo esta magistratura, una de los “cerrojos” de dicho Código Político por la Comisión Ortúzar en tiempos de dictadura. Incluso, se ha destacado y criticado su rol de “tercera cámara” legislativa con ocasión de las poderosas competencias que tiene el Tribunal Constitucional respecto a la revisión constitucional preventiva de preceptos legales, lo que ha provocado un efecto paralizador y dilatador de la gran parte de las reformas legales de estos últimos tiempos.

Opinión de Jorge Navarrete sobre el Tribunal Constitucional  En una columna de opinión publicada el 23 de julio pasado en La Tercera, Jorge Navarrete abogado de la Universidad Diego Portales, se refirió a la discusión sobre el Tribunal Constitucional reactivada por el paso a comisión mixta del proyecto de interrupción del embarazo en tres causales. La tramitación de este proyecto en Cámara mixta, provocaría un retraso en la discusión que finalmente permitiría que Iván Aróstica, futuro presidente del Tribunal Constitucional y cercano a la derecha, termine decidiendo sobre esta medida si Chile Vamos decide recurrir a esta instancia. Según Navarrete, esto último, llevará a que nuevamente, tal y como ha ocurrido en varias ocasiones se origine un debate sobre la función y roles que este tribunal debiese cumplir “escuchándose opiniones más al calor de una coyuntura, que de las razones que justifican o hacen necesaria una institución de esta naturaleza”. Para el abogado, el problema no está en resolver si es necesario o no contar con una institución de este tipo, pues como ocurre en otras democracias del mundo, es fundamental tener un cuerpo colegiado que se encargue de limitar la soberanía popular, es decir las leyes del parlamento cuando éstas vayan en contra de las normas constitucionales. Sino que más bien,  guarda relación con otras dos dimensiones: la primera tiene que ver con los problemas de legitimidad de la actual Constitución pues “pese a sus innumerables reformas, es percibida todavía como un traje a la medida impuesto por un sector político que temió ser minoría en el futuro”. Plasmando una determinada visión de mundo y sociedad, además de establecer mecanismos que dificultan su modificación. La segunda dimensión, señala el abogado, es que el Tribunal Constitucional tampoco es visto como una institución que “de manera preferente, haga una interpretación jurídica, rigurosa y desinteresada del texto”, ya sea desde la forma como se eligen a sus miembros hasta cómo votan estos mismos. Por lo que ha imperado la idea de que se trataría más bien de una institución que es funcional a los intereses políticos de uno u otro sector.  En consecuencia, Navarrete concluye que no es la existencia teórica del Tribunal Constitucional lo que está puesto en duda, sino que más bien su práctica y realidad cotidiana, “que lo convierte en una tercera instancia revisora de carácter político, por un órgano desprovisto de cualquier atributo de la soberanía popular, y que ha sido funcional para el veto de quienes no han sido capaces de imponer democráticamente sus términos”.

Opinión de Max Colodro sobre el asunto constitucional en Chile. En una columna de opinión publicada el 23 de julio pasado en La Tercera, Max Colodro, filósofo y analista político, se refirió a la centralidad y relevancia que el asunto constitucional ha estado adquiriendo en el contexto de las próximas elecciones de noviembre. A propósito de la controversia por la tramitación del proyecto sobre despenalización del aborto en tres causales y la gestión del oficialismo para agilizar su discusión y así evitar que el requerimiento al Tribunal Constitucional anunciado por Chile Vamos sea revisado antes de que asuma un nuevo presidente ligado a la derecha, ha despertado nuevamente la discusión sobre las características y funciones de dicha institución. De ahí que, Colodro menciona la propuesta de Guillier para disolver el TC sin proponer una alternativa concreta de cómo se resolverán eventualmente las controversias sobre constitucionalidad de las leyes.

Este tipo de discusiones, según el analista político, tienen que ver con un “desacuerdo que, más allá de la intensidad que asume en distintos momentos, tiene sin duda una base permanente, asociada al cuestionamiento que un importante sector de la sociedad mantiene sobre la legitimidad de origen de la carta magna y en diversas zonas de su diseño institucional”. Entre las estrategias o acciones que esta discusión ha originado menciona la decisión de la centroizquierda de instalar tras la derrota electoral de 2010, el desafío de una nueva constitución como eje central de su programa de gobierno. Lo cual, según Colodro, solamente contribuyó a profundizar las divisiones haciendo más difícil asumir con altura de miras la necesidad de resolver los desacuerdos, algo que la centroderecha tampoco ha contribuido a resolver.

Al respecto advierte, que actualmente el cambio constitucional “corre el riesgo de convertirse otra vez en un caballo de batalla electoral, lo que impedirá abordar con responsabilidad y sentido de Estado las reales diferencias que sobre él existen”.

Por lo tanto, concluye que convertir a la Constitución en un recurso para saldar cuentas con los adversarios es una mala alternativa que no contribuye a enfrentar los desacuerdos reales que subsisten frente al tema, no solamente entre los actores políticos sino que también dentro de la sociedad civil.

Editorial de La Tercera sobre voto dirimente en el Tribunal Constitucional. El pasado 22 de julio, La Tercera señala que los dos requerimientos de Chile Vamos que buscan declarar inconstitucional el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales podría ser uno de los últimos casos que tenga que votar Carlos Carmona en su calidad de presidente del Tribunal Constitucional. Esto, porque el 28 de agosto, por un acuerdo de los magistrados, la presidencia del organismo la asumirá Iván Aróstica -miembro designado por Sebastián Piñera cuando era Presidente-, calificándolo como una postura “conservadora”. Aclara La Tercera que “[q]uien asuma la titularidad del organismo no es un tema menor, ya que, según establece la ley, es el presidente quien decide en caso de empate, y hoy, por la composición del tribunal, lo más probable es que el requerimiento de la oposición tendría que ser dirimido por el propio Carmona. Por eso, desde el oficialismo resintieron que la Cámara rechazara el jueves 20 una norma del proyecto modificada por el Senado, hecho que forzó que éste pasara a comisión mixta y, por ende, se aplazara su revisión en el tribunal.”

Asimismo, se destaca que Carmona, según un estudio del Observatorio Judicial, es el presidente del TC que más uso ha hecho del voto dirimente. Según dicho estudio, esto responde al aumento del número total de sentencias bajo su periodo, la composición del tribunal y el rol del propio presidente en la búsqueda de mayorías. El estudio -con todo- recomienda modificar algunas de las normas del tribunal. Por ejemplo, que establezca un número impar para la composición de sus miembros y “un sistema de suplencia que garantice un número impar para la composición de sus miembros y “un sistema de suplencia que garantice la configuración de mayorías claras en el pleno”. Además, en el informe se hace hincapié en la “cultura institucional” del organismo, para que “sus miembros tomen conciencia de la relevancia que reviste la configuración de mayorías claras en la toma de decisiones relevantes”.

Opinión de José Francisco García sobre el debate acerca del Tribunal Constitucional. El autor, el pasado 25 de julio, señala en diario El Pulso que a su juicio “[l]a discusión en torno a la existencia, justificación y función del Tribunal Constitucional (TC) al interior de nuestro sistema jurídico en los últimos días ha sido más bien pobre. Quizás, el que se esté dando al calor del anunciado requerimiento de la oposición ante el TC por el proyecto de ley de aborto en tres causales, contribuya a nublar los debidos estándares de argumentación racional de algunos intervinientes.” Para lo anterior, García señala una serie de argumentos.

En primer lugar, sostiene García, que “la regla de mayoría para tomar decisiones colectivas es fundamental, imperativo de la igualdad política, pero no es la regla de clausura respecto de algunas materias específicas. En efecto, entre estas últimas se encuentran principalmente el respeto a ciertas reglas procedimentales con las que dirimimos nuestras diferencias en el proceso democrático (las propias de una sociedad plural) y los derechos constitucionales (especialmente de las minorías, y en especial aquellos que suelen ser vulnerados por el Estado)”. En segundo lugar, señala el autor, “es útil constatar que la Constitución actual utiliza un exceso de mecanismos contramayoritarios y en dosis altas que aconsejan su revisión a la baja (por ejemplo, podemos agregar las leyes orgánicas constitucionales o la rigidez constitucional).” En este sentido, estima que “las constituciones deben lograr la armonía virtuosa entre el principio democrático y el principio de los derechos humanos, y en la actualidad ello no se está logrando, restringiéndose la regla de la mayoría en ámbitos en que debería tener la última palabra”. Finalmente, García señala que en el debate parecen confundirse fines con instrumentos, destacando que lo que es relevante desde la perspectiva de los fines, es dar eficacia al principio de supremacía constitucional. En este sentido, señala que “si el control jurídico de constitucionalidad de las leyes recae en un Tribunal Constitucional, (…) el que este tome la forma de controles preventivos o ex post; si sus efectos quedan condicionados o no a una reacción correctiva del legislador; son todos debates instrumentales (y habrá que poner atención a su diseño e incentivos institucionales por supuesto).”

Frente a lo esgrimido con anterioridad, García concluye que “[u]n debate tan importante como este no sólo debe ser uno racional, sino que invitar a todos sus intervinientes a abandonar las posiciones de defensa o demonización acrítica, que poco contribuyen a reflexionar respecto de nuestro sistema constitucional y el rol del TC en este.”

Opinión de Ángela Vivanco sobre el debate acerca del Tribunal Constitucional. El 27 de julio pasado, Ángela Vivanco, abogada y profesora de Derecho Constitucional UC, publicó una columna de opinión en el medio en línea El Líbero, donde se refirió a la discusión sobre la existencia y atribuciones del Tribunal Constitucional a propósito de la controversia generada por el eventual pronunciamiento que dicho órgano deberá hacer sobre la ley de aborto en tres causales.

La abogada señala, que las razones de existencia de este órgano guardan relación con ciertos aspectos fundamentales que se deben resguardar en las democracias contemporáneas: la necesidad de controlar que las normas de inferior rango -leyes o decretos-sean acordes con la Constitución, asegurar que los derechos fundamentales consagrados en ella no sean pasados a llevar y evitar que el ordenamiento constitucional se vea afectado por el ejercicio de los otros poderes del Estado, aunque estos cuenten con el respaldo de las mayorías. En este sentido, la abogada advierte que en el ejercicio de sus facultades, las resoluciones del Tribunal Constitucional pueden “reescribir las tomadas por otros órganos (…) e incluso apartarse de las tendencias más populares, pero no es su objetivo ser un organismo que se mueva según campañas políticas o multitudes, sino guardar la Constitución pese a tales vaivenes”.

A partir de esta aclaración, Vivanco argumenta que el Tribunal Constitucional no opera como un “guardián abusivo” que se impone ilegítimamente frente a las decisiones democráticas de la ciudadanía, pues sus atribuciones y facultades están delimitadas por normas constitucionales y legales, las cuales han sido modificadas y ratificadas en democracia por  organismos que han sido electos por la vía popular, además porque su pronunciamiento se origina solamente a petición del parlamento o del Presidente. Finalmente, la abogada concluye que estas intervenciones podrían evitarse si existiera una mayor preocupación por parte de los colegisladores de producir normas acordes al ordenamiento constitucional vigente, en vez de tratar en algunos casos, “de evitar la Carta Fundamental creando realidades paralelas”.

Carta de Eduardo Chia y Flavio Quezada sobre el proyecto de aborto y el rol del Tribunal Constitucional. El pasado 26 de julio, los profesores de Derecho, Eduardo Chia y Flavio Quezada, en representación del Instituto Igualdad, publicaron una carta al director de El Mercurio refiriéndose al proyecto de ley que autoriza el aborto en 3 causales y el Tribunal Constitucional.

En dicha ocasión, los autores, junto con destacar lo que significará la aprobación de este proyecto de ley, esto es, que Chile deje de ser parte de aquel puñado de países que prohíben el aborto en cualquier hipótesis, evidencian que el Tribunal Constitucional podría truncar eventualmente este logro en el evento de que si quienes pierden la votación parlamentaria deciden acudir a él para frenar dicho proyecto de ley. A partir de ello, los autores advierten que “si observamos el comportamiento que ha tenido el TC respecto de distintas iniciativas legislativas de este gobierno, el panorama es desalentador. Y es que en el último tiempo, este órgano se ha encargado de actuar como redireccionador de la política y el proceso legislativo. El efecto ha sido claro: el TC ha truncado la agenda reformista”. Agregan más adelante que a propósito de la alta discusión ciudadana, parlamentaria y académica de este proyecto de ley, “[d]ifícilmente se puede concebir un caso tan evidente de aplicación del principio de deferencia al legislador. Este estándar ha sido desarrollado por la propia jurisprudencia del TC, e impide declarar inconstitucional una decisión legislativa si esta puede ser interpretada conforme a la Constitución. En efecto, la prolífica discusión académica ha evidenciado la existencia de razones suficientes y contundentes para interpretar como ajustada a la Carta Fundamental esta decisión democrática.”

