Propuestas constitucionales de las candidaturas para las primarias presidenciales

CHILE VAMOS
Sebastián Piñera
Felipe Kast
Manuel José Ossandón

FRENTE AMPLIO
Beatriz Sánchez
Alberto Mayol

CHILE VAMOS

Sebastián Piñera

“Mejores instituciones y Estado Moderno al Servicio de las Personas”

Ver Bases del Programa de Gobierno.

El Expresidente se ha manifestado contrario a la idea de establecer un nuevo texto constitucional así como de mantener el “proceso constituyente” implementando por el actual Gobierno de la Presidenta Bachelet, al que critica por estar centrado en la forma de elaborar la nueva Constitución más que en el contenido que ésta debería recoger. En su documento de bases programáticas, propone reorganizar los poderes del Congreso reduciendo el número de parlamentarios a 120 diputados y a 40 senadores manteniendo el actual sistema electoral proporcional, la revisión del periodo presidencial y limitar la reelección de las autoridades políticas. Además, propone modernizar y fortalecer las funciones de la Contraloría General de la República y modernizar el funcionamiento administrativo y burocrático del Estado. La única reforma constitucional que propone explícitamente es la consagración del principio de responsabilidad fiscal, que iría acompañado de un un plan de austeridad para la administración pública. No obstante, las reformas políticas mencionadas requerirían de reformas a la constitución vigente. En cuanto a pueblos originarios, tan solo afirma como un desafío “promover a nuestro pueblos originarios”, sin señalar si ello involucra su reconocimiento constitucional.

Respecto de cómo debieran realizarse las reformas a la constitución, en una intervención en el Centro de Estudios Públicos en julio de 2016, señaló que “en un país como Chile deben hacerse en el Congreso, con participación de los expertos y de la ciudadanía antes, durante y después. Pero el lugar donde se debe radicar el proceso constituyente es el Congreso […] El Congreso, en consecuencia, debe ser la institución donde se discuta la reforma constitucional con, por supuesto, mecanismos de participación ciudadana antes, durante y después, lo que en esta ocasión, al igual como se hizo el año 1989, puede significar un plebiscito ratificatorio, dadas la naturaleza, profundidad e intensidad de este debate”.

 

Felipe Kast

“Constitución mínima para una democracia máxima”

Ver Programa de Gobierno.

El abanderado de Evópoli en su propuesta programática reconoce que es necesario establecer una nueva Carta Magna acorde a los tiempos y desafíos que vive actualmente el país, debido que la actual carece de legitimidad ante la ciudadanía pese a la serie de reformas que se le han hecho desde su promulgación. Sin embargo, sostiene que es contrario a la idea de una Asamblea Constituyente y a escribir una nueva Constitución desde cero que pase por alto la “tradición constitucional chilena”. Cree que el cambio constitucional lo tiene que liderar el Congreso en compañía de la ciudadanía la cual debe participar en todas las etapas del diseño: en los cabildos y encuentros ciudadanos (no es claro si serían adicionales a los del año 2016), durante la discusión en el Congreso (no señala de qué forma podría hacerlo), y después de su tramitación mediante un plebiscito ratificatorio. Respecto al contenido, se inclina por una Constitución “mínima y liberal”, en la que los derechos sociales no estén consagrados a nivel constitucional pues hacerlo implica, según su opinión, reducir la Constitución a una mera declaración “lírica”. Respecto al régimen de gobierno propone transitar desde un híper-presidencialismo a una relación más equilibrada entre Presidente y Congreso, aumentando los poderes legislativos del Congreso en materia de urgencias y en la discusión presupuestaria. Asimismo, propone atenuar los mecanismos contramayoritarios, pasando de los quórums de 2/3 y 3/5 que actualmente existen para reformar la Constitución a la regla de mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio en dos Congresos sucesivos.

Respecto de los pueblos originarios, Kast propone el “[r]econocimiento expreso de los pueblos indígenas originarios” y así como de “la interculturalidad que nos constituye como país”, incluyendo el “[r]econocimiento del Mapudungún y el Rapa Nui, como lenguas co-oficiales en la Región de La Araucanía y en Isla de Pascua”, el “[e]xpreso objetivo del Estado de tender a la promoción, protección y defensa de los elementos culturales de los pueblos indígenas”; y “[r]econocimiento de espacios para la determinación de los pueblos indígenas”, incluyendo representación en el Congreso “mediante cupos parlamentarios transitorios, y padrón electoral distinto a cargo del SERVEL”, entre otras medidas.

 

Manuel José Ossandón

“Sano reformismo constitucional”

Ver Programa de Gobierno.

Ossandón sostiene que el debate sobre el cambio constitucional guarda relación con la necesidad de avanzar hacia un Estado Moderno, reconociendo que actualmente Chile experimenta una “tensión respecto a la legitimidad constitucional”. En este sentido, señala que el cambio constitucional debe llevarse a cabo mediante el marco que la misma constitución vigente establece, esto es, por medio del Congreso. Para asegurar su legitimidad ante la ciudadanía, propone introducir una reforma que le permita a esta ratificar vía referéndum lo que el Congreso decida en materia constitucional.

