Introducción: ¿Por qué necesitamos una Nueva Constitución?

Dejamos a su disposición la Introducción del libro «¿Por qué necesitamos una Nueva Constitución?» de la investigadora y directora de Fundación RED, Claudia Heiss.  El libro fue publicado por Editorial Aguilar, y se puede comprar a domicilio en megustaleer.cl, feriachilenadellibro.cl y libreriadelgam.cl, entre otras. También está disponible en versión para Kindle y en Apple Books.

 

Introducción: ¿POR QUÉ NECESITAMOS UNA NUEVA CONSTITUCIÓN?

La Constitución es importante para una comunidad política. Desde la mirada de los juristas, es la ley de leyes, la que manda sobre todas las demás y subordina a cualquier norma que entre en contradicción con ella. Para la ciencia política, es el andamiaje fundamental que refleja relaciones de poder y distribuye a través de distintos órganos la toma de decisiones que afectarán a todos los habitantes de un país. Para la teoría democrática, es el corazón donde palpita la legitimidad del sistema político. De la Constitución emana la fuerza que alimentará las decisiones del gobierno y sus instituciones, así como las de los partidos políticos y la acción ciudadana que se expresa a travos del debate público, la protesta y los movimientos sociales.

La Constitución establece la identidad de una comunidad política. Como si fuera su carné de identidad, declara «esto somos las y los miembros de esta polis», estos principios y deberes consideramos fundamentales y estos derechos queremos proteger a todo evento. Aquellos países que cuentan con un texto querido por las y los ciudadanos tienen una gran ventaja: la Constitución los guiará para sortear los convictos y turbulencias que se puedan suscitar. Pero ese no es el caso de Chile.

El estallido social del 18 de octubre de 2019 vino de la mano de una clara demanda por una nueva Constitución. Por décadas, el país ha lidiado con un grave problema en este ámbito. La ilegitimidad de nuestra actual carta fundamental deriva en parte de haber sido elaborada por la dictadura militar para perpetuar una concepción nacionalista, autoritaria y neoliberal de la sociedad y la economía. En parte también obedece a su incapacidad de adaptarse a las demandas ciudadanas, porque fue diseñada para actuar como una camisa de fuerza, limitando la posibilidad de hacer cambios por parte de las mayorías políticas. Como resultado, no solo se ha mantenido un poder de veto de la derecha sobre decisiones fundamentales, como el papel del Estado respecto de los derechos sociales a la salud, educación y previsión. Con todo lo dañina que es esa limitación a la voluntad democrática, la Constitución de 1980 ha tenido un efecto aún más pernicioso: ha contribuido al desplome de la confianza pública en las instituciones y en la capacidad de la política para canalizar la pluralidad y el conflicto social.

El daño ya está hecho y no es claro qué camino puede tomar hoy la sociedad chilena para reconstruir su tejido social y su confianza en que la participación y la deliberación ciudadana podrán incidir realmente de manera democrática en las decisiones colectivas. El desprestigio de los partidos y el Congreso ha llegado a niveles históricamente altos, así como la falta de identificación con las posiciones ideológicas de izquierda y derecha, categorías que para muchas personas ya no significan nada. Aunque no resolverá todos estos problemas de la noche a la mañana, liberarnos de la Constitución de 1980 y construir una nueva carta fundamental entre todas y todos es un primer paso ineludible para recuperar el necesario papel que juega la política en toda democracia.

En las páginas que siguen, intentaré justificar por qué me parece crucial que la ciudadanía apruebe en el plebiscito del 26 de abril de 2020 la opción de crear una nueva Constitución para Chile, y también algunos de los desafíos que, de ganar esa opción, tendremos que enfrentar como país. El primer capítulo recuerda los orígenes de la Constitución de 1980 durante la dictadura militar. Allí se muestra cómo la Junta, Pinochet y su principal asesor jurídico, Jaime Guzmán, buscaron expresamente crear un nuevo sistema político radicalmente distinto de la tradición constitucional anterior: una democracia «protegida», sometida a la tutela de las Fuerzas Armadas. Este régimen debía ser blindado de las mayorías políticas, para así poder perpetuarse en el tiempo.

El capítulo dos relata las restricciones institucionales que impuso la Constitución tras el retorno a la democracia y las reformas de que fue objeto. La más amplia fue la reforma de 2005, que moderó el poder político de las Fuerzas Armadas, pero estableció un nuevo poder tutelar a través de mayores facultades entregadas al Tribunal Constitucional.

El tercer capítulo desarrolla los principales argumentos que hacen necesaria hoy una nueva Constitución: la ilegitimidad de la actual y la forma en que afecta la vida de las personas, distorsionando la voluntad popular y limitando la capacidad del Estado de responder a demandas sociales. Se relata también aquí el intento de la Presidenta Michelle Bachelet por llevar a cabo un proceso constituyente durante su segundo gobierno.

El capítulo cuatro describe el retorno del problema constitucional al centro de la agenda política luego del estallido del 18 de octubre de 2019. Tras la explícita demanda por un cambio de Constitución, los partidos y el Congreso han intentado dar una salida institucional a la crisis proponiendo un proceso constituyente democrático. Está por verse si este esfuerzo llegará a buen puerto y si el sistema político será capaz de garantizar las condiciones de inclusión e incidencia ciudadana en el órgano encargado de redactar la nueva Carta Fundamental. De ello dependerá la legitimidad y la adhesión que pueda concitar el pacto social resultante de este proceso.

Se concluye que la actual Constitución, a pesar de sus numerosas reformas, ha jugado un papel determinante en el deterioro de la capacidad de la política para responder a las demandas ciudadanas. De allí el descrédito y la desconfianza generalizados de parte de la ciudadanía en los partidos y las instituciones políticas en general. Al preservar un modelo económico altamente desigual, la Constitución de 1980 ha contribuido a agudizar el conflicto social. Por ello, la construcción colectiva y democrática de un nuevo pacto social es necesaria para superar el legado autoritario y avanzar hacia una sociedad democrática, pluralista e inclusiva.

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