Opinión de Sebastián Soto sobre el rol del Tribunal Constitucional. El constitucionalista Sebastián Soto en columna de opinión de 1 de agosto en diario La Tercera, sale a defender el rol de guardián de la Constitución que le corresponde al Tribunal Constitucional en lo relativo al proyecto de ley que autoriza el aborto en 3 causales.

A su respecto, señala que la famosa crítica que se le hace a éste de “tercera cámara”, acuñada principalmente por el constitucionalista Fernando Atria, no es tal. En este sentido, argumenta que “el constitucionalismo no sólo exige que las leyes se adecúen a la Constitución sino también que exista un órgano que efectúe un control de constitucionalidad. Y ese órgano regularmente son las cortes. Así la Corte Suprema de Estados Unidos dejó sin efecto hace algunos años leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo. El Tribunal Constitucional alemán hizo lo propio con una ley que autorizaba derribar un avión de pasajeros secuestrado por terroristas. Y suma y sigue. Por eso, la crítica a la “tercera cámara” -tan de moda en Chile que incluso se la compró el candidato Guillier- esconde que en el constitucionalismo contemporáneo los guardianes de la Constitución son principalmente las cortes y no las legislaturas.”

Asimismo, Soto agrega que “[t]ambién se alega que la centroderecha abusa del sistema. Pero la crítica olvida que quienes recurren al TC son normalmente las minorías que ven como la mayoría impone un criterio que consideran inconstitucional. Es por eso que Allende, como Presidente sin mayoría en el Congreso, recurrió ocho veces en dos años. La Nueva Mayoría cuando fue minoría bajo el gobierno del Presidente Piñera, lo hizo en siete ocasiones. Y Chile Vamos, en este gobierno, lo ha hecho hasta ahora en seis. La crítica entonces no puede desconocer que el control de constitucionalidad no es un invento sino que una regla compartida”.

En una opinión contraria a lo sostenido por Soto, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el constitucionalista Javier Couso, manifestó a este respecto que es “increíble que algo que lleva casi tres años discutiéndose en el Parlamento vaya a ser decidido por una o dos personas que no han sido elegidas democráticamente”.

Gobierno entregó actas del Proceso Constituyente a la Dibam

Este 13 de julio, la Presidenta Michelle Bachelet entregó las actas del Proceso Constituyente Nacional y del Proceso Constituyente Indígena a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam).

La mandataria puso a disposición de la Dibam las actas de 8.113 Encuentros Locales Autoconvocados, 71 Cabildos Provinciales y 15 Cabildos Regionales.

“Hoy estamos poniendo a disposición del pueblo de Chile la documentación física del proceso participativo que será la base de la nueva Constitución de Chile; dejamos constancia así de un proceso ciudadano inédito en nuestra historia, y en el que todos los chilenos y chilenas tuvieron la posibilidad de participar en la discusión sobre la patria que desean”, señaló la Presidenta.

La mandataria recordó que el proyecto de reforma al capítulo XV de la Constitución está en el Congreso, ingresado en abril, no obstante la última sesión que abordó el proyecto se realizó el 11 de mayo y no hay nuevas sesiones citadas para ello. Asimismo, la Presidenta aseguró que durante este año enviará el proyecto de nueva Constitución.

El Director del Observatorio del Proceso Constituyente en Chile, Ernesto Riffo, planteó que el Gobierno no ha mostrado intención de empujar la reforma al capítulo XV. “La Presidenta hace un gesto valioso de reconocer que la participación ciudadana puede tener valor histórico como un aporte a la construcción de la comunidad política. Pero debe reconocerse que es algo apresurado atribuir ese significado. Si esa participación llegará a ser parte de un proceso realmente constituyente es incierto todavía”, señaló.

“En ese sentido, el gesto de entregar las actas a la Biblioteca pudiera leerse de manera pesimista como solo eso, nada más que guardarlas en un archivo”, agregó.

A través de un convenio con el Gobierno, la Dibam se encargará de preservar estos registros físicos y disponer y mantenerlos en versión digital. Las actas sistematizadas están disponibles en www.unaconstitucionparachile.cl

Las actas quedarán guardadas en la Sección Chilena de la Biblioteca Nacional, con la protección que corresponde a documentos de alto valor histórico. Además, quedará una copia disponible en la Sección General de la Biblioteca.

Carta sobre consulta ciudadana por reforma constitucional

El miércoles 12 de julio el diario El Mercurio publicó una carta del Director del Observatorio acerca de la consulta ciudadana en línea que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados dispuso para que la ciudadanía enviara opiniones sobre el proyecto de reforma al Capítulo XV de la constitución actual y que habilitaría la convocatoria a una «convención constitucional» encargada de elaborar el texto de la nueva Constitución. La carta critica la nula difusión que se hizo de la consulta y que resultó en a la fecha estipulada para su término no se hubiera recibido ninguna opinión:

Señor Director:

Recientemente la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó poner a disposición de la ciudadanía un sitio web por medio del cual cualquier persona pudiera hacer llegar a la comisión su opinión respecto del proyecto del Gobierno de reforma al capítulo XV de la Constitución, el que busca habilitar la convocatoria a una «convención constitucional» que elabore una nueva Constitución. Las opiniones recibidas serían, además, publicadas en la misma web.

De acuerdo con lo expresado en la comisión, la motivación detrás de esta «consulta ciudadana» fue doble. Por un lado, dar continuidad al aspecto participativo del proceso constituyente del Gobierno, ahora en la etapa legislativa, y, por otro, servir como «piloto» para la implementación permanente en el futuro de ese tipo de consultas respecto de otros proyectos de ley que la comisión estime pertinentes.

Ambas motivaciones son encomiables, aunque el mero hecho de que el proyecto de ley en cuestión busque llevar adelante el proceso constituyente parece suficiente para justificar la mayor y más profunda participación ciudadana. Dada la deslegitimación del sistema político frente a la ciudadanía, su participación es condición necesaria de la legitimidad del proceso.

Por lo anterior, es lamentable que aparentemente la única difusión oficial que se hizo de esa instancia haya sido un banner en la página web de la Cámara, y que por ello no se haya recibido ninguna opinión dentro del plazo estipulado (12 de junio). Frente a una solicitud de acceso a la información pidiendo los comentarios recibidos en el contexto de la consulta, se nos respondió que no se había recibido ninguno.

No obstante haberse cumplido el plazo, la consulta sigue en línea. Frente a ello, llamamos a aprovechar esta y toda otra oportunidad para promover de manera activa y con decisión la participación ciudadana en la discusión sobre el mecanismo para elaborar la nueva Constitución, uno de los temas que con más fuerza han atravesado la discusión constituyente, y que estuvo ausente de las instancias participativas del año pasado.

Ernesto Riffo Elgueta
Director Observatorio del Proceso Constituyente en Chile, Fundación RED

Boletín N.° 4 (julio de 2017, 1ª quincena)

Contenidos

Editorial
Actividades del Observatorio
Pueblos originarios
Reforma al Capítulo XV
Política
Eventos académicos

Editorial

Pueblo originarios y Plan Araucanía. Como se ha observado anteriormente, el problema de las relaciones entre el Estado de Chile y los pueblos originarios parece ser el área donde existe acuerdo casi transversal en el espectro político respecto de su conexión directa con la cuestión constitucional. En este sentido, es destacable el hecho de que incluso desde la derecha de ese espectro se proponga el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.

Desde luego, las motivaciones y detalles de cada propuesta varían de manera importante. Mientras que en la izquierda se reconoce la necesidad de declarar la plurinacionalidad del Estado chileno y reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios (como hace la «Hoja de Ruta» de Beatriz Sánchez), en la derecha se reconoce de manera más débil la necesidad de un reconocimiento constitucional de la multi- e interculturalidad de la Nación y el «aporte» de los pueblos originarios a su conformación (como hace la propuesta constitucional de Chile Vamos). En el extremo, existe incluso una postura de derecha, expresada recientemente por el diputado UDI Osvaldo Urrutia, que entiende la necesidad de reconocimiento constitucional de manera puramente instrumental, motivada en particular por lo que percibe como la amenaza de que la pueblos originarios distintos del pueblo Mapuche recurran a la violencia para hacer valer sus demandas. De acuerdo a esta postura, el reconocimiento constitucional de todos los pueblos originarios, incluyendo su representación política, desincentivaría el que recurran a otras formas de acción política reivindicatoria.

Por su parte, el «Plan de Reconocimiento y Desarrollo Araucanía» presentado por la Presidenta Bachelet parece motivado por preocupaciones resarcitorias y la necesidad de “enfrentar la historia de desencuentros y postergación” antes que directamente por el reconocimiento directo de los derechos de los pueblos originarios. Quizás eso explica algunas de sus limitaciones. Algunas de ellas, como han destacado distintos observadores y participantes del proceso, se deben a que el Plan replica aspectos de las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía como el énfasis en el desarrollo económico de la región, estando «lejos de hacerse cargo de los problemas medulares de la relación entre el pueblo mapuche y el Estado», como lo ha expresado el académico y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, José Aylwin. En el mismo sentido, el consejero de la CONADI Marcial Colín ha observado que ellas «no han sido bien recibidas por comunidades mapuche informadas e interesadas en sus derechos, por cuanto en esencia se aleja de los derechos reconocidos en el país, se aleja de recomendaciones que han realizado Relatores de Naciones Unidas y se aleja incluso del sentido común de quienes se plantean una relación distinta entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile».

Asimismo, destaca la ausencia en el Plan Araucanía de toda mención a la demanda de plurinacionalidad, la que destaca tanto en los resultados del Proceso Constituyente Indígena, la propuesta de Estatuto Constituyente Indígena preparada por la Comisión de Legislación del Consejo Nacional de la CONADI, y cuya relación con el cambio constitucional es más directa, en tanto el reconocimiento de Chile como país plurinacional es precisamente el tipo de declaración fundamental acerca de la comunidad política que es propia de una Constitución.

Como fuere, el 3 de agosto se dará inicio al proceso de consulta sobre el reconocimiento constitucional y la participación política de los pueblos originarios en la nueva Constitución. Considerando el antecedente de que parte de las críticas a la Comisión Asesora apuntaron a la falta de representatividad de quienes la integraron, lo que desconocería el derecho de los pueblos originarios a elegir a sus propios representantes, debe ponerse especial atención en que el proceso de consulta satisfaga los estándares exigidos por el Convenio 169 de la OIT. Lamentablemente, un primer paso en falso parece haber sido el que el mismo Plan Araucanía no haya surgido de un proceso de consulta tal, algo que había sido denunciado, entre otros, por Senadores de la Nueva Mayoría y representantes del pueblo Mapuche luego de la cuenta pública presidencial del 1 de junio en la que se anunció la presentación del Plan.

Chile Vamos y proceso constituyente. Tras la victoria de Sebastián Piñera en las primarias presidenciales de la coalición de derecha Chile Vamos es probable que el expresidente necesite el apoyo de los sectores derrotados para aumentar sus probabilidades de triunfar en noviembre, o al menos para asegurar gobernabilidad durante un eventual segundo mandato. Piñera mismo ha reconocido que «vamos hacer lo posible por fortalecer la unidad dentro de Chile Vamos y atraer a todos los otros candidatos, en este caso al senador Ossandón y al diputado Kast». Dada las diferencias entre quienes compitieron en las primarias respecto de la necesidad y forma del cambio constitucional, cabe preguntarse si la unidad buscada alcanzará a resolver esas diferencias, y en qué dirección: la de la nueva Constitución por medio del Congreso (como proponen Kast y Ossandón), o la de «mejoras» a la actual (como propone Piñera).

En general la actitud de los derrotados hacia el proceso constituyente del gobierno fue de escepticismo antes que de rechazo. Ossandón criticó la decisión de Chile Vamos de restarse del proceso y, por el contrario, llamó a participar en él. Por su parte, Evópoli decidió participar del proceso, respecto de lo cual Kast afirmó que «creemos que es la forma más sana de no regalar ningún espacio para poder plantear nuestras ideas». En cuanto a la necesidad del cambio constitucional, tanto Kast como Ossandón han reconocido un déficit de legitimidad de la constitución vigente ante la ciudadanía. Kast ha propuesto una nueva Constitución, mientras que Ossandón ha propuesto la necesidad de reformas por medio de un proceso que permita «avanzar en legitimidad».