En cuanto a los contenidos que debe contener esta Carta Magna, propone el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios “como una muestra de la pluralidad presente en el Estado Chileno”, el reconocimiento constitucional del mar y el derecho a la vivienda digna. En lo que respecta a régimen de Gobierno, plantea el nombramiento obligatorio de un Jefe de Gobierno por parte del Presidente para dirigir y coordinar las labores administrativas y reducir la capacidad del poder ejecutivo de administrar la agenda legislativa, además plantea avanzar hacia un mandato presidencial de cuatros años con reelección inmediata y única para el período siguiente. En lo que concierne a los cargos de representación, recomienda limitar la reelección de algunos cargos como los de diputados, senadores y alcaldes. Para fortalecer la participación ciudadana en el contexto actual de desconfianza hacia las instituciones representativas destaca la iniciativa popular de ley.

 

FRENTE AMPLIO

Beatriz Sánchez

“Una Democracia Plena”

Ver Hoja de Ruta.

Para la precandidata presidencial del Frente Amplio, Chile necesita repensar la forma como ejerce su democracia y construir un nuevo modelo de gobernabilidad, donde los consensos y acuerdos sean fijados por todos los ciudadanos y ciudadanas y no por una élite reducida. Dentro de sus propuestas destaca una Asamblea Constituyente “ciudadana, participativa y vinculante” que redefina el pacto político y social chileno, sin que una minoría vete los cambios sociales y la voluntad del pueblo soberano.

Respecto a la desconcentración del poder propone no solamente cambiar el híper-presidencialismo en Chile estableciendo una distribución de poder más equilibrada con el Parlamento, sino también terminar con el centralismo del Estado y distribuir el poder hacia las regiones. Para incentivar la participación ciudadana en las decisiones de interés general, propone establecer la iniciativa popular de ley y avanzar hacia la construcción participativa y vinculante de los presupuestos comunales. Respecto al tratamiento de las minorías y de los grupos históricamente postergados, sugiere reconocer la identidad de género y el matrimonio igualitario, además de conformar un Estado con carácter plurinacional que reconozca el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Entre las medidas que podrían contribuir a restablecer de la confianza ciudadana hacia las instituciones representativas destaca limitar la reelección de los cargos de representación política.

 

Alberto Mayol

“Fortalecimiento de la Democracia”

Ver Aporte al Proceso Programático del Frente Amplio.

Para el precandidato del Frente Amplio, el contexto actual de desafección política y baja participación guarda relación con las características del sistema político-institucional el cual está disociado de la ciudadanía a la que dice representar, además de que aún contiene amarres autoritarios heredados de la dictadura. Para ello, propone recuperar la política y entenderla como una actividad que convoca a toda la sociedad y que nos obliga a hacernos responsable de la construcción del país en el que vivimos. De ahí que sostiene, que la clave para “el fortalecimiento de la democracia está en las definiciones colectivas que se logren en un proceso de construcción de una Nueva Constitución a partir de una Asamblea Constituyente”. Mayol asume la defensa de la Asamblea Constituyente “como el único mecanismo que asegura un reemplazo efectivo y participativo de la heredada institucionalidad y legalidad dictatorial”, además del plebiscito como “instrumento de ratificación de las decisiones colectivas”.

Entre los contenidos que debiese establecer la Constitución propone establecer el plebiscito como procedimiento para “resolver las grandes temáticas” que enfrenta nuestro país, permitiendo que ellos sirvan como respuesta a requerimientos masivos, como lo sería, por ejemplo, la existencia de las AFPs. Asimismo, propone aumentar el peso administrativo de las regiones y municipios, donde estos últimos reciban el 25% del presupuesto de la nación, y los ingresos tributarios de cada región no sean distribuidos desde Santiago, la “[p]rimacía de la función social de la propiedad” entre otras medidas. Además, señala que alguno de los ejes de la Asamblea Constituyente serían los siguientes: mayor presupuesto y poder a las regiones y municipios del país, estatutos de autonomías territoriales indígenas elaboradas por los propios pueblos indígenas según sus prácticas y formas de soberanía y organización, democratización del Estado con participación vinculante de la ciudadanía y educación política para ejercer la soberanía popular desde la educación básica hasta la superior.

Respecto de pueblos originarios, propone “[r]econocer constitucionalmente a los pueblos originarios en su calidad de naciones”, estableciendo de esta forma un Estado plurinacional, garantizando autonomía territorial y autodeterminación por medio de “Estatutos de Autogobierno Indígena en territorios específicos”. Asimismo, propone reconocer constitucionalmente las instituciones y la “aplicación de los derechos colectivos de los pueblos originarios y del pueblo tribal afro-descendiente en la normativa y políticas públicas de manera orgánica”.