Piñera, en cambio, cuestionó la legitimidad del proceso constituyente del gobierno y no ha puesto en duda la legitimidad de la constitución vigente, limitándose a reconocer la conveniencia de ‘mejorar y perfeccionarla’. Tales propuestas de mejora serían aquellas recogidas en el documento «Propuesta de la Comisión Constitucional de Chile Vamos», y al que el expresidente suele hacer referencia. La búsqueda de convergencia con miras a un potencial gobierno de la coalición de derecha pondrá a prueba la convicción tras las opiniones expresadas sobre la cuestión constitucional expresadas por Ossandón, y en particular por Kast y su sector, dada la más completa propuesta constitucional de este último. Además de sus diferencias respecto de la dicotomía entre reforma y reemplazo constitucional, así como del procedimiento institucional para efectuar el cambio, son importantes las diferencias entre las concepciones acerca de las características que debiera tener la nueva (o reformada) Constitución. Mientras que Kast y su sector prefieren una «constitución mínima» que evite consagrar principios «como subsidiariedad o solidaridad, que buscan orientar ideológicamente la Constitución», la propuesta de mejoras de Chile Vamos opta explícitamente por una concepción del Estado de acuerdo a la cual este «debe desarrollar su acción a partir de principios y valores tales como la dignidad, la paz social, la libertad, la solidaridad y la subsidiariedad, el mérito y la igualdad de oportunidades, la justicia y la responsabilidad, la probidad, la transparencia y el buen gobierno».

 

Actividades del Observatorio

Columna sobre el Frente Amplio y Constitución. El pasado 29 de junio, Daniela Fuentes Vicente y Leonardo Ortiz Mesías, asistentes de investigación del Observatorio, publicaron en El Dínamo, un análisis de las propuestas en materia constitucional de los candidatos a las primarias presidenciales del Frente Amplio. La columna, titulada “Frente Amplio y nueva Constitución: ¿una meta sin ruta clara?”, hace un análisis detallado de las propuestas en materia constitucional de los candidatos frenteamplistas que compitieron en la primaria presidencial de esa coalición, las que coinciden en “la necesidad de generar una nueva Constitución para Chile vía Asamblea Constituyente, dejando atrás la Constitución de 1980 creada en dictadura y, que, pese a sus numerosas reformas, sigue manteniendo el espíritu del modelo económico y social que se impuso en dicho período de la historia chilena”.

Acerca de la propuesta de Beatriz Sánchez en particular, se argumenta que si bien tiene un diagnóstico claro de por qué es necesaria una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente, “se evidencian vacíos e incertidumbre respecto a cómo se llegará a ella y a los procedimientos que se utilizarán para darle un carácter “participativo e inclusivo”. En este sentido, los columnistas advierten que es fundamental esclarecer estos puntos, considerando que actualmente la Asamblea Constituyente es una institución desconocida por buena parte de la sociedad chilena y que despierta desconfianza en algunos sectores debido a la experiencia venezolana. En la propuesta programática presentada por Sánchez para las primarias, no existe mención alguna sobre cómo se seleccionarían los delegados de esta Asamblea, ni tampoco sobre cómo se asegurará que su composición sea “inclusiva y popular”, tal y como se ha puesto de manifiesto en la franja electoral y en varios foros y entrevistas donde ha participado la candidata.

Por su parte, en la columna advierten que la propuesta del ahora derrotado Alberto Mayol también sostiene la necesidad de una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente, lo que justifica señalando que el texto fue acordado entre pocos y que la gran mayoría quedó excluida en la definición de las “reglas del juego”. Sin embargo, pese a que Mayol es partidario de la idea de volver a “rayar la cancha” a través de una Asamblea Constituyente, tampoco profundiza “respecto de sus características ni forma de llegar a ella”. De ahí que, como observa la columna, “no basta con tener un diagnóstico claro de por qué se necesita cambiar la Constitución […] Sino que también es fundamental establecer propuestas concretas y claras respecto a cómo se va a llevar a cabo el cambio constitucional a través del mecanismo que proponen –la asamblea constituyente–“. Esto, dado que, pese a las diversas declaraciones sobre la necesidad una Constitución a través de una Asamblea Constituyente, no ha existido información por parte del Frente Amplio sobre ciertos aspectos relevantes como el funcionamiento y composición de dicho mecanismo en caso de que sea aprobada la demanda constitucional.

Por lo tanto, concluyen que “si lo que quiere el Frente Amplio, es destacar que lo que se ha hecho hasta ahora bajo el gobierno de Bachelet es defectuoso, o no es óptimo para obtener una nueva Constitución […] lo que se necesita realmente, es dar un paso más allá, esto es, instruir a la ciudadanía sobre los procedimientos que se utilizarán para obtener una nueva Constitución”. Es decir, se hace necesario explicar a la ciudadanía en qué consiste concretamente dicho mecanismo, cómo va a operar en la práctica, cuáles serán los criterios que se utilizarán para seleccionar a los delegados y cómo se le  dará un carácter participativo y ciudadano.

 

Pueblos originarios

Presentación del Plan Araucanía. El pasado viernes 23 de junio la Presidenta Michelle Bachelet anunció en el Palacio de la Moneda el “Plan de Reconocimiento y Desarrollo Araucanía” o “Plan Araucanía”, proyecto que recoge las recomendaciones realizadas por la Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía encabezada por el Obispo de Temuco, Héctor Vargas, y que busca avanzar en una solución para la problemática de la zona, recogiendo la visión de todos los sectores  involucrados.

Luego de que la mandataria pidiera formalmente perdón al pueblo Mapuche, en nombre del Estado de Chile, por los errores y horrores históricamente cometidos en su contra, anunció una serie de medidas orientadas a solucionar los problemas en las relaciones entre el pueblos Mapuche y el Estado chileno, así como el retraso económico de la región. Entre los principales anuncios destacan los siguientes: políticas de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas que serán integradas en el proyecto de Nueva Constitución que Bachelet se comprometió enviar al Congreso antes del término de su mandato; reconocimiento de los derechos colectivos del Pueblo Mapuche por medio de oficializar el uso del mapudungún en la Región de la Araucanía; proyecto de ley que establezca como feriado el Día Nacional de los Pueblos Originarios, a celebrarse el 24 de junio; tramitación con suma urgencia de los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas; creación de un Comité Interministerial presidido por el Ministerio de Desarrollo Social para que actualice el catastro de tierras y aguas indígenas; políticas de desarrollo productivo regional y territorial; Ley Araucanía para el fomento productivo, la generación de infraestructura y la formación de capital social y humano; y política para la protección y apoyo a todas las víctimas de la violencia en la región.

Sin embargo, el Plan Araucanía generó críticas por parte de algunas organizaciones del pueblo Mapuche que reclaman que la elaboración del proyecto no contó con la participación del pueblo ni los representantes de sus comunidades, ni tampoco fue sometido a proceso de consulta previa. Richard Caifal, representante de la Corporación de Profesionales Mapuches Enama y exintegrante de la Comisión Asesora Presidencial sostuvo que la “propuesta no cuenta con nuestro respaldo” y que “es cuestionable que esto se haga desde Santiago, con la total displicencia, distancia y evitando cualquier contacto con la Región”, agregando que “le restamos legitimidad y validez a lo que ella proponga porque básicamente es para el sector empresarial de la Araucanía y no para los mapuches”. Asimismo, criticó que se haya eliminado del informe final de la Comisión el ámbito referido a la plurinacionalidad, acusando a los miembros de “sucumbir ante las presiones de los gremios para excluir en el último minuto la frase de reconocimiento de un Estado unitario plurinacional”. Por su parte, Ana Llao, dirigente mapuche y exconsejera de la CONADI también acusó falta de participación en el proceso señalando que se privilegió al sector empresarial, afirmando que “[q]uien dirigió la Comisión fue la multigremial de la Región, la misma que nos persigue día a día”.

Columna de Marcial Colín. En una columna de opinión publicada el 23 de junio en El Quinto Poder, el Consejero Nacional de la CONADI Marcial Colín se sumó a las críticas a la Ley Araucanía, uno de los principales anuncios del Plan Araucanía, por no incluir un proceso de consulta previa a la comunidad mapuche, considerando que según el Convenio 169 de la OIT los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas toda vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectar sus derechos. Esta crítica, surge principalmente frente al hecho de que algunos parlamentarios y autoridades de gobierno, como el Ministro del Interior Mamhud Aleuy, habrían manifestado que esta ley no requiere de consulta previa pues no existiría una afectación a las comunidades mapuches. A lo anterior se agregan las opiniones de quienes sostienen que mientras no se conozca el anteproyecto de la ley no se puede saber concretamente si este es consultable o no. Ante eso, y en relación con el informe entregado a la Presidenta por la Comisión Asesora Presidencial, Colín señaló “no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que si se habla de integralidad en la solución, eso incluye a las comunidades mapuches, por lo tanto cualquier medida legislativa o administrativa que se pretenda definir para la región de la Araucanía es susceptible de afectar a comunidades de la nación mapuche”.

Columna de José Aylwin. En una columna de opinión publicada en el diario El Dínamo el 28 de junio, José Aylwin, abogado de derechos humanos y Director del Observatorio Ciudadano, si bien valoró ciertos anuncios hechos por la mandataria tales como la inclusión de las propuestas emanadas del proceso constituyente indígena para el reconocimiento de los derechos colectivos del pueblo mapuche en el texto de Nueva Constitución que entregará al Congreso antes del término de su mandato, sostuvo que varios de estos anuncios “estuvieron claramente orientados a dar respuestas a las propuestas emanadas de la Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía, presidida por el Obispo Vargas, integrada por veinte representantes del ejecutivo, de iglesias y del sector privado, pero de precaria participación mapuche”. Al respecto, aclaró que la marginación del pueblo mapuche de esta instancia se produjo por “el rechazo que provocó en sus organizaciones representativas la designación de sus interlocutores por quienes la coordinaron, sin respeto al derecho que asiste a los mapuches, como pueblo indígena, de definir a sus propios representantes en este tipo de instancias”.

Asimismo, argumentó que las propuestas establecidas por esta Comisión Asesora no contribuyen a hacerse cargo de los problemas “medulares” de la relación entre pueblo mapuche y el Estado, tales como la protección de sus tierras y el derecho a definir sus prioridades en materia de desarrollo en el contexto de proyectos de inversión que se han acrecentado en la zona, muchos de los cuales se han establecido sin procesos adecuados de consulta previa. Sino que más bien estas propuestas “respondieron a las preocupaciones de los gremios productivos de la Araucanía en el contexto de la conflictividad creciente existente en la región”.

Entrevista a Salvador Millaleo. En una entrevista realizada por la Radio U de Chile, el académico y exintegrante del Consejo Ciudadano de Observadores criticó la profundidad de las  propuestas anunciadas por la presidenta en el marco del Plan Araucanía considerandolas “poco sustantivas”, aludiendo a  la necesidad de avanzar hacia el reconocimiento constitucional asociado a la creación de un estado plurinacional, tal y como lo ha demandado la población indígena, y hacia formas de diálogo sin exclusiones. Al ser consultado por la celeridad que tendría este proyecto en el trámite legislativo sostuvo “la presidenta no está pensando en este plan para que salga en este gobierno. Ella dijo que (el reconocimiento constitucional) lo va a enviar como parte de la nueva constitución, proyecto que enviará bien al final del mandato, por lo tanto, será definición del próximo congreso”. De ahí que, para el académico las posibilidades de concretar este plan son bastante inciertas, pues asegura que en un eventual gobierno de derecha no se avanzará mucho en la materia, al menos no habrá reconocimiento constitucional en la forma como lo exigen los pueblos indígenas, ni tampoco cree que se solucionarán los conflictos presentes en la región. En definitiva, para Millaleo las medidas propuestas en este plan no son coherentes con el perdón ofrecido por la mandataria al pueblo Mapuche, pues se requieren medidas mucho más sustantivas que estén acordes con sus verdaderas demandas e inquietudes.

Diputado UDI propone reconocimiento constitucional. El portal de noticias en línea Biobío Chile recogió el 23 de junio las opiniones del diputado UDI Osvaldo Urrutia, en las que se manifestó en desacuerdo con las propuestas establecidas por la Presidenta Michelle Bachelet en el marco del Plan Araucanía por considerar que “consagra elementos de discriminación evidentes en contra de otras etnias de nuestro país”. Según el Diputado, esta forma de abordar el conflicto Mapuche da pie para que otras culturas utilicen medios “violentos” para ser escuchados o considerados. Por tal motivo, afirma que presentará un proyecto de ley para incluir en la reforma constitucional anunciada por la mandataria, a representantes de la etnia Rapa Nui y del norte del país, lo cual “es coherente con la igualdad ante la ley como derecho consagrado constitucionalmente” y que según su visión “ni la Presidenta ni grupos de presión puede alterar”. Por lo mismo, señaló que luchará para que estas etnias puedan contar, por ejemplo con representación parlamentaria, cuestión que considera “fundamental en el respeto de los derechos de los chilenos”.

Proceso de Consulta Indígena para la aprobación del Estatuto Indígena. Durante la primera semana de agosto comezará a prepararse el proceso de consulta indígena en el que se discutirán y abordarán las características que tendrá el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios anunciado por el gobierno para su proyecto de nueva Constitución.

Esto, luego de que se diera por finalizado el Proceso Constituyente Indígena organizado por el gobierno, donde participaron más de 17 mil personas, y a partir de cuyos resultados se elaborará un Estatuto Constituyente Indígena que será sometido a consulta a los respectivos pueblos originarios. Según informó Biobío Chile, en la Región de la Araucanía ya se dio inicio a los preparativos siguiendo las indicaciones y recomendaciones del Convenio 169 de la OIT. Al respecto, el alcalde de la comuna de Lumaco, Manuel Painiqueo,  explicó que el proceso busca que ese documento “vuelva a las comunidades a ser consultado para ver si quedaron efectivamente las propuestas, el pensamiento, lo que se dijo en los talleres que se hizo por lo menos en varios regiones donde hay existencia de pueblos indígenas”.  

Por otro lado, la primera semana de julio comenzó a circular una planilla del Ministerio de Desarrollo Social en la que se detallan las localidades, lugares, fechas y horas para convocar a representantes de organizaciones de los pueblos indígenas a las reuniones de planificación del Proceso de Consulta Indígena. Estas reuniones, se extenderán durante el mes de agosto en todas las regiones del país, con el propósito de difundir y consultar entre los representantes de los pueblos originarios los resultados que se incluirán en el Estatuto Constituyente Indígena.

Reforma capítulo XV

Témino del plazo para consulta en línea. El 8 de mayo la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, abrió en su sitio web un espacio para recibir opiniones ciudadanas sobre el proyecto de reforma al capítulo XV de la constitución. El plazo para ello señalado en la misma página expiró el pasado 12 de junio. Sin embargo, pese a que el plazo se encuentra cerrado, la plataforma sigue disponible para la realización de consultas. Hasta la semana del17 de julio no había nuevas sesiones convocadas para tratar el proyecto de reforma.

 

Política

Marco Enríquez-Ominami. El candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, durante la segunda etapa del ciclo “Conversaciones para un Chile Progresista”, organizado por la Fundación Participa, insistió en sus propuestas sobre nueva Constitución y descentralización.

En este sentido, el presidenciable destacó que “necesitamos una nueva Constitución debido a que el problema de la actual no es solamente la carencia de su legitimidad y que sea de Pinochet, sino también porque no es neutra y es profundamente ideológica. Es una mala constitución que no da para más porque no es modificable ni da certeza jurídica. Por tales motivos, nosotros proponemos una nueva constitución que se construya a través de una asamblea constituyente”.

Por otro lado, el pasado 4 de julio, y luego de las primarias de Chile Vamos y el Frente Amplio, el presidenciable se refirió a los votantes de la Nueva Mayoría, expresándoles que “hay un legado de Michelle Bachelet y que ninguno de sus candidatos defiende. Anuncio que defenderé el legado de Michelle Bachelet”, aunque especificó en qué consistiría ese legado y lugar que en él tendría el proceso constituyente impulsado por el actual Gobierno.

Beatriz Sánchez. La candidata presidencial del Frente Amplio señaló en una entrevista en El Ciudadano el pasado 27 de junio, que existe “harta coincidencia” entre las diferentes visiones programáticas del Frente Amplio. A este respecto, se refierió como ejemplo a la Asamblea Constituyente, en la que incluso el Partido Liberal, que no se define de izquierda como hacen otras colectividades del Frente Amplio, sí considera esa demanda como prioritaria, estando esto en línea con el resto. Agregó que “hay una necesidad de cada una de las organizaciones de generar sintonía y me parece que eso es un ejercicio súper generoso”.

Asimismo, en el contexto de la segunda etapa de “Conversaciones para un Chile Progresista”, organizado por la Fundación Participa, Sánchez remarcó que “queremos una nueva Constitución y una asamblea constituyente, porque este proceso debe ser participativo”. Al respecto, reconoció que “será un camino complejo por las mismas restricciones que tiene la Constitución para poder cambiarse a sí misma, pero estamos trabajando con diversos constitucionalistas para avanzar y llegar hasta la posibilidad de una asamblea constituyente, ocupando la misma constitución”.

La presidenciable adelantó más detalles respecto a la forma en que podría hacerse, explicando que “nuestra opción es destrabar desde el Congreso los aspectos que tienen que ver con la posibilidad de que un presidente llame a un plebiscito, como primera medida, para posteriormente llegar a una asamblea constituyente, lo que significaría cambiar la ley, que tiene quórums muy altos. Posteriormente, apuntar a otros cambios constitucionales que permitan, junto al Congreso, poder llamar a una fórmula constituyente que pueda determinar una nueva Carta Magna”.

Escenario post-primarias. Carla Amtmann y Cristian Cuevas, dirigentes de Nueva Democracia publicaron una declaración en El Desconcierto el pasado de 9 de julio, donde hicieron un análisis post-primarias del Frente Amplio y pusieron a disposición de la candidatura de Beatriz Sánchez el apoyo de Nueva Democracia, movimiento que en la primaria apoyaba al precandidato derrotado Alberto Mayol. Al respecto declararon que “[d]esde Nueva Democracia asumimos y nos ponemos a disposición de la candidatura de Beatriz Sánchez, como legítima representante del proyecto colectivo que el Frente Amplio está en proceso de construir. Lo hacemos, sin embargo, sin renunciar a la tradición histórica de la izquierda chilena que, en sus distintas expresiones generacionales y ocupacionales se reunieron y trabajaron por dar vida a la candidatura de Alberto Mayol”.

Además de un balance de lo realizado por la colectividad durante los meses de campaña, donde aseguran que por primera vez una fuerza política logró instalarse como una alternativa a la Derecha y a la Nueva Mayoría, reafirmaron la necesidad de refundar el país a través de una Asamblea Constituyente, “haciéndonos cargo de los sentimientos y las esperanzas profundas de nuestro pueblo y así combatir la despolitización y la desigualdad que hoy en día asolan la vida cotidiana de los habitantes del país, que aún no creen que la política pueda aportar a la solución colectiva de nuestros problemas”.

Eventos académicos

El jueves 13 de julio, la Universidad Adolfo Ibáñez realizará un conversatorio titulado “Una mirada psicosocial a la participación en el proceso constituyente: metodologías y experiencias”, donde protagonistas y observadores del proceso analizarán desde la psicología y las ciencias sociales la estrategia de participación implementada, la experiencia vivida por los participantes y los métodos utilizados para analizar los resultados.

En el conversatorio participarán Carolina Gómez, psicóloga y asesora de la División de Estudios de la Segpres para el proceso constituyente; Claudio Fuentes, filósofo y Director del Centro de Estudios de la Argumentación y el Razonamiento; y Felipe Valdivieso, Doctor en Sociología y académico de la UAI.

Lugar: Presidente Errázuriz 3485, Las Condes.
Fecha: Jueves 13 de julio.
Hora: 18:30 horas.

 

El Centro de Estudios Constitucionales de Chile en conjunto con la Escuela de Derecho sede Santiago de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad de Talca llevarán a cabo el Seminario Nacional “Los derechos en una nueva Constitución”. El seminario busca analizar los contenidos que debería tener una futura Carta Magna, específicamente los derechos fundamentales y el diseño constitucional.

Lugar: Calle Santa Helena 2222, San Joaquín, Santiago.
Fecha: Jueves 13 de julio.
Hora: 16:00 horas.

 

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales realizará un Coloquio para comentar dos artículos de un libro que aún está en preparación titulado Debates constitucionales sobre el derecho a la vida y nueva Constitución. Para la ocasión están invitados los abogados y académicos Patricio Zapata y Alejandra Zúñiga.

Lugar: Sala de videoconferencias de la Facultad de Derecho UDP, República 112, Santiago.
Fecha: 26 de julio.
Hora: 13:15 horas.

Boletín N.° 3 (junio de 2017, 2ª quincena)

Contenidos

Editorial
Actividades del Observatorio
Política
Proceso constituyente de gobierno
Opiniones en medios

 

Editorial

Proceso constituyente y primarias presidenciales. La campaña electoral para las primarias presidenciales del 2 de julio constituye la largada de un nuevo ciclo electoral, lo que provee una oportunidad para que los aspirantes a la Presidencia se pronuncien sobre el proceso constituyente y la posibilidad de elaborar una nueva Constitución, en particular por medio de la franja electoral, la que permite el mayor nivel de exposición frente a la ciudadanía.

Si bien la discusión pública en torno al problema constitucional ha bajado en intensidad respecto de años anteriores, las campañas electorales de este año de seguro la revivirán. Es de esperar que algunos sectores políticos de entre quienes aspiran a ocupar cargos de representación tratarán de dar relevancia al tema, e incluso la Presidenta Bachelet, cabeza del gobierno de salida, ha declarado su propósito de que el proyecto de nueva Constitución que enviará al Congreso durante este año sirva para que el tema constitucional sea uno «sobre el cual los candidatos puedan pronunciarse».

Por lo anterior, tanto lo que las campañas políticas de este año digan como lo que no se diga en ellas será relevante. Esto ya se aprecia en la franja televisiva de propaganda para las primarias. Las candidaturas de Chile Vamos, naturalmente más cómodas con el statu quo constitucional, han guardado silencio sobre el tema, salvo por una mención fugaz en la franja de Felipe Kast al «reconocimiento constitucional a los pueblos originarios», una de las promesas incluidas en su programa de gobierno. Este silencio es comprensible dado que la competencia en elecciones primarias se da entre postulantes que disputan el apoyo de votantes del mismo sector político, y en el caso de la derecha el problema constitucional no rendirá frutos electorales. Sin embargo, esos silencios con frecuencia esconden el hecho de que algunas propuestas de los candidatos de Chile Vamos requieren cambios constitucionales. Si bien lo reconocen en sus documentos programáticos, el foco de la propaganda está en temas como el crecimiento económico, la delincuencia, y el empleo.

En el caso del Frente Amplio, tanto la candidatura de Beatriz Sánchez como la de Alberto Mayol plantean la promesa de un nueva Constitución por medio de Asamblea Constituyente. La franja de Mayol fue la primera en tratar de manera sustantiva primero el tema, atacando la legitimidad de origen de la constitución vigente por medio de la metáfora de la «cancha dispareja» y las «reglas del juego» que «fueron acordadas entre pocos» en un contexto político en el que «[n]i siquiera habíamos entrado a la cancha». Así, su foco está en el mensaje político para justificar la necesidad de una nueva Constitución. La franja de Sánchez, si bien se refirió a la falta de legitimidad de la constitución vigente tanto de origen  (fue «hecha en dictadura») como de ejercicio («a pesar de los parches, todavía no funciona»), destaca por extenderse sobre el mecanismo de la Asamblea Constituyente, invocando experiencias comparadas, pero no da detalles respecto de las características de ella ni de los pasos políticos e institucionales para llegar a ella, a pesar de que ha señalado que convocar a la Asamblea sería su primera medida de gobierno.

Apropiación de la constitución. Una columna del académico Esteban Szmulewicz  y una entrevista al expresidente del Consejo Ciudadano de Observadores Patricio Zapata publicadas en Diario Constitucional sugieren un diagnóstico similar respecto de la necesidad del cambio constitucional. De acuerdo al primero, el problema constitucional radica en que la constitución vigente «no ha logrado producir patriotismo constitucional, esto es, cristalizar la cultura política compartida del país a la luz de nuestra historia nacional y servir como instrumento para la integración social». En una línea similar, el segundo identifica como el problema principal de la constitución actual el que, debido a su contenido, es «difícil que todos la puedan sentir como su casa».

Ambas opiniones coinciden en un diagnóstico que puede llamarse como «falta de apropiación» de la constitución. Más allá de la abstracción del concepto de «patriotismo constitucional» o la vaguedad de la idea de que la constitución pueda «sentirse como la casa de todos», la principal manifestación del diagnóstico está en la brecha existente entre la política institucional definida por la constitución y las lealtades de la ciudadanía. Se trata de la deslegitimación de las instituciones representativas, la así llamada «crisis de legitimidad» o –más tibiamente– «crisis de confianza».

Sin embargo de que existe una amplia coincidencia en ese diagnóstico, las diferencias se expresan en las soluciones propuestas. Ambos académicos contemplan la posibilidad de que el mecanismo que elabore la nueva Constitución sea integrado de manera mixta incluyendo a congresistas en ejercicio. Zapata junto con algunos políticos democratacristianos han defendido una propuesta de «Convención Constituyente» integrada por parlamentarios y ciudadanos elegidos por el Congreso, no por la ciudadanía. Szmulewicz, por parte, sugiere la alternativa de que «un porcentaje de la Convención Constitucional» esté integrada por parlamentarios en ejercicio «nombrados por los respectivos partidos políticos a los que pertenezcan».

Tales propuestas parecen completamente contraproducentes en cuanto buscan solucionar el problema de la separación entre la política institucional y la ciudadanía por medio de alejarse de la forma elemental de ejercicio de la soberanía democrática –la elección de representantes por parte de la ciudadanía por medio del sufragio–, y, en cambio, entregar a los órganos cuya legitimidad está en el centro de la crisis –los partidos, el Congreso– la facultad de elegir a los representantes constituyentes.

Actividades del Observatorio

Columna sobre propuesta constituyente de Guillier. El 17 de junio, Ernesto Riffo, Director del Observatorio, y Rodrigo Espinoza, Investigador del Observatorio, publicaron en El Mostrador, un análisis de las propuestas en materia constitucional del candidato presidencial Alejandro Guillier, a propósito del lanzamiento de su campaña y programa de gobierno.

La columna, titulada “El continuismo constituyente de Guillier” presenta un balance de la posición del candidato respecto de una nueva Constitución. En primer lugar, los autores destacan el reconocimiento por parte de Guillier del problema constitucional como un eje sustantivo en su hoja de ruta, señalando que “es destacable el hecho de que se reconozca que un programa de transformación y redefinición del Estado requiere un cambio en la distribución del poder político para lograr metas tales como una descentralización efectiva, modernización del aparato público, diversificación de la matriz productiva y la reducción de las desigualdades”.

Resaltan, asimismo, el hecho de que varias de las propuestas contenidas en el programa, sean elementos que contaron con un alto nivel de apoyo en la etapa participativa impulsada por el gobierno durante el año 2016, tales como mecanismos de democracia directa, descentralización y respeto por el medio ambiente. No obstante existen algunas propuestas distintivas que no siguen los resultados del proceso participativo. También destacan otras innovaciones, como la eliminación del Tribunal Constitucional y la remoción de los quórums supramayoritarios.

Sin embargo, más allá del reconocimiento en materia de propuestas, el texto critica la incertidumbre que el programa de Guillier mantiene al no decantarse expresamente por un mecanismo en particular para el reemplazo constitucional –alineándose, de esta forma, con la actual posición del gobierno, cristalizada en la indeterminación respecto del mecanismo del proyecto de reforma al capítulo XV–, dejando asimismo un manto de incertidumbre sobre futuros espacios de participación y deliberación entre la ciudadanía. Al respecto se afirma en la columna que “la propuesta constitucional de Guillier se presenta como un esfuerzo por dar continuidad al proceso que ha llevado adelante el gobierno de la Presidenta Bachelet, definido como democrático, participativo e institucional. En efecto, es tal la continuidad que las mismas dudas e incertidumbres que surgen del itinerario del gobierno actual pueden plantearse respecto de la propuesta del candidato”.

En cuanto a la participación ciudadana, se critica que la falta de “detalles sobre la forma que tendrá esa participación; si acaso será similar a la del año pasado, si apuntará a lograr mayor convocatoria, mayor representatividad, mejores condiciones para la deliberación sustantiva, etcétera”. El principal temor que expresan los autores al respecto está en el peligro de que esa incertidumbre “podría significar que la intervención de la ciudadanía podría quedar suscrita a lo que fue la celebración de encuentros locales autoconvocados y cabildos, si es que el Congreso así lo decide”.

La columna concluye señalando que “si la participación de la ciudadanía se queda en lo que fue el proceso experimentado el 2016 […] solo sería la continuación de un proceso que el constitucionalista argentino Roberto Gargarella ha definido como ‘controlado desde arriba’, lo que claramente es insuficiente, ya que un proceso de cambio constitucional orientado a corregir un déficit democrático exige estándares de representación, participación y deliberación más elevados”.

Política

Presentación programa de gobierno de Guillier. El 14 de junio se realizó el lanzamiento de la candidatura  y el programa de gobierno de Alejandro Guillier. Entre las propuestas se encuentra la elaboración de una nueva Constitución, siguiendo la ruta establecida por la actual administración de Michelle Bachelet. El programa de Guillier  reconoce al pueblo como originario del poder constituyente, la formación de un régimen semipresidencial, reducción de los quórums supramayoritarios, entre otras medidas destinadas también al crecimiento económico, antecedido por un reordenamiento del poder político.

Reacciones de la DC al programa de Guillier. En respuesta a la propuesta programática del abanderado del PC, PS, PPD, PRSD, IC y MAS, la Democracia Cristiana hizo alusión a las propuestas constitucionales por dicha coalición electoral. Al respecto, el Senador Ignacio Walker calificó de “aberrante” la propuesta de poner fin al Tribunal Constitucional, así como la idea de consagrar en la Constitución la posibilidad de un referéndum revocatorio. “En general, hay muchos aspectos positivos que compartimos. Dicho esto, yo creo que es aberrante eliminar el TC” sostuvo. De igual forma, respecto de las revocatorias de mandato advirtió que “es propio del régimen político chavista y que introduce un elemento de precariedad e inestabilidad”, haciendo notar su desacuerdo con el mecanismo.

Franja electoral elecciones primarias. El 14 de junio comenzó a emitirse la franja electoral del proceso de primarias parlamentarias y presidenciales 2017, en las que participan las coaliciones Frente Amplio y Chile Vamos. Como era de esperar, el tema constitucional ha sido parte importante de la campaña, principalmente en el caso de la primera coalición. Sobre el tema, los candidatos frenteamplistas Alberto Mayol como Beatriz Sánchez han enfatizado la necesidad de contar con una nueva Constitución. El primero defiende, por medio de una frecuente analogía futbolística, la necesidad del cambio constitucional como una apuesta para redefinir el “rayado de cancha”, debido a que el marco constitucional actual ha producido una cancha “dispareja, en un terreno inclinado, donde gracias a las condiciones del campo, un grupo minoritario se beneficia de un reglamento tramposo”, haciendo directamente alusión a los orígenes y efectos de la Constitución de 1980. De igual forma, el candidato destaca que Chile vive sumergido bajo un experimento en el que diversos aspectos del sistema social, jurídico y político, incluyendo la constitución de 1980, serían únicas en el mundo, de manera que los profundos cambios que considera necesarios serían solo una forma de “normalizar” las características anómalas del país. Igualmente, propone como mecanismo para la elaboración de una nueva Constitución la conformación de una Asamblea Constituyente.

Por su parte, Sánchez destaca la idea de una Asamblea Constituyente con participación popular. Tanto en las recreaciones incorporadas en su franja, como en su canción de campaña. Incluso, la exconductora radial destaca que la convocatoria a una Asamblea Constituyente sería una de las primeras medidas de su gobierno.  La necesidad de un nueva Constitución la fundamenta en el hecho de que hoy en día “vivimos bajo una constitución hecha en dictadura” a la que “[s]e le han hecho muchos parches y a pesar de los parches, todavía no funciona”.

Entrevista a precandidato a Diputado del RD. Consultado por The Clinic acerca de su balance de la política nacional, el precandidato a Diputado de Revolución Democrática Carlos Figueroa, quien competirá en las primarias del distrito 11 el 2 de julio, sostiene que dentro de los ejes centrales para transformar el actual “modelo”, un paso importante es la desconcentración del poder. Por esa misma razón afirma que es importante “el esfuerzo por plantear una Asamblea Constituyente. Una democracia más directa, con plebiscitos y referéndums”. En esa línea señala, respecto de sus propuestas como candidato, que su principal eje es “redistribuir el poder para recuperar la confianza en la política, a través de la asamblea constituyente, que se dejó botada en este gobierno. Después del proceso participativo, quedó todo en nada. Hay que instalar iniciativas populares de ley y mandatos revocatorios. También tratar de cambiar la lógica de cómo funciona el Congreso. Eliminaría las dos Cámaras y haría una sola a nivel nacional. Inaugurar nuevas instituciones políticas para recuperar la noción de la importancia cívica de la política”.

Proceso constituyente de gobierno

Entrevista a Michelle Bachelet en TVN. En entrevista en el programa El Informante, la mandataria realizó un balance de su gestión durante su segundo mandato, refiriéndose en particular a su agenda de reformas. Sin embargo, al ser consultada acerca de proyectos que no serán aprobados durante la actual administración, la Presidenta incluyó la nueva Constitución, aunque  su propuesta de nueva Constitución será enviada a fines del presente año, a fin de que “sea un tema sobre el cual los candidatos puedan pronunciarse”.

Opiniones en medios

Entrevista a Patricio Zapata. Entrevistado el 22 de junio en Diario Constitucional, el expresidente del Consejo Ciudadano de Observadores realiza un profundo análisis del proceso realizado por el gobierno. En primer lugar, relativiza los cuestionamientos al proceso basados en el nivel de participación en los encuentros y cabildos de la etapa participativa, dado que “no existe una base de comparación”. Asimismo, reconoce que los sesgos políticos y las desigualdades materiales pueden haber influido en la concurrencia, añadiendo que “[y]o no podría decir que lo que sale de ahí representa Chile, porque están infrarrepresentados los ancianos, las zonas rurales, los sectores más pobres y las personas con un pensamiento político opositor”. Sin embargo, reconoce los esfuerzos del Consejo por reducir tales sesgos, aunque admite que el aporte en la materia en último término puede quizás ser considerado como apenas “una gota de agua”.

En segundo lugar, al ser consultado sobre las dificultades del proceso constituyente y una eventual autocrítica atendido su rol en el proceso, señala  que el proceso  “estuvo marcado por la trinchera política”, la de la Nueva Mayoría, “y en ese sentido yo me siento muy frustrado porque la tarea nuestra como observadores era dar garantía[s], entonces yo traté de ser un árbitro, que todo el mundo confiara en mí, pero al final no logré que un sector de la política chilena se sumara, y en ese sentido es un fracaso mío”.

Entre otros aspectos, destaca el valor del diálogo político directo, cara a cara, en comparación con la participación exclusivamente por medios digitales, así como la relevancia de la educación cívica en este tipo de procesos, destacando que la celebración de cabildos “fue un gran acto de educación cívica” a pesar de que “se suponía que iba a haber antes de eso una campaña, la cual fue muy corta, en donde se repartieron un par de folletos que no llegaron a mucha gente”. De esta forma, continúa, “[s]i hubo alguna educación fue para los doscientos mil que se juntaron”.

Un punto central de la entrevista consiste en su visión acerca de si el resultados de las elecciones presidenciales del presente año, podrían significar una interrupción del proceso constituyente. Al respecto, Zapata afirma estar “convencido que gane quien gane la elección presidencial, este tema nos va a seguir acompañando y va a ser muy importante en los próximos cinco años.” Incluso afirma que “si Sebastián Piñera fuera reelecto como Presidente estoy seguro que él va a tener una respuesta frente a esta demanda, seguramente distinta a la que hará Beatriz Sánchez, Alejandro Guillier o Carolina Goic”.

Finalmente, reconoce la necesidad de cambiar la actual constitución, principalmente porque “el principal problema de la Constitución es que es muy estrecha y adopta la filosofía de un grupo de compatriotas, no de todos nosotros, y eso hace que sea difícil que todos la puedan sentir como su casa”.

Szmulewicz: Reflexiones sobre el proceso constituyente. El 19 de junio, el académico Esteban Szmulewicz escribió en Diario Constitucional sobre el proceso de cambio constitucional encabezado por el actual gobierno, enfocándose en que “[l]o más problemático es la naturaleza y conformación de la Convención Constitucional, y el hecho que ello quede entregado a una ley orgánica constitucional”.

Sin embargo, su análisis repasa diversos otros puntos. El primero de ellos trata sobre la necesidad de una nueva Constitución. Frente a este tema, el académico sostiene que la actual Carta Fundamental no ha logrado ser un instrumento de integración social, dado su carácter “antimayoritario y protegido de democracia, otorgando a la minoría política un excesivo poder de veto en la toma de decisiones, afectando con ello el principio de igualdad, lo que impide la modificación el status quo heredado”. Asimismo, plantea que bajo el actual marco regulatorio, se ha logrado crecimiento económico, pero un bajo desarrollo en lo político. Estos elementos, sumados a su origen autoritario, justificarían, en su opinión, el cambio de la Constitución y el proceso que ha seguido el gobierno de Bachelet.

En cuanto a la etapa participativa del 2016, Szmulewicz celebra la organización de estas instancias, destacando el rol del Consejo Ciudadano de Observadores, así como el compromiso de la ciudadanía al formar parte de este proceso, presentando como natural la menor asistencia a tales instancias en comparación con procesos electorales. De igual forma, valora diversos aspectos del proyecto de reforma al Capítulo XV de la constitución, señalando que esto permitirá un acuerdo nacional prácticamente transversal entre bloques políticos, valorando el principio de representación, rescatando el papel del Congreso en la formación de una Convención Constitucional, añadiendo algunas propuestas, tales como “habilitar a los integrantes de las Comisiones de Constitución y Legislación, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, para integrar la Convención” o “establecer que un porcentaje de la Convención Constitucional estará integrado por congresales en ejercicio, nombrados por los respectivos partidos políticos a los que pertenezcan”. Por otro lado, plantea dudas respecto los quórums de aprobación de los nuevos capítulos o contenidos, así como respecto al origen de las eventuales propuestas de nueva Constitución. Por otro lado, afirma la necesidad de incrementar la “débil educación ciudadana”, resaltando la importancia de una exhaustiva campaña de formación  que “permita a las personas comprender los aspectos clave mínimos y valorar la importancia de la Constitución”.

A modo de conclusión plantea que “cabe reconocer la centralidad del debate sobre una nueva Constitución. Se trata de un hito histórico para nuestra República. Discutir el pacto político y jurídico fundamental no es un asunto baladí y la iniciativa de la Presidenta de la República sitúa el debate acerca del mecanismo en el contexto del cuerpo más representativo y plural, el Congreso Nacional. La manera de hacer las cosas en una sociedad cada vez más exigente también cobra gran importancia: se trata de generar un mecanismo que permita participación institucionalizada, representación de los distintos intereses e ideas presentes en la sociedad, y deliberación entre sus integrantes. Si bien el proyecto del Ejecutivo presenta algunas dudas, la clave es concordar de manera transversal la necesidad de una nueva Constitución, a fin de que ésta abra espacios de discusión para los desafíos de futuro”.

Entrevista a Manuel Antonio Garretón. En la versión electrónica de The Clinic del 14 de junio, el sociólogo Manuel Antonio Garretón aborda distintas temáticas vinculadas a la política nacional. Dentro de ellas, destaca el proyecto de cambio de la actual constitución. De acuerdo con Garretón, el gobierno de Michelle Bachelet “no entendió la enorme legitimidad que tuvo el tema constitucional en 2013”. Observa en ese sentido que “[d]e los nueve candidatos, excepto dos o tres, todos lo tenían como central. El Mercurio hacía editoriales cada tres días sobre la AC, porque estaban desesperados”.

Consultado sobre la estrategia de debería haber seguir el gobierno, el académico responde que debió “[p]onerlo como el primer punto. O sea, convocar al país a resolver a través de la Constitución sobre qué principios se quería organizar la sociedad, y a partir de eso plantear las reformas”. Reconoce, asimismo, que el tema constitucional es un eje prioritario al problema político e institucional que atraviesa el país, donde la participación política y la deliberación constituyen elementos centrales para una redefinición en las reglas del juego. Sin embargo, lamenta que tras avances tales como el fin del sistema binominal, la agenda reformista perdiera fuerza debido a los escándalos de corrupción.

Sebastián Soto: ¿Eliminar el TC? El académico de la Universidad Católica de Chile Sebastián Soto publicó en La Tercera el día 20 de junio una columna a propósito de las propuestas programáticas en materia constitucional de Alejandro Guillier. En particular, respecto de la posibilidad de eliminar el Tribunal Constitucional, institución que el candidato consideraría como un enclave “antidemocrático”. Soto rechaza la idea de que el Tribunal constituya una instancia antidemocrática, argumentando que “[l]a historia del siglo XX muestra justamente lo contrario, esto es, que la existencia de estas instituciones fortalece la democracia y protege los derechos. No por nada 90 constituciones del mundo consagran cortes constitucionales”. Asimismo, la columna observa que “[n]i siquiera el programa de Bachelet el 2014 -que no era precisamente socialdemócrata- planteaba” una propuesta tan “extrema”. En su opinión, la razón de su inclusión en “es política: ganarse el esquivo afecto de un sector que sueña con deshacer lo andado”. Sin embargo, concluye, esa estrategia “junto con sacrificar el TC, también sacrifica cualquier posibilidad de diálogo para perfeccionarlo pues termina atrincherando las posiciones”.

Propuestas constitucionales de las candidaturas para las primarias presidenciales

CHILE VAMOS
Sebastián Piñera
Felipe Kast
Manuel José Ossandón

FRENTE AMPLIO
Beatriz Sánchez
Alberto Mayol

CHILE VAMOS

Sebastián Piñera

“Mejores instituciones y Estado Moderno al Servicio de las Personas”

Ver Bases del Programa de Gobierno.

El Expresidente se ha manifestado contrario a la idea de establecer un nuevo texto constitucional así como de mantener el “proceso constituyente” implementando por el actual Gobierno de la Presidenta Bachelet, al que critica por estar centrado en la forma de elaborar la nueva Constitución más que en el contenido que ésta debería recoger. En su documento de bases programáticas, propone reorganizar los poderes del Congreso reduciendo el número de parlamentarios a 120 diputados y a 40 senadores manteniendo el actual sistema electoral proporcional, la revisión del periodo presidencial y limitar la reelección de las autoridades políticas. Además, propone modernizar y fortalecer las funciones de la Contraloría General de la República y modernizar el funcionamiento administrativo y burocrático del Estado. La única reforma constitucional que propone explícitamente es la consagración del principio de responsabilidad fiscal, que iría acompañado de un un plan de austeridad para la administración pública. No obstante, las reformas políticas mencionadas requerirían de reformas a la constitución vigente. En cuanto a pueblos originarios, tan solo afirma como un desafío “promover a nuestro pueblos originarios”, sin señalar si ello involucra su reconocimiento constitucional.

Respecto de cómo debieran realizarse las reformas a la constitución, en una intervención en el Centro de Estudios Públicos en julio de 2016, señaló que “en un país como Chile deben hacerse en el Congreso, con participación de los expertos y de la ciudadanía antes, durante y después. Pero el lugar donde se debe radicar el proceso constituyente es el Congreso […] El Congreso, en consecuencia, debe ser la institución donde se discuta la reforma constitucional con, por supuesto, mecanismos de participación ciudadana antes, durante y después, lo que en esta ocasión, al igual como se hizo el año 1989, puede significar un plebiscito ratificatorio, dadas la naturaleza, profundidad e intensidad de este debate”.

 

Felipe Kast

“Constitución mínima para una democracia máxima”

Ver Programa de Gobierno.

El abanderado de Evópoli en su propuesta programática reconoce que es necesario establecer una nueva Carta Magna acorde a los tiempos y desafíos que vive actualmente el país, debido que la actual carece de legitimidad ante la ciudadanía pese a la serie de reformas que se le han hecho desde su promulgación. Sin embargo, sostiene que es contrario a la idea de una Asamblea Constituyente y a escribir una nueva Constitución desde cero que pase por alto la “tradición constitucional chilena”. Cree que el cambio constitucional lo tiene que liderar el Congreso en compañía de la ciudadanía la cual debe participar en todas las etapas del diseño: en los cabildos y encuentros ciudadanos (no es claro si serían adicionales a los del año 2016), durante la discusión en el Congreso (no señala de qué forma podría hacerlo), y después de su tramitación mediante un plebiscito ratificatorio. Respecto al contenido, se inclina por una Constitución “mínima y liberal”, en la que los derechos sociales no estén consagrados a nivel constitucional pues hacerlo implica, según su opinión, reducir la Constitución a una mera declaración “lírica”. Respecto al régimen de gobierno propone transitar desde un híper-presidencialismo a una relación más equilibrada entre Presidente y Congreso, aumentando los poderes legislativos del Congreso en materia de urgencias y en la discusión presupuestaria. Asimismo, propone atenuar los mecanismos contramayoritarios, pasando de los quórums de 2/3 y 3/5 que actualmente existen para reformar la Constitución a la regla de mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio en dos Congresos sucesivos.

Respecto de los pueblos originarios, Kast propone el “[r]econocimiento expreso de los pueblos indígenas originarios” y así como de “la interculturalidad que nos constituye como país”, incluyendo el “[r]econocimiento del Mapudungún y el Rapa Nui, como lenguas co-oficiales en la Región de La Araucanía y en Isla de Pascua», el “[e]xpreso objetivo del Estado de tender a la promoción, protección y defensa de los elementos culturales de los pueblos indígenas”; y “[r]econocimiento de espacios para la determinación de los pueblos indígenas”, incluyendo representación en el Congreso “mediante cupos parlamentarios transitorios, y padrón electoral distinto a cargo del SERVEL”, entre otras medidas.

 

Manuel José Ossandón

“Sano reformismo constitucional”

Ver Programa de Gobierno.

Ossandón sostiene que el debate sobre el cambio constitucional guarda relación con la necesidad de avanzar hacia un Estado Moderno, reconociendo que actualmente Chile experimenta una “tensión respecto a la legitimidad constitucional”. En este sentido, señala que el cambio constitucional debe llevarse a cabo mediante el marco que la misma constitución vigente establece, esto es, por medio del Congreso. Para asegurar su legitimidad ante la ciudadanía, propone introducir una reforma que le permita a esta ratificar vía referéndum lo que el Congreso decida en materia constitucional.

En cuanto a los contenidos que debe contener esta Carta Magna, propone el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios “como una muestra de la pluralidad presente en el Estado Chileno”, el reconocimiento constitucional del mar y el derecho a la vivienda digna. En lo que respecta a régimen de Gobierno, plantea el nombramiento obligatorio de un Jefe de Gobierno por parte del Presidente para dirigir y coordinar las labores administrativas y reducir la capacidad del poder ejecutivo de administrar la agenda legislativa, además plantea avanzar hacia un mandato presidencial de cuatros años con reelección inmediata y única para el período siguiente. En lo que concierne a los cargos de representación, recomienda limitar la reelección de algunos cargos como los de diputados, senadores y alcaldes. Para fortalecer la participación ciudadana en el contexto actual de desconfianza hacia las instituciones representativas destaca la iniciativa popular de ley.

 

FRENTE AMPLIO

Beatriz Sánchez

“Una Democracia Plena”

Ver Hoja de Ruta.

Para la precandidata presidencial del Frente Amplio, Chile necesita repensar la forma como ejerce su democracia y construir un nuevo modelo de gobernabilidad, donde los consensos y acuerdos sean fijados por todos los ciudadanos y ciudadanas y no por una élite reducida. Dentro de sus propuestas destaca una Asamblea Constituyente “ciudadana, participativa y vinculante” que redefina el pacto político y social chileno, sin que una minoría vete los cambios sociales y la voluntad del pueblo soberano.

Respecto a la desconcentración del poder propone no solamente cambiar el híper-presidencialismo en Chile estableciendo una distribución de poder más equilibrada con el Parlamento, sino también terminar con el centralismo del Estado y distribuir el poder hacia las regiones. Para incentivar la participación ciudadana en las decisiones de interés general, propone establecer la iniciativa popular de ley y avanzar hacia la construcción participativa y vinculante de los presupuestos comunales. Respecto al tratamiento de las minorías y de los grupos históricamente postergados, sugiere reconocer la identidad de género y el matrimonio igualitario, además de conformar un Estado con carácter plurinacional que reconozca el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Entre las medidas que podrían contribuir a restablecer de la confianza ciudadana hacia las instituciones representativas destaca limitar la reelección de los cargos de representación política.

 

Alberto Mayol

“Fortalecimiento de la Democracia”

Ver Aporte al Proceso Programático del Frente Amplio.

Para el precandidato del Frente Amplio, el contexto actual de desafección política y baja participación guarda relación con las características del sistema político-institucional el cual está disociado de la ciudadanía a la que dice representar, además de que aún contiene amarres autoritarios heredados de la dictadura. Para ello, propone recuperar la política y entenderla como una actividad que convoca a toda la sociedad y que nos obliga a hacernos responsable de la construcción del país en el que vivimos. De ahí que sostiene, que la clave para “el fortalecimiento de la democracia está en las definiciones colectivas que se logren en un proceso de construcción de una Nueva Constitución a partir de una Asamblea Constituyente”. Mayol asume la defensa de la Asamblea Constituyente “como el único mecanismo que asegura un reemplazo efectivo y participativo de la heredada institucionalidad y legalidad dictatorial”, además del plebiscito como “instrumento de ratificación de las decisiones colectivas”.

Entre los contenidos que debiese establecer la Constitución propone establecer el plebiscito como procedimiento para “resolver las grandes temáticas” que enfrenta nuestro país, permitiendo que ellos sirvan como respuesta a requerimientos masivos, como lo sería, por ejemplo, la existencia de las AFPs. Asimismo, propone aumentar el peso administrativo de las regiones y municipios, donde estos últimos reciban el 25% del presupuesto de la nación, y los ingresos tributarios de cada región no sean distribuidos desde Santiago, la “[p]rimacía de la función social de la propiedad” entre otras medidas. Además, señala que alguno de los ejes de la Asamblea Constituyente serían los siguientes: mayor presupuesto y poder a las regiones y municipios del país, estatutos de autonomías territoriales indígenas elaboradas por los propios pueblos indígenas según sus prácticas y formas de soberanía y organización, democratización del Estado con participación vinculante de la ciudadanía y educación política para ejercer la soberanía popular desde la educación básica hasta la superior.

Respecto de pueblos originarios, propone “[r]econocer constitucionalmente a los pueblos originarios en su calidad de naciones», estableciendo de esta forma un Estado plurinacional, garantizando autonomía territorial y autodeterminación por medio de “Estatutos de Autogobierno Indígena en territorios específicos”. Asimismo, propone reconocer constitucionalmente las instituciones y la “aplicación de los derechos colectivos de los pueblos originarios y del pueblo tribal afro-descendiente en la normativa y políticas públicas de manera orgánica”.

Boletín n.° 2 (junio de 2017, 1ᵃ quincena)

Contenidos

Editorial
Política
Proceso constituyente de gobierno
Proceso constituyente indígena
Opiniones en medios
Novedades académicas

Editorial

Gobierno no prioriza proceso constituyente. En una entrevista para la revista Caras publicada el mismo día en que en presentó la cuenta anual de su gestión ante el Congreso, la Presidenta Michelle Bachelet defendió los avances de su gobierno frente a la evaluación de la Fundación Ciudadano Inteligente, la que en vísperas de la cuenta anual, sostuvo que el nivel de cumplimiento de su programa es menor al 50 por ciento, enfatizando que las áreas en que más se necesitaba “ponerle el acelerador” era la modificación a la Ley de Pesca y la promesa de nueva Constitución.

El llamado de atención contrasta con lo expresado por la Presidenta en la entrevista, en la que sostuvo respecto del proceso constituyente que «[d]ije que iba a ser un proceso participativo, institucional y democrático, pero era clave no apurarlo«. El discurso frente al Congreso ratifica esa actitud. En él no hubo anuncios nuevos en cuanto al desarrollo del proceso constituyente diseñado por el gobierno, lo que era esperable, dado el grado de avance del proceso en relación con el itinerario trazado en octubre de 2015, así como en atención al tiempo que queda para el término del mandato presidencial actual. Sin embargo, en relación con otros proyectos comprometidos por el gobierno, el desarrollo del proceso constituyente pareció tomar un segundo plano en la presentación de la Presidenta. En efecto, en ella, la mandataria instó explícitamente al Congreso a dar pronto curso a distintos proyectos de ley (despenalización del aborto y reforma educacional, entre otros), pero no hizo lo mismo respecto de la tramitación del proyecto de reforma al capítulo XV, cuya tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara ha sido postergada frente a la tramitación de otros proyectos de ley.  Pese a esto, en la entrevista citada la mandataria afirmó que va “a cumplir con el compromiso de hacer una reforma constitucional para poder hacer una nueva Constitución” y que una vez aprobado el proyecto de reforma al capítulo XV de la constitución vigente “enviaremos un proyecto de ley que implique lo que los abogados llaman ‘la sede’; es decir dónde se discutirá y aprobará esa nueva Carta Fundamental”.

En la misma entrevista la Presidenta ratificó su compromiso de enviar un proyecto de nueva Constitución al Congreso, elaborado a partir de los resultados del proceso participativo de 2016. Esta parte del itinerario constituyente del gobierno es contradictoria con el reconocimiento que las autoridades oficialistas han hecho de que las normas constitucionales actuales no permiten al Congreso dictar una nueva Constitución, sino solo hacerle reformas parciales. Como lo expresó en la entrevista, “la actual [constitución] sólo define la reforma de unas partecitas”. En su participación en un seminario sobre el proceso constituyente realizado en la Universidad Católica, el Ministro Secretario General de la Presidencia Nicolás Eyzaguirre fue claro al respecto, afirmando que “la Constitución actual establece normas para su reforma, pero no contempla un mecanismo para su reemplazo total, como tampoco una sede constituyente para éste. En otras palabras, el Congreso Nacional sólo está facultado para reformar la Constitución, no para crear una nueva”.

Candidaturas presidenciales y proceso constituyente. Más allá de la ambigüedad respecto del sentido de enviar un proyecto de nueva Constitución al Congreso, el Ministro Eyzaguirre lleva razón al afirmar que “va a ser completamente inescapable que el tema constitucional se continúe debatiendo en el próximo Gobierno”. En efecto, en la carrera presidencial ya han aparecido opiniones al respecto, las que seguramente proliferarán a medida que se acerquen las elecciones presidencial y parlamentaria de fin de año. Las posturas van desde quienes defienden el mecanismo específico de la Asamblea Constituyente, como hizo Beatriz Sánchez al ser consultada en un debate televisivo con Alberto Mayol respecto de cuál sería su primera medida de gobierno, pasando por posturas moderadas como la de Alejandro Guillier que reconoce la necesidad de una nueva Constitución pero como medio para llevar adelante un programa de reformas progresistas, hasta la postura extendida en la derecha que llama a discutir en particular sobre el contenido de las reformas parciales a la constitución vigente que pudieran ser necesarias para mejorarla.

Pueblos originarios. Un ámbito en el que la discusión sobre el problema constitucional se enfoca más bien en el contenido,es el de los pueblos originarios. Parece haber un extendido reconocimiento de que la relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios exige un tratamiento constitucional. Al menos en ese ámbito se reconoce una conexión directa entre los problemas políticos en torno a la relación con los pueblos originarios y el cambio constitucional. Este reconocimiento está, desde luego, detrás del proceso constituyente indígena, a la vez que diversas candidaturas presidenciales lo han reconocido: desde Sánchez y Guillier hasta Manuel José Ossandón. En la cuenta ante el Congreso, por su parte la Presidenta anunció que el proyecto de nueva Constitución que enviará incluirá “Reconocimiento Constitucional y Participación Política” de los pueblos originarios.

Destaca entre las opiniones recientes en la carrera presidencial la del precandidato del Frente Amplio Alberto Mayol, quien plantea una conexión no solo entre el contenido de la Constitución y la solución a los problemas entre el Estado chileno y los pueblos originarios, sino que sostiene que esa conexión se da también respecto de la forma enq que se elabore la nueva Constitución. En este sentido plantea en particular la Asamblea Constituyente como forma de dar una ‘solución política’ al conflicto.

 

Política

Cuenta Presidencial ante el Congreso. El 1° de junio se realizó la cuenta anual donde la Presidenta hizo un balance y repaso de su gestión durante los últimos tres años de gobierno, además de anunciar las reformas que buscará llevar a cabo en lo que queda de su administración. La mandataria destacó que como país “hemos tenido el coraje de mirar nuestros problemas de frente” al poner en el debate nacional “temas que hasta ahora no habíamos debatido”, como una nueva Constitución, la reforma tributaria, el sistema electoral binominal, la corrupción, y la gratuidad en la educación, entre otros.

Respecto al tema constitucional, Bachelet señaló que “pusimos en marcha de manera democrática, participativa e institucional el Proceso Constituyente. Hemos cumplido nuestro compromiso y lo seguiremos cumpliendo”. Destacó que el proceso participativo del año 2016 fue un hecho inédito  en el país, logrando convocar a más de 200 mil personas para discutir “las bases de la patria común que queremos”. Asimismo, sostuvo que este proceso sigue su curso en el Congreso con la tramitación de la reforma al capítulo XV de la constitución vigente, y que busca permitir la convocatoria a una Convención Constituyente que elabore la nueva Constitución.

Finalmente, se refirió al proyecto de nueva Constitución que enviará a fines de año al Congreso, anunciando que en él se incorporarán las Bases Ciudadanas y los resultados obtenidos del Proceso Constituyente Indígena, con lo cual, según su opinión, “podremos recoger toda la diversidad de voces que habitan nuestra tierra”.

En esta última línea, la Presidenta anunció que con el propósito de “abordar de manera integral los desafíos” de la relación entre “el pueblo mapuche y la sociedad chilena” llevará adelante propuestas que incluyen “la participación, el reconocimiento y nuevas formas de reparación de los pueblos indígenas” para lo cual incluirá “el Reconocimiento Constitucional y la Participación Política Indígena en el proyecto de nueva Constitución que enviaremos el segundo semestre, previa consulta indígena”. [Texto del discurso] 

Encuestas Plaza Pública Cadem: La encuesta de opinión pública Plaza Pública-CADEM número 177, publicada el 5 de  de junio, destacó la nueva Constitución dentro de los anuncios más importantes hechos en la cuenta pública de la Presidenta de la República el 1° de junio. El sondeo concluye que el proyecto de nueva Constitución destaca entre los anuncios más destacados, con el 8% de preferencias, porcentaje similar al que recibió en la consulta el proyecto de ley de despenalización del aborto en tres causales respecto del cual la Presidenta Bachelet llamó explícitamente al Congreso a votar su aprobación. Asimismo, el anuncio sobre nueva Constitución superó en porcentaje a otros anuncios, como  la construcción de la nueva línea 7 del Metro (7%) y el proyecto de matrimonio igualitario (6%). [Link a la encuesta]

Precandidato presidencial Alberto Mayol. En entrevista para el sitio Diario Constitucional, el precandidato presidencial del Frente Amplio se refirió a la constitución vigente, los posibles mecanismos para su reemplazo, y realizó un balance del proceso llevado adelante por el actual gobierno. En cuanto al primer punto, Mayol señala que la actual constitución es ilegítima en su origen, ya que “ocupa toda clase de mecanismos para trabar los procesos de transformación de la sociedad”. Respecto al mecanismo de reemplazo, presentó su posición señalando que “esperamos que de aquí en adelante podamos construir una Asamblea Constituyente que nos dé una nueva Constitución y que valide, legitime un sistema político que tampoco tiene ninguna capacidad de respuesta a las problemáticas de la sociedad”.

Consultado sobre la posibilidad de llegar por vía institucional a la Asamblea, respondió apuntando al Tribunal Constitucional. Previendo que este órgano pudiera declarar que un plebiscito que convoque a una Asamblea esté “fuera de la ley”, sostuvo que “le preguntaría al Tribunal Constitucional ¿quién es el soberano, este Tribunal o la ciudadanía?”, concluyendo qu “[s]i realizamos un plebiscito, ganamos y hacemos una Asamblea Constituyente”.

Finalmente, en cuanto al proceso liderado por el gobierno, sostuvo que “[e]l gobierno no está llevando ningún proceso constituyente”, observando asimismo que “el proceso de reforma que está cursando hoy día” es “un proceso incompleto vacío de contenido, sin el mínimo de audacia política cuando uno quiere hacer un gran cambio en una sociedad”. En esta línea criticó al gobierno sosteniendo que “un proceso al que se le quitó todo el financiamiento para este año no es un proceso constituyente” y que sólo porque se hayan realizado los cabildos no significa que sea un proceso constituyente”. [Entrevista en Diario Constitucional]

Por otro lado, Mayol participó en el programa de televisión “Aquí Está Chile”, en el que, entre otras materias, fue consultado sobre el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo Mapuche. En su respuesta, el académico resaltó la necesidad de buscar “soluciones políticas”, y destacó en particular la formación de una Asamblea Constituyente como un elemento de esa solución, en tanto permitiría integrar a los pueblos originarios, a lo que sumó la necesidad de su reconocimiento en una nueva Constitución, así como la declaración en ella de Chile como un Estado plurinacional. [Participación en el programa]

Precandidato presidencial Sebastián Piñera. El precandidato del conglomerado político Chile Vamos participó el 5 de junio en el programa de televisión “En Buen Chileno”, ocasión en la fue consultado respecto del interés por reemplazar la constitución vigente, continuando la discusión iniciada por el actual gobierno. Al respecto respondió que se inclinaba más bien por reformarla y modernizarla. Específicamente, sostuvo que “nosotros no creemos en que hay que partir de cero y refundarlo todo cada vez” sino que “creemos en que hay que ir haciendo perfeccionamientos porque esa es la forma más segura y más sustentable de avanzar, y es lo que quieren todos los chilenos”. Asimismo, sostuvo que el único sector que ha mostrado una propuesta concreta con más de 80 medidas ha sido su coalición, la cual no se ha centrado únicamente en el mecanismo,“sino que en propuestas concretas para mejorar, modernizar y perfeccionar nuestra Constitución”.

Candidato Presidencial Alejandro Guillier. En un evento realizado el 11 de junio en el Teatro Caupolicán, el candidato presidencial Alejandro Guillier, apoyado por los partidos Socialista, Comunista, Por la Democracia, y Radical, entre otros, presentó la líneas programáticas de su campaña. Sugiriendo una continuidad con el gobierno de Michelle Bachelet, identificó nueve ejes de su candidatura sosteniendo que “no retrocederemos un metro en las transformaciones que avanzan”, y aunque entre los ejes planteados no se encuentra la continuación del proceso constituyente, sí afirmó que Chile necesita una nueva Constitución. Por otro lado, uno de los ejes propuestos fue “Pueblos Originarios”, respecto de los cuales propuso su reconocimiento constitucional.

Exministro Burgos. En un evento académico celebrado en la Universidad Católica de Chile, el Exministro del Interior Jorge Burgos se refirió al proyecto de reforma al Capítulo XV de la Constitución presentado por el Gobierno, señalando que era “improbable” que la iniciativa se apruebe durante el período presidencial en curso. Por otra parte, enfatizó que las dificultades en su aprobación aumentarán debido a dos factores: La distribución de escaños en el Parlamento con el nuevo sistema electoral, sumado a los altos quórums legislativos que el proyecto requeriría para ser aprobado. Destacó, en todo caso, la importancia de “un pacto político” para la aprobación de la reforma.

Finalmente, subrayó los potenciales retrocesos que tendría para el proceso constituyente una victoria de Sebastián Piñera en la próxima elección presidencial, ya que es el único candidato que no tiene contemplado modificaciones sustantivas a la Constitución dentro de su hoja de ruta. [Nota de prensa]

Proceso constituyente de gobierno

Reforma al capítulo XV de la Constitución. El proyecto de reforma al capítulo XV de la Constitución enviado por el gobierno, y que busca habilitar la convocatoria a una “Convención Constitucional” sigue en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. La última sesión en que se trató el proyecto fue la del 11 de mayo pasado, y no hay por el momento sesiones citadas sobre el tema.

Por otro lado, este lunes 12 de junio cerraba el plazo para enviar opiniones sobre el proyecto por medio del sitio web dispuesto por la Comisión como instancia de participación abierta a la ciudadanía.

 

Proceso constituyente indígena

Opiniones sobre el proceso constituyente indígena. La presentación de los resultados del Proceso Constituyente Indígena implementado por el Gobierno durante la segunda mitad de 2016 ha dado pie a diversas opiniones en los medios. Como recoge un reportaje en El Desconcierto, el proceso ha sido tanto criticado como  alabado. Por un lado, el exintegrante del Consejo Ciudadano de Observadores Salvador Millaleo destacó el nivel de participación, el que fue alto en comparación con otros procesos de consulta previos en materia indígena. Asimismo, destacó que en los resultados del proceso “claramente hay un pronunciamiento a favor del plurinacionalismo y la auto determinación”. Según señala el reportaje, Millaleo agrega que “[h]ay muchas críticas, pero haciendo el balance, es valorable, es lo más defendible de la gestión”.

Las visiones más críticas del proceso se encuentran en quienes decidieron no participar en él. Así, por ejemplo, Millaray Painemal, dirigente de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas declaró a El Desconcierto: “No quise participar en el proceso de consulta, sentí que era para cumplir no más. Se ha demostrado que de los Estados coloniales no podemos esperar nada. Al final, seguimos solo siendo parte del folclore”.

Por otro lado, como reporta Diario UChile, se marginaron del proceso “reconocidos líderes indígenas como el werken del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcaman, quien mencionó en septiembre del año pasado que ‘este proceso constituyente no es más que un acto aparente para mantener la situación tal como ha sido’”, agregando que “[e]sa es la razón por la que nosotros no hemos participado ni muchas organizaciones que tienen trayectoria en la defensa y promoción de derechos indígenas. Sí concurrió el grupo de los clientes de los partidos políticos”.

No obstante la autoexclusión de sectores de los pueblos originarios, el sacerdote jesuita David Soto y el académico Claudio Fuentes en respectivas columnas han defendido la relevancia representativa de los resultados del proceso. Escribiendo en La Tercera, Soto explicó que “[e]l proceso que dio origen a este documento fue impugnado por los grupos más movilizados, los llamados ‘extremistas’ del Movimiento Mapuche, quienes finalmente se restaron del proceso”. En su opinión esto influyó en las opiniones que finalmente fueron recogidas en la sistematización son resultado de “las deliberaciones de los pueblos indígenas que dentro del marco institucional democrático y con espíritu cívico acogieron el llamado a construir una nueva carta constitucional”, que en su opinión “ya no son demandas solo del pueblo mapuche sino también de los otros siete pueblos indígenas que existen en Chile, y que están aún más invisibilizados que los mapuche». Más aún, tales demandas coinciden con las “que han sido adjudicadas a los mapuche ‘extremistas’. A saber: reconocimiento constitucional, estado plurinacional, autonomía/autodeterminación y territorialidad entre otros”.

Por su parte, Fuentes, en una columna en El Mostrador, provee respaldo a la conclusión anterior, en el sentido de que las demandas destacadas en los resultados del proceso constituyente indígena son transversales en los pueblos originarios , y no “el simple reflejo de una minoría sobreideologizada que asistió a estos encuentros”. Cita a este respecto la encuesta del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, en la que “de los entrevistados indígenas, el 87,7% se manifestó a favor del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, el 85,1% estuvo a favor de ser consultados en proyectos de inversión, el 80% se mostró a favor de que se les devolviesen tierras, el 72,9% estuvo a favor de que algunos territorios sean administrados por ellos y 69,6% señala que debiesen existir cupos reservados para indígenas”.

El reportaje de El Desconcierto recoge una opinión más crítica respecto de los resultados del proceso por parte del académico José Marimán, quien sostuvo que el proceso fue “deficiente” y que en él se recogieron “bonitas declaraciones, celestiales incluso” de los participantes pero que “revelan no tener bases sólidas para imaginar cómo resolver el problema o confrontación étnica en desarrollo en Chile”. Esta opinión contrasta con la de Fuentes, quien destacó, por el contrario, “el nivel de especificidad de las propuestas” recogidas en la sistematización, en la que se pueden encontrar “recomendaciones muy específicas e institucionales”. En este sentido enfatiza que “[n]o fue una declaración de principios sino que, más bien, un programa concreto y aterrizado de sugerencias”. Ejemplifica el punto observando que “cuando se habla de un ‘Estado Plurinacional’, se especifica que esta definición implica reconocer la diversidad cultural, garantizar la autodeterminación, fortalecer las estructuras organizativas y representativas. Cuando se habla de ‘Autodeterminación’, se consideran aspectos muy concretos, como el derecho a la consulta previa de carácter vinculante, el derecho al territorio y la administración autónoma, y el derecho consuetudinario y el sistema jurídico”.

Opiniones en medios

Entrevista a Lucas Sierra. En entrevista para el Diario Financiero, el exintegrante del Consejo Ciudadano de Observadores y subdirector del Centro de Estudios Públicos Lucas Sierra  realizó una crítica política al proceso constituyente y a las expectativas que estarían asociadas a él. Haciendo eco de la crítica desde sectores de derecha, Sierra sostuvo que “si hay tanto interés por cambiar la Constitución, el primer paso debió haber sido: ‘esta es mi propuesta sustantiva’ y no mantener el cambio constitucional como un eje que gira en el aire permanentemente”. En relación con el proyecto de reforma al capítulo XV de la constitución, insistió en criticar la incertidumbre del proceso afirmando que “modificar un mecanismos de reforma sin saber lo que se va a reformar, lo encuentro un poquito un salto al vacío». Finalmente, dio a entender que el Congreso estaría facultado para ejercer el poder constituyente y reemplazar la constitución. En este sentido sostuvo que «[s]i fuera miembro del Congreso me preocuparía” por el hecho de que el proyecto de reforma al capítulo XV radica la elaboración de la nueva Constitución en una Convención Constitucional que trabajaría de manera autónoma respecto del Congreso. A su entender, ello “es como una abdicación de una facultad constituyente, sin tener ninguna razón para ello».

En una línea similar al espíritu que motiva el proyecto de reforma de un grupo de Senadores que busca modificar algunos aspectos del régimen de gobierno con la intención de acercarlo a un régimen semipresidencial, Sierra observó que «necesitamos mejoras constitucionales, pero no contar el cuento que una nueva Constitución va a arreglar la vida política chilena, que tampoco está en estado terminal. Las mejoras constitucionales son por ley, no son por una nueva Constitución. Lo que sí necesitamos por Constitución es un mejor régimen político».

Editorial de El Mercurio: En un editorial titulado “Ideario constitucional”, el diario El Mercurio interpela a los sectores políticos de derecha del país con aspiraciones presidenciales a que fijen sus propuestas en materia constitucional “en términos autónomos, propositivos y no reactivos”. El editorial los insta “hacerlo pronto y más nítidamente, para un debate de opinión pública menos entregado a las tentaciones electorales”. En particular, realiza un llamado a que ese sector defienda “las instituciones, derechos y principios de la Constitución vigente” atribuyéndoles un compromiso con la tesis de que ella ha “contribuido al progreso y modernización de la sociedad chilena durante casi tres décadas, y que son fruto de acuerdos y consensos estimables de todos los sectores representados en el Congreso».

Columna de Patricio Zapata. En una columna en La Tercera, el Expresidente del Consejo Ciudadano de Observadores aborda la cuestión de los derechos sociales, destacando la moderación de las propuestas de los participantes en la etapa participativa del proceso constituyente encabezado por el Gobierno. Critica, en esa línea, los temores de quienes plantearon la idea de que los resultados de encuentros locales autoconvocados generarían una “demagogia constitucional”. En este sentido sostiene que “[t]odos aquellos que vaticinaron […] que los encuentros locales del año pasado terminarían en un frenesí de demagogia constitucional, capturados por operadores de la Nueva Mayoría y, en fin, que no eran otra cosa que una máscara para un informe final maximalista que, supuestamente, ya estaba redactado desde antes de empezar el proceso, debieran reconocer que se equivocaron”.

En atención a la moderación de los participantes en los encuentros del año 2016, recomienda como pasos a seguir el “concordar fórmulas de reconocimiento eficaz de los derechos sociales que no impliquen gobierno de los jueces ni ruina fiscal. Contamos para ello con la anotada moderación de la inmensa mayoría”.

Columna de Fernando AtriaEn una columna en El Mercurio, titulada ““¿Qué aprendemos de la Nueva Mayoría?”, el académico y exprecandidato presidencial del Partido Socialista hace un balance de la gestión de la coalición gobernante. Dentro de su balance destaca dentro del programa de transformaciones políticas el cambio de la actual Constitución, lamentando que a pesar de que tuvo un inicio participativo el proceso constituyente “volvió a procedimientos que solo se puede modificar lo que la derecha aprueba”, en referencia implícita a los quórums de aprobación de proyectos de reforma constitucional como el del capítulo XV.

 

Novedades académicas

Eventos realizados. El 30 de mayo se realizó el seminario “Cambio Constitucional en Chile: ¿Hacia Dónde Vamos?” organizado por CLAPES UC. En él participaron los exintegrantes del Consejo Ciudadano de Observadores Patricio Zapata y Arturo Fermandois, el Ministro Secretario General de la Presidencia Nicolás Eyzaguirre, el Exministro del Interior Jorge Burgos, y el constitucionalista Javier Couso, entre otros. [Nota de CLAPES y links a presentaciones]

Eventos futuros: El Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales abrió la convocatoria para presentar ponencias en el Coloquio “Constitución: El poder de formar modos de vida”, el que se realizará los días 2 y 3 de noviembre. La fecha límite para recibir resúmenes o ponencias es el 16 de julio. [Más